Francisco Hernández Medina
Expediente 1162/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1162/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 12/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Hernández Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del doce de diciembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1162/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 21249, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. El juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que presenta la ocursante en su pedimento de cuenta, sin perjuicio de relacionarlos en la presente audiencia. Por otro lado, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la sentencia con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa la copia en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos. Acto continuo, el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con los medios de convicción aportados por la autoridad judicial responsable. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por desahogadas dichas pruebas y por precluido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que los formuló la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. El Juez provee: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos y por precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Francisco Hernández Medina, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Juez de Control del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio y Oral, Región Zamora; 2. Fiscal Regional de Zamora; 3. Director de Seguridad Pública de Huaniqueo de Morales, Michoacán; 4. Agente del Ministerio Publico Mesa l de la Fiscalía Regional de Justicia de Zacapu, Michoacán; 5. Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación y Atención Temprana Penal Mesa l, en apoyo al Agente del Ministerio Publico Mesa ll, con residencia en Zacapu, Michoacán; y, 6. Agente de la Policía Ministerial, con residencia en Zacapu, Michoacán. Acto reclamado: - La orden de aprehensión o detención girada en contra del quejoso y su ejecución, así como un acuerdo de retención emitido en una carpeta ministerial. Segundo. Admisión. Previa prevención y su debido cumplimiento, por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde; y, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos reclamados se atribuyen a las autoridades con residencia en este Distrito Judicial,, lugar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de garantías en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: - La orden de aprehensión o detención girada en contra del quejoso y su ejecución, así como un acuerdo de retención emitido en una carpeta ministerial. Tercera. Al momento de rendir sus informes justificados, las siguientes autoridades responsables: 1. Fiscal Regional de Zamora; 2. Director de Seguridad Pública de Huaniqueo de Morales, Michoacán; 3. Agente del Ministerio Publico Mesa l de la Fiscalía Regional de Justicia de Zacapu, Michoacán; 4. Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación y Atención Temprana Penal Mesa l, en apoyo al Agente del Ministerio Publico Mesa ll, con residencia en Zacapu, Michoacán; y, 5. Agente de la Policía Ministerial, con residencia en Zacapu, Michoacán. Manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Por su parte, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, al momento de rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le atribuye, toda vez el uno de noviembre de dos mil diecinueve, en que dictó orden de aprehensión contra el aquí quejoso dentro del proceso penal 556/2019, por el delito de homicidio calificado, previsto en los artículos 117, 122, 135 fracción I, inciso b), en relación con los diversos 19, fracción l, 20 fracción l y 24 fracción ll, todos del Código Penal del Estado. En consecuencia, lo expuesto revela que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintidós de octubre de dos mil diecinueve) no existía la orden de aprehensión o detención girada en contra del quejoso Francisco Hernández Medina, por la autoridad responsable Juez de Control del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio, Región Zamora, Michoacán. Por tanto, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable referida en la presente resolución, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 196072, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Hernández Medina, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en párrafos que anteceden. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, de la pieza postal devuelta por el Servicio Postal Mexicano, se advierte que no fue posible hacer la entrega del oficio dirigido al Director de Ordenes de Aprehensión adscrito a la Fiscalía General de Justicia de Zamora, Michoacán, en virtud de que en las instalaciones correspondientes se informó que dicha autoridad no existe. Atento lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto admisorio y con fundamento en los artículos 5°, fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, se tiene por no señalada como responsable a la referida autoridad, por lo que se ordena suspender toda comunicación con la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento la pieza postal devuelta por el Servicio Postal Mexicano, de la que se advierte que no fue posible hacer la entrega del oficio dirigido Director de Ordenes de Aprehensión adscrito a la Fiscalía General de Justicia de Zamora, Michoacán, virtud de que en las instalaciones correspondientes se informó que dicha autoridad no existe. Lo anterior, toda vez que el diecinueve de noviembre, se resolvió en definitiva el presente incidente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinden las siguientes autoridades: 1. Fiscal Regional de Zamora, Michoacán; y, 2. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán. Asimismo, se tienen por recibidos el registro de audio y video en formato DVD, mismo que contiene la audiencia de diez de abril del año en curso, dentro de la causa penal 556/2019, así como el índice cronológico respectivo. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas la documental que anexa la autoridad responsable en cita en apoyo a su informe justificado. De igual forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, con dicha videograbación, para los efectos legales conducentes. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto 2013, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de noviembre de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/5901/2019, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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