Gumersindo Perez Calderon
Expediente 1327/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1327/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gumersindo Perez Calderon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra de la resolución dictada el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, que sobreseyó en el presente juicio de derechos fundamentales fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la resolución de mérito ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. No es obstáculo para lo anterior, que a la fecha no obre en autos el acuse de recibo del oficio mediante el cual se notificó la sentencia a la autoridad tercera interesada 3. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Municipal de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla. Lo anterior, toda vez que el sentido de la resolución definitiva no le causa algún agravio y, por lo mismo, no se encuentra legitimada para interponer recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 474, con número de registro 394430, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE.- Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable 1. Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercíbase a dicha autoridad que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para que comparezcan para la devolución de documentos originales. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que el quejoso GUMERSINDO PÉREZ CALDERÓN, mediante escrito recibido en este órgano Federal el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 3 a 25) solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla y 2. Director del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, de quienes reclama el auto de formal prisión dictado en su contra el veinticinco de julio de dos mil dieciséis, dentro del proceso penal 192/2015 del índice del juez responsable, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción II, en relación con los diversos 6, 11, 12, 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Diana Guadalupe López García; así como su ejecución. Ahora bien, del informe justificado que rindió la autoridad responsable 1. Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla y de las constancias que obran dentro del juicio de amparo 396/2016 del índice de este juzgado Federal (mismo que se tiene a la vista) se desprende que la responsable el veinticinco de julio de dos mil dieciséis emitió en contra del quejoso Gumersindo Pérez Calderón auto de formal prisión dentro del proceso penal 192/2015, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción II, en relación con los diversos 6, 11, 12, 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Diana Guadalupe López García; lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en dicho juicio de derechos fundamentales (fojas 85 a 101 y 344 a 366 del anexo I). En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." De la disposición legal aludida se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve fuera del plazo que la Ley de Amparo prevé para tal efecto, caso en el cual se reputarán consentidos tácitamente los actos reclamados. Al respecto, debe señalarse el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; y, c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, porque no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley de Amparo. En efecto, se actualiza el supuesto explicado en el inciso b), ya que dentro del juicio de amparo 396/2016 del índice de este juzgado Federal se advierte que la autoridad responsable 1. Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, el veinticinco de julio de dos mil dieciséis emitió en contra del quejoso Gumersindo Pérez Calderón auto de formal prisión dentro del proceso penal 192/2015, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción II, en relación con los diversos 6, 11, 12, 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Diana Guadalupe López García; lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en dicho juicio de amparo. Entonces, si dicha hipótesis establece que debe computarse el plazo para la promoción del juicio de amparo a partir del día siguiente en que la parte quejosa tuvo conocimiento de ese acto, por cualquier medio, como puede ser el momento en que se le dio vista con el acatamiento a la ejecutoria en el procedimiento de ejecución correspondiente. Así, es válido que a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo en que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento, inicie el cómputo del plazo para la presentación del nuevo juicio de amparo en su contra, siempre y cuando exista constancia que acredite el conocimiento directo y completo por parte del quejoso. Así las cosas, de las constancias que obran en autos del anexo I que acompañó la autoridad responsable y del referido juicio de amparo 396/2016 se observa que el veintiséis de julio de dos mil dieciséis la responsable 1. Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla presentó ante este juzgado el oficio 1171/2016, en el que anexó el auto de término constitucional reclamado. Lo que fue acordado mediante proveído de veintisiete de julio del actual y notificado por lista al quejoso el cuatro de agosto de dos mil dieciséis (foja 108), previo aviso fijado en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones personales y seguido el procedimiento que prevé el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo (foja 107). Lo anterior, acredita que el quejoso tuvo conocimiento de la resolución combatida desde que le fue notificado el auto de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo 396/2016, del índice este juzgado, que ordenó darle vista con el contenido del auto de formal prisión en cuestión en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo (fojas 102 y 103). Aquí, conviene precisar nuevamente que conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. De ahí que, es a partir del día siguiente de la notificación de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, que debe computarse el plazo de quince días para promover este amparo en contra del acto reclamado (fojas 107 y 108); esto es, a partir del cinco de agosto del propio año. Pues, es claro que al realizarse la notificación del acuerdo de veintisiete de julio del presente año, emitido dentro del juicio de amparo 396/2016 de la estadística de este órgano jurisdiccional, el quejoso tuvo conocimiento del auto de formal prisión combatido, y tal conocimiento se puede afirmar válidamente que fue pleno, tan es así, que mediante los diversos ocursos presentados los días diez y veinticuatro de agosto del año en curso, el quejoso GUMERSINDO PÉREZ CALDERÓN, por conducto de su autorizado legal MIGUEL ÁNGEL ÁVILA CRUZ, que también tiene ese carácter en este juicio, hizo valer diversos argumentos relacionados con el auto de formal prisión que la autoridad responsable emitió el día veinticinco de julio de dos mil dieciséis en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 396/2016. De ahí que, el plazo de quince días para promover la demanda de amparo que da origen al presente expediente transcurrió del cinco al veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, sin contar los días trece, catorce, veinte y veintiuno de agosto del actual, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo (al haber sido sábados y domingos). Inclusive, aún si se tuviera como fecha en la que el quejoso tuvo pleno conocimiento del auto de formal prisión aquí reclamado, el diez de agosto de dos mil dieciséis, en que su autorizado presentó el escrito mediante el cual desahogó la vista otorgada en proveído de veintisiete de julio del actual, la demanda presentada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que dio origen a este juicio, también sería extemporánea, pues el plazo de quince días, transcurrió del once al treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, previo descuento de los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto de dos mil dieciséis, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la demanda de amparo que dio origen al presente sumario constitucional se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos (foja 1), es evidente que resulta extemporánea su promoción; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del nueve de noviembre de dos mil dieciséis (foja 178 vuelta). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se reproduce: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación que la autoridad responsable haya notificado al quejoso la resolución de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, hasta el quince de agosto del mismo año (foja 366 vuelta del anexo I), pues como se dijo en párrafos que anteceden el quejoso tuvo conocimiento del auto de formal prisión combatido, desde el cuatro de agosto de dos mil dieciséis. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Determinación que se hace extensiva por cuanto hace al acto reclamado a la diversa autoridad señalada como responsable ejecutora 2. Director del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, ya que el acto que se le imputa no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del auto de formal prisión materia del desechamiento. Finalmente, para el dictado de este proveído la suscrita Juzgadora Federal tuvo a la vista el juicio de amparo 396/2016 de la estadística de este juzgado, promovido también por el aquí quejoso.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla, a través del encargado del despacho, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, intégrese al presente expediente el oficio del Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla y anexo que acompaña, atento a su contenido, téngasele remitiendo el expediente original del proceso 192/2015 de su índice, en el que obra el auto de formal prisión de veinticinco de julio de dos mil dieciséis (acto reclamado), que se dictó en contra del quejoso GUMERSINDO PÉREZ CALDERÓN. Así mismo, con fundamento en el artículo 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, téngase a las citadas autoridades responsables ofreciendo como pruebas las documentales que anexan a los oficios de mérito, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. En ese sentido, dado el cuantioso número de fojas de las constancias que remite la autoridad responsable ordenadora, fórmese el cuaderno de prueba I del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio y sello.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se hace constar que la autoridad responsable no acompañó constancia alguna a su informe justificado, sin que resulte necesario realizar el requerimiento correspondiente, pues con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que en este juzgado se encuentra radicado el juicio de amparo 396/2016, promovido por el quejoso GUMERSINDO PÉREZ CALDERÓN, por lo que, se ordena extraer fotocopia certificada de las constancias necesarias para la solución del expediente en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. A fin de dar margen a lo anterior, es decir, para que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes, se impongan del contenido del informe de la autoridad responsable 1. Juez Municipal en Materia Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, SE DIFIERE y se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Al respecto, es de invocarse en lo conducente la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Resérvese proveer lo conducente respecto al emplazamiento de la parte tercero interesada, hasta la celebración de la audiencia constitucional
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