Gilberto Cortes Tamayo

Expediente 725/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
725/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • Gilberto Cortes Tamayo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 725/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Gilberto Cortés Tamayo; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el once de julio de dos mil veintidós (fojas 2 a 5), mediante buzón judicial, y remitido el día siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Gilberto Cortés Tamayo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó a los Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 17 y 20, apartado B, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda y trámite del asunto. Por auto de doce de julio de dos mil veintidós (fojas 6 a 24), se registró la demanda de amparo bajo el número de juicio de amparo indirecto 725/2022; se admitió a trámite -sin tramitarse incidente de suspensión-; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; y, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 27). Tercero. Parte tercera interesada. En cumplimiento al citado proveído admisorio -y, en términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la ley de la materia- se emplazaron con el carácter de terceros interesados a los siguientes sujetos: a) Gloria Pérez García -víctima del delito-; quien fue emplazada, vía despacho el veinte de julio del año en curso (foja 34 vuelta); y, b) Agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; quien fue emplazado mediante oficio el trece de julio de dos mil veintidós (foja 26). Cuarto. Cita para audiencia. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós (fojas 67 a 72), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, cuyas dos primeras etapas -pruebas y alegatos- se desarrollaron al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclama una omisión atribuida a una autoridad penal judicial que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado, se advierte que el quejoso Gilberto Cortés Tamayo, reclama de la Sala Penal responsable, el siguiente acto: El retardo en resolver el recurso de apelación radicado bajo el número de toca 31/2022, interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en contra de la sentencia de primera instancia pronunciada el veinte de enero de dos mil veintidós, dentro del proceso 166/2016 del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; en la cual fue condenado el aquí quejoso Gilberto Cortés Tamayo, por su responsabilidad en la comisión del delito de lesiones calificadas, en agravio de Gloria Pérez García. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, la autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Marcela Martínez Morales), al rendir su informe de ley (foja 49), aceptó la existencia del acto reclamado que le atribuyó la parte quejosa; de modo que, dicho acto se tiene plenamente probado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias correspondientes al toca de apelación 31/2022, que acompañó la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado (fojas 50 a 66, 80 a 82 y 102 a 119); de las cuales, se desprende que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se había resuelto el recurso de apelación que dio origen al mencionado toca. Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas -algunas de ellas- con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, y con el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintiuno. II. Normas aplicables. El toca penal del que deriva el acto reclamado, se tramita conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de los actos reclamados se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por tener el quejoso el carácter de sentenciado en el toca penal de origen. Quinto. Oportunidad de la presentación de la demanda. El acto que se analiza, es de naturaleza omisiva, por lo que se traduce en la abstención de actuar por parte de la autoridad, lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa; de ahí, que no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, pues sus efectos son de tracto sucesivo por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata; razón por la cual en esta clase de actos no corre el plazo genérico de quince días para promover el sumario constitucional, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, al tratarse de actos omisivos que crean una situación permanente mientras se subsana, pueden reclamarse en cualquier tiempo. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." En esas condiciones, la demanda de amparo se considera presentada oportunamente. Sexto. Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que el suscrito pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad de los actos reclamados. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, como lo hizo valer la autoridad responsable en su oficio 1194, presentado el diecinueve de agosto pasado (foja 101), esta autoridad federal estima que respecto al acto reclamado en estudio [retardo en resolver el recurso de apelación radicado bajo el número de toca 31/2022, interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en contra de la sentencia condenatoria dictada el veinte de enero de dos mil veintidós, dentro del proceso 166/2016, del índice de dicho juzgado, en el cual el quejoso tiene el carácter de sentenciado], se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Al respecto, de las constancias que remitió la autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, en apoyo y en alcance a su informe justificado, ya valoradas en términos de ley, se advierte -en lo que interesa- lo siguiente: 1. El cuatro de marzo de dos mil veintidós, los magistrados que integran la Sala responsable radicaron el toca 31/2022, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, en contra de la sentencia condenatoria de primera instancia pronunciada el veinte de enero de dos mil veintidós, en el proceso 166/2016 del índice del juzgado antes mencionado; el cual, se instruyó en contra del aquí quejoso Gilberto Cortés Tamayo, por el delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de Gloria Pérez García (fojas 52 y 53). 2. Por auto de catorce de julio de la anualidad que transcurre, la Sala responsable señaló las once horas con cinco minutos del nueve de agosto de dos mil veintidós, para que se efectuara la audiencia de vista en el mencionado toca (foja 64) 3. El nueve de agosto de dos mil veintidós, los Magistrados de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, celebraron la audiencia de vista y ordenaron pasar los autos al Magistrado ponente para el pronunciamiento de la resolución correspondiente (foja 81). 4. El dieciocho de agosto del año en curso, la autoridad responsable dictó la resolución relativa al recurso de apelación de mérito (fojas 103 a 117), al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "(.) I. Por los razonamientos vertidos en el cuerpo de la presente resolución, se MODIFICAN LOS PUNTOS RESOLUTIVOS CUARTO Y SEXTO Y CONSIDERANDOS QUE LOS RIGEN, DE LA SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 20 VEINTE DE ENERO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, dictada por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, deducida del proceso 166/2016, que se instruyó en contra de GILBERTO CORTÉS TAMAYO, en la comisión del delito de LESIONES CALIFICADAS, cometido en agravio de GLORIA PÉREZ GARCÍA, para quedar en los siguientes términos: 'CUARTO. Se condena a GILBERTO CORTÉS TAMAYO, a sufrir una pena de prisión de 5 CINCO AÑOS, 10 DIEZ MESES, 15 QUINCE DÍAS DE DURACIÓN. Sanción que deberá ser objeto de vigilancia y cumplimiento del Poder Judicial del Estado de Puebla, a través del Juez de Ejecución de Sanciones, quien habrá de designar el lugar en el que el sentenciado ha de purgar la sanción privativa de la libertad que le fue impuesta; previo cómputo del tiempo que ha permanecido en prisión preventiva, misma que comprende del día 5 cinco de octubre de 2019 dos mil diecinueve, fecha en que ocurrió su detención en cumplimiento a la orden de aprehensión decretada en su contra, al día 19 diecinueve de agosto de 2022 dos mil veintidós, en que se dicta la presente resolución, habiendo trascurrido hasta este momento 2 dos años, 10 diez meses, 14 catorce días. SEXTO. Se NIEGA al sentenciado GILBERTO CORTÉS TAMAYO el beneficio de la substitución de la pena aflictiva por la económica en los términos precisados en el considerando VI de esta sentencia.' II. Se confirman, en todas y cada una de sus partes, los restantes puntos resolutivos de la Sentencia materia de este medio de impugnación. (.)". 5. La resolución en comento, fue notificada tanto al quejoso, como a la defensora pública, el dieciocho de agosto del año en curso (foja 118). Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la dilación para resolver el recurso de apelación, interpuesto por el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, en contra de la sentencia de primera instancia pronunciada el veinte de enero de dos mil veintidós, dentro del proceso 166/2016 del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos trasgredidos. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio. En consecuencia, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación en relación con el acto en estudio, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Gilberto Cortés Tamayo, respecto al acto reclamado a los Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en su considerando último. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a la tercera interesada (en cumplimiento al auto de nueve de agosto de dos mil veintidós); y, mediante oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio 1194 signado por la Magistrada Presidenta de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla (Marcela Martínez Morales), por medio del cual en cumplimiento al auto de doce de agosto de dos mil veintidós, remite copia certificada de la resolución dictada el dieciocho de agosto del año en curso, en el toca de apelación 31/2022 de su índice; asimismo, remite las constancias de notificación realizadas a las partes, de dicha resolución. Prueba autoridad responsable. Por tanto, con lo anterior dese vista a las partes; y, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental de la autoridad responsable, la que adjunta a su oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia constitucional. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla y anexo que acompaña; en su atención, téngasele devolviendo debidamente diligenciado el despacho 347/2022 (orden 573/2022), del índice de este juzgado, mediante el cual se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara personalmente al quejoso Gilberto Cortés Tamayo, los proveídos de doce de julio y cuatro de agosto, ambos de dos mil veintidós, y le corriera traslado con copia del informe justificado rendido por la autoridad responsable, lo que aconteció el once de agosto del año en curso; en consecuencia, téngase al quejoso por notificado, para los efectos legales conducentes. Dese de baja la comunicación oficial de cuenta, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Cúmplase.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 1153 signado por la Presidenta de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla (Marcela Martínez Morales), a través del cual informa que el nueve de agosto pasado, se verificó la audiencia de vista relativa al toca de apelación 31/2022, de su índice, por lo que se encuentra trascurriendo el término de diez días previsto en el artículo 297 de la ley adjetiva a la materia, para emitir la resolución correspondiente; de lo que el suscrito toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, intégrese el diverso comunicado 1156 signado por la referida autoridad responsable, a través del cual remite copia certificada de la audiencia de vista mencionada en el párrafo precedente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte la aludida documental, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Ahora bien, dado lo informado por la autoridad oficiante, hágase de su conocimiento que, dentro de las veinticuatro horas siguientes al dictado de la resolución correspondiente en el toca de apelación de origen, deberá remitir a este juzgado Federal copia certificada de la misma, así como de las constancias de notificación correspondientes a las partes; en la inteligencia que, de no cumplir con todo lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de nueve de agosto pasado. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y por lista a las demás partes.

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