Gumersindo Lopez Reyes
Expediente 404/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gumersindo Lopez Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 397/2017 de este índice, de cuyas actuaciones se advierte que el veintitrés de junio de dos mil diecisiete se notificó al quejoso ********************en el lugar de su reclusión, la resolución de primero de junio del año en curso dictado en el presente expediente; de lo que esta autoridad queda enterada, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. No es obstáculo para lo anterior, que a la fecha no obre en autos el acuse de recibo del oficio V-309-2, mediante el cual se ordenó notificar la referida sentencia a la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, toda vez que el sentido de la misma no le causa algún agravio y, por lo mismo, no se encuentra legitimada para interponer recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE.- Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Además, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. En otro orden, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Ahora bien, toda vez que el quejoso Gumersindo López Reyes se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; con fundamento en los artículos 27, fracción II, 116 de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Notifique al quejoso Gumersindo López Reyes el presente proveído; y, Le corra traslado con copia autorizada del presente auto. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. En la inteligencia, que la notificación que se encomienda deberá practicarse en términos de lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese orden, dígase a la jueza auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación ordenada; apercibida que de no hacerlo en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emita el presente proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo vigente. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.
- Principal
S E N T E N C I A : V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 404/2017-E, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Gumersindo López Reyes, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el tres de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla con sede en San Andrés Cholula, Gumersindo López Reyes, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "3. AUTORIDAD RESPONSABLE. Lo es como ordenadora el Juez de lo Penal de Chiautla de Tapia, Puebla. Y como ejecutora el Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. 4. ACTO RECLAMADO. De la ordenadora reclamo la omisión consistente en no dar trámite al recurso de apelación que hice valer contra la sentencia definitiva que me dictó en el mes de febrero de dos mil diecisiete, en el proceso 62/2001 que se me instruyó por el delito de homicidio calificado. De la ejecutora reclamo la ejecución de los actos atribuidos a la ordenadora." (fojas 3 y 4). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del Juicio. En acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecisiete, se registró la demanda con el número de juicio 404/2017 y se admitió a trámite, sin incidente de suspensión, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita (fojas 14 a 16); y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de la sentencia. TERCERO. Parte tercera interesada. En cumplimiento al auto admisorio, se emplazó al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable, lo cual aconteció el diez de abril del año en curso (foja 59); y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, así como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables se advierte que, en el caso, la parte quejosa, esencialmente reclama del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, dentro del proceso penal 62/2001: -La omisión de dar trámite a la apelación interpuesta en contra de la sentencia definitiva dictada el ocho de noviembre de dos mil dos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado y sobreseimiento. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclamó, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa; en consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable denominada 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla (foja 17) al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora, con la copia certificada de constancias diversas emanadas del proceso penal 62/2001 del índice de la responsable, documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En el caso, al ser el acto reclamado de naturaleza omisiva, se traduce en la abstención de actuar por parte de la autoridad, lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica del quejoso; de ahí que no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, pues sus efectos son de tracto sucesivo por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata; razón por la cual en esta clase de actos no corre el término genérico de quince días para promover el sumario constitucional, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, al tratarse aquel de un acto omisivo que crean una situación permanente mientras se subsanan, pueden reclamarse en cualquier tiempo. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." SEXTO. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así pues, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así las cosas, la suscrita juzgadora advierte, de oficio, que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que el quejoso reclama del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, la omisión de dar trámite a la apelación interpuesta en contra de la sentencia definitiva dictada el ocho de noviembre de dos mil dos en el proceso penal 62/2001 de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado, se advierte que por acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable, admitió a trámite la apelación interpuesta en contra de la sentencia definitiva dictada el ocho de noviembre de dos mil dos en el proceso penal 62/2001 de su índice; y notificó, a través del Diligenciario adscrito al Juzgado de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, tal determinación, a la aquí parte quejosa, personalmente el veinte de abril de dos mil diecisiete. Por tanto, al haberse pronunciado respecto a la petición formulada y notificado a la parte quejosa, se han destruido todos los efectos de los actos reclamados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si los mencionados actos no hubieren vulnerado la esfera jurídica de la parte quejosa, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V del citado ordenamiento legal procede decretar el sobreseimiento en la presente contienda constitucional. Atento a lo anterior, la suscrita Juzgadora Federal se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." SÉPTIMO. Notificación al quejoso. Toda vez que el quejoso Gumersindo López Reyes se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, de acuerdo al artículo 27, fracción II, y 116, párrafo segundo del mismo ordenamiento general y 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese atento despacho al Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso la presente sentencia, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso Gumersindo López Reyes, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 404/2017-E; d) Notifique a la parte quejosa la presente sentencia; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Así mismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cincuenta días, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 63, 65, 74, 75, y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Gumersindo López Reyes, contra los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla y 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en los diversos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Notifíquese al peticionario de amparo Gumersindo López Reyes, vía despacho, de conformidad con el considerando séptimo de la presente determinación. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese vía despacho a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercero interesada, así como a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el artículo 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, téngase a la citada autoridad responsable ofreciendo como prueba la documental que anexa al informe de mérito, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que ya obran en autos la totalidad de informes justificados; en consecuencia, como el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, notifíquesele personalmente el presente proveído así como el diverso de dieciocho de abril del año en curso, corriéndole traslado con los informes justificados de las autoridades responsables 1. Juez de lo Penal de Chiautla de Tapia, Puebla y 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. En mérito de lo anterior, toda vez que la parte quejosa se encuentra recluido, esto es, en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez Puebla, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Notifique este auto y el diverso de dieciocho de abril del año en curso al quejoso Gumersindo López Reyes en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; y Corra traslado con copia autorizada del presente proveído, así como del diverso de dieciocho de abril del año en curso y los informes justificados de las autoridades responsables 1. Juez de lo Penal de Chiautla de Tapia, Puebla y 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.
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