Gumersindo Lopez Reyes

Expediente 969/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
969/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
04/12/2018

Partes del expediente

  • Gumersindo Lopez Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vistos, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 858/2018 (orden 1256/2018) del que se advierte que el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, notificó al quejoso Gumersindo López Reyes, los proveídos de seis y veintiuno, ambos de noviembre de la presente anualidad, de lo que toma conocimiento el suscrito Juez Federal. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial en comento y háganse las anotaciones de ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, con el que da cuenta la secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el artículo 117 de la indicada Ley, téngase a la citada autoridad responsable ofreciendo como prueba las documentales que anexa al informe de mérito, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, intégrese a las presentes actuaciones el oficio 327/2018 del índice del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla, Puebla, para que surta sus efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, la autoridad responsable acompaña diversas constancias que integran el proceso penal 62/2001 de su índice, de las que se advierte que el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, remitió el proceso penal a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el sentenciado, aquí quejoso, en contra de la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. De lo anterior se sigue que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo. 61- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En ese sentido, conviene precisar que el aquí quejoso reclama: la omisión del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, de remitir el proceso 62/2001 de su índice, a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el sentenciado, aquí quejoso GUMERSINDO LÓPEZ REYES, en contra de la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Ahora bien, de las constancias que remitió el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla, se advierte que el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, remitió a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el citado proceso para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso GUMERSINDO LÓPEZ REYES, recibido en la Oficialía de la referida Sala Penal el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, posterior a la presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de Partes de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, esto es, el quince de octubre de dos mil dieciocho y turnada en este juzgado el mismo día. Documental con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, si la demanda de amparo fue recibida en este Juzgado de Distrito el quince de octubre de dos mil dieciocho y el recurso de apelación interpuesto dentro del proceso penal 62/2001, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla fue remitido a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho y recibido el veintidós de octubre siguiente, posterior a la presentación de la demanda de amparo; de ahí que han cesado los efectos del acto reclamado en la presente instancia constitucional, pues han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia del acto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior, en virtud de que si la pretensión del quejoso, era que se estudiara la omisión del juez responsable de remitir los autos del proceso de origen para la substanciación del recurso de apelación de que se trata a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, se tiene que al haber remitido el proceso de mérito y ser recibido en la Oficialía de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, entonces, en el presente caso, se le ha restituido en el goce del derecho que estimó transgredido, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, por lo que se concluye que han cesado los efectos del mismo, razón por la que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Tiene aplicación la jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Igualmente, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita la jurisprudencia III.2o. CJ/22, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del seis de diciembre de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se reproduce: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y comuníquese la presente determinación a las partes. No escapa a la atención del suscrito juez Federal que en autos del sumario en que se actúa no existe constancia sobre el emplazamiento del tercero interesado Idelfonso Vidal Cruz ; sin embargo, tal circunstancia no impide el dictado de este acuerdo, pues dado el sentido del mismo (sobreseimiento), es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio. Cobra aplicación la tesis de datos siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Finalmente, en virtud de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2, gírese despacho al Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso Gumersindo López Reyes el presente acuerdo y el diverso de seis de noviembre del año en curso, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso Gumersindo López Reyes, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente - juicio de amparo 969/2018-C; d) Notifique al citado quejoso el presente proveído y el diverso de seis de noviembre de dos mil dieciocho; e) Corra traslado con copia autorizada de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En ese orden, dígase al juez requerido que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo vigente. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto, el estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días concedido a las partes para que se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, pues el informe de referencia se les notificó por lista el siete de noviembre del actual y surtió efectos el ocho siguiente, y transcurre del nueve al veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, descontándose sábados, domingos y diecinueve y veinte de noviembre de dos mil dieciocho, al ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el diverso numeral 19 de la Ley de Amparo. Ante ello, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantías consagradas en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo de la Ley de Amparo, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional; por lo que, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Vistos, agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 755/2018 (orden 1115/2018) del que se advierte que el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, notificó al quejoso Gumersindo López Reyes, el proveído de quince de octubre de la presente anualidad, de lo que toma conocimiento el suscrito Juez Federal. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial en comento y háganse las anotaciones de ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

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