Francisco Javier Estrada Artola

Expediente 517/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
517/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
12/09/2018

Partes del expediente

  • Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicia de Morelia, Michoacán
  • Francisco Javier Estrada Artola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese copia del escrito firmado por el quejoso Francisco Javier Estrada de Artola, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de agosto del año en curso; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Notifíquese por lista, personalmente a la parte tercera interesada y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte TERCERA INTERESADA Leonora Regina Martínez Farías por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso b de la ley de amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 517/2018, promovido por Francisco Javier Estrada de Artola; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de junio de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad (foja 2), Francisco Javier Estrada de Artola, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Sexto de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, de la que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, quien mediante auto de quince de junio de dos mil dieciocho (foja 6) la tuvo por recibida, la registró con el número 517/2018, la admitió a trámite, solicitó el informe justificado al Juez Sexto de lo Familiar, con residencia en esta ciudad y otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal. Luego, en auto de cinco de julio del año en curso (foja 15) se tuvo al Juez Cuarto de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, en cuanto autoridad sustituta, rindiendo el informe justificado e informando que de conformidad con el acuerdo de dieciséis de mayo de este año emitido por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, se determinó modificar la especialización de los juzgados familiares y que por ello, el Juez Sexto de lo Familiar que inicialmente había dictado el acto reclamado, se especializó en juicios de oralidad, razón por la cual a él le correspondió el conocimiento del asunto del que deriva el reclamo constitucional, en atención a que se trata de un expediente del sistema tradicional. Asimismo, en el propio auto (foja 15, reverso) se reconoció el carácter de tercera interesada a Leonora Regina Martínez, por sí y en cuanto representante de la menor Camila Estrada Martínez, en cuanto acreedoras de los alimentos. Finalmente, el diecinueve de julio de este año (foja 46) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual se pretende ejecutar. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa es: La resolución de once de septiembre de dos mil diecisiete pronunciada en el juicio ordinario familiar 181/2016, que sobre divorcio necesario y otras prestaciones promovió Leonora Regina Martínez frente al quejoso, mediante el cual se determinaron provisionalmente alimentos a cargo de éste último. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 13). Lo que se corrobora con las constancias que remitió dicha autoridad responsable, consistentes en copias certificadas del juicio familiar de origen (un tomo de pruebas). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, este Juzgador Federal, de oficio, estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. [...]" Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro de los plazos previstos en los diversos artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, en cuyo caso se entenderán los actos reclamados como consentidos tácitamente, pues siendo impugnables vía amparo no se promovió este medio de control constitucional dentro del plazo legal. Ahora bien, resulta importante reproducir lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, dado que no se está en presencia de un caso de excepción a la regla general del plazo para promover el juicio de amparo, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Lo resaltado no es de origen). Los preceptos legales transcritos establecen que el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente al en que acontezca cualquiera de las siguientes hipótesis: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de la interpretación del precepto citado, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. En efecto, de las anteriores transcripciones se conoce, que el juicio de amparo deviene improcedente cuando sea promovido contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender como tales, aquéllos en los que la demanda de amparo no sea promovida dentro del término de quince días. Asimismo, se pone de manifiesto que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, se contará desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se combata; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedora de los mismos. En el caso, el quejoso reclama la resolución de once de septiembre de dos mil diecisiete pronunciada en el juicio ordinario familiar 181/2016, que sobre divorcio necesario y otras prestaciones promovió Leonora Regina Martínez frente al quejoso, mediante el cual se establecieron provisionalmente alimentos a cargo de éste último y para determinar la oportunidad de la demanda de amparo que dio origen al juicio que se resuelve, es conveniente establecer que el peticionario de amparo fue emplazado a la contienda familiar de origen el dos de mayo de dos mil dieciocho (foja 331, tomo de pruebas) y que el dieciséis de mayo siguiente (foja 344, tomo de pruebas) presentó ante el Juez Sexto de lo Familiar, con residencia en esta ciudad -quien entonces conocía del asunto- un escrito mediante el cual dio contestación a la demanda instaurada en su contra y en el punto cuatro de dicho ocurso, señaló expresamente: "(.) En cuanto a la prestación de fijación sobre el pago de alimentos provisionales y definitivos a favor de la promovente y de la menor, manifiesto que para la primera es improcedente en virtud de que ella cuenta con los recursos económicos necesarios por estar pensionada, pues el suscrito es desempleado, pero además cubro mensualmente la hipoteca de la casa habitación que tiene en su poder la actora la cual se le dejo como usufructo para que viviera juntamente con nuestra menor hija Camila Estrada Martínez, a quien le proporciono personalmente una cantidad mensual para su alimentación correspondiente, por consecuencia, improcedente la garantía para esa pensión que solicita. (.)" Tal y como se advierte de las actuaciones que se insertan a continuación Conforme a dicha manifestación, es posible establecer que el peticionario de tutela constitucional se ostentó sabedor del acto reclamado el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en la que presentó el escrito referido; en el entendido que, dicha actuación debe considerarse apta para efecto de determinar la oportunidad de este juicio de amparo, porque no fue impugnada por el quejoso (por cuanto hace a su falsedad), a pesar que se le dio vista con su contenido cuando el juez responsable rindió su informe justificado; de ahí que, este juzgador se encuentra impedido para desconocerla. Por lo anterior, el escrito de contestación de demanda que obra en el juicio de origen, signado por el quejo y exhibido en copia certificada tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por constituir una actuación emitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, por lo que tiene la eficacia suficiente para demostrar y generar convicción al suscrito juzgador que el quejoso se ostentó sabedor del acto reclamado el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. De acuerdo con lo anterior, el término de quince días previsto en la Ley de Amparo, transcurrió del diecisiete de mayo al seis de junio de dos mil dieciocho (descontando los días 19, 20, 26, 27 de mayo, así como 2 y 3 de junio de este año por ser inhábiles) y fue hasta el catorce de junio del mismo año que se recibió en la Oficina de Correspondencia Común la demanda correspondiente, por lo que es evidente que su promoción deviene extemporánea. Es aplicable únicamente por el criterio que contiene, la jurisprudencia número VI.2o.C. J/194, consultable en la página 1148, Tomo: XII, Diciembre de 2000, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." (Lo resaltado es propio). Asimismo, se cita en apoyo a la anterior determinación en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, correspondiente a enero de dos mil once, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Sirve de apoyo, la jurisprudencia número VI.2o. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Así como la diversa tesis I. 3o. A. 135 K, visible en la página 619, del tomo XIV, Agosto de 1994, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACION CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMAS CAUSALES. Si bien es cierto que el artículo 73 de la Ley de Amparo prevé diversas causales de improcedencia que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio sin analizar el fondo del asunto, ello no significa que todas esas causales de improcedencia que pueden surtirse en el juicio constitucional sean de la misma preferencia en su análisis para su actualización, pues existen algunas de estudio preferente a otras. Así la fracción XVIII del precepto antes citado, permite la actualización de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente en las 17 fracciones anteriores que contiene el propio artículo, pueden derivarse de alguna otra disposición de la propia ley. De esta manera, relacionando el artículo 21 de la ley de la materia, con la fracción XVIII del multicitado artículo 73, se da la posibilidad jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo ante el órgano judicial, para que éste determine si la presentación de la demanda de garantías está dentro del término que establece el artículo 21 o 22 de la Ley de Amparo, según sea el caso, y poder admitir a trámite la demanda respectiva, o bien, examinar, si no se actualiza otra diversa causal de improcedencia, el fondo del asunto. Esta causal de improcedencia que se contiene en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, es de análisis preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En cambio, si la acción se ejercitó dentro del término legal que establece la ley de la materia entonces el juzgador está en posibilidad legal de determinar si la acción intentada cumple o no con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio del fondo del asunto o de la controversia planteada, como es la legitimación del promovente, el interés jurídico, que no exista recurso ordinario pendiente de agotar, que el acto reclamado no está consentido, etc." (Lo destacado es de este juzgador) Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, válidamente procede sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto reclamado consistente en la resolución de once de septiembre de dos mil diecisiete pronunciada en el juicio ordinario familiar 181/2016, que sobre divorcio necesario y otras prestaciones promovió Leonora Regina Martínez frente al quejoso, mediante el cual se determinaron provisionalmente alimentos a cargo de éste último; esto con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Francisco Javier Estrada de Artola, por el acto, autoridad y motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ...SE NOTIFICA A LA PATRTE TERCERA INTERESADA LA SENTENCIA DEL 28 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE EN SINTESIS DICE: "PRIMERO.-...SE SOBRESEE EL AMPARO..."

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano