Ignacio Rojas Cordero
Expediente 382/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ignacio Rojas Cordero
- Juez de Control Y Ejecución de Sentencias En la Región Judicial Centro, Con Residencia En la Ciudad de Puebla (Blanca Olivier Palacios)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra la sentencia dictada el seis de junio de dos mil diecinueve, que por una parte sobreseyó en el presente juicio y por otra negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que por una parte sobreseyó en el presente juicio y por otra negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiendo conservar la demanda y la sentencia correspondiente, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar los discos versátiles digitales que remitió la autoridad responsable del Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla devuélvansele los mismos; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los citados discos.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, promovido por Ignacio Rojas Cordero, respecto del acto que reclamó de la Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro, consistente en la resolución pronunciada en la audiencia inicial de treinta de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal 348/2019/PUEBLA, en la parte en que impuso la medida cautelar de prisión preventiva en su contra, así como su ejecución, reclamada del Director del Centro de Reinserción Social de Puebla; en los términos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ignacio Rojas Cordero, contra los actos que reclamó de la Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro, consistente en la resolución pronunciada en la continuación de la audiencia inicial celebrada el dos de abril de dos mil diecinueve, en la causa penal 348/2019/PUEBLA, en la parte conducente donde se decretó auto de vinculación a proceso en su contra, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla; en términos del considerando séptimo de este fallo constitucional. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos la comparecencia llevada a cabo el día de hoy con Mayra Flores Hernández, asesora jurídica del quejoso Ignacio Rojas Cordero y, en su atención, téngasele aceptando y protestando el cargo conferido por auto de veintidós de mayo del actual (foja 86), para los efectos legales conducentes. Así mismo téngase a la citada asesora jurídica señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado para tal efecto. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente al quejoso Ignacio Rojas Cordero, el presente proveído y el diverso de veintidós de mayo del actual (foja 86), en el lugar en el que se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla), corriéndole traslado con copia autorizada de dichos acuerdos.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Directora de Asuntos Penales de la Dirección General de Defensoría Pública, de la Secretaría General del Gobierno de Puebla; a través del cual, en cumplimiento al requerimiento de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 42 y 43), designa a la abogada Mayra Flores Hernández, como asesora jurídica del quejoso Ignacio Rojas Cordero. En consecuencia, requiérase a la citada profesionista, (por conducto de la Directora de Asuntos Penales de la Dirección General de Defensoría Pública, de la Secretaría General del Gobierno de Puebla), para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, comparezca a este juzgado Federal a aceptar y protestar el cargo conferido. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente cincuenta a veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
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