Geronimo Ortiz Martinez

Expediente 1670/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1670/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
25/04/2017

Partes del expediente

  • Geronimo Ortiz Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el oficio remitido vía correo electrónico por el Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, por medio del cual acusa recibo del oficio 991-2, por medio del cual se le devolvió el anexo I, de lo que toma conocimiento la suscrita Jueza Federal para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo , para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el trece de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecisiete de marzo al diez de abril de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el juez responsable Juez de lo Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dos de marzo de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (fojas 91 a 110), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, y con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución, debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá fundamentar y motivar debidamente su competencia para emitir el acto y exponer las razones que la actualizan (con independencia del sentido); b) En cuanto a la materialidad del delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, deberá explicar detalladamente cómo es que se da el elemento del tipo penal de que el indiciado se halla colocado en estado de insolvencia para eludir el cumplimiento de la obligación alimentaria que la ley determina; debiendo para ello establecer la fecha en la cual se llevó acabo la compraventa del inmueble afecto que refiere y, en su caso, establecer si fue anterior o posterior a la fecha en la cual la denunciante Máxima López Ginez y sus hijos, refirieron que el aquí quejoso abandonó el domicilio familiar (a principios del mes de junio de dos mil once). Igualmente, el juez de la causa deberá establecer con qué medios de prueba tiene por acreditado, primeramente, que el indiciado, aquí quejoso ******************** era dueño del inmueble afecto y, en segundo lugar, con qué acredita que llevó a cabo dicha compraventa del citado inmueble, y si la misma, en su caso, tiene valor probatorio en términos de ley; asimismo, con que elementos de prueba justificó que ya no se pudo inscribir en el Registro Público de la Propiedad el embargo sobre el multicitado inmueble. Además, dicho juez deberá explicar por qué la venta del inmueble afecto colocó en estado de insolvencia al aquí quejoso; pues, la sola venta del inmueble afecto no lo coloca necesariamente en dicho estado. c) Deberá especificar los medios de prueba con los cuales tiene por acreditada la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del delito imputado; así como expresar las razones para encuadrarla en la fracción I del artículo 21 del Código Penal del Estado de Puebla." Resolución que el veintidós de febrero de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 124 a 126). Ahora bien, mediante oficio 258 de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 147 153), el juez responsable remitió copia certificada de un acuerdo y resolución de la misma fecha, dictados en la causa penal 236/2015 de su índice, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de veinticuatro de septiembre de dos mil quince. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió negar la orden de aprehensión solicitada contra el aquí quejoso ******************** por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, previsto y sancionado por el artículo 354 bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Erick Jonathan Ortiz López y Erika Lizbeth Ortiz López, así como de los menores Marco Antonio Ortiz López y Guadalupe Ortiz López, representados por su madre Maximina López Ginez. Asimismo, las autoridades ejecutoras dieron cumplimiento a la sentencia de amparo, pues al efecto la Agente del Ministerio Público en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, mediante oficio sin número de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete informó a esta autoridad que dejó sin efectos el cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, dictada por el Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, en el proceso penal 236/2015 (foja 129); y, mediante diverso oficio MJ/867/2017, solicitó al Director General de la Agencia de Investigación del Estado de Puebla, dejar sin efectos el cumplimiento a dicha orden de aprehensión (foja 131). Igualmente, mediante oficio sin número de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, hizo del conocimiento de esta autoridad que dejó sin efectos el cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada (foja 134); y, mediante la acopia para conocimiento del oficio MJ/868/2017 dirigido al Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, le solicitó dejar sin efectos el cumplimiento de la multicitada orden de aprehensión (foja 136). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado Penal Municipal de Tehuacán, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de veintidós de febrero pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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