Gumersindo Lopez Reyes
Expediente 497/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gumersindo Lopez Reyes
- Juez de lo Penal de Chiautla de Tapia, Puebla
- GUMERSINDO LOPEZ REYES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciocho. Vistos, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 552/2018 (orden 814/2018) del que se advierte que el nueve de agosto de dos mil dieciocho, notificó al quejoso Gumersindo López Reyes, el auto de veinte de julio pasado, de lo que toma conocimiento la suscrita Secretaria en funciones de Jueza de Distrito. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial en comento y háganse las anotaciones de ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del acuerdo dictado el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de julio de dos mil dieciocho. Vistos, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 499/2018 (orden 746/2018) del que se advierte que el cuatro de julio de dos mil dieciocho, notificó al quejoso Gumersindo López Reyes, el proveído de veintinueve de junio pasado, de lo que toma conocimiento la suscrita Jueza Federal. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial en comento y háganse las anotaciones de ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otro lado, intégrese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez de lo Penal de Chiautla de Tapia, Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto, en razón de que dicho informe ya obra en autos (fojas 35 a 39). En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que por acuerdo de veintinueve de junio pasado, se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el presente juicio de amparo; sin embargo, no se giraron los oficios 76-1 a 75-4; en consecuencia, se ordena reexpedir los aludidos oficios a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, para los efectos legales conducentes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que estaban señaladas las nueve horas con cincuenta minutos del día de hoy (foja 7 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, a las trece horas con veintiún minutos de esta data, se recibió vía correo electrónico, el informe justificado del Juez Penal de Chiautla de Tapia, Puebla, en donde se advierte una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar al sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. En efecto, como se indicó, la audiencia constitucional estaba señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del día de hoy, pero no se levantó la audiencia constitucional por que no estaba integrado el expediente para dictar sentencia, por lo que a nada practico conduciría diferirla y señalar nueva fecha para resolver el presente juico de amparo; puesto que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte la actualización de una causa de improcedencia, como se verá a continuación. En primer término, agréguese a este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Penal de Chiautla de Tapia, Puebla, para que surta los efectos legales a que haya lugar , con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 119 de la indicada Ley, téngase a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal de Chiautla de Tapia, Puebla, ofreciendo como prueba la documental que anexa al oficio de mérito. Así, del contenido integral de la demanda de amparo, escrito donde cumplió la prevención, así como de la revisión de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que, en el caso, el quejoso, esencialmente reclama del 1. Juez de lo Penal de Chiautla de Tapia, Puebla y 2. Encargado del despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla: - La omisión de notificar al quejoso la sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, dentro del proceso 62/2001, del índice de la primera de las mencionadas, instruido en su contra por su probable participación en el delito de homicidio calificado; así como su ejecución. Por otra parte, la autoridad responsable 2. Encargado del despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, al rendir su informe justificado (foja 28), negó la existencia del acto reclamado y la parte quejosa no desvirtuó tal negativa. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En consecuencia, ante su inexistencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA este juicio respecto a dicha autoridad. Por su parte, la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal de Chiautla de Tapia, Puebla, al rendir su informe justificado (foja 35 a 36), aceptó la existencia del acto reclamado, manifestando que el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, dictó sentencia definitiva en el proceso penal 62/2001 de su índice, y ordenó su notificación al quejoso vía exhorto, lo cual aconteció el diez de junio de dos mil dieciocho. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En tal sentido, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así pues, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así las cosas, la suscrita Juzgadora advierte, de oficio, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sentado lo anterior, a fin de demostrar la actualización de la causa de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que el quejoso reclama del 1. Juez de lo Penal de Chiautla de Tapia, Puebla, la omisión de notificarle la sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, dentro del proceso 62/2001 de su índice, instruido por su probable participación en el delito de homicidio calificado; así como su ejecución. Ahora bien, de las manifestaciones hechas por la autoridad responsable en su informe justificado, así como la constancia remitida en su apoyo, a las cuales se les da pleno valor probatorio, se advierte que: 1. En veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, el Juez responsable dictó sentencia condenatoria en contra de Gumersindo López Reyes, como responsable del delito de homicidio calificado, dentro del proceso 62/2001 de su índice. 2. El diez de junio de dos mil dieciocho, se notificó al aquí quejoso Gumersindo López Reyes, dicha sentencia. Por tanto, de las constancias antes citadas se advierte que el diez de junio de dos mil dieciocho, el juez responsable notificó al aquí quejoso Gumersindo López Reyes, vía exhorto, la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro del proceso 62/2001 de su índice, instruida en su contra por la probable comisión del delito de homicidio calificado, diligencia de la que se advierte que al momento de la notificación el hoy quejoso firmó de recibido y estableció que apelaba la resolución. En esa tesitura, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V del citado ordenamiento legal se decreta el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en la presente contienda constitucional, por haber cesado los efectos del acto reclamado. Sin que sea obstáculo para lo anterior que no se haya llamado a juicio a persona alguna con el carácter de tercero interesado, pues considerando el sentido de este auto (sobreseimiento fuera de la audiencia), no le irroga perjuicio a persona alguna. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y en los diversos numerales 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Gumersindo López Reyes, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente - juicio de amparo 497/2018-C; d) Notifique al citado quejoso el presente proveído; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia. En la inteligencia, que la notificación y emplazamiento que se encomiendan deberán practicarse en términos de lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó el emplazamiento de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
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