Enrique Gonzalez Largo

Expediente 1573/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1573/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
30/05/2017

Partes del expediente

  • Enrique Gonzalez Largo
  • Juez de lo Penal de Cholula, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del cuatro al veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cinco de abril de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (fojas 67 a 84), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el proceso penal ********************, del índice del Juzgado, contra ********************. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución de término constitucional, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando el vicio formal -falta de motivación y fundamentación- que la afecta, y que ha quedado precisado en esta sentencia, esto es: a) Deberá especificar los preceptos legales que sustentan su competencia para emitir el acto y exponer las razones que la actualizan. b) Deberá motivar la forma de comisión del delito de despojo, esto es, que se cometió de manera furtiva, a través de una maniobra oculta o clandestina que deberá describir, así como motivar el momento en que se dio, ello tanto en el apartado del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad. c) Deberá fundar y motivar la valoración de los medios de prueba consistentes en el dictamen en topografía número ********************de tres de febrero de dos mil dieciséis, signado el perito adscrito al Instituto de Ciencias Forenses, y las testimoniales de cargo por parte de ********************, de quince de abril de dos mil quince, que vertieron ante la representación social, y lo que acreditan en relación al cuerpo del delito de despojo. d) Deberá especificar los preceptos legales por los que no otorga valor a las pruebas que ofreció la defensa del inculpado en la etapa de preinstrucción y que menciona en el auto de formal prisión reclamado. e) Deberá pronunciarse respecto a la prueba ofrecida por la defensa del inculpado, aquí quejoso, en el término constitucional, consistente en el original del acta defunción del padre del activo y del pasivo del delito; y, f) Dar respuesta a las manifestaciones de la defensa del inculpado vertidas en diligencia de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis (foja 165 vuelta del anexo I)." Resolución que el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que, se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 97 a 99). Ahora bien, mediante oficio 2806 de tres de abril de dos mil diecisiete (fojas 158 a 168), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal ******************** de su índice, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, así como los diversos de uno y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete con los que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida resolvió la situación jurídica del quejoso Enrique González Largo, decretándole auto de formal prisión por el delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 408, fracción I, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Federico González Largo. Resolución en la cual, especificó los preceptos legales que sustentan su competencia para emitir el acto, exponiendo las razones que la actualizan, al establecer lo siguiente: "Esta autoridad es competente de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, 9, 10, 46, 49, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 1 y 2 de la Ley Punitiva Penal, así como 5, 7 y 31 y 111 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social en virtud de que nos encontramos ante hechos de materia penal, los cuales se cometieron dentro de la jurisdicción de Cholula, Puebla a cargo de esta autoridad judicial, por tanto se declara COMPETENTE para conocer de los sucesos que dieran origen a la tramitación de la presente causa." (foja 159 vuelta). Asimismo, especificó la forma de comisión del delito de despojo, motivando el momento en que se dio dicha circunstancia al referir: "Así las cosas el día jueves 12 de marzo de 2015 dos mil quince, alrededor de las 10:30 diez horas con treinta minutos, FEDERICO GONZÁLEZ LARGO en compañía de su hijo FEDERICO GONZÁLEZ ORTIZ y de las personas encargadas de hacer el trabajo de nivelación y relleno, acudió a su terreno en cita para hablar con el sujeto activo del delito ******************** y su esposa, respecto al motivo del por qué no lo dejaban pasar para trabajar su terreno, y ya constituidos en dicha entrada que les brindaba servidumbre de paso, salió el agente activo del delito de su casa refiriendo que nadie podría pasar por la servidumbre de paso, y que si intentaban pasar con palabras soeces les haría algún daño fuerte, refiriendo además que dispondría de un lote de dicho predio ajeno a su propiedad para dárselo a otro de sus hermanos, y al tratar de dialogar el denunciante y su hijo con el agente activo del delito, este señaló que mataría a quien intentara trabajar el predio, así fuera su hermano o sus trabajadores, advirtiendo lo antes señalado el ateste Manuel Morales Gómez por que se encontraba pasando por dicho lugar." (foja 161). Circunstancia que el juez de la causa también reiteró al momento de estudiar la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del delito imputado (foja 166). Por otro lado, valoró los medios de prueba consistentes en el dictamen en topografía número ********************de tres de febrero de dos mil dieciséis, emitido por el perito adscrito al Instituto de Ciencias Forenses, y las testimoniales de cargo por parte de ********************, de quince de abril de dos mil quince, que vertieron ante la representación social y lo que cada una acredita en relación al cuerpo del delito de despojo, al referir respectivamente: "Declaraciones que son valoradas al tenor del artículo 201 del Código Adjetivo de la materia, al ser rendidas por personas que por su edad, capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para juzgar el acto, sumado a que por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales tienen una completa imparcialidad, máxime que el hecho de que se trata es susceptible de conocerse por medio de sus sentidos, añadiendo que sus declaraciones son claras y concisas, sin dudas ni reticencias ya sea sobre la substanciación del hecho o ya sea sobre circunstancias esenciales, así mismo por que se presentaron de forma voluntaria y dichos testigos son uniformes en sus manifestaciones, no solo en lo substancial sino en lo accidental de acto sobre el cual deponen, por ello adquieren validez probatoria plena, las que se advierte que se trata de hechos congruentes con lo expuesto por el denunciante respecto a la existencia de la servidumbre de paso y la forma de adquisición del inmueble, así mismo porque al tratarse de familiares de los protagonistas tanto activo, como pasivo del delito es apegado a la lógica que sepan y les conste los antecedentes de dicho predio y en especial de la servidumbre de paso que se encuentra en el mismo, aunado a que son de la misma población, lo que llena de veracidad sus testimonios, pero principalmente porque no existen pruebas que acrediten lo contrario, es decir que se traten de testimonios mendaces." (fojas 161 vuelta y 162). "Opinión técnica que ilustra acertadamente al resolutor sobre las características, medidas y colindancias que corresponden al bien inmueble de que dice fue despojada la denunciante como consecuencia de la conducta antijurídica desplegada en su agravio, ya que determina que la servidumbre de paso bloqueada por los agentes criminales, coincide con aquel inmueble consignado en los documentos exhibidos como prueba, por lo que tal probanza adquiere validez convictiva en términos de lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley Procesal Penal, por haber sido realizada con las debidas formalidades legales, por una persona que debido a su conocimiento en la ciencia sobre la cual versó su peritación, le permite emitir la opinión que le fue solicitada, la cual resulta apta para justificar la existencia del inmueble al coincidir con la ubicación del inmueble afecto, así mismo debe decirse que efectivamente existe una servidumbre de paso legalmente constituida por lo señalado en líneas que antecede." (foja 163). Asimismo, respecto a la prueba ofrecida por la defensa del inculpado, aquí quejoso, en el término constitucional, consistente en el original del acta de defunción del padre del activo y del pasivo del delito, el juez responsable la valoró de la siguiente manera: "Ahora bien respecto al acta de defunción de MAURICIO GONZÁLEZ MENEZ padre del activo y pasivo del delito, de fecha 26 de junio de 1992 mil novecientos noventa y dos, debe decirse que de conformidad con el artículo 196 del Código Adjetivo de la Materia adquiere validez probatoria plena, sin embargo carece de eficacia jurídica para acreditar el dicho del indiciado, sino por el contrario se concatena a lo expuesto por el denunciante y las atestes MARÍA AMELI GONZÁLEZ LARGO (FOJA 32-33) y MARÍA GONZÁLEZ LARGO (FOJA 34-36), pues la fecha de defunción es posterior a la que refieren fue segregado el predio por MAURICIO GONZÁLEZ MENEZ, incluyendo en dicho segregación la constitución de la servidumbre de paso, por ello incluso resulta contraproducente en razón de que de los artículos 1274, 1275, 1299, 1300, 1301, 1306, 1307 del Código Civil del Estado, se desprende que la servidumbre legal de paso obedece a la situación natural de los predios, de la cual surge la necesidad de que el dueño del sirviente proporcione accedo a la vía pública, que incluye el tránsito de personas." (fojas 167 y 167 vuelta). El juez de la causa procedió a dar respuesta a las manifestaciones de la defensa del inculpado vertidas en diligencia de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, al decir: "Por cuanto hace a las manifestaciones realizadas por la defensa del inculpado vertidas en diligencia de 18 dieciocho de octubre de 2016, debe decirse que no son suficientes para desvirtuar el ilícito en estudio por lo expuesto del análisis y valoración de las probanzas que integran la presente causa penal en estudio, principalmente de los testimonios de MARÍA AMELI GONZÁLEZ LARGO (FOJA 32-33) y MARÍA GONZÁLEZ LARGO (FOJA 34-36), sin que exista prueba alguna para acreditar que el referido predio se encuentre intestado, y principalmente que el sujeto activo del delito no hubiera obrado de propia autoridad al impedir el paso del pasivo por la servidumbre de paso legalmente establecida, así que al encuadrar los hechos fácticos en la conducta sancionada por el artículo 408 fracción I del Código Punitivo, es evidente que no se trata de actos meramente de carácter familiar o intestamentario, pues el finado ya había dejado segregado el predio, del cual acreditó la propiedad el agraviado, sino de la servidumbre de paso legalmente constituida, que en su momento el indiciado debió de inconformarse por la vía civil, para el efecto de anularla y no así de propia autoridad y bajo amenazas impedir el uso de la misma al ahora agraviado." (foja 167 vuelta). Y, el juez de la causa especificó los preceptos legales por los que no otorga valor a las pruebas que ofreció la defensa del inculpado en la etapa de preinstrucción y que menciona en el auto de formal prisión combatido, al referir: "En cuanto a sus testigos de descargo José Asunción González Chilchoa (foja 118 vuelta) y Margarita Chilchoa Saavedra (foja 120-128), se dan por reproducidas en este apartado por ya obrar adentro de las actuaciones que integran la presente causa penal y en obvio de repeticiones innecesarias. Ahora bien, las declaraciones de quienes atestiguan en un proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la legislación aplicable específicamente el artículo 201 del código adjetivo de la materia, así como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testimonio sub judice, en principio debe decirse que los testigos de descargo no reúnen las características señaladas en el referido numeral, ello en razón de que no declaran sobre el hecho en específico, esto lo acontecido el día jueves 12 de marzo de 2015 dos mil quince, alrededor de las 10:30 diez horas con treinta minutos, por otro lado, también debe decirse que de sus declaraciones se advierten reticencias pues si bien es cierto manifiestan que no existe una servidumbre de paso, dicho testimonio es insuficiente para poder tener por cierto que no existe dicha servidumbre de paso en virtud de que como se ha dicho el terreno que es propiedad del denunciante al estar al fondo tiene que tener acceso." (foja 167). "Por cuanto hace a las documentales públicas consistentes en las fotocopias certificadas por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la circunscripción territorial de Cholula, mismas que son valoradas de conformidad con el artículo 196 del Código Adjetivo de la materia, por haber sido no haber sido (sic) redargüidas de falsas, es que adquieren validez probatoria plena, sin embargo, carecen de eficacia jurídica necesaria para acreditar el dicho del acusado ya que su contenido si bien se desprende las medidas y colindancias de un predio dichas pruebas no es apta para demostrar si existe o no una servidumbre de paso." (foja 167). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cinco de abril de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (fojas 67 a 84), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el proceso penal ********************, del índice del Juzgado, contra ********************. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución de término constitucional, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando el vicio formal -falta de motivación y fundamentación- que la afecta, y que ha quedado precisado en esta sentencia, esto es: a) Deberá especificar los preceptos legales que sustentan su competencia para emitir el acto y exponer las razones que la actualizan. b) Deberá motivar la forma de comisión del delito de despojo, esto es, que se cometió de manera furtiva, a través de una maniobra oculta o clandestina que deberá describir, así como motivar el momento en que se dio, ello tanto en el apartado del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad. c) Deberá fundar y motivar la valoración de los medios de prueba consistentes en el dictamen en topografía número ********************de tres de febrero de dos mil dieciséis, signado el perito adscrito al Instituto de Ciencias Forenses, y las testimoniales de cargo por parte de ********************, de quince de abril de dos mil quince, que vertieron ante la representación social, y lo que acreditan en relación al cuerpo del delito de despojo. d) Deberá especificar los preceptos legales por los que no otorga valor a las pruebas que ofreció la defensa del inculpado en la etapa de preinstrucción y que menciona en el auto de formal prisión reclamado. e) Deberá pronunciarse respecto a la prueba ofrecida por la defensa del inculpado, aquí quejoso, en el término constitucional, consistente en el original del acta defunción del padre del activo y del pasivo del delito; y, f) Dar respuesta a las manifestaciones de la defensa del inculpado vertidas en diligencia de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis (foja 165 vuelta del anexo I)." Resolución que el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que, se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 97 a 99). Ahora bien, mediante oficio 2806 de tres de abril de dos mil diecisiete (fojas 158 a 168), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal ******************** de su índice, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, así como los diversos de uno y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete con los que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida resolvió la situación jurídica del quejoso Enrique González Largo, decretándole auto de formal prisión por el delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 408, fracción I, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Federico González Largo. Resolución en la cual, especificó los preceptos legales que sustentan su competencia para emitir el acto, exponiendo las razones que la actualizan, al establecer lo siguiente: "Esta autoridad es competente de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, 9, 10, 46, 49, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 1 y 2 de la Ley Punitiva Penal, así como 5, 7 y 31 y 111 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social en virtud de que nos encontramos ante hechos de materia penal, los cuales se cometieron dentro de la jurisdicción de Cholula, Puebla a cargo de esta autoridad judicial, por tanto se declara COMPETENTE para conocer de los sucesos que dieran origen a la tramitación de la presente causa." (foja 159 vuelta). Asimismo, especificó la forma de comisión del delito de despojo, motivando el momento en que se dio dicha circunstancia al referir: "Así las cosas el día jueves 12 de marzo de 2015 dos mil quince, alrededor de las 10:30 diez horas con treinta minutos, FEDERICO GONZÁLEZ LARGO en compañía de su hijo FEDERICO GONZÁLEZ ORTIZ y de las personas encargadas de hacer el trabajo de nivelación y relleno, acudió a su terreno en cita para hablar con el sujeto activo del delito ******************** y su esposa, respecto al motivo del por qué no lo dejaban pasar para trabajar su terreno, y ya constituidos en dicha entrada que les brindaba servidumbre de paso, salió el agente activo del delito de su casa refiriendo que nadie podría pasar por la servidumbre de paso, y que si intentaban pasar con palabras soeces les haría algún daño fuerte, refiriendo además que dispondría de un lote de dicho predio ajeno a su propiedad para dárselo a otro de sus hermanos, y al tratar de dialogar el denunciante y su hijo con el agente activo del delito, este señaló que mataría a quien intentara trabajar el predio, así fuera su hermano o sus trabajadores, advirtiendo lo antes señalado el ateste Manuel Morales Gómez por que se encontraba pasando por dicho lugar." (foja 161). Circunstancia que el juez de la causa también reiteró al momento de estudiar la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del delito imputado (foja 166). Por otro lado, valoró los medios de prueba consistentes en el dictamen en topografía número ********************de tres de febrero de dos mil dieciséis, emitido por el perito adscrito al Instituto de Ciencias Forenses, y las testimoniales de cargo por parte de ********************, de quince de abril de dos mil quince, que vertieron ante la representación social y lo que cada una acredita en relación al cuerpo del delito de despojo, al referir respectivamente: "Declaraciones que son valoradas al tenor del artículo 201 del Código Adjetivo de la materia, al ser rendidas por personas que por su edad, capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para juzgar el acto, sumado a que por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales tienen una completa imparcialidad, máxime que el hecho de que se trata es susceptible de conocerse por medio de sus sentidos, añadiendo que sus declaraciones son claras y concisas, sin dudas ni reticencias ya sea sobre la substanciación del hecho o ya sea sobre circunstancias esenciales, así mismo por que se presentaron de forma voluntaria y dichos testigos son uniformes en sus manifestaciones, no solo en lo substancial sino en lo accidental de acto sobre el cual deponen, por ello adquieren validez probatoria plena, las que se advierte que se trata de hechos congruentes con lo expuesto por el denunciante respecto a la existencia de la servidumbre de paso y la forma de adquisición del inmueble, así mismo porque al tratarse de familiares de los protagonistas tanto activo, como pasivo del delito es apegado a la lógica que sepan y les conste los antecedentes de dicho predio y en especial de la servidumbre de paso que se encuentra en el mismo, aunado a que son de la misma población, lo que llena de veracidad sus testimonios, pero principalmente porque no existen pruebas que acrediten lo contrario, es decir que se traten de testimonios mendaces." (fojas 161 vuelta y 162). "Opinión técnica que ilustra acertadamente al resolutor sobre las características, medidas y colindancias que corresponden al bien inmueble de que dice fue despojada la denunciante como consecuencia de la conducta antijurídica desplegada en su agravio, ya que determina que la servidumbre de paso bloqueada por los agentes criminales, coincide con aquel inmueble consignado en los documentos exhibidos como prueba, por lo que tal probanza adquiere validez convictiva en términos de lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley Procesal Penal, por haber sido realizada con las debidas formalidades legales, por una persona que debido a su conocimiento en la ciencia sobre la cual versó su peritación, le permite emitir la opinión que le fue solicitada, la cual resulta apta para justificar la existencia del inmueble al coincidir con la ubicación del inmueble afecto, así mismo debe decirse que efectivamente existe una servidumbre de paso legalmente constituida por lo señalado en líneas que antecede." (foja 163). Asimismo, respecto a la prueba ofrecida por la defensa del inculpado, aquí quejoso, en el término constitucional, consistente en el original del acta de defunción del padre del activo y del pasivo del delito, el juez responsable la valoró de la siguiente manera: "Ahora bien respecto al acta de defunción de MAURICIO GONZÁLEZ MENEZ padre del activo y pasivo del delito, de fecha 26 de junio de 1992 mil novecientos noventa y dos, debe decirse que de conformidad con el artículo 196 del Código Adjetivo de la Materia adquiere validez probatoria plena, sin embargo carece de eficacia jurídica para acreditar el dicho del indiciado, sino por el contrario se concatena a lo expuesto por el denunciante y las atestes MARÍA AMELI GONZÁLEZ LARGO (FOJA 32-33) y MARÍA GONZÁLEZ LARGO (FOJA 34-36), pues la fecha de defunción es posterior a la que refieren fue segregado el predio por MAURICIO GONZÁLEZ MENEZ, incluyendo en dicho segregación la constitución de la servidumbre de paso, por ello incluso resulta contraproducente en razón de que de los artículos 1274, 1275, 1299, 1300, 1301, 1306, 1307 del Código Civil del Estado, se desprende que la servidumbre legal de paso obedece a la situación natural de los predios, de la cual surge la necesidad de que el dueño del sirviente proporcione accedo a la vía pública, que incluye el tránsito de personas." (fojas 167 y 167 vuelta). El juez de la causa procedió a dar respuesta a las manifestaciones de la defensa del inculpado vertidas en diligencia de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, al decir: "Por cuanto hace a las manifestaciones realizadas por la defensa del inculpado vertidas en diligencia de 18 dieciocho de octubre de 2016, debe decirse que no son suficientes para desvirtuar el ilícito en estudio por lo expuesto del análisis y valoración de las probanzas que integran la presente causa penal en estudio, principalmente de los testimonios de MARÍA AMELI GONZÁLEZ LARGO (FOJA 32-33) y MARÍA GONZÁLEZ LARGO (FOJA 34-36), sin que exista prueba alguna para acreditar que el referido predio se encuentre intestado, y principalmente que el sujeto activo del delito no hubiera obrado de propia autoridad al impedir el paso del pasivo por la servidumbre de paso legalmente establecida, así que al encuadrar los hechos fácticos en la conducta sancionada por el artículo 408 fracción I del Código Punitivo, es evidente que no se trata de actos meramente de carácter familiar o intestamentario, pues el finado ya había dejado segregado el predio, del cual acreditó la propiedad el agraviado, sino de la servidumbre de paso legalmente constituida, que en su momento el indiciado debió de inconformarse por la vía civil, para el efecto de anularla y no así de propia autoridad y bajo amenazas impedir el uso de la misma al ahora agraviado." (foja 167 vuelta). Y, el juez de la causa especificó los preceptos legales por los que no otorga valor a las pruebas que ofreció la defensa del inculpado en la etapa de preinstrucción y que menciona en el auto de formal prisión combatido, al referir: "En cuanto a sus testigos de descargo José Asunción González Chilchoa (foja 118 vuelta) y Margarita Chilchoa Saavedra (foja 120-128), se dan por reproducidas en este apartado por ya obrar adentro de las actuaciones que integran la presente causa penal y en obvio de repeticiones innecesarias. Ahora bien, las declaraciones de quienes atestiguan en un proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la legislación aplicable específicamente el artículo 201 del código adjetivo de la materia, así como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testimonio sub judice, en principio debe decirse que los testigos de descargo no reúnen las características señaladas en el referido numeral, ello en razón de que no declaran sobre el hecho en específico, esto lo acontecido el día jueves 12 de marzo de 2015 dos mil quince, alrededor de las 10:30 diez horas con treinta minutos, por otro lado, también debe decirse que de sus declaraciones se advierten reticencias pues si bien es cierto manifiestan que no existe una servidumbre de paso, dicho testimonio es insuficiente para poder tener por cierto que no existe dicha servidumbre de paso en virtud de que como se ha dicho el terreno que es propiedad del denunciante al estar al fondo tiene que tener acceso." (foja 167). "Por cuanto hace a las documentales públicas consistentes en las fotocopias certificadas por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la circunscripción territorial de Cholula, mismas que son valoradas de conformidad con el artículo 196 del Código Adjetivo de la materia, por haber sido no haber sido (sic) redargüidas de falsas, es que adquieren validez probatoria plena, sin embargo, carecen de eficacia jurídica necesaria para acreditar el dicho del acusado ya que su contenido si bien se desprende las medidas y colindancias de un predio dichas pruebas no es apta para demostrar si existe o no una servidumbre de paso." (foja 167). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de San Pedro, Cholula, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de tres de marzo pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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