Gerardo Torres Trejo
Expediente 1097/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 36 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1097/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 08/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gerardo Torres Trejo
- GERARDO TORRES TREJO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. No es obstáculo para lo anterior, que a la fecha no obren en autos los acuses de recibo de los oficios mediante los cuales se ordenó notificar la referida sentencia a las autoridades Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda vez que el sentido de la misma no les causa algún agravio y, por lo mismo, no se encuentran legitimadas para interponer recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE.- Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro orden, devuélvanse las copias certificadas exhibidas por las autoridades 3. Agente del Ministerio Público Especializado para la Investigación de Delitos Financieros, Mesa Uno y 4. Agente del Ministerio Público Especializado para la Investigación de Delitos Financieros, Mesa Dos (anexos I y II); requiriéndolas para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acusen el recibo de estilo correspondiente. Apercibidas que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada una y por separado, una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación.
- Principal
SE RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por Gerardo Torres Trejo, de conformidad con el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de enero de dos mil diecisiete. Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que el tres de enero de dos mil diecisiete se ordenó emplazar mediante edictos al tercero interesada ********************, a costa del quejoso, sin que al efecto a la presente fecha haya comparecido a recoger los edictos de referencia. Por tanto, es evidente que se encuentra transcurriendo el término de veinte días para que el quejoso compruebe haber entregado para su publicación los edictos citados, ya que el auto de tres de enero del actual se le notificó por lista el doce de enero del año en curso, surtió efectos el trece de enero siguiente, y transcurrirá del dieciséis de enero al trece de febrero de dos mil diecisiete, descontando sábados y domingos, así como el seis de febrero del actual por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, y para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil diecisiete. Agréguese la razón de cuenta, asentada por la actuaria adscrita a este juzgado, de la que se advierte que no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa lo actuado el tres de enero del año en curso, ya que nadie dio contestación a su llamado, por lo que no pudo ingresar al inmueble buscado y dejar la notificación en el interior correspondiente. En consecuencia, hágase por lista la notificación ordenada para dicha parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo vigente. AUTO DE 3 DE ENERO DE 2017: San Andrés Cholula, Puebla, tres de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos la comunicación oficial devuelta vía electrónica proveniente del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, por medio del cual, atento a lo requerido el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, devuelve sin diligenciar el exhorto 216/2016 (orden 877/2016) deducido del presente asunto, en el que se ordenó emplazar a la parte tercero interesada José Pedro Contreras Rosas; toda vez que no conocen a la persona buscada en el domicilio indicado. Por tanto, dese de baja el exhorto de mérito en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y acúsese recibo a la autoridad de referencia. Ahora bien, de autos se advierte que se ha agotado la investigación oficiosa a fin de emplazar al tercero interesado José Pedro Contreras Rosas, sin que al efecto se hayan obtenido resultados favorables. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a la parte quejosa en auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 135 y 136), y se ordena emplazar por EDICTOS, los cuales correrán a costa de la parte quejosa, en los que se le deberá señalar al tercero interesado José Pedro Contreras Rosas, que deberá presentarse ante este Juzgado dentro del término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, en la inteligencia que de no presentarse, las subsecuentes notificaciones se efectuarán por medio de lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos legales antes reproducidos. Con igual fundamento y además con apoyo en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia y para hacer efectivo dicho emplazamiento al tercero interesado José Pedro Contreras Rosas, notifíquese a la parte quejosa para que comparezca ante la Secretaría de acuerdos de este Juzgado a recoger los edictos para emplazar al citado tercero interesado, a efecto de que los publique por tres veces de siete en siete días en el "Diario Oficial de la Federación" y en cualquiera de los periódicos siguientes: "Reforma", "Excelsior", "El Financiero" o "El Universal". Con el apercibimiento para el quejoso Gerardo Torres Trejo que de no comparecer a recibirlos o de no exhibir íntegramente un ejemplar de cada una de las publicaciones ordenadas, a través de la hoja completa de los diarios antes señalados en que conste la publicación de los edictos ordenados, en un término máximo de veinte días hábiles, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sobreseerá en el juicio de amparo. Cobra aplicación al caso la siguiente tesis: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA). No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad. Por lo que, el término de veinte días concedido a la parte quejosa es para el efecto de i) recogerlos, ii) entregarlos para su publicación y iii) acreditar ante éste órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); y, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Amparo, dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el cual se pusieron a disposición de la parte quejosa los mismos. Además, en su oportunidad, fíjese un tanto de los edictos en el tablero de avisos de este Juzgado. En el mismo sentido, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la parte quejosa el derecho que tiene de manifestar alguna circunstancia que le impida cumplir con el requerimiento de pagar el costo de los edictos ordenados en líneas que preceden, lo cual deberá probar con un medio de convicción fehaciente. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. SI EL JUEZ DE DISTRITO SOBRESEYÓ EN EL JUICIO PORQUE EL QUEJOSO NO LLEVÓ A CABO LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA, PERO EN EL AUTO POR EL QUE SE ORDENÓ AQUÉL OMITIÓ HACERLE SABER SU DERECHO A MANIFESTAR ALGUNA CIRCUNSTANCIA QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON ESE REQUERIMIENTO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN QUE AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 84/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", consideró que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo, empero, que en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso, que le impidan cumplir el requerimiento para que se realice el emplazamiento a través de ese medio (como podría ser la falta de recursos económicos para cubrir su costo, derivada de la privación de su libertad personal), basta con la expresión de esa insolvencia económica, a fin de que en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez ordene la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, si dicho juzgador sobreseyó en el juicio de garantías porque el quejoso no llevó a cabo la publicación respectiva, pero en el auto que ordenó que el emplazamiento se llevara a cabo por dicho medio, omitió hacerle saber el derecho que tenía de manifestar alguna circunstancia que le impidiera cumplir con ese requerimiento, ello se traduce en una violación que provocó indefensión al impetrante del amparo, la cual, en términos del artículo 91, fracción IV, de la invocada ley de la materia, hace procedente la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez Federal comunique al quejoso el derecho de referencia y con base en lo manifestado en torno al punto, y tomando en consideración los elementos que consten en autos, determine si procede o no que tal publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal. (Décima Época, Registro: 2001319, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: VII.2o.(IV Región) 1 K (10a.), Página: 1771). Ahora bien, de autos se advierte que fueron señaladas las nueve horas con diez minutos del cuatro de enero de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia constitucional en este expediente; sin embargo, atento a lo acorado en líneas precedentes, resulta inconcuso que a esa data no estará integrado este expediente; en tal sentido, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos PROCEDE DIFERIRLA ANTICIPADAMENTE, señalándose las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa. Por otra parte, vista la certificación que antecede, aparece que ha transcurrido el término de tres días concedido a los terceros interesados Tomás Navarro Reyes y José Julio Ramos Hernández, en proveídos de quince y dieciséis de noviembre del año próximo pasado, para que señalaran domicilio en la ciudad de Puebla o San Andrés Cholula, lo anterior ya que el tercero interesado: Tomás Navarro Reyes, fue emplazado al presente juicio de garantías el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, dicha notificación surtió efectos el veintiocho de noviembre siguiente y transcurrió del veintinueve de noviembre al uno de diciembre de dos mil dieciséis. Así mismo, el tercero interesado José Julio Ramos Hernández, fue llamado al juicio de garantías en que se actúa el veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, dicho llamamiento surtió efectos el veintidós de noviembre siguiente y dicho término transcurrió del veintitrés al veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Sin que de autos aparezca que hubieran señalado domicilio de su parte en la ciudad de Puebla o de San Andrés, Cholula para oír y recibir notificaciones; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en contra de los citados terceros interesados en proveídos de quince y dieciséis de noviembre del año próximo pasado, y con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que les correspondan, incluso las personales, mediante lista de acuerdos.
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