Francisco Javier Chavez Tafolla
Expediente 1173/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1173/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Javier Chavez Tafolla
Actuaciones
- Principal
.Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, mediante el cual informa que en proveído de quince de noviembre del año en curso, se avocó al conocimiento de dicha demanda, misma que se registró con el número 687/2022-IV, de su índice. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández 06/10/23 12:59:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.34.e4 Oscar Hernández García García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Chávez Tafolla, en contra del Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, y de otra autoridad. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número II- 1173/2023-DM. Ahora bien, el promovente señala como actos reclamados los siguientes: Consistente en la resolución de once de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca penal XI-91/2022, donde se ordenó reponer el juicio oral 169/2022 del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Sahuayo. Ahora bien, al tratarse de un presupuesto procesal para la válida tramitación y resolución del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito examina su competencia por razón de territorio para conocer del presente asunto, de conformidad con las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para la competencia: a) Es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ate el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Al respecto, este juzgado considera, que la presente demanda de amparo debe tramitarse ante el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en que se sigue el proceso penal de origen 169/2022 del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Sahuayo, en atención a que los efectos del acto reclamado se remiten directamente al mismo, dado que constituye la potestad ante la cual las partes están sometidas. Lo anterior, tiene como finalidad concentrar el conocimiento de los amparos que se promuevan en la causa penal de origen, en un sólo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso, con lo cual se conserva la unidad del mismo y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. De lo contrario, si este juzgado se avocara al conocimiento del amparo, implicaría erogar mayor perjuicio al quejoso, al atender el trámite de este amparo en esta ciudad y continuar con el procedimiento penal en el juzgado que conoce del mismo en Uruapan. En tal virtud, atendiendo a que las consecuencias jurídicas del acto reclamado se remiten al proceso penal 169/2022 del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Sahuayo, y a la regla de competencia determinada del artículo 37 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 48 de la propia ley, este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno. Lo anterior es así, toda vez que el acto que reclama es la resolución de once de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal XI-91/2022, donde se ordenó reponer el juicio oral 169/2022 del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Sahuayo; por ende, las consecuencias jurídicas de dicho acto tendrán repercusión en el proceso penal de origen llevado a cabo ante el Juez de Control en Sahuayo, Michoacán. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 37/2005, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Tomo XXI, Marzo de 2005, página 229, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 179090, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo.". En tal virtud, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase vía interconexión el expediente en que se actúa al Juez de Distrito en turno, con residencia en Uruapan, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad, autorizando para tal efecto a las personas que refiere quienes no podrán ejercer las facultades establecidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no habérselas conferido expresamente. Ahora bien, la parte quejosa solicita se le autorice la consulta del expediente vía electrónica y proporciona el nombre del usuario para ingresar al portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del "HELLINGER" registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, proporcionado para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; lo anterior, en el entendido de que ello no implica que se le realicen las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que se señaló domicilio en esta ciudad para tal efecto. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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