Gumersindo Perez Calderon

Expediente 396/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
396/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
25/10/2021

Partes del expediente

  • Gumersindo Perez Calderon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el oficio 842/2021, signado por el Juez Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, por medio del cual acusa recibo de las constancias que se le remitieron a través del oficio E-128-2021 de trece de octubre de dos mil veintiuno; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Intégrese a los presentes autos el oficio 836/2021, signado por el Juez Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, por medio del cual solicita se le remita copia certificada de la sentencia de engrose de siete de junio de dos mil dieciséis, relativa al presente juicio de garantías, pronunciada por el Juez Tercero de Distrito en el Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco, Guerrero; asimismo, de la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, a la que dio cumplimiento el Juez de origen en resolución emitida el veinticinco de julio de dos mil dieciséis; y, del acuerdo que tuvo por cumplida la referida ejecutoria. Lo anterior, sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que mediante proveído de trece de octubre pasado, se ordenó remitir dichas constancias, en atención a la solicitud hecha a través del diverso 789/2021 de ocho de octubre del año en curso. Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil veintiuno. AUTORIDAD SOLICITA COPIAS. Intégrese a los autos el oficio signado por el Juez Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, con anexo; atento a su contenido, se acuerda: Como lo solicita la autoridad oficiante, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, remítase la copia certificada de las constancias que solicita, para que obren en la causa penal 192/2015 de su índice. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable; y cúmplase...

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 26 DE agosto DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el siete de junio de dos mil dieciséis (fojas 97 a 108), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Gumersindo Pérez Calderón, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 192/2015. b) Provea lo necesario para que se recabe la información requerida en especial tome las providencias necesarias a efecto de que se notifique a las instituciones que deban rendirla mediando un plazo prudente entre su notificación y el desahogo de la información -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; y para el caso que tal información ya se hubieran recibido o desahogado, de inmediato resuelva la situación jurídica del inculpado ahora quejoso, tomando en cuenta la misma. Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa del inculpado, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tal probanza deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que el inculpado quedó a su disposición y el momento en que se ofreció dicho medio de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo. Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera el quejoso gozará del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debió rendirse la información. c) Realizado lo anterior y sin rebasar el término constitucional ampliado, con plenitud de jurisdicción, la responsable deberá emitir una nueva resolución en el sentido que estime procedente, debiendo valorar la totalidad del material probatorio." (fojas 106 y 106 vuelta). Resolución que el quince de julio de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 188 a 191). Por lo anterior, mediante oficio 1171/2016 de veinticinco de julio de dos mil dieciséis (fojas 202 a 220), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 192/2015 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis (foja 220). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a decretar contra el aquí amparista auto de formal prisión respecto del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Diana Guadalupe López García. Asimismo, mediante diverso oficio 1268/2016 de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, el juez responsable remitió a esta autoridad copia certificada de las constancias con las cuales acredita que efectivamente solicitó la información requerida por la parte quejosa a diversas dependencias, así como la contestación dada por las mismas (fojas 251 a 278); lo cual fue uno de los efectos de la sentencia de amparo. Información anterior que en resolución de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, el juez de la causa procedió a valorar en la forma que estimó pertinente (foja 218 vuelta). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de Miguel Ángel Ávila Cruz, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual desahoga la vista dada en auto de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, refiriendo que no está conforme con el cumplimiento dado por el juez responsable, pues dice que éste realizó un estudio deficiente de los medios de prueba que obran en autos, ya que con los mismos no se acredita el delito de fraude que se le imputa al quejoso, pues no se desprende el engaño. Dichas manifestaciones son infundadas, ya que las mismas se refieren al fondo del acto reclamado, pues los efectos de la sentencia de amparo dictada en el presente sumario constitucional fueron por vicios de forma, los cuales, según quedó precisado en párrafos anteriores ya han sido subsanadas por el juez de la causa. Por otro lado, la manifestación que realiza el ocursante en el sentido de que el juez del proceso realiza una deficiente valoración de los medios de prueba pues, sólo cita los artículos 122, 123, fracción IV, 196 y 197, sin especificar el código; dicha manifestación es fundada pero inoperante, en virtud de que si bien, en la resolución analiza acontece lo que se refiere el amparista (foja 218 vuelta), también lo es que de dicha determinación, el juez de la causa, a foja doscientos diecinueve, especifica que dichas probanzas tienen pleno valor probatorio y las valora en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla; con lo cual se subsana dicha deficiencia; además, no fue materia de los efectos de la concesión de amparo la correcta o incorrecta valoración que realizara el juez penal sobre dichos medios de prueba, sino sólo que analizara la totalidad del material probatorio, lo que sí realizó; por lo que en todo caso quedan a salvo los derechos de la parte quejosa para que, promueva un nuevo juicio de amparo contra el auto de formal prisión emitido, ya que éste se dictó con plenitud de jurisdicción..."

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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