GUMERCINDO ROMERO CHILCHOA y Otros.
Expediente 751/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gumercindo Romero Chilchoa
- GUMERCINDO ROMERO CHILCHOA y Otros.
- Silvia Varela Becerril
Actuaciones
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 30 DE JUNIO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: treinta de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por los quejosos Gumercindo Romero Chilchoa y Silvia Varela Becerril, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado el veintisiete de junio del año en curso, manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que señalan como autoridad ordenadora al Juez Octavo de lo Civil de la ciudad de Puebla, a quien le reclaman la orden de arresto, por desacato judicial, ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 1083/2000; así como su ejecución por parte de la autoridad responsable Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Establecido lo anterior, la suscrita Juzgadora Federal estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, promovida por Gumercindo Romero Chilchoa y Silvia Varela Becerril, según lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." El precepto antes transcrito, establece como se actuará al considerarse carecer de competencia para conocer de una demanda de amparo. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, que cambian de denominación y especialización a partir del uno de junio de dos mil quince, conservarán los asuntos turnados, radicados, en trámite, pendientes de resolución y en archivo, de su anterior denominación, no previstos en el reparto dispuesto por los artículos 16, 17 y 18 de ese Acuerdo y continuarán con su competencia originaria para la atención de los mismos. Sin embargo, en términos de los diversos 5 y 6 del propio ordenamiento, a partir del uno de junio de dos mil quince este órgano constitucional únicamente conocerá de los asuntos a que se refiere el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De tal forma que para determinar a qué Juzgado de Distrito en el Estado de Puebla compete conocer de un asunto determinado es necesario atender a la naturaleza del acto reclamado y a la fecha de presentación de la demanda de amparo, independientemente de las autoridades que emitan dicho acto. Cierto, al resolver la contradicción de tesis 36/2001-PS la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que conforme a diversos criterios emitidos por el máximo tribunal del país la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgado o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. Ahora bien, del escrito de demanda de amparo y aclaratorio del mismo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad ordenadora al Juez Octavo de lo Civil de la ciudad de Puebla, a quien le reclaman la orden de arresto, por desacato judicial, ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 1083/2000; así como su ejecución por parte de la autoridad responsable Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Por lo que se estima que tales actos son de naturaleza civil, al derivar de un juicio ejecutivo mercantil, y consecuentemente este Juzgado Federal resulta legalmente incompetente para conocer de aquélla. En las relatadas condiciones, al haberse presentado la demanda de amparo el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, es decir con posterioridad al uno de junio de dos mil quince en que se realizó el cambio de denominación y especialización invocado en párrafos precedentes, debe estimarse que este órgano de control constitucional carece de competencia para conocer de un asunto de los previstos en el numeral 54 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, un acto u omisión de naturaleza civil. En consecuencia, con fundamento en la fracción I del artículo 54 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el diverso 48 de la Ley de Amparo, fórmense cuaderno de antecedentes, el que deberá contener fotocopia de todo lo actuado en el presente sumario, y envíese a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto se sirva remitirlo al órgano jurisdiccional en turno, a quien se estima competente para conocer de la misma, para que si así lo considera procedente, se avoque al conocimiento del asunto, solicitando el acuse de recibo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por los quejosos Gumercindo Romero Chilchoa y Silvia Varela Becerril, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado el veintisiete de junio del año en curso, manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que señalan como autoridad ordenadora al Juez Octavo de lo Civil de la ciudad de Puebla, a quien le reclaman la orden de arresto, por desacato judicial, ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 1083/2000; así como su ejecución por parte de la autoridad responsable Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Establecido lo anterior, la suscrita Juzgadora Federal estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, promovida por Gumercindo Romero Chilchoa y Silvia Varela Becerril, según lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." El precepto antes transcrito, establece como se actuará al considerarse carecer de competencia para conocer de una demanda de amparo. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, que cambian de denominación y especialización a partir del uno de junio de dos mil quince, conservarán los asuntos turnados, radicados, en trámite, pendientes de resolución y en archivo, de su anterior denominación, no previstos en el reparto dispuesto por los artículos 16, 17 y 18 de ese Acuerdo y continuarán con su competencia originaria para la atención de los mismos. Sin embargo, en términos de los diversos 5 y 6 del propio ordenamiento, a partir del uno de junio de dos mil quince este órgano constitucional únicamente conocerá de los asuntos a que se refiere el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De tal forma que para determinar a qué Juzgado de Distrito en el Estado de Puebla compete conocer de un asunto determinado es necesario atender a la naturaleza del acto reclamado y a la fecha de presentación de la demanda de amparo, independientemente de las autoridades que emitan dicho acto. Cierto, al resolver la contradicción de tesis 36/2001-PS la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que conforme a diversos criterios emitidos por el máximo tribunal del país la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgado o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. Ahora bien, del escrito de demanda de amparo y aclaratorio del mismo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad ordenadora al Juez Octavo de lo Civil de la ciudad de Puebla, a quien le reclaman la orden de arresto, por desacato judicial, ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 1083/2000; así como su ejecución por parte de la autoridad responsable Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Por lo que se estima que tales actos son de naturaleza civil, al derivar de un juicio ejecutivo mercantil, y consecuentemente este Juzgado Federal resulta legalmente incompetente para conocer de aquélla. En las relatadas condiciones, al haberse presentado la demanda de amparo el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, es decir con posterioridad al uno de junio de dos mil quince en que se realizó el cambio de denominación y especialización invocado en párrafos precedentes, debe estimarse que este órgano de control constitucional carece de competencia para conocer de un asunto de los previstos en el numeral 54 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, un acto u omisión de naturaleza civil. En consecuencia, con fundamento en la fracción I del artículo 54 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el diverso 48 de la Ley de Amparo, fórmense cuaderno de antecedentes, el que deberá contener fotocopia de todo lo actuado en el presente sumario, y envíese a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto se sirva remitirlo al órgano jurisdiccional en turno, a quien se estima competente para conocer de la misma, para que si así lo considera procedente, se avoque al conocimiento del asunto, solicitando el acuse de recibo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 27 DE junio DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos de la autoridad responsable 1. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 751/2017-E. Ahora bien, previo a proveer respecto a la admisión, si en el caso procede o no, con apoyo en los artículos 108, fracciones III y IV, 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días siguiente a que quede notificada, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Precise cuál es la autoridad responsable ordenadora que emitió las órdenes de busca, aprehensión, detención, presentación o arresto giradas presuntamente en su contra, a quien atribuye la ejecución de dichos actos reclamados a la autoridad responsable 1. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; ya que de la demanda de amparo, se advierte que únicamente señala como autoridad responsable ejecutora a la previamente citada, sin indicar cuál es la autoridad ordenadora que emitió los actos reclamados. Lo anterior es así, ya que de conformidad a lo establecido en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, la parte quejosa en su demanda de amparo, debe precisar el acto u omisión que de cada autoridad se reclame, en razón de que el requisito aludido no constituye una sola formalidad, sino un aspecto trascedente, pues no se tiene la certeza jurídica de dónde derivan cada uno de los actos que la parte quejosa señala de inconstitucionales. Aunado, a que de la interpretación sistemática del artículo 108, fracciones III y V, en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados (en el entendido que también de dónde emanan éstos), lo anterior a fin de que queden definidos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. En ese sentido, hágase saber a la parte promovente que deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a esta prevención en original y con las copias suficientes en términos del artículo 110 de la citada ley, para cada una de las partes. Se apercibe a los promoventes que de no cumplir íntegramente con lo requerido, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la nueva Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Así mismo, signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por los quejosos y no por conducto de las personas que autoriza en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo; y, como autorizados en términos restringidos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, ya que esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que los profesionistas que indica cuentan con su cédula de licenciado en Derecho registradas ante la Secretaría de Educación Pública y en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; pues el solo hecho de indicar sus nombres, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstas. Sin perjuicio de que si en el futuro llegase a acreditar la situación anterior, la parte quejosa podrá autorizarlos en los términos que pretende. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente..."
- Principal
Vistos los autos y la certificación que antecede, toda vez que en la especie, por sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se sobreseyó por una parte y se concedió por otra el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa MARLIN YESENIA DÍAZ BENÍTEZ y otros y como dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciado Octavio Santiago Agustín Rosales Constantino, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: (.) NOVENO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, se otorga la protección constitucional solicitada por Marlin Yesenia Díaz Benítez, Cuauhtémoc Pineda Pineda y Martha Benítez Morales, por propio derecho y los dos últimos además en representación de los menores Azbayra Mabel o Azkayra Mabel, Cuauhtémoc, Floriberto y Lisandro, todos de apellidos Pineda Benítez, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciado Octavio Santiago Agustín Rosales Constantino, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en cuanto se le requiera el cumplimiento de esta sentencia y dentro del plazo que para efecto se le otorgue, realice lo siguiente: 1.- DEJE INSUBSISTENTE el acuerdo de aseguramiento de bienes reclamado, dictado en el acta de cateo de tres de diciembre de dos mil dieciséis, que se llevó a cabo en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/088/2013, de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República. 2. En su lugar, CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN EMITA UNA NUEVA RESOLUCIÓN, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero atento a los razonamientos expuestos en esta sentencia, deberá purgar los vicios de forma que la afectaban, por cuanto hace a la insuficiente fundamentación y motivación, los cuales han quedado señalados en el presente considerando. 3. NOTIFIQUE ese nuevo acuerdo de manera personal a la parte quejosa. En la inteligencia de que, para acatar el fallo protector de garantías, la autoridad responsable deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia. (.) Así mismo, con fundamento el artículo 192, tercer párrafo de la ley de la materia, se requiere al superior jerárquico Procurador General de la República, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a la referida autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Licenciado Octavio Santiago Agustín Rosales Constantino, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, dar cumplimiento en sus términos al fallo protector de que se trata y remita a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden. Para dar margen a lo anterior, dicho superior jerárquico podrá decretar las medidas necesarias y hacer uso de todos los medios que tenga a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a su subalterno. Se apercibe a las citadas autoridades (responsable y superior jerárquico) que de no cumplir con lo anterior dentro del término que se les concedió, se les impondrá a cada uno y por separado una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de las mencionadas autoridades que, en caso de ser omisas al presente requerimiento en el plazo fijado, además de imponerse las multas con las que se les apercibió, conforme al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará Por otra parte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo Por otro lado, dígase a las autoridades requeridas, que incurren en responsabilidad penal de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y último párrafo y 269 de la Ley de Amparo
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