Gil Rodriguez Gonzalez
Expediente 369/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 07/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gil Rodriguez Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el nueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecisiete de agosto al seis de septiembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en consecuencia de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 09 DE agosto DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil dieciocho (fojas 145 y 146), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna para desahogar dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 80 a 94), se concedió el amparo y protección a Gil Rodríguez González, para que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que, una vez que quede firme la presente determinación y se requiera su cumplimiento en el plazo establecido para tal efecto el 9. juez de lo Penal de Cholula, Puebla, en el proceso penal 374/2010 de su índice, realice lo siguiente: 1. Gire oficios al 11. Fiscal General del Estado de Puebla y 12. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, comunicándoles que la ejecución de la orden de aprehensión de tres de noviembre de dos mil diez, que dictó en contra de Gil Rodríguez González, en el proceso penal 374/2010 de su índice, quedó sin efectos desde el diez de diciembre de dos mil diez. 2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes, recabe las constancias de las notificaciones practicadas a las referidas autoridades y remita copia certificada de las mismas (con los sellos de recepción legibles) a este órgano jurisdiccional. La anterior concesión se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al 11. Fiscal General del Estado de Puebla y 12. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, pues no se controvierten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de los actos respecto de los cuales se concedió la protección constitucional." En acuerdo de dieciocho de julio de dos mil dieciocho (fojas 116 y 117) se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante 4936 de veinte de julio de dos mil dieciocho (foja 138), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla comunicó el contenido del acuerdo emitido en esa mima data en la causa penal 374/2010 de su índice, y remitió copia certificada de los acuses de recibo de los oficios 4934 y 4935, relativos a dicha determinación judicial y dirigidos al Fiscal General del Estado de Puebla y Director General de la Agencia Estatal de Investigación (fojas 139 y 140). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Giró oficios al Fiscal General del Estado de Puebla y Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, comunicándoles que la ejecución de la orden de aprehensión de tres de noviembre de dos mil diez, que dictó en contra de Gil Rodríguez González, en el proceso penal 374/2010 de su índice, quedó sin efectos desde el diez de diciembre de dos mil diez (fojas 139 y 140). 2. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, notificó dichas misivas a sus destinatarios (fojas 139 y 140). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil dieciocho (fojas 145 y 146), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna para desahogar dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 80 a 94), se concedió el amparo y protección a Gil Rodríguez González, para que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que, una vez que quede firme la presente determinación y se requiera su cumplimiento en el plazo establecido para tal efecto el 9. juez de lo Penal de Cholula, Puebla, en el proceso penal 374/2010 de su índice, realice lo siguiente: 1. Gire oficios al 11. Fiscal General del Estado de Puebla y 12. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, comunicándoles que la ejecución de la orden de aprehensión de tres de noviembre de dos mil diez, que dictó en contra de Gil Rodríguez González, en el proceso penal 374/2010 de su índice, quedó sin efectos desde el diez de diciembre de dos mil diez. 2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes, recabe las constancias de las notificaciones practicadas a las referidas autoridades y remita copia certificada de las mismas (con los sellos de recepción legibles) a este órgano jurisdiccional. La anterior concesión se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al 11. Fiscal General del Estado de Puebla y 12. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, pues no se controvierten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de los actos respecto de los cuales se concedió la protección constitucional." En acuerdo de dieciocho de julio de dos mil dieciocho (fojas 116 y 117) se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante 4936 de veinte de julio de dos mil dieciocho (foja 138), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla comunicó el contenido del acuerdo emitido en esa mima data en la causa penal 374/2010 de su índice, y remitió copia certificada de los acuses de recibo de los oficios 4934 y 4935, relativos a dicha determinación judicial y dirigidos al Fiscal General del Estado de Puebla y Director General de la Agencia Estatal de Investigación (fojas 139 y 140). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Giró oficios al Fiscal General del Estado de Puebla y Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, comunicándoles que la ejecución de la orden de aprehensión de tres de noviembre de dos mil diez, que dictó en contra de Gil Rodríguez González, en el proceso penal 374/2010 de su índice, quedó sin efectos desde el diez de diciembre de dos mil diez (fojas 139 y 140). 2. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, notificó dichas misivas a sus destinatarios (fojas 139 y 140). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, por ministerio de Ley y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de dieciocho de julio del año en curso (fojas 116 y 117), esto es, haber cumplido la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, intégrese a los presentes autos el diverso oficio signado por Lucinadia García González, agente del Ministerio Público en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, con el que informa que no ha recibido orden de aprehensión de fecha tres de noviembre de dos mil diez, emitida dentro del proceso ******************** del índice del Juzgado Penal de Cholula, Puebla, en contra de ********************, de lo que este juzgado Federal toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con el que informa que no ha recibido notificación alguna del Juez Penal de Cholula, Puebla, en la que le haga saber que quedó sin efectos la orden de aprehensión de tres de noviembre de dos mil diez, emitida en el proceso ******************** del índice del citado Juzgado Penal en contra de ********************, sin que haya lugar a realizar mayor proveído, en virtud de que el oficio que se provee fue suscrito el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mientras que la notificación del diverso comunicado emitido por el juez penal responsable, en el que dejó insubsistente la orden de captura referida le fue notificado el veintitrés del mismo mes y año, esto es, con posterioridad al oficio de cuenta.
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