Francisco Javier Avalos Mora
Expediente 310/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 310/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Javier Avalos Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de cinco de octubre del año en curso, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
..Demanda en la cual la parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que la registró bajo el número de expediente 310/2022 y en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, la admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercera interesada a Beatriz Adriana Palma Arrieta, en cuanto parte demandada y reconventora en el juicio familiar de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, el acto que reclama la parte quejosa de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, consiste en: El auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 382/2020 que sobre divorcio sin expresión de causa promovió Francisco Javier Ávalos Mora contra Beatriz Adriana Palma Arrieta. En dicho auto, al resolver la medida provisional solicitada, la juez responsable decretó alimentos provisionales a favor de la demandada y a cargo del aquí quejoso por la cantidad de $2,593.05 (dos mil quinientos noventa y tres pesos 05/100 moneda nacional) equivalente al 50% de un salario mínimo vigente diario a razón de $172.87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 moneda nacional), en forma mensual. Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado dicha autoridad responsable, consistentes en copia certificada de las constancias relativas al juicio ordinario oral familiar 382/2020 [las cuales obran agregadas al presente juicio]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Al efecto, vía conceptos de violación, la parte quejosa aduce esencialmente: Que el auto impugnado es ilegal, y contraviene los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la responsable no debió decretar en contra del quejoso alimentos provisionales a favor de la demandada, toda vez que para determinar dicha medida no tomó en consideración lo dispuesto en el numeral 273 del Código Familiar vigente. Que la tercera interesada en momento alguno acreditó con prueba idónea que tenía alguna enfermedad o padecimiento que la imposibilitara totalmente de realizar un trabajo en el cual recibiera un salario; asimismo, cuenta con cincuenta y un años de edad, lo que no le impide buscar algún trabajo sin que sea necesario que deba tener una profesión, pues se dedicó a una actividad económica de distribuidora de productos omnilife durante el tiempo que duró el matrimonio. Que la tercera tampoco probó con medio idóneo que estuviera imposibilitada física, psicológicamente o tuviera una enfermedad crónica grave que la imposibilitara para obtener un empleo, cuestiones que no tomó en cuenta la responsable y en cambio, violentó el citado precepto 273 al decretar alimentos provisionales tomando únicamente en consideración la prueba testimonial ofrecida, la cual no fue valorada de manera pormenorizada, lógica y prudente como lo establecen los artículos 1042 y 1043 del Código Familiar, ya que la testigo Ma. Bertha Becerra Luna manifestó que tiene interés en el asunto, demostrando con ello una total imparcialidad (sic), al igual que las restantes testigos pudieron estar aleccionadas. Que la responsable no tomó en consideración el artículo 444, fracción III, que establece que la obligación alimentaria debe ser proporcional y la tercera interesada no ha acreditado con medio idóneo la necesidad de alimentos ni el caudal económico del quejoso, violentando su derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional. Refiere que la responsable tampoco tomó en cuenta que el motivo de la separación fue que la tercera interesada tiene una relación sentimental con otra persona, por lo que se viola en su perjuicio el artículo 461, fracción VII del Código Familiar dejándolo en estado de indefensión. Que en la audiencia preliminar la tercera interesada no preparó el desahogo de sus pruebas sobre fijación de alimentos y la autoridad le dio oportunidad de desahogar la prueba testimonial que no ofreció de conformidad con el artículo 847 del código en cita pero se tuvo por admitida de manera arbitraria, y posteriormente, la tercera por medio de su apoderada jurídica perfeccionó la prueba. Aduce también que la responsable fundó el acto reclamado en el artículo 446 del Código Familiar, con lo que inobservó los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las determinaciones judiciales ya que el citado precepto no tiene aplicación; que lo resuelto le ocasiona un daño económico irreparable porque no cuenta con recursos suficientes y está totalmente imposibilitado económicamente para proporcionar una pensión alimenticia provisional o definitiva a la tercera interesada, quien cuenta con las capacidades físicas y económicas para desempeñar un trabajo. Establecido lo anterior, los conceptos de violación aducidos deben calificarse como infundados, como se expone a continuación. En principio, debe decirse que resulta incorrecto lo que afirma el quejoso, en el sentido de que la responsable para decretar los alimentos provisionales, debió observar lo dispuesto en el artículo 273 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, el cual establece: "Artículo 273. Cuando se soliciten alimentos entre cónyuges, sin que exista convenio al respecto, se fijarán tomando en cuenta las circunstancias del caso, además de las siguientes: I. La edad y el estado de salud de los cónyuges; II. Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo; III. Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia; IV. Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge; V. Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y, VI. Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor." Del contenido del precepto legal transcrito se obtiene que, tratándose de la fijación de alimentos entre cónyuges, deben considerarse la edad, el estado de salud, su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo, duración del matrimonio y la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración al trabajo del otro cónyuge, los medios económicos y sus necesidades, numeral que -como aduce el quejoso en su demanda-, no invocó la juez responsable como sustento de su determinación. Sin embargo, debe decirse que el diverso numeral 260, fracción II, del propio Código Familiar para el Estado, relativo al Capítulo del divorcio sin expresión de causa, como el que nos ocupa, dispone: "Artículo 260. Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, así como las que de manera oficiosa considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de estos, como lo sería: [.] II. Fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas; [.]" Del precepto transcrito se advierte que el tema de los alimentos provisionales, está regulado en el artículo 260, al disponer que al admitirse la solicitud de divorcio o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, entre las que se encuentra la de fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas. No obstante, el numeral en cita no prevé expresamente los parámetros a los que debe atender el juzgador para la fijación de los alimentos provisionales como medida provisional por lo que, como correctamente lo estableció la autoridad responsable en el auto combatido, debe atenderse a lo establecido en los diversos artículos 445 y 462, del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen: "Artículo 445. Los cónyuges y concubinos están obligados a proporcionarse alimentos. [.]" "Artículo 462. Para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, solo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del presente ordenamiento." Lo anterior, permite establecer que existe distinción entre los requisitos que se exigen para la fijación de los alimentos provisionales y los definitivos, porque tal como se advierte del precepto legal 260 antes transcrito, el legisladortuvo la intención de que los alimentos provisionales fueran decretados por el juez de instrucción como medida cautelar, desde la presentación de la demanda y hasta antes de la audiencia de juicio; mientras que los alimentos definitivos son determinados por el juez oral en la audiencia de juicio. Es así, porque el artículo 271, del cuerpo de leyes en cita, dispone que la sentencia se debe dictar en la misma audiencia de juicio y establece la obligación para el juez de resolver, entre otras cuestiones, lo relativo a los alimentos. Así también, el artículo 272, establece que el derecho a los alimentos subsistirá a favor del cónyuge acreedor, por el mismo lapso de duración del matrimonio, siempre y cuando carezca de bienes o ingresos económicos suficientes para sufragar sus necesidades alimentarias y se extinguirá por vencimiento del mismo, o bien, cuando contraiga nuevo matrimonio, forme parte de alguna relación consensuada o le sobrevenga un hijo con persona diversa de su ex cónyuge. Y por último, en el artículo 273, se establecen las circunstancias a que debe atender el juzgador para determinar la fijación de los alimentos definitivos, cuando no exista convenio al respecto; ello porque como se concluye de los numerales referidos con antelación, dichos requisitos legales deben ser observados al dictar sentencia definitiva en la audiencia de juicio. De ahí que no asiste razón al quejoso cuando afirma que la responsable no tomó en cuenta lo dispuesto en el referido numeral 273, pues como se desprende del auto combatido, dicha juzgadora estableció que para fijar los alimentos provisionales se debe acreditar la necesidad y la urgencia de los alimentos por parte de la acreedora alimentaria, en términos de los artículos 445 y 462 del Código Familiar del Estado. Luego, tuvo por acreditado con el acta de matrimonio exhibida que el título en cuya virtud se piden los mismos, lo es como esposa del obligado alimentario; asimismo, respecto de la urgencia y necesidad de los alimentos, refirió que se acredita con la prueba testimonial desahogada en autos, de la que consta que la aquí tercera interesada requiere alimentos y no trabaja. Por otro lado, estableció también la responsable que, como no se encuentra acreditada la capacidad del obligado alimentario, puesto que no se ofreció ningún medio de prueba para ello, de conformidad con los artículos 443, 446 (sic), 464, fracción II, del Código Familiar del Estado, consideró pertinente fijar como monto de la pensión alimenticia provisional durante la tramitación del juicio, a favor de Beatriz Adriana Palma Arrieta y a cargo de Francisco Javier Ávalos Mora, la cantidad de $2,593.05 (dos mil quinientos noventa y tres pesos 05/100 moneda nacional) equivalente al 50% de un salario mínimo vigente diario a razón de $172.87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 moneda nacional), en forma mensual. Lo que, en oposición a lo que aduce el quejoso, se estima apegado a la legalidad, en primer término, porque la determinación de fijar el 50% de un salario mínimo vigente diario, obedeció precisamente a que no se encuentra acreditada la capacidad económica del obligado y atento a ello la suma fijada no se considera desproporcionada, en segundo lugar, porque el hecho de que la juez citara erróneamente el precepto legal 446 en lugar del 445 del Código Familiar, que es el que establece que los cónyuges y concubinos están obligados a proporcionarse alimentos, no trasciende al sentido de la decisión adoptada por la responsable y en tercer lugar, porque también se estima correcta la decisión de sustentar la medida cautelar de fijación de alimentos provisionales en los preceptos legales 445 y 462 del código legal invocado. Ello, porque no es posible que en materia de acreditación de hechos, al inicio de la contienda familiar, cuando no se cuenta con todo el material probatorio, se exija al juez que para decretar una medida cautelar de alimentos provisionales, considere o pondere los aspectos a que hace referencia el numeral 273 del Código Familiar del Estado, como son la edad, el estado de salud de los cónyuges, su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo, duración del matrimonio y la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración al trabajo del otro cónyuge, los medios económicos y sus necesidades, cuando de antemano, todos esos factores están sujetos a acreditación probatoria durante la secuela procedimental, pues como se dijo con antelación esos requisitos son exigibles para determinar los alimentos definitivos, al momento de dictar sentencia. También señaló que su contraria no preparó el desahogo de sus pruebas sobre fijación de alimentos y la autoridad le dio oportunidad de desahogar la prueba testimonial que no ofreció de conformidad con el artículo 847 del Código Familiar; sin embargo, no se advierte vulneración al precepto legal citado porque la aludida prueba fue ofrecida oportunamente para acreditar la medida cautelar solicitada sobre alimentos provisionales, no obstante que se ofertaron dos testimonios y uno más en escrito por separado, y se señaló fecha para su desahogo, misma que no tuvo verificativo en la fecha inicialmente señalada por suspensión de labores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, según se desprende del auto dictado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por ello, procedía como así lo hizo la responsable, fijar nuevo día y hora hábil para su verificativo. Del mismo modo, resulta erróneo lo que afirma el quejoso en el sentido de que la referida prueba testimonial ofrecida por la tercera interesada no fue valorada por la responsable de manera pormenorizada, lógica y prudente como lo establecen los artículos 1042 y 1043 del Código Familiar, pues con dicha prueba no se puede acreditar de manera fehaciente que la tercera interesada se encuentre impedida para cubrir sus alimentos por ella misma. Se dice lo anterior, porque tal como lo disponen dichos preceptos legales, el valor de las pruebas estará determinado por la convicción que le generen al juzgador, conforme a las reglas de la lógica y a su prudente arbitrio, y la juzgadora de origen estimó apta dicha prueba únicamente para acreditar -de manera provisional- que la demandada requiere de alimentos y que no trabaja, a efecto de fijar el monto por concepto de alimentos provisionales a su favor, por tanto, los aspectos que señala el quejoso en todo caso podrán ser acreditados durante el trámite del juicio con los medios de convicción que estime pertinentes. Máxime que, dado el carácter provisional de la aludida determinación, la misma puede variar al momento de dictarse la sentencia en el controvertido de origen, de acuerdo al material probatorio allegado por las partes, el cual será valorado en su conjunto por la juzgadora natural. Por la misma razón, también resulta infundado lo argumentado por el quejoso cuando aduce que la determinación reclamada es ilegal, porque la juez responsable omitió ponderar que la tercera interesada tiene una relación sentimental con otra persona, lo cual fue el motivo de la separación; y que además en modo alguno probó con medio idóneo que estuviera imposibilitada física y psicológicamente para obtener un empleo; que cuenta con ahorros suficientes y que su edad no le impide buscar trabajo sin que sea necesario que deba tener una profesión para dedicarse a un oficio, ya que durante el tiempo que duró el matrimonio se dedicaba a vender y era distribuidora de productos omnilife. Lo anterior, porque las circunstancias a que se refiere el quejoso, son precisamente los requisitos legales que establece el multicitado artículo 273, mismos que como se dijo con antelación, son aplicables para la determinación de los alimentos definitivos y en esa virtud, por el momento no resultaba imprescindible que la juez atendiera a esos aspectos, máxime que como también se dijo en párrafos anteriores, el parámetro para la determinación de los alimentos provisionales establecido en los artículos 445 y 462, en los que se apoyó la responsable para decretar la medida provisional de alimentos, solo exige que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. De ahí que las circunstancias que señala el quejoso no sean aspectos que deban considerarse en este momento procesal, sino en todo caso, en la audiencia de juicio, cuando se resuelva en forma definitiva respecto del derecho de la tercera interesada a recibir alimentos, pues la juzgadora contará con elementos objetivos que hagan patentes los requisitos exigidos en el artículo 273, entre ellos, los que señala el peticionario de amparo en su demanda. En las condiciones apuntadas, al resultar infundados los conceptos de violación propuestos y no advertirse deficiencia que suplir de oficio, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Javier Ávalos Mora, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy cinco de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA. EN MORELIA, MICHOACÁN, A PRIMERA HORA HÁBIL DEL SEIS DE OCTUBRE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS EL SUSCRITO LICENCIADO ALBERTO PONCE AVENDAÑO, ACTUARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, NOTIFIQUÉ POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL Y EN EL SISTEMA SISE, A LA TERCERA INTERESADA BEATRIZ ADRIANA PALMA ARRIETA, LA SENTENCIA Y/O RESOLUCION DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, LO ANTERIOR ES ASÍ, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A), EN RELACION CON EL 29, DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.-
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