Ignacio Gonzalez Santiago

Expediente 391/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
391/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
27/06/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Gonzalez Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. I. Auto adquiere firmeza. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicho proveído ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo de las autoridades 1. Fiscal en turno de la Unidad de Investigación Criminal en Zacatlán, Puebla y la diversa 3. Director General de la Policía Ministerial adscrito al Ministerio Público del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, en virtud que carecen de legitimación para impugnar la sentencia recurrida. En efecto, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la legitimación procesal de las partes que pretenden actuar dentro de un juicio de amparo, es de orden público y, por ello, debe estudiarse inclusive de oficio. Lo anterior, tiene sustento en la tesis LIV/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 20, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO". En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, no es de relevancia documental, y es destruible y susceptible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción II, del acuerdo general señalado. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar definitiva, se decreta que es destruible y susceptible de ser destruido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción III, del acuerdo general señalado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. III. Integración del expediente físico. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsa el procedimiento del presente asunto. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintitrés. I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 391/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por ********************, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: -La orden de comparecencia librada en su contra por el Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla; TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. ********************Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Zona Norte de Zacatlán, Puebla (en su denominación correcta) Negó 2. Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla Negó CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables identificadas en el cuadro precedente, al rendir su informe previo negaron la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dicha negativa. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. Ahora, como se indicó en el acta que antecede, la autoridad que la parte quejosa denominó como 3. Director General de la Policía Ministerial adscrito al Ministerio Público en Zacatlán, Puebla; no existe, por lo que tampoco pueden existir los actos que se les atribuyen. Por tanto, al no existir los actos reclamados a la referida autoridad responsable, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por tanto, al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia del acto reclamado. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO". QUINTO. Integración de expediente físico. Los registros con los que se dio cuenta deben integrarse al expediente físico, y con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente incidente de suspensión. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables; y, al agente del ministerio público de la federación adscrito.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se obtiene que el quejoso Ignacio González Santiago, el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, presentó su demanda de amparo a través de buzón judicial, en la que señaló como actos reclamados la orden presentación y/o comparecencia, así como su ejecución. Por auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se admitió la demanda con incidente de suspensión, se requirió informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Al respecto, en relación con los actos reclamados que han sido precisados, las autoridades responsables rindieron su informe justificado en los siguientes términos: 1 Fiscal en turno de la Unidad de Investigación Criminal en Zacatlán, Puebla. Negó 2 Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla. Negó Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." II. Sobresee en el juicio fuera de la audiencia constitucional. En tales consideraciones, se advierte que las autoridades han negado el acto reclamado, por lo que se advierte la actualización de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, y en consecuencia, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, ante la citada inexistencia de los actos reclamados, procede SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se inadvierte que la autoridad responsable 3. Director General de la Policía Ministerial adscrito al Ministerio Público del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, no ha rendido su informe justificado; sin embargo, tomando en consideración que las autoridades responsables ordenadoras negaron la existencia de la orden de captura, dicha autoridad en su calidad de ejecutora, no puede ejecutar una orden inexistente; de ahí que debe hacerse extensivo el sobreseimiento. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efecto la hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, esto es, las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del dieciséis de junio de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). III. Sin mayor proveído. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio suscrito por Mónica Morante Cadena, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres de Zacatlán. Sin lugar a realizar mayor pronunciamiento, ya que mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable; aunado a que en líneas anteriores, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. IV. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido, e impulsar el procedimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. I. Días inhábiles. Derivado de que en el Estado de Puebla se declaró la Fase 3 del Semáforo de Alerta Volcánica, que supone actividad intermedia a alta de volcán Popocatépetl, los días veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, fueron declarados días inhábiles (no laborables), por caso fortuito, por lo que no corrieron los términos de ley, de conformidad a los informes signados por la Magistrada Adriana Matzayani Sánchez Romo, Coordinadora de Magistradas y Magistrados del Sexto Circuito y Segunda Región Auxiliar, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, y por la Jueza Adriana Carmona Carmona, Coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito del Sexto Circuito, del Centro de Justicia Penal Federal y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Puebla. II. Oficio de cuenta. Agréguese a los autos el oficio 20403/2023/JC remitido -vía correo electrónico institucional- por Enrique López Criollo, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, por el cual, en cumplimento al requerimiento formulado en auto de dieciséis de mayo del año en curso, comunica que la causa penal 1160/2019/PUEBLA aún se encuentra suspendida, en virtud de que mediante determinación de quince de septiembre de dos mil veinte, se libró una orden de aprehensión en contra de los quejosos *** y ***, la cual -informa- no se ha cumplimentado. De lo que toma conocimiento esta autoridad federal, para los efectos legales a los que haya lugar. III. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y la promoción de cuenta al expediente físico, por haberse impreso e impulsar el procedimiento. Notifíquese por lista a las partes.

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