Gertudris Esmeralda Torres Salazar
Expediente 126/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gertudris Esmeralda Torres Salazar
- Francisco Tzomptantzi Panama
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintiuno. I. CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa adjuntó como prueba las documentales consistentes en: a) Acuse de recibo del escrito dirigido al "Ciudadano Juez Cuarto de lo Penal en el Estado", dentro de la causa penal 311/2015; y, b) Acuse de recibo del escrito dirigido al "C.C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA PRIMERA SALA EN MATERIA PENAL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO", hágasele saber que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger dichos documentos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos; en el entendido que le serán devueltos previa constancia de su entrega. Asimismo, hágasele de su conocimiento que la entrega de dichos documentos se realizará en la residencia de este juzgado, conforme al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. II. INCIDENTE DE SUSPENSION. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables; a la diversa autoridad tercero interesada; y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. JMM En la misma fecha, se giraron oficios y se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por el que acusa de recibo de la ejecutoria -refiriéndose a la sentencia de treinta de marzo del actual, emitida por este juzgado Federal, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo-, para los efectos legales a que haya lugar, Cúmplase.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 126/2021-A, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, por propio derecho; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial y remitida en la misma fecha a este jugado, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de los 1. Magistrados que integran la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla. La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, desahogo, admisión de la demanda y trámite del juicio. En proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional radicó la demanda de amparo bajo el consecutivo 126/2021-D, y se previno a la quejosa en los siguientes términos: "Único. Precise los actos que reclama por esta vía constitucional." A lo anterior, la quejosa mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, manifestó lo siguiente: 1).- QUE AL EFECTO PRECISO QUE SE TRATA DE UNA OMISIÓN O ABSTENCIÓN TOTAL DE LA RESPONSABLE C. JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE LOS DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, PARA PROVEER DE CONFORMIDAD MI SOLICITUD DE COPIAS CERTIFICADAS DEDUCIDAS DEL PROCESO NÚMERO 311/2015, QUE SE ME INSTRUYE ANTE DICHA AUTORIDAD POR EL DELITO DE DESPOJO, ACUERDO QUE NUNCA SE ME NOTIFICÓ CONFORME A DERECHO. 2).- IGUALMENTE PRECISO QUE SE TRATA DE UNA OMISIÓN O ABSTENCIÓN TOTAL DE LA RESPONSABLE, CC. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA PRIMERA SALA EN MATERIA PENAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA PROVEER DE CONFORMIDAD MI ESCRITO DE MÉRITO DONDE SEÑALÓ NUEVE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y NOMBRO NUEVOS DEFENSORES PARTICULARES PARA MI DEFENSA ANTE ESE H. TRIBUNAL DE ALZADA, DENTRO DEL TOCA DE APELACIÓN NÚMERO 113/2020, ORIGINADO CON MOTIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN MI CONTRA DENTRO DEL REFERIDO PROCESO NÚMERO 311/2015, ACUERDO QUE NUNCA QUE NUNCA SE ME NOTIFICÓ EN FORMA LEGAL. Por acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno, luego que la quejosa ratificara el contenido y firma de su escrito aclaratorio, se declaró cumplida la prevención realizada y se admitió la demanda de amparo a trámite; se formó incidente de suspensión por duplicado y separado; se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Emplazamiento a tercero interesado. En proveído de diecisiete de marzo del presente año, se ordenó emplazar a juicio al Agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como tercero interesado. CUARTO. Cita para audiencia. En proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de los informes justificados, se advierte que la quejosa combate los siguientes actos reclamados: a) De los 1. Magistrados que integran la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, así como al 3. Diligenciario adscrito a ese Tribunal de Alzada. La omisión de dar contestación al escrito que fue dirigido por la quejosa al toca penal 113/2020, ya que no le fue notificado. b) Al 2. Juez Cuarto de lo Penal de la Ciudad de Puebla y al 4. Diligenciario adscrito a ese órgano jurisdiccional, consistente en: La omisión de dar contestación al escrito que fue dirigido por la quejosa a la causa penal 113/2015, que se le instruye en ese órgano jurisdiccional, ya que no le fue notificado. TERCERO. Inexistencia y existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que en su rubro señala lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La quejosa reclama de las autoridades responsables los siguientes actos reclamados: a) Al 1. Magistrados que integran la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, así como al 3. Diligenciario adscrito a ese Tribunal de Alzada. La omisión de dar contestación al escrito que fue dirigido por la quejosa al toca penal 113/2020, que se le instruye en ese órgano jurisdiccional, ya que no le fue notificado. b) Al 2. Juez Cuarto de lo Penal de la Ciudad de Puebla y al 4. Diligenciario adscrito a ese órgano jurisdiccional, consistente en: La omisión de dar contestación al escrito que fue dirigido por la quejosa a la causa penal 113/2015, que se le instruye en ese órgano jurisdiccional, ya que no le fue notificado. I. Por lo que se refiere al acto atribuido a los 1. Magistrados que integran la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, así como al 3. Diligenciario adscrito a ese Tribunal de Alzada, una vez analizados los informes justificados rendidos por dichas autoridades responsables, así como las constancias que fueron remitidas para apoyar los mismos, se obtiene que tales actos son inexistentes. En efecto, al rendir sus informes justificados tanto los 1. Magistrados que integran la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, así como el 3. Diligenciario adscrito a ese Tribunal de Alzada, negaron lo actos reclamados, y para acreditar tal negativa remitieron con su informe justificado réplicas certificadas de diversas constancias que integran el toca penal 113/2020, del que deriva el acto reclamado por la parte quejosa. Ahora bien, el acto que reclama la quejosa consiste en la omisión de dar contestación al escrito que dirigió al toca penal 113/2020, radicado en ese órgano jurisdiccional colegiado, además, que no le fue notificado y anexó a su ocurso inicial de demanda, el acuse de recibo correspondiente a dicha misiva. En ese tenor, del escrito que adjuntó a la demanda de amparo, se advierte el sello correspondiente a la "Oficialía Común" (sic), de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, con fecha de recepción "16 octubre 2020 13:17:32", de cuyo contenido se aprecia que solicitó lo siguiente: a) Tenga por señalado como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en plaza Andrómeda, edificio 7, departamento 401, Unidad Habitacional "Fovissste San Roque", Ciudad de Puebla. b) Tengan por reservados sus derechos para expresar agravios. c) Tenga nombrados como defensores particulares a Héctor Mendoza Ramos y Venancio Ernesto Cruz López. d) Ordenar que se notifique a dichos defensores particulares, respecto del nombramiento otorgado, en el domicilio citado en el inciso a), además para los efectos de recibir notificaciones proporcionó el correo electrónico abogadohector.17@gmail.com y/o juridicoerca_@hotmail.com, y teléfonos 22-25-13-75-57 y 22-27-08-37-88, e indicó que desde ese momento aceptan y protestan el cargo conferido. e) Revocó cualquier otro nombramiento hecho con anterioridad. f) Se le expidan copias certificadas de todo lo actuado en el proceso de origen, para estar en aptitud legal de expresar los agravios correspondientes, y autorizó para su recepción a sus defensores. g) Tener por representante común de la defensa al profesionista nombrado. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, entre otros documentos se observa lo siguiente: a) Acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, emitido dentro de los autos del toca penal 113/2020, del que se desprende lo siguiente: Formó y registró el toca relativo a la apelación interpuesta por el Ministerio Público, el agraviado Francisco Tzompantzi Panamá, en su carácter de albacea provisional de la occisa María Luminosa Panamá Carreón, la defensora pública y la justiciable en contra de la sentencia condenatoria de fecha once de octubre de dos mil diecinueve, en la causa penal 311/2015. Declaró procedente el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público, el agraviado, la defensora pública y la encausada contra la sentencia condenatoria arriba mencionada. Y, respecto del escrito presentado por la quejosa Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, emitió el pronunciamiento que se transcribe literal: "2) En atención al contenido del escrito de Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, señala domicilio para recibir notificaciones el ubicado en plaza Andrómeda, edificio 7 siete, departamento 401 cuatrocientos uno, de la unidad habitacional "Fovissste San Roque" de esta ciudad de Puebla, proporciona los siguiente correos electrónicos abogadohector.17@gmail.com y/o erca@hotmail.com y/o a los números de teléfonos 2225137457 y 2227083788 y nombra a los abogados Héctor Mendoza Ramos y Venancio Ernesto Cruz López como defensores particulares, a quienes se le hará saber la designación realizada a los siguiente números de teléfono 2225137457 y 2227083788 y, con la finalidad de que se cumpla con la garantía individual de una defensa adecuada, requiéraseles para que los días 03, 04 y 05 de noviembre, comparezcan debidamente identificados, con documento que los acredite para ejercer la profesión de abogados o licenciados en derecho, a fin de cumplir con la formalidad de procedimientos y que se lleve a cabo la diligencia de aceptación y protesta del cargo conferido. Apercíbase a la acusada Gertrudis Esmeralda Torres Salazar; que en caso de no comparecer los letrados a que se refiere el inciso 2), subsistirá el nombramiento de la defensora pública; lo anterior para no dejar en estado de indefensión a la prenombrada. Ahora bien, se reiteran los medios electrónicos proporcionados por los abogados particulares. Por último, solicita copias certificadas de todo lo actuado en el proceso de origen; las cuales constan de 2 tomos originales compuestos de 965 y 497 fojas respectivamente; con fundamento en los artículos 31, 165 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social numeral 94 fracción VI y VII de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020; expídaseles las mismas previo pago de derechos y toma de razón que obre en autos". Asimismo, dentro de las constancias que envío la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, se advierte que obra la razón de notificación del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dirigida a la parte quejosa a través de los abogados que autorizó en el escrito con fecha de recepción de dieciséis de octubre de dos mil veinte, tal documento es de la literalidad siguiente: "CIUDAD JUDICIAL, SIENDO LAS 05:00 PM, DEL DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE 2020, EL SUSCRITO BENJAMIN CUAEVAS GUERRERO DILIGENCIARIO ADSCRITO A LAPRIMERA SALA UNITARIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN, 79 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, 82, 83, 85 Y 87 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES HAGO CONSTAR QUE PROCEDO A ENVIAR LOS CORREOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE MI CUENTA PERSONAL alasangel_5@hotmail.com A LOS ABOGADOS HECTOR MENDOZA RAMOS Y VENANCIO ERNESTO CRUZ LOPEZ DEFENSORES PARTICULAR DE GERTRUDIS ESMERALDA TORRES SALAZAR AL CORREO abogadohector.17@gmail.com, erca@hotmail.com ASÍ COMO AL C. FRACISCO TZOMPANTZI PANAM ALBACEA PROVISIONAL A MARIA LUMINOSA PANAMA CARREOS A EL CORREO fraciscotzompntzipanama@gmail.com MEDIOS AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFCACIONES ENVIANDOLES AUTO DE FECHA 21 VEINTIUNO DE OCTUBRE 2020, DENTRO DEL TOCA DE APELACIÓN 113/2020 DEL ÍNDICE DE LA PRIMERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO, ANEXANDO AL PRESENTE LOS ARCHIVOS PDF CON EL CONTENIDO DEL MISMO PARA LOS EFECTOS LEGALES. EL DILIGENCIARIO DE LA 'SEGUNDA' (SIC) SALA UNITARIA PENAL. BENJAMIN CUEVAS GUERRERO (RÚBRICA ILEGIBLE)". Así también la Sala Penal responsable, allegó a este juicio de amparo, las constancias de notificación vía correo electrónico aludidas en la razón de notificación arriba transcrita; documentos de cuya lectura se advierte que el licenciado diligenciario adscrito a dicha Sala Penal, a través de su cuenta de correo electrónico con la dirección alasangel_5@hotmail.com, envió un mensaje a las direcciones de email abogadohector.17@gmail.com y juridicoerca_@hotmail.com, al que agregó como "1 archivos adjuntos (43 KB)", el documento intitulado "RADICACION 113 DEL 2020 CON FORMATO GRANDE LOS AGRAVIADOS 26.DOC", con la precisión de que la literalidad del texto enviado es el siguiente: "ABOGADO: HECTOR MENDOZA RAMOS Y VENANCIO ERNESTO CRUZ LÓPEZ DEFENSORES PARTICULARES DE GERTRUDIS ESMERALDA TORRES SALAZAR. AGRAVIADO FRANCISCO TZMPANTZI PANAMA EN SU CARÁCTER DE ALBACEA PROVISIONAL DE MARIA LUMINOSA PANAMA. PRESENTE. POR ESTE MEDIO ENVÍO EL ARCHIVO DIGITAL, EL CUAL CONTIENE AUTO DE FECHA 21 VEINTIUNO DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE, RELATIVO AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR MINISTERIO PÚBLICO, AGRAVIADO Y DEFENSOR PÚBLICO DEL JUSTICIABLE A FIN DE QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 82, 83, 84 Y 85 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUEDEN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS Y ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL AUTO DE REFERENCIA, DICTADO EN LA CAUSA PENAL 113/2020, DE LOS INDICES DE LA PRIMERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, FAVOR DE ACUSAR EL RECIBO DE ESTE AUTO, MANIFESTANDO QUEDAR ENTERADOS Y NOTIFICADOS DEL MISMO. SIN MÁS POR EL MOMENTO AGRADEZCO SU ATENCIÓN. LIC. BENJAMÍN CUEVAS GUERRERO. DILIGENCIARIO DE LA PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA." (sic) También se allegó a los autos de este juicio de amparo, el correo enviado como acuse de recibo por parte del licenciado Héctor Mendoza de la dirección de correo electrónico abogadohector.17@gmail.com, dirigido a la diversa cuenta de email alasangel_5@hotmail.com, que conforme a lo que quedó establecido en líneas precedentes, corresponde al correo electrónico del licenciado Benjamin Cuevas Gerrero que es diligenciario de la Sala Penal responsable, en el entendido, que el texto de tal mensaje electrónico es del siguiente tenor: "Muchas Gracias Lic. Enterados y notificados. Buenas noches. Estados a la Orden". (sic) Las constancias reseñadas enviadas por la autoridad responsable arriba citadas y transcritas, tienen pleno valor probatorio, al no haber sido objetadas por las partes, conforme a lo que establecen los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con base en lo anterior, tales documentales son útiles para obtener los siguientes antecedentes: 1.- Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes Común de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y fechado el quince de ese mes y año, la quejosa Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, solicitó a los Magistrados Integrantes de ese órgano jurisdiccional colegiado, lo siguiente: a) Tener por designado domicilio para recibir notificaciones el ubicado en plaza Andrómeda, edificio 7, departamento 401, Unidad Habitacional "Fovissste San Roque", Ciudad de Puebla. b) Se reserven sus derechos para expresar agravios. c) Por designados como defensores particulares a Héctor Mendoza Ramos y Venancio Ernesto Cruz López. d) Ordenar que se notifique a dichos defensores particulares, respecto del nombramiento otorgado, en el domicilio citado en el inciso a), además para los efectos de recibir notificaciones proporcionó las direcciones de correo electrónico abogadohector.17@gmail.com y/o juridicoerca_@hotmail.com, así como los números telefónicos 22-25-13-75-57 y 22-27-08-37-88, e indicó que desde ese momento aceptan y protestan el cargo conferido. e) Revocar cualquier otro nombramiento hecho con anterioridad. f) Autorizar la expedición de copias certificadas de lo actuado en el proceso de origen, a fin de expresar los agravios correspondientes y autorizó para recepción de tales réplicas a sus abogados. g) Designar como representante común de la defensa al licenciado Venancio Ernesto Cruz López. 2. Posteriormente, la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realizó el pronunciamiento correspondiente respecto de tal escrito presentado por la quejosa Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, dentro de los autos del toca de apelación número 113/2020, en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte. Sin que sobre precisar, que del texto del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, emitido por los Magistrados integrantes de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca penal 113/2020, por lo que se refiere a las peticiones vertidas en el escrito de la quejosa, en específico respecto de la designación de domicilio, direcciones de correo electrónico y números telefónicos para oír y recibir notificaciones, así como designación de abogados que la representen; indicaron que se les hiciera del conocimiento tal nombramiento a los números telefónicos proporcionados por en el escrito que se atendió, además, que se les solicitó se presentaran dentro del lapso del tres al cinco de noviembre de ese año, para que aceptaran y protestaran el cargo conferido; mientras eso acontecía, a fin de no dejar en estado de indefensión a la peticionaria del amparo, precisó que seguiría fungiendo con ese carácter la Defensora Pública adscrita a ese órgano colegiado, inclusive acordó de conformidad realizar las notificaciones vía correo electrónico a las direcciones de email proporcionadas en el escrito aludido, esto es a abogadohector.17@gmail.com y/o juridicoerca_@hotmail.com. No se omite mencionar, que respecto de las copias certificadas solicitadas por la peticionaria del amparo, los Magistrados responsables, ordenaron la concesión de tales reproducciones fotostáticas de todo lo actuado en el proceso de origen, inclusive precisaron que constaba de dos tomos originales, previo pago de derechos y toma de razón que por su recibo se dejara en autos. De igual forma, en el aludido proveído los Magistrados integrantes de la Sala Penal responsable, hicieron del conocimiento de la quejosa y de los profesionistas que nombró para que la representaran, que para la consulta de expedientes en forma presencial deberían agendar una cita en el sitio web del Poder Judicial del Estado de Puebla, con dirección electrónica www.htsjpuebla.gob.mx. 3.- El acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, fue notificado el veintisiete de octubre de dos mil veinte a las diecisiete horas, por medio del correo electrónico designado por la quejosa y los profesionistas que designó para que la presentaran para tal efecto, estos son abogadohector.17@gmail.com y/o juridicoerca_@hotmail.com, por ello, el diligenciario adscrito a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para enterar a la quejosa y a los profesionistas que designó para que la representaran en esa segunda instancia del proveído que se emitió para atender las solicitudes que plasmó en el escrito aludido, envió un mensaje vía correo electrónico en el que adjuntó el citado acuerdo en un documento digital que intituló "RADICACIÓN 113 DEL 2020 CON FORMATO GRANDE DE LOS AGRAVIADOS 26.doc", dirigido a Héctor Mendoza Ramos y Venancio Ernesto Cruz López, defensores particulares de Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, inclusive en el texto de ese mensaje se lee lo siguiente: "POR ESTE MEDIO ENVÍO EL ARCHIVO DIGITAL, EL CUAL CONTIENE AUTO DE FECHA 21 VEINTIUNO DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE, RELATIVO AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR MINISTERIO PÚBLICO, AGRAVIADO Y DEFENSOR PÚBLICO DEL JUSTICIABLE A FIN DE QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 82, 83, 84 Y 85 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUEDEN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS Y ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL AUTO DE REFERENCIA, DICTADO EN LA CAUSA PENAL 113/2020, DE LOS INDICES DE LA PRIMERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA" (sic). 4.- Posteriormente, el abogado Héctor Mendoza Ramos designado por la aquí quejosa Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, acusó recibo de tal correo electrónico, es decir, recibió de forma completa y correcta el documento enviado por el diligenciario adscrito a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, que contenía el texto del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, emitido dentro de los autos del toca penal 113/2020, en el que como se indicó, el órgano judicial colegiado atendió puntualmente las peticiones realizadas por la quejosa en su escrito recibido el dieciséis de octubre de dos mil veinte en esa instancia judicial, inclusive el citado profesionista en su mensaje dirigido al diligenciado aludido asentó el siguiente texto: "Muchas Gracias. Lic. Enterados y notificados. Buenas noches. Estados a la Orden" (sic). De los anteriores antecedentes se llega al conocimiento que la petición realizada por la quejosa Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, en su escrito fechado el quince de octubre de dos mil veinte, y recibido en la Oficialía de Partes Común el dieciséis de octubre de ese año, fue atendido puntualmente por los Magistrados que integran la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte, y el diligenciario adscrito a ese órgano colegiado de apelación, realizó la diligencia de notificación por medio de las direcciones de correo electrónico proporcionadas para ese efecto, tanto por la demandante del amparo y sus abogados, esto es, los correos electrónicos abogadohector.17@gmail.com y/o juridicoerca_@hotmail.com, lo que llevó a cabo el veintisiete de octubre de dos mil veinte a las diecisiete horas, lo que inclusive se corrobora con el acuse de recibo que el licenciado Héctor Mendoza Ramos, remitió al diligenciario citado, por ese mismo medio de comunicación, a la dirección electrónica de este último servidor público, esto es, alasangel_5@hotmail.com, mensaje en el que confirmó la recepción de la información enviada, en cuyo texto literalmente expresó que quedaba enterado y notificado de la determinación que le fue remitida, conforme a lo establecido en el artículo 82, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Establecido lo anterior, se actualiza la inexistencia de los actos reclamados por la peticionaria del amparo a las autoridades responsables 1. Magistrados integrantes de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, así como al 3. Diligenciario adscrito a ese Tribunal de Apelación, pues contrario a lo expresado por la quejosa en su demanda de amparo el escrito que dirigió al toca penal 113/2020, del índice de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, fue atendido en todos sus puntos petitorios por los Magistrados integrantes de ese órgano judicial colegiado, además de que le fue hecho del conocimiento a la quejosa y a quienes designó para que la representaran en esa instancia judicial, a través los correos electrónicos proporcionados para ese efectos. En ese contexto, la omisión de dar contestación al escrito que fue dirigido por la quejosa al toca penal 113/2020, y que no le fue notificado, que atribuyó tanto a los 1. Magistrados que integran la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, así como al 3. Diligenciario adscrito a ese Tribunal de Alzada, no es existente, ante la negativa que fue realizada por la autoridad responsable, máxime que acreditó con las constancias idóneas, que emitió el pronunciamiento respectivo y llevó a cabo las notificaciones correspondientes. Aunado a lo anterior, debe destacarse que la parte quejosa no ofreció diversa prueba para desvirtuar esa negativa, y tampoco objetó las probanzas aportadas por la Sala responsable, para acreditar la existencia del acto reclamado, mucho menos realizó manifestación alguna con relación a lo expresado por las autoridades responsables en su informe justificado, no obstante, que se le otorgó vista con tales comunicados de ley, conforme a los artículos 117, de la Ley de Amparo. En tal orden de ideas, correspondía a la quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir el informe respectivo, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que el acto que le atribuyó sí existía y que es violatorio de sus derechos fundamentales lo que no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto de los 1. Magistrados que integran la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, así como al 3. Diligenciario adscrito a ese Tribunal de Alzada. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." II. En otro aspecto, por lo que se refiere a las autoridades responsables 2. Juez Cuarto de lo Penal de la Ciudad de Puebla y al 4. Diligenciario adscrito a ese órgano jurisdiccional, a los que se les atribuye el acto reclamado siguiente: La omisión de dar contestación al escrito que fue dirigido por la quejosa a la causa penal 113/2015, que se le instruye en ese órgano jurisdiccional, y que no le fue notificado. Al rendir su informe justificado tales autoridades indicaron que no es cierto el acto reclamado, pues señalaron que dentro del índice de ese juzgado se encuentra la causa penal 113/2015, que se instruye a Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo y precisó que en ese juzgado recibió efectivamente el escrito de la quejosa con fecha ocho de octubre de dos mil veinte, el cual fue acordado el diez de marzo del presente año y notificado el once de marzo de dos mil veintiuno; sin embargo, los actos reclamados se tienen por ciertos. Lo anterior porque el juez responsable para apoyar lo que indicó en su informe justificado remitió copias certificadas de diversas constancias que integran la causa penal 113/2015, de su índice, mismas que tienen pleno valor probatorio, al no haber sido objetadas por las partes, conforme a lo que establecen los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." Tales constancias consisten en las siguientes: a) Acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro de la causa penal 113/2015, en el que con relación al escrito presentado por la justiciable, proveyó lo siguiente: ".CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 y 165 del Código Procesal Penal para el Estado, téngase por presente a GERTRUDIS ESMERALDA TORRES SALAZAR, haciendo las manifestaciones que de su escrito de cuenta se desprenden, por lo que vistas que fueron las mismas, se le tiene solicitando a esta autoridad se le expidan copias certificadas de todo lo actuado dentro de la presente causa penal, además de la sentencia dictada. Ahora bien, al respecto debe decirse a la promovente que actualmente existe el procedimiento para el pago de los derechos por los servicios prestados por el Poder Judicial referente a la emisión de copias simples y certificadas, señalados en el artículo 86 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio 2019, destacándose lo siguiente: a).- El usuario se presentará en el órgano jurisdiccional y solicitará el servicio. b).- El órgano jurisdiccional validará la solicitud y emitirá la orden de servicio en tres tantos, misma que debe contener al menos los siguientes datos: 1. Fecha de emisión. 2.- Órgano Jurisdiccional que emite la orden. 3.- El número de expediente o proceso. 4.- Descripción del servicio solicitado (expedición de copias simples o certificación de documentos). 5.- Número de hojas. 6.- Nombre, cargo y firma del funcionario que autorice. c).- El órgano jurisdiccional entregará dos tantos de la orden al usuario y se quedará uno para su archivo y control. d) El usuario presentará en el módulo de atención, ubicado en Ciudad Judicial, los dos tantos de la orden emitida por el órgano jurisdiccional. e).- El operador del módulo de atención validará la orden sellará de recibo los dos tantos, recibirá uno y entregará el otro al usuario, el operador del módulo procederá a emitir en dos tantos el formato de pago de referenciado. f).- El usuario efectuará el pago en bancos presentando el formato referenciado o por cualquier otro medio autorizado. g).- El banco recibirá el pago y emitirá un voucher que entregará al usuario. h).- El usuario entregará en el módulo de atención el voucher original, el operador validará el documento recibido y opcionalmente a petición del usuario sellará de recibido en una copia del voucher, asimismo sellará de pagado el tanto de la orden que se encuentra en poder del usuario. i).- Para el servicio de copias simples el usuario entregará en el centro de copiado el tanto de la orden que se encuentra en su poder sellada de pagado por el módulo, el operador validará el documento recibido y procederá a otorgar el servicio. j).- Para el servicio de copias certificadas el usuario deberá entregar el tanto de la orden sellada de pagado en el órgano jurisdiccional emisor, mismo que validará el documento recibido y procederá a otorgar el servicio. Circunstancias anteriores que se hace de su conocimiento para el caso de persistir sobre su pretensión, misma que se encuentra sustentada en su escrito de cuenta". b) De igual forma, se observa la notificación de fecha once de marzo de dos mil veintiuno, realizada por el diligenciario adscrito al órgano jurisdiccional responsables, correspondiente a la quejosa Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, en la que se asentaron dos rúbricas ilegibles. De las constancias reseñadas se observa que el escrito presentado por la quejosa el ocho de octubre de dos mil veinte, dirigida al expediente penal 311/2015, fue atendido por el Juez responsable en proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, y el diligenciario adscrito a ese órgano jurisdiccional, lo notificó de forma personal a la quejosa Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, el once de marzo de ese año. En ese contexto, resulta evidente que el acto reclamado debe tenerse por cierto, pues no debe perderse de vista que la demanda de amparo que dio origen a este juicio fue presentada el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, mientras que, como quedó concretado en el párrafo que precede, el Juez responsable emitió el pronunciamiento relativo al escrito de la quejosa hasta el diez de marzo del presente año, mientras que el diligenciario adscrito a ese órgano jurisdiccional, notificó dicha determinación a la quejosa el once de marzo último; en consecuencia, resulta inconcuso que al momento de la presentación de la demanda, los derechos fundamentales de la quejosa se vieron afectados de manera real y actual, con motivo de la omisión que hasta ese momento prevalecía por parte de las autoridades responsables. En ese orden de ideas, es cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en la omisión de dar contestación al escrito dirigido a la causa penal 113/2015, de ocho de octubre de dos mil veinte, endilgado a las autoridades responsables 2. Juez Cuarto de lo Penal de la Ciudad de Puebla y al 4. Diligenciario adscrito a ese órgano jurisdiccional. CUARTO. Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. En efecto, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, el suscrito juzgador advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito dirigido por la quejosa a la causa penal 113/2015, con fecha de recepción el ocho de octubre de dos mil veinte, así como su falta de notificación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". En efecto, de las constancias enviadas por el juez responsable se advierte que la quejosa el ocho de octubre de dos mil veinte, presentó un escrito en el Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en el que esencialmente solicitó la expedición de copias simples o certificadas de todo lo actuado en el proceso 113/2015, y autorizó para su recepción a los licenciados Venancio Ernesto Cruz López y/o Héctor Mendoza Ramos. En ese orden de ideas, el Juez responsable en proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, emitió un pronunciamiento en atención a lo peticionado por la quejosa, en el que en síntesis le hizo del conocimiento el procedimiento a seguir para la expedición de las réplicas autorizadas que solicitó y para el pago de los derechos por "los servicios prestados por el Poder Judicial referente a la emisión de copias simples y certificadas, señalados en el artículo 86 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio dos mil diecinueve", y desplegó un listado de los trámites a seguir para la obtención de tales réplicas autorizadas. Posteriormente, el Diligenciario adscrito a ese juzgado el once de marzo de dos mil veintiuno, hizo del conocimiento de la quejosa Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, el aludido proveído de diez de marzo del año en curso, ello mediante notificación personal. En virtud de lo anterior, es de concluir que la justiciable quedó enterada de la resolución emitida por el Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de la Ciudad de Puebla, Puebla, dentro de la causa penal 113/2015, en atención a su escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veinte, con lo que cesó el acto omisivo reclamado a las autoridades responsables. En ese entendido, se precisa que el acto reclamado consistente en que el juez responsable pasara por alto dar contestación al escrito dirigido por la quejosa a la causa penal 113/2015, el ocho de octubre de dos mil veinte, es de naturaleza omisiva, por lo que en caso de otorgar la concesión del amparo sus efectos consistirían en constreñir a la autoridad responsable para que en breve termino emitiera la determinación correspondiente y la notificara al solicitante del amparo; sin embargo, eso ya aconteció, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, puesto que la autoridad responsable después de emitir el acuerdo de diez de marzo del presente año, ordenó la notificación de esa resolución a la quejosa, lo que realizó el diligenciario adscrito a ese juzgado, en diligencia de notificación personal, el once de marzo último. En ese orden de ideas, se reitera que han cesado los efectos del acto reclamado de naturaleza omisiva, en atención a que el juez responsable emitió el pronunciamiento respectivo y lo notificó a la justiciable; de ahí que han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia del acto reclamado, como si se hubiere otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos transgredidos. A lo arriba considerado encuentra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del diverso numeral 63 de la citada ley de la materia, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS respecto del acto que Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, reclamó al 1. Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de la Ciudad de Puebla, Puebla, así como al 4. Diligenciario adscrito a ese órgano jurisdiccional, precisado durante el desarrollo de este considerando. Atento a lo anterior, el suscrito juzgador se encuentra jurídicamente liberado de realizar el estudio de conceptos de violación de fondo planteados, en virtud que la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente concluir con el juicio sin resolver la cuestión de fondo. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75, 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Gertrudis Esmeralda Torres Salazar; contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta resolución, en términos del apartado I, del considerando tercero, y el diverso cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista a la quejosa; por oficio a las autoridades responsables; a la diversa autoridad tercera interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.Así lo resolvió y firma Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante Martha Graciela Lemus Barajas, secretaria quien autoriza y da fe.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. En San Andrés Cholula, Puebla, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 126/2021, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido del secretario Rafael Torres Campos, con quien actúa, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes ni legítimo representante de ellas, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno (suspensión provisional), e informes previos rendidos por las autoridades responsables; así como, acuerdos que los tuvieron por recibidos. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y, el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Se cierra esta etapa. Por tanto, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 126/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Gertrudis Esmeralda Torres Salazar; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno (suspensión provisional), en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión promovido por Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, contra un acto de 1. Magistrados que integran la Primera Sal en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla y otras autoridades, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, se celebró en sus dos primeras etapas, que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados es atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados por el quejoso Gertrudis Esmeralda Torres Salazar en el presente asunto son: a) La omisión del Juez Cuarto de lo Penal de Puebla, de acordar la solicitud de proporcionarle copias certificadas del proceso 311/2015 que se sigue en contra de la quejosa, por el delito de despojo. b) La omisión de los Magistrados que integran la Primera Sal en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, de acordar el escrito donde señala nuevo domicilio para recibir notificaciones y nombra nuevos defensores particulares para su defensa dentro del toca de apelación 113/2020. c) La omisión de notificarles los acuerdos que recayeran a las solicitudes precisadas en el inciso a) y b). TECERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: Número de orden Autoridades responsables Sentido del informe 1. Magistrados que integran la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, Puebla. Niega 2. Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega 3. Actuario de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, Puebla. Niega 4. Actuario del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Las autoridades responsables mencionadas en la tabla que antecede, al rendir sus informes previos, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, porque ya se dio respuesta a los escritos de la quejosa y se le notificaron; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Gertrudis Esmeralda Torres Salazar, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria, por las autoridades indicadas en el diverso considerando tercero.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- German Ortega Garcia1398/2017
- German Pineda Hernandez208/2023
- German Rodriguez Celis166/2018
- German Rolando Giron Cano1304/2016
- German Salinas Castillejos1224/2016
- Geronimo Ortiz Martinez1670/2016
- Gil Rodriguez Gonzalez369/2018
- Gilberto Alvarez Cantero248/2019
- Gilberto Cortes Tamayo725/2022
- Gilberto Galindo Cervantes1071/2019
- Gilberto Gamboa Y Medel491/2021
- Gilberto Huerta Molina902/2016