Francisco Javier Contreras Mendez

Expediente 484/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
484/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Contreras Mendez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera queja contra el auto mediante el cual se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 28 de abril de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito signado por Francisco Javier Contreras Méndez, mediante el cual cumple con la prevención que se le formuló en auto de veinticinco de abril del año en curso, y al efecto manifiesta que sí compareció a apersonarse dentro del juicio de origen ********************, del índice del Juzgado Quinto Oral Familiar, con sede en esta ciudad, y el cinco de agosto de dos mil veintidós, señaló nuevo domicilio para recibir notificaciones. Ahora bien, analizada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la quejosa por una parte reclama la falta de llamamiento al juicio de origen, así como no haberse prácticado la prueba pericial pertinente para corroborar la paternidad del quejoso, con una menor de identidad reservada dentro del juicio ********************. Así, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desecharlo de plano. Por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Al respecto, se advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, aplicado en su interpretación inversa, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En demás los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." En el artículo 61 de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley, lo que deja abierta la posibilidad de atender otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Mientras que el artículo 107, fracción VI, de la misma ley, prevé que el juicio de amparo será procedente contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Ahora bien, de su escrito aclaratorio de demanda se advierte que el quejoso señala que sí compareció al juicio ********************, del índice del Juzgado Quinto Oral Familiar y que en diverso escrito, del cual adjunta original del acuse, sellado el cinco de agosto de dos mil veintidós, señaló domicilio para recibir notificaciones; mientras que, refiere el quejoso, con fecha seis de septiembre posterior se dictó sentencia definitiva; es decir, el quejoso compareció al juicio de origen antes de que se resolviera el citado juicio, ante ello perdió el carácter de persona extraña y tomó su lugar en el proceso con el carácter de parte demandada; por lo que, en todo caso, le correspondía defenderse contra esos actos en dicho proceso al que se incorporó antes de que se dictara sentencia. A mayor abundamiento, este órgano de control constitucional estaría en condiciones de admitir la demanda sólo en el supuesto de que la parte quejosa tuviera carácter de persona extraña, lo que no acontece así, pues tiene el carácter de parte demandada dentro del juicio de origen y de ninguna manera puede alegar el desconocimiento del juicio, pues es la parte dentro de la controversia que voluntaria o forzosamente debe cumplir con lo sentenciado al haber sido oída y vencida en juicio. La parte quejosa tampoco se convierte en persona extraña a la controversia, por el hecho de que con posterioridad al inicio y conclusión del juicio haya quedado inaudita porque no se le hubiere notificado debidamente. Para sostener esta última afirmación la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 10/2004, que fue resuelta como improcedente en sesión de siete de julio de dos mil cuatro, asentó lo siguiente: "Precisada la existencia y el tema de la contradicción de tesis, y examinadas las resoluciones que le dieron origen, esta Primera Sala considera que si bien es cierto que de todo lo anterior se desprende la contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, también lo es que el tema de la contienda ya se encuentra resuelto por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno, al resolver el veintisiete de febrero de dos mil uno, por unanimidad de diez votos, la contradicción de tesis 12/2000-PL, en la que se emitió criterio respecto del tema de referencia, de ahí que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente. --- Dicha jurisprudencia, es del tenor siguiente: --- Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, abril de 2001, Tesis: P./J. 39/2001, Página: 93. --- "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN "EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY". --- En efecto, del contenido de la tesis de jurisprudencia, se advierte que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la mera circunstancia de que el quejoso conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento. --- Con lo anterior, se estima que se encuentra resuelto el problema planteado en la contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados de Circuito de referencia y, en consecuencia, es aplicable lo expresado por esta Primera Sala, en el sentido de que tratándose de la denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, si en el caso resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció jurisprudencia sobre las cuestiones jurídicas planteadas, no ha lugar a decidir la contradicción, por lo que debe declararse improcedente la presente denuncia de contradicción. --- El anterior criterio se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia que a la letra señala: --- Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, agosto de 2000, Tesis: 1ª./J. 7/2000, Página: 175. --- "CONTRADICCIÓN DE TESIS. RESULTA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA SI EL PUNTO JURÍDICO SOBRE EL QUE VERSA YA FUE RESUELTO EN JURISPRUDENCIA DEFINIDA". --- Consecuentemente, se declara improcedente la presente denuncia de contradicción de tesis." Como se ve, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que de modo alguno podría caber la posibilidad de que una persona que compareció al procedimiento de origen pueda tener la calidad de persona extraña al margen de que material y jurídicamente pudiese emerger una circunstancia que la hubiese hecho desconocer de los actos procesales que hubiesen ocurrido con posterioridad del momento en que compareció a la dilación procesal. Esto es, no puede considerarse a la parte quejosa como persona extraña al procedimiento de origen por haber comparecido al mismo, sin que constituya obstáculo a lo anterior, la circunstancia que alega de que posteriormente hubiere quedado inaudita al no habérsele practicado notificación alguna en relación con el plazo concedido para cumplir voluntariamente con la sentencia. Por otra parte, el quejoso también señala como conceptos de violación los defectos en el llamamiento al juicio de origen al no haber sido legalmente notificado de la sentencia dictada el seis de septiembre de dos mil veintidós, ya que tuvo conocimiento de la misma por la consulta que realizó en la "página del tribunal". Al respecto, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, del de la Ley de Amparo, el cual establece textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" En la fracción antes citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme al cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario el acto no es reclamable en amparo. Tal máxima implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. De actuar en contrario, es decir, si las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juez común. Es sabido que según la teoría general del proceso, a través de los medios de impugnación ordinarios se pretende demostrar ante el tribunal de alzada competente, que el inferior que dictó la resolución impugnada, no aplicó correctamente la ley en el caso en concreto; por lo que, de resultar exitosa su promoción, el agravio inicialmente causado puede desaparecer; sin embargo, si no se ejercen, a pesar de que aquél persista, sólo el gobernado debe soportar las consecuencias de no haberse defendido por los recursos legales procedentes y conducentes. De esto se sigue, que si el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo en términos de las normas antes referidas, la propia ley reglamentaria establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio, la improcedencia del juicio, es decir, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio, traiga como consecuencia -también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones XVIII, XIX y XX, prevé todos aquellos supuestos en los que el juicio es improcedente en virtud de que el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En este caso específico, la que se estima configurada es la primera de ellas. Los elementos cuya configuración dan lugar a que se integre la causal de improcedencia en análisis, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 276, del tomo VII, mayo de 1991, Octava Época del Semanario judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA." Así como la jurisprudencia I.4º C. J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los meses de julio a diciembre de 1990, Octava Época, del siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN." Debe señalarse que, no obstante el principio de definitividad en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, la propia Ley de Amparo establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole de la parte quejosa y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En ese orden de ideas, los contados casos de excepción a este principio, son de aplicación estricta, pues así han quedado expresamente definidos en la ley. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada con el número VI.2o.C. J/260, en la página 1816, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Ahora bien, tratándose del ejercicio de un derecho humano, ello trae aparejado como consecuencia que no debe existir obstáculo jurídico que implique la imposibilidad de hacer valer un acceso efectivo a la justicia. En seguimiento de la idea que la parte quejosa puede acudir en sede ordinaria y combatir el acto del que se duele -notificación de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de origen ********************-, resulta conveniente recordar que el acto reclamado deriva de un juicio oral familiar tramitado ante el Juzgado Quinto Oral Familiar con residencia en esta ciudad, y regido por el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo. En tal virtud, resulta conveniente invocar los artículos 759, 760, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 y 1110, del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, que a la letra expresan: "Artículo 759. La nulidad de una actuación o notificación solo puede ser invocada por el afectado. Artículo 760. La nulidad de actuaciones y notificaciones se sustanciará en la forma y términos que determine este código para los incidentes. Artículo 1102. Los escritos a través de los que se promuevan los incidentes y su contestación, deberán contener en lo conducente, los mismos requisitos previstos en este código para la demanda y contestación. Artículo 1103. Promovido el incidente, se dará traslado al colitigante por el término de tres días, para que lo conteste. Artículo 1104. Cuando las partes quieran rendir prueba, lo expresarán así precisamente en los escritos en que se promueva el incidente o se evacúe el traslado. Artículo 1105. Si ninguna de las partes ofreciere pruebas, el juez de instrucción, de oficio citará para sentencia. Artículo 1106. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo para ello, si se ofrecieron pruebas, el juez de instrucción decretará término probatorio por diez días hábiles. Artículo 1107. Pasado el término a que se refiere el artículo anterior, el juez de oficio citará a las partes para sentencia. Artículo 1108. La sentencia se pronunciará en el término de cinco días. Artículo 1109. Los incidentes que no tengan tramitación especial, solo podrán promoverse oralmente en las audiencias y no suspenderán estas. La parte contraria contestará oralmente en la audiencia y de no hacerlo se tendrá por precluido su derecho. Tratándose de una cuestión que requiera prueba y de ser procedente su admisión, el juez ordenará su desahogo en audiencia especial o dentro de algunas de las audiencias del procedimiento. Enseguida se dictará la resolución si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para emitirla dentro del término de tres días. Artículo 1110. Si en la audiencia de juicio no pudiere concluirse una cuestión incidental, el juez continuará con el desarrollo de la audiencia, sin que pueda dictar sentencia definitiva, hasta en tanto no se resuelva el incidente en los términos del artículo anterior." En ese sentido, de la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de la parte quejosa, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley adjetiva y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición, un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio de origen, a fin de que el juzgado responsable se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad del emplazamiento que se practique en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. En tales condiciones, resulta inconcuso que contra la notificaciones de la sentencia dictada dentro del juicio oral familiar ********************, del índice del Juzgado Quinto Oral Familiar, con sede en esta ciudad, previo a la promoción del juicio de amparo procedía el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en los artículos 759, 760, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo. Ahora bien, la finalidad de dicho incidente es constituir el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar la actuación relativa a la notificación reclamada, pues con ese medio de impugnación se da a los interesados la oportunidad de aportar las pruebas que estimen pertinentes a fin de justificar la ilegalidad o falta de notificación. En este orden de ideas, y por todos los argumentos expuestos en torno a la naturaleza del juicio de amparo y sobre el principio de definitividad, es que previo a acudir al medio de control constitucional, la parte quejosa debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones, conforme al cual podía lograr que se anulara esa actuación, aunado a que tampoco se ubica en diversa causa de excepción de tal principio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento relativo a la calidad de tercero extraño que aduce tener el quejoso, toda vez dicha calidad ya fue abordada en párrafos precedentes. Sirve de sustento en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 26/2005 consultable en la página 430 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2005, materia común, novena época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." En consecuencia, con base en lo anteriormente expuesto, se actualizan las causales de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, esa última aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el auto por el que se tuvo cumplida la ejecutoria de amparo en el presente juicio, sin que lo haya hecho, por lo que se tiene consentido dicho cumplimiento. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se concedió la protección de la Justicia Federal. Por otra parte, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del mencionado acuerdo, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que haya sido impugnadas ante organismos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Finalmente, como en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa si exhibió documentos originales. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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