IGNACIO ZENTENO DIAZ y Otros.
Expediente 595/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- IGNACIO ZENTENO DIAZ y Otros.
- Ignacio Zenteno Diaz
- Jose Ernesto Zenteno Alameda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó el veintidós de diciembre de dos mil veinte, la cual surtió efectos el doce de enero del año actual, toda vez que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se suspendieron las labores por la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en atención a la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial; por lo que el aludido plazo transcurrió del trece de enero al diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, descontándose los siguientes días: i) dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero de dos mil veintiuno por ser sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) los días comprendidos del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en los que se declaró la suspensión del presente asunto por la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, comunicadas mediante circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por último, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla -con carácter de Juez de Control -autoridad responsable- como justificación a su informe y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolverle lo siguiente: ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada el once de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal 640/2019, previa certificación de desglose; ( Copia certificada de diversos registros escritos que obran dentro de la aludida causa penal, con los que se formó el anexo I del presente juicio. ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada el once de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 640/2019, previa certificación de desglose. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese por lista a los quejosos, así como a la tercera interesada Pemex Transformación Industrial -víctima u ofendida del delito-, por conducto de su representante Abril Rodríguez Sánchez; y, por oficio a la autoridad responsable, al fiscal tercero interesado Noé Filiberto Martínez Solís, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículo (a éste, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial que le corresponda notificar el oficio dirigido al juez responsable.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 18 DE diciembre DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de siete de diciembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El diez de noviembre de dos mil veinte, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo a los quejosos 1. Ignacio Zenteno Díaz, 2. José Ernesto Zenteno Alameda y 3. Guadalupe Flores Vidal, respecto de la resolución dictada en audiencia oral celebrada el once de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal 640/2019, en la que se sustituyó la prisión preventiva oficiosa decretada en su contra por la prisión preventiva justificada; por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Haciendo hincapié que se requirió su cumplimiento inmediato en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla -con carácter de Juez de Control- informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. En ese tenor, por auto emitido el siete de diciembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo y con el contenido del oficio con número de registro 14062 remitido por el referido juez de control; se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de diez de noviembre de dos mil veinte, se declaró inconstitucional la resolución dictada el once de agosto de dos mil veinte, en donde el juez responsable sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a los quejosos 1. Ignacio Zenteno Díaz, 2. José Ernesto Zenteno Alameda y 3. Guadalupe Flores Vidal, por la diversa de prisión preventiva justificada, por contravenir los principios imparcialidad, igualdad procesal y presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, consagrados en los artículos 17 y 20, Apartados A, fracción V, y B, fracción I, de la Constitución. Para arribar a tal conclusión, en dicha sentencia se consideró que no existían bases para considerar la existencia de un elevado riesgo de fuga de los quejosos habida cuenta que: 1. El fiscal durante la audiencia se limitó a mencionar de manera genérica y subjetiva que la prisión preventiva era suficiente, idónea y proporcional para continuar adecuadamente con la investigación por la penalidad del delito por el cual se vinculó a los quejosos a proceso. 2. El fiscal -a criterio del juez de control- no pudo desvirtuar el arraigo tanto domiciliario y familiar de los quejosos, que se acreditaron con los datos de prueba exhibidos por la defensa. 3. El fiscal no expuso información relativa a que los quejosos pretendieron fugarse o que hayan ejercido ejercieron violencia en contra de sus aprehensores al momento de su detención, tampoco dio indicio de que existiera peligro de sustracción de los imputados, peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y/o riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad. 4. Asimismo, no se expuso información concerniente a que los quejosos hayan falseado sobre su domicilio, a que éstos hayan adoptado una actitud negativa ante el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito o a que existiera un comportamiento que indicara su no voluntad de someterse a la persecución penal. No obstante, el juez de control resolvió que tales circunstancias eran insuficientes para imponer otra medida menos gravosa, atendiendo a: i) la pena del delito de posesión ilícita de petrolífero (en el caso denominado gas L.P.), previsto y sancionado en el artículo 9, fracción II, inciso d), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; ii) el peligro de sustracción (no motivado); iii) la necesidad de cautela; y, iv) la falta de arraigo laboral, siendo que por la ocupación de los quejosos (trabajadores en un centro de carburación y vendedor de talavera y tacos, respectivamente) - sostuvo- no existía la estabilidad ni la formalidad laboral, tampoco impedimento de que tal ocupación la pudieran ejercer en otro lado y que, además, en el referido centro de carburación habían sido detenidos en flagrancia, lo cual no generaba un arraigo positivo en el tema laboral. Entonces, contrario a lo resuelto por el juez de control, se consideró que dichos aspectos no se aplicaron bajo el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva, porque su imposición con el solo argumento de la penalidad es una postura anticipada sin justificación alguna, pues se tiene por cierto que los imputados se sustraerán del procedimiento penal con base en la posible imposición de la pena de prisión que el tipo penal sanciona; también, no patentiza por sí mismo, que los quejosos podían evadir la acción de la justicia o dejar de comparecer al proceso, menos que no se garantizará la seguridad de las otras partes o que se obstaculizará el proceso. Por otro lado, de considerar que la falta de arraigo laboral es concluyente para imponer al imputado la prisión preventiva justificada, se estaría llegando al extremo de determinar que la prisión preventiva deberá imponerse a todas las personas que no tengan un empleo fijo o formal, o que por la naturaleza del trabajo, sin mayor sustento, se considere se puede desempeñar en cualquier parte. Por tanto, se dijo que no había bases para considerar la existencia de un elevado riesgo de fuga, toda vez que en la audiencia respectiva se expusieron los indicios y datos objetivos a través de los cuales el juez de control estimó acreditados los aspectos relacionados con el arraigo del imputado en el lugar del juicio, específicamente, los relativos a la existencia de vínculos familiares o asiento de la familia y residencia habitual, factores que disminuyen el peligro de sustracción de los quejosos y, por ende, la necesidad de cautela. Razonamientos que no obstante la carga probatoria y contra argumentativa pesa sobre el Ministerio Público, no los combatió eficazmente; pues, si así hubiera sido, el juez de control no hubiera tenido por acreditado tanto el arraigo domiciliario como familiar de los quejosos. De igual forma, se estableció que era inconcuso que atendiendo a los artículos 1.1, 7.1, 7.5 y 8.2 de la Convención Americana, la prisión preventiva impuesta en función de la pena de prisión que prevé el hecho delictuoso señalado por la ley como delito de posesión ilícita de hidrocarburo, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción II, inciso d), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, era contraria a la razonabilidad, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad e idoneidad a la que debe estar sujeta la Constitución y los preceptos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales. A ello, se sumó la circunstancia de que, según lo establecido en el artículo 168, fracción II, del código nacional, el factor relativo al máximo de la pena no debía ponderarse aisladamente, sino en conjunto con la actitud que voluntariamente adopte el imputado ante ésta, toda vez que la conjunción copulativa "y" -colocada en dicha fracción- expresa unión o adición de los dos factores, esto es, el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopte el imputado ante éste. Entonces, con base en tales premisas, este órgano jurisdiccional estimó que la prisión preventiva resultaba desproporcional para sujetar a los quejosos al procedimiento penal y que, en todo caso, debían imponerse otras medidas cautelares, menos lesivas, que resultaran idóneas para tal fin. Luego, se reiteró que el fiscal de origen no probó la necesidad de imponer la prisión preventiva ni cómo esta medida era las más idónea para asegurar, sobretodo, la comparecencia de los quejosos al procedimiento, resultando ineficaces la falta de arraigo laboral y la penalidad del delito, al no relacionarse con otros aspectos, como una actitud negativa de los imputados ante la misma. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que el juez de origen: 1) Dejara insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el once de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal 640/2019, en la que se sustituyó la prisión preventiva oficiosa decretada en contra de los quejosos por la prisión preventiva justificada -acto reclamado-. 2) Señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se diera cumplimiento al fallo protector y en la que primero reiteraría todo lo manifestado por las partes en el debate efectuado en diversa audiencia de once de agosto de dos mil veinte, luego, su determinación en el sentido de declarar procedente la sustitución de la prisión preventiva oficiosa, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 33/2020 (10a.) , y de tener por acreditado tanto el arraigo familiar como domiciliario de los quejosos. 3) Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y con plenitud de jurisdicción, resolviera la solicitud planteada, en donde debía analizar la procedencia, en su caso, de la medida cautelar o medidas cautelares -distinta a la prisión preventiva justificada- que debía imponer a los quejosos, sin tomar en consideración el argumento atinente a que por la penalidad del delito que se les atribuye, era indispensable la prisión preventiva para asegurar la presencia de los imputados en el procedimiento, ni la falta de demostración de un arraigo laboral. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla -con carácter de Juez de Control-, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que en audiencia oral de once de noviembre del año en curso, celebrada dentro de la causa penal 640/2019, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el once de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal de origen, en la que se sustituyó la prisión preventiva oficiosa decretada en contra de los quejosos 1. Ignacio Zenteno Díaz, 2. José Ernesto Zenteno Alameda y 3. Guadalupe Flores Vidal por la prisión preventiva justificada -acto reclamado-. 2. Reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate efectuado en diversa audiencia de once de agosto de dos mil veinte, luego, su determinación en el sentido de declarar procedente la sustitución de la prisión preventiva oficiosa, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 33/2020 (10a.), y de tener por acreditado tanto el arraigo familiar como domiciliario de los quejosos. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector y con plenitud de jurisdicción, resolvió la solicitud planteada, en donde analizó la procedencia de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva justificada, sin tomar en consideración el argumento atinente a que por la penalidad del delito que se les atribuye, es indispensable la prisión preventiva para asegurar la presencia de los imputados en el procedimiento, ni la falta de demostración de un arraigo laboral. 4. En ese sentido, impuso a los quejosos las medidas cautelares siguientes: i) la presentación periódica (cada quince días); ii) la exhibición de una garantía económica (cada uno y por separado); y, iii) la prohibición de salir del Estado de Puebla sin autorización judicial. 5. Finalmente, ordenó la libertad de los quejosos únicamente respecto de la causa penal de origen. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos el acto reclamado; ii) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia en la que dio cumplimiento al fallo protector; y, iii) con base en los razonamientos indicados en el fallo protector y con plenitud de jurisdicción, analizó la procedencia de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva justificada, sin tomar en consideración el argumento atinente a que por la penalidad del delito que se les atribuye, es indispensable la prisión preventiva para asegurar la presencia de los imputados en el procedimiento, ni la falta de demostración de un arraigo laboral. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente a los quejosos por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el domicilio proporcionado para tal efecto, así como a la tercera interesada Pemex Transformación Industrial -víctima u ofendida del delito-, por conducto de su representante Abril Rodríguez Sánchez; y, por oficio a la autoridad responsable, al fiscal tercero interesado Noé Filiberto Martínez Solís, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículo (vía correo electrónico y con las mismas indicaciones decretadas en auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito..."
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San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de siete de diciembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El diez de noviembre de dos mil veinte, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo a los quejosos 1. Ignacio Zenteno Díaz, 2. José Ernesto Zenteno Alameda y 3. Guadalupe Flores Vidal, respecto de la resolución dictada en audiencia oral celebrada el once de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal 640/2019, en la que se sustituyó la prisión preventiva oficiosa decretada en su contra por la prisión preventiva justificada; por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Haciendo hincapié que se requirió su cumplimiento inmediato en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla -con carácter de Juez de Control- informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. En ese tenor, por auto emitido el siete de diciembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo y con el contenido del oficio con número de registro 14062 remitido por el referido juez de control; se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de diez de noviembre de dos mil veinte, se declaró inconstitucional la resolución dictada el once de agosto de dos mil veinte, en donde el juez responsable sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a los quejosos 1. Ignacio Zenteno Díaz, 2. José Ernesto Zenteno Alameda y 3. Guadalupe Flores Vidal, por la diversa de prisión preventiva justificada, por contravenir los principios imparcialidad, igualdad procesal y presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, consagrados en los artículos 17 y 20, Apartados A, fracción V, y B, fracción I, de la Constitución. Para arribar a tal conclusión, en dicha sentencia se consideró que no existían bases para considerar la existencia de un elevado riesgo de fuga de los quejosos habida cuenta que: 1. El fiscal durante la audiencia se limitó a mencionar de manera genérica y subjetiva que la prisión preventiva era suficiente, idónea y proporcional para continuar adecuadamente con la investigación por la penalidad del delito por el cual se vinculó a los quejosos a proceso. 2. El fiscal -a criterio del juez de control- no pudo desvirtuar el arraigo tanto domiciliario y familiar de los quejosos, que se acreditaron con los datos de prueba exhibidos por la defensa. 3. El fiscal no expuso información relativa a que los quejosos pretendieron fugarse o que hayan ejercido ejercieron violencia en contra de sus aprehensores al momento de su detención, tampoco dio indicio de que existiera peligro de sustracción de los imputados, peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y/o riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad. 4. Asimismo, no se expuso información concerniente a que los quejosos hayan falseado sobre su domicilio, a que éstos hayan adoptado una actitud negativa ante el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito o a que existiera un comportamiento que indicara su no voluntad de someterse a la persecución penal. No obstante, el juez de control resolvió que tales circunstancias eran insuficientes para imponer otra medida menos gravosa, atendiendo a: i) la pena del delito de posesión ilícita de petrolífero (en el caso denominado gas L.P.), previsto y sancionado en el artículo 9, fracción II, inciso d), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; ii) el peligro de sustracción (no motivado); iii) la necesidad de cautela; y, iv) la falta de arraigo laboral, siendo que por la ocupación de los quejosos (trabajadores en un centro de carburación y vendedor de talavera y tacos, respectivamente) - sostuvo- no existía la estabilidad ni la formalidad laboral, tampoco impedimento de que tal ocupación la pudieran ejercer en otro lado y que, además, en el referido centro de carburación habían sido detenidos en flagrancia, lo cual no generaba un arraigo positivo en el tema laboral. Entonces, contrario a lo resuelto por el juez de control, se consideró que dichos aspectos no se aplicaron bajo el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva, porque su imposición con el solo argumento de la penalidad es una postura anticipada sin justificación alguna, pues se tiene por cierto que los imputados se sustraerán del procedimiento penal con base en la posible imposición de la pena de prisión que el tipo penal sanciona; también, no patentiza por sí mismo, que los quejosos podían evadir la acción de la justicia o dejar de comparecer al proceso, menos que no se garantizará la seguridad de las otras partes o que se obstaculizará el proceso. Por otro lado, de considerar que la falta de arraigo laboral es concluyente para imponer al imputado la prisión preventiva justificada, se estaría llegando al extremo de determinar que la prisión preventiva deberá imponerse a todas las personas que no tengan un empleo fijo o formal, o que por la naturaleza del trabajo, sin mayor sustento, se considere se puede desempeñar en cualquier parte. Por tanto, se dijo que no había bases para considerar la existencia de un elevado riesgo de fuga, toda vez que en la audiencia respectiva se expusieron los indicios y datos objetivos a través de los cuales el juez de control estimó acreditados los aspectos relacionados con el arraigo del imputado en el lugar del juicio, específicamente, los relativos a la existencia de vínculos familiares o asiento de la familia y residencia habitual, factores que disminuyen el peligro de sustracción de los quejosos y, por ende, la necesidad de cautela. Razonamientos que no obstante la carga probatoria y contra argumentativa pesa sobre el Ministerio Público, no los combatió eficazmente; pues, si así hubiera sido, el juez de control no hubiera tenido por acreditado tanto el arraigo domiciliario como familiar de los quejosos. De igual forma, se estableció que era inconcuso que atendiendo a los artículos 1.1, 7.1, 7.5 y 8.2 de la Convención Americana, la prisión preventiva impuesta en función de la pena de prisión que prevé el hecho delictuoso señalado por la ley como delito de posesión ilícita de hidrocarburo, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción II, inciso d), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, era contraria a la razonabilidad, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad e idoneidad a la que debe estar sujeta la Constitución y los preceptos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales. A ello, se sumó la circunstancia de que, según lo establecido en el artículo 168, fracción II, del código nacional, el factor relativo al máximo de la pena no debía ponderarse aisladamente, sino en conjunto con la actitud que voluntariamente adopte el imputado ante ésta, toda vez que la conjunción copulativa "y" -colocada en dicha fracción- expresa unión o adición de los dos factores, esto es, el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopte el imputado ante éste. Entonces, con base en tales premisas, este órgano jurisdiccional estimó que la prisión preventiva resultaba desproporcional para sujetar a los quejosos al procedimiento penal y que, en todo caso, debían imponerse otras medidas cautelares, menos lesivas, que resultaran idóneas para tal fin. Luego, se reiteró que el fiscal de origen no probó la necesidad de imponer la prisión preventiva ni cómo esta medida era las más idónea para asegurar, sobretodo, la comparecencia de los quejosos al procedimiento, resultando ineficaces la falta de arraigo laboral y la penalidad del delito, al no relacionarse con otros aspectos, como una actitud negativa de los imputados ante la misma. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que el juez de origen: 1) Dejara insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el once de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal 640/2019, en la que se sustituyó la prisión preventiva oficiosa decretada en contra de los quejosos por la prisión preventiva justificada -acto reclamado-. 2) Señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se diera cumplimiento al fallo protector y en la que primero reiteraría todo lo manifestado por las partes en el debate efectuado en diversa audiencia de once de agosto de dos mil veinte, luego, su determinación en el sentido de declarar procedente la sustitución de la prisión preventiva oficiosa, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 33/2020 (10a.) , y de tener por acreditado tanto el arraigo familiar como domiciliario de los quejosos. 3) Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y con plenitud de jurisdicción, resolviera la solicitud planteada, en donde debía analizar la procedencia, en su caso, de la medida cautelar o medidas cautelares -distinta a la prisión preventiva justificada- que debía imponer a los quejosos, sin tomar en consideración el argumento atinente a que por la penalidad del delito que se les atribuye, era indispensable la prisión preventiva para asegurar la presencia de los imputados en el procedimiento, ni la falta de demostración de un arraigo laboral. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla -con carácter de Juez de Control-, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que en audiencia oral de once de noviembre del año en curso, celebrada dentro de la causa penal 640/2019, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el once de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal de origen, en la que se sustituyó la prisión preventiva oficiosa decretada en contra de los quejosos 1. Ignacio Zenteno Díaz, 2. José Ernesto Zenteno Alameda y 3. Guadalupe Flores Vidal por la prisión preventiva justificada -acto reclamado-. 2. Reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate efectuado en diversa audiencia de once de agosto de dos mil veinte, luego, su determinación en el sentido de declarar procedente la sustitución de la prisión preventiva oficiosa, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 33/2020 (10a.), y de tener por acreditado tanto el arraigo familiar como domiciliario de los quejosos. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector y con plenitud de jurisdicción, resolvió la solicitud planteada, en donde analizó la procedencia de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva justificada, sin tomar en consideración el argumento atinente a que por la penalidad del delito que se les atribuye, es indispensable la prisión preventiva para asegurar la presencia de los imputados en el procedimiento, ni la falta de demostración de un arraigo laboral. 4. En ese sentido, impuso a los quejosos las medidas cautelares siguientes: i) la presentación periódica (cada quince días); ii) la exhibición de una garantía económica (cada uno y por separado); y, iii) la prohibición de salir del Estado de Puebla sin autorización judicial. 5. Finalmente, ordenó la libertad de los quejosos únicamente respecto de la causa penal de origen. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos el acto reclamado; ii) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia en la que dio cumplimiento al fallo protector; y, iii) con base en los razonamientos indicados en el fallo protector y con plenitud de jurisdicción, analizó la procedencia de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva justificada, sin tomar en consideración el argumento atinente a que por la penalidad del delito que se les atribuye, es indispensable la prisión preventiva para asegurar la presencia de los imputados en el procedimiento, ni la falta de demostración de un arraigo laboral. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente a los quejosos por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el domicilio proporcionado para tal efecto, así como a la tercera interesada Pemex Transformación Industrial -víctima u ofendida del delito-, por conducto de su representante Abril Rodríguez Sánchez; y, por oficio a la autoridad responsable, al fiscal tercero interesado Noé Filiberto Martínez Solís, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículo (vía correo electrónico y con las mismas indicaciones decretadas en auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
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San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, la razón asentada por la actuaria judicial de la adscripción, a través de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a los quejosos 1. Ignacio Zenteno Díaz, 2. José Ernesto Zenteno Alameda y 3. Guadalupe Flores Vidal el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, pues refiere que al constituirse en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, fue informada por la Asesora Jurídica de dicho centro penitenciario que dichas personas salieron en libertad el once de noviembre del actual, por modificación de la medida cautelar; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Atento a lo anterior, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que por acuerdo de esa misma fecha -siete de diciembre de dos mil veinte-, se ordenó notificar dicha determinación personalmente a su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el domicilio proporcionado para tal efecto. Cúmplase.
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