Francisco Javier Aguilar Vaca
Expediente 913/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Javier Aguilar Vaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio 9136, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el treinta y uno de agosto del año en curso, dentro del conflicto competencial 35/2023 de su índice, de la que se advierte que el tribunal en cita determinó que el Juzgado competente para conocer de la demanda promovida por ********************, es el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia Uruapan. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículo 19 fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 19 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el conflicto competencial planteado por este juzgado el cual quedó registrado bajo el número 35/2023. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que a la fecha la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no ha informado las gestiones realizadas para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Ahora, se advierte que la ejecutoria de amparo se concedió, para que la autoridad responsable, realice lo siguiente: ''1. Dicte un auto dentro del juicio laboral 4B-605/2021, en el que deje sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y señale una nueva fecha ajustándose a los plazos y formalidades previstas en la Ley Federal del Trabajo, asimismo, ordene el inmediato emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio laboral de origen. 2. Provea todos los trámites que correspondan a efecto de que sin mayores dilaciones se verifique la referida audiencia en la fecha que señale. 3. De no ser posible llevar a cabo la audiencia de referencia en la fecha indicada atienda a los artículos 873 y 875 de la Ley Federal del Trabajo para su diferimiento, es decir, dentro de los quince días posteriores. 4. En el entendido de que la ejecutoria de amparo no se declarará cumplida sino hasta que la junta responsable celebre en sus términos dicha audiencia; de ahí que, deberá realizar todos los actos tendentes a verificarla sin mayores dilaciones.'' En consecuencia, dado que dicho cumplimiento es de orden público, el Juez de Distrito debe vigilar su efectivo acatamiento; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia ejecutoria de referencia, sin dilaciones, o en su caso, informe la imposibilidad que tenga para ello, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito firmado electrónicamente por ********************, apoderado jurídico del quejoso ********************, mediante el cual en cumplimiento a la prevención que le fue formulada en autos, manifiesta lo siguiente: (.) "1. La Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán, se impugna con motivo de su entrada en vigor, en cuanto norma autoaplicativa; como se señala en los dos párrafos que preceden la jurisprudencia con registro digital 2018860. 2. No existe un acto de aplicación de la referida normativa, al ser una norma impugnada como autoaplicativa, que con su sola entrada en vigor y sin mediar acto de aplicación o condición alguna, produce un perjuicio en la esfera de derechos de la parte quejosa. 3. Además del acto reclamado, consistente en el proceso legislativo que concluyó con la publicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, contendida en el Decreto número 405, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés; se reclaman, los artículos 20, fracción XV y XVI, 206, 223, fracción IV, 224, 228, 229, 234, 252, 254, 256, 258, 259, fracción II y último párrafo, 261, 297 y 298, de dicho cuerpo normativo, por infringir derechos fundamentales y disposiciones constitucionales, en perjuicio de la quejosa. 4. En cuanto antecedente del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, previo al inicio de vigencia del sistema normativo impugnado, la parte quejosa, cuenta con la autorización correspondiente para prestar, mediante una remuneración, el servicio de autotransporte de personas o cosas en las vías públicas de jurisdicción estatal, en vehículos autorizados, expedida por el Ejecutivo del Estado, esto es, cuenta con el derecho para suministrar el servicio de transporte otorgado por el Estado; tal y como lo demuestra la Concesión de Servicio Público de Autotransporte del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y/o Título de Concesión de Transporte Público del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y/o Tarjeta de Control de Servicio Público de Autotransportes del Gobierno de Michoacán y/o Tarjeta de Circulación de Servicio Público de Autotransportes y/o Comprobante de pago por derechos relativos a Títulos de Concesiones Previos Requisitos, que se adjuntó al escrito inicial, la cual, bajo protesta de decir verdad, es copia fiel, íntegra e inalterada del documento impreso original." (.) Impuesto de lo anterior, quien esto acuerda procede a examinar la competencia por razón de territorio, a la luz de los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reza así: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. - - - Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. - - - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tratarse de un presupuesto procesal para la válida tramitación y resolución del juicio de amparo. Lo anterior, desde luego, al amparo del criterio plasmado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. II/92, que a la letra dice: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. Conforme al invocado artículo 37, son tres las reglas de competencia por razón de territorio que rigen en materia de amparo: a) Es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Reglas que contemplan la ejecución de los actos como factor determinante para definir el juzgado que habrá de conocer de una demanda de amparo. De las tres reglas competenciales, la primera se define por el lugar en donde deba tener ejecución el acto reclamado; por lo que se considerará juez competente, a aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar en donde los actos de ejecución se vayan a realizar, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. En otras palabras, cuando se trata de actos susceptibles de ser ejecutados, debe atenderse al lugar efectivo de su ejecución, como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Sobre este tema, es conveniente precisar que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo en el que se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar en donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Luego, es el sitio en donde los actos reclamados deban ejecutarse, se traten de ejecutar, se ejecuten o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que define la competencia de los Jueces de Distrito; de modo que, para fijar la competencia para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de actos que requieren una ejecución, necesariamente debe atenderse a la localidad en que se cumplen o han de materializarse tales actos, pues es ahí en donde se producen consecuencias en el mundo fáctico. La segunda regla, plantea a partir de esa idea, una hipótesis distinta, esa en la que los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito; que la ley define al fincar la competencia para conocer del amparo respectivo a cualquiera de los órganos de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante el juzgado de distrito en donde se presentó la demanda. Finalmente, como lo dicta la última regla de competencia por razón de territorio, cuando el acto reclamado se hace consistir en una resolución que no requiere ejecución material, lo que define la competencia del Juzgado de Distrito, es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. Conforme a los parámetros normativos existentes, para definir a qué juzgado de Distrito corresponde conocer de una demanda de amparo, es preciso tener en cuenta la naturaleza del acto reclamado, esto es, si requiere ejecución material o carece de ésta, así como sus características fundamentales, acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado, para establecer en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que de manera más objetiva y razonable puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. En el caso de normas auto aplicativas, que es como el quejoso ha calificado la ley que genera su molestia, la circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no conduce a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que al momento de la vigencia de la norma queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Entonces, tomando en consideración que la naturaleza del acto reclamado conlleva a un principio de ejecución, en la medida que se combate la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, con motivo de su expedición y promulgación, resulta competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio en que el quejoso deba acatar las disposiciones plasmadas en dicha ley. De ahí que sí de los anexos de la demanda, se advierte que el título de concesión de transporte público expedida a favor de ********************, en la modalidad de colectivo urbano, en el Municipio de ********************; es inconcuso que es ahí donde tendrá ejecución el acto de aplicación derivado de las disposiciones normativas reclamadas, máxime que el quejoso cuenta con la tarjeta de circulación de Servicio Público de Autotransporte en ********************, esto es, fuera de la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce Jurisdicción. En conclusión, puede afirmarse que los actos reclamados por esta vía Constitucional tienen como consecuencia, un principio de ejecución; es decir, la norma autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que amerita una ejecución material precisamente en el lugar en que el gobernado deba acatar sus prescripciones, lo cual sucederá en la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Soporta lo definido líneas atrás, por las razones que expone, la jurisprudencia 2a. 11, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 193, Tomo IV, primera parte, Julio-Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con número de registro 206498, de rubro y texto siguientes: LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. En consecuencia, como los actos reclamados en la demanda que se analiza tienen un principio de ejecución que amerita materializarse precisamente en el lugar en que el gobernado debe acatar sus prescripciones, en este caso ********************; lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver la demanda de amparo que nos ocupa y declina tal competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán. En consecuencia, remítase el expediente en que se actúa al juez que se considera competente por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea; se le solicita tenga a bien hacer del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, de acuerdo con lo plasmado en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por otro lado, subsisten las determinaciones relativas a las notificaciones asentadas en auto de doce de los actuales. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
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