Enrique Gonzalez Morales

Expediente 999/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
999/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Enrique Gonzalez Morales
  • Juez de Oralidad Penal Y de Ejecución del Sistema Oral Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Con Sede En la Ciudad de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de una asunto concluido, sin que se devolviera el registro de audio y video contenido en un disco versátil digital DVD que remitió 1. Idalia Arciniega Arias, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, el cual, obra en un sobre transparente a foja 87 de este sumario constitucional y ya que resulta innecesario se provee: Devuélvase a la autoridad responsable: 1. Idalia Arciniega Arias, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, el disco DVD relativo a la carpeta judicial administrativa: 2343/2019/PUEBLA, previa certificación de su devolución, sin que sea necesario requerir el acuse de recibo respectivo, toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de dicha constancia. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable citada y cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoracio´n, depuracio´n, destruccio´n, digitalizacio´n, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los o´rganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), así como, en términos de la fracción III, párrafo cuarto de la sección relativa a los "Expedientes que Corresponde Clasificar como Depurables o Destruibles por los Juzgados de Distrito de Conformidad con el Punto Vigésimo Primero" del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, y se decretó de plano la suspensión de los actos que reclamó la parte quejosa, no es de relevancia documental, y es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, por lo que se deberán conservar las actuaciones relativas a la concesión de dicha medida cautelar, ya que ésta tiene efectos definitivos; sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Idalia Arciniega Arias), en apoyo a su informe justificado consistente en copia certificada de la causa penal 2343/2019/PUEBLA (anexo I), así como el registro de audio y video contenidos en un disco versátil digital (DVD), se ordena devolver dichos documentos a la autoridad citada; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de abril de dos mil veintiuno. RECEPCION OFICIO. Intégrese a los autos el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por medio del cual informa que en cumplimiento a la vista dada mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por posibles actos de tortura cometidos en agravio del quejoso Enrique González Morales, el cuatro de enero de dos mil veintiuno, inició una investigación que concluyó el diecisiete de febrero del actual, en el que refiere que después de haber realizado un estudio técnico jurídico respecto de los actos de tortura alegados, determinó el no ejercicio de la acción penal y el consecuente archivo al no encontrarse reunidos los extremos que exige el tipo penal de tortura para su configuración, de lo que, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y, por lista a las demás partes...

  4. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 999/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Enrique González Morales; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veinte mediante buzón judicial y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC", Enrique González Morales solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Idalia Arciniega Arias, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla y otras autoridades. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación, concesión de la suspensión de plano y prevención de demanda. Por acuerdo dictado el catorce de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 999/2020; asimismo, se concedió la suspensión de plano a favor del quejoso respecto del acto reclamado; se solicitaron los informes relativos a dicha suspensión y, se previno la demanda de amparo por los tres puntos precisados en dicha determinación. Tercero. Escrito aclaratorio de demanda. Mediante ocurso recibido el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Partes Comunes del edificio sede de este órgano jurisdiccional, se tuvo al promovente de amparo desahogando la prevención formulada en proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte. Cuarto. Primera suspensión por contingencia sanitaria. Mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo cual implicó: ( El trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, así como el seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. ( El trámite de casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio "en línea", con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones personales. ( De manera que para los casos restantes a los anteriores -como el presente-, se suspendieron los plazos y términos procesales del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Quinto. Reanudación del procedimiento, desechamiento parcial de la demanda y admisión. 1. Mediante Circular SECNO/1/2021, dirigida al público en general, al personal jurisdiccional y de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" del 12 al 18 de enero de 2021; y, en cumplimiento a lo instruido en la fracción II de dicha Circular, en relación a los Circuitos Judiciales diversos al Primero, Segundo, Decimoctavo y Decimoquinto, se determinó: ( Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órgano jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, ( Que como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. 2. En ese sentido, el doce de enero de dos mil veintiuno, en atención al levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, se ordenó notificar la citada reanudación a las partes; asimismo, este órgano jurisdiccional tuvo al quejoso desahogando la prevención que le fue formulada; de igual forma, desechó la acción constitucional únicamente por cuanto a la orden de cateo reclamada y, por otro lado, admitió parcialmente la demanda de amparo -sin incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Sexto. Segunda suspensión por contingencia sanitaria, reanudación del procedimiento y cita para audiencia. 1. Mediante circulares SECNO/8/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno y SECNO/9/2021 de seis de febrero de dos mil veintiuno, la Jueza Ileana Moreno Ramírez -Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órgano del Consejo de la Judicatura Federal- comunicó que en sesiones celebradas en las mismas fechas, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó los puntos para acuerdo denominados: i) "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 1 al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" y ii) "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 10 al 15 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; en los que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del AG13/2020. 2. Mediante circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, la Jueza Ileana Moreno Ramírez -Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órgano del Consejo de la Judicatura Federal- comunicó que en sesión celebrada en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; en el que para diversos circuitos -entre ellos el Sexto relativo a la circunscripción territorial del Estado de Puebla- se estableció -entre otras cuestiones- lo siguiente: i) Un régimen transitorio los días 16 y 17 de febrero de 2021, en los que serán aplicables las disposiciones del AG13/2020 y en los que los justiciables podrán acudir única y exclusivamente a presentar demandas y promociones; ii) Que los indicados días son inhábiles pero laborables para el personal jurisdiccional, de modo que la asistencia a los órganos jurisdiccionales se regirá conforme a las reglas del capítulo IV del AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, iii) Que a partir del 18 de febrero de 2021 se determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG21/2020 y que se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en su artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. 3. En resumen, las anteriores disposiciones implicaron lo siguiente: ( Del 1 al 17 de febrero de 2021, el trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, así como el seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. ( Del 1 al 17 de febrero de 2021, el trámite de casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio "en línea", con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones personales. ( De manera que para los casos restantes a los anteriores -como el presente-, se suspendieron los plazos y términos procesales del 1 al 17 de febrero de 2021, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. 4. En ese sentido, el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en atención al levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, se señalaron las diez horas con cuarenta y seis minutos del veintiséis de febrero del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos privativos de la libertad, atribuidos a autoridades judiciales de esa materia, cuya ejecución tiene lugar dentro de la residencia donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Enrique González Morales reclama: 1. La orden de aprehensión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en su contra dentro de la causa penal 2343/2019/PUEBLA del índice de 1. Idalia Arciniega Arias, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla; y, 2. Su ejecución. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS 1 1. Idalia Arciniega Arias, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla. Acepta. 85 y 86 2 2. Javier Darío López Luna, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal de la Fiscalía General del Estado de Puebla -en su denominación correcta-. Niega. 92 AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS 3 3. Fiscal General del Estado de Puebla, a través de su representante. Niega. 72 4 4. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, a través de su representante. Niega. 105 Tabla única. Apartado A. Inexistencia de los actos reclamados y sobreseimiento. La autoridad responsable ordenadora 2. Javier Darío López Luna, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal de la Fiscalía General del Estado de Puebla negó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la emisión de la orden de aprehensión reclamada, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dicha negativa. Consecuentemente, al no existir el acto reclamado a dicha autoridad, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio, respecto de esa autoridad responsable ordenadora. Apartado B. Existencia de los actos reclamados. En diverso sentido, la autoridad responsable ordenadora 1. Idalia Arciniega Arias, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, aceptó la existencia de la orden de aprehensión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en contra del aquí quejoso dentro de la causa penal 2343/2019/PUEBLA, de su índice. Certeza que se corrobora con las documentales que dicha jueza de control remitió en apoyo a su informe, consistentes en: ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada el ocho de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 2343/2019/PUEBLA, y, ( Copia certificada de los autos que conforman la aludida causa penal, con la que se formó el tomo I de pruebas del presente sumario constitucional. Las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por tratarse de documentales públicas. Por su parte, las autoridades responsables ejecutoras 3. Fiscal General del Estado de Puebla y 4. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla negaron la existencia del acto que se les reclama, consistente en la ejecución de la mencionada orden de captura; sin embargo, sus negativas se desvirtúan, ya que es cierto el acto reclamado a la referida jueza de control; motivo por el cual, por la naturaleza de las funciones que aquéllas tienen encomendadas, podrían ejecutar el acto reclamado existente; en consecuencia, se establece la certeza de éste por ser inminente su ejecución. Cuarto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La causa penal de la que deriva el acto reclamado, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que le son aplicables las disposiciones que regulan a este nuevo sistema. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de la orden de captura combatida se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. Quinto. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. A mayor abundamiento, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. En ese sentido, el suscrito considera que respecto de la orden de aprehensión reclamada opera la causal de improcedencia que resulta del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, consistente en el cambio de situación jurídica. Para explicarlo, el estudio se dividirá en cuatro temas: Tema 1. El significado del cambio de situación jurídica dentro de un procedimiento penal de corte acusatorio. Tema 2. La naturaleza de la orden de aprehensión, de la detención en casos de flagrancia o urgencia, del auto vinculación a proceso y de las medidas cautelares como formas de restringir la libertad personal. Tema 3. La postura la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 203/2017. Tema 4. Análisis del caso en concreto. Tema 1. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente cuando opere un cambio de situación jurídica. Esto es, para que opere ese cambio deben darse los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, en el procedimiento penal de corte acusatorio, la libertad personal puede restringirse por diversos motivos y el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen dicha restricción se llama situación jurídica y cada una de ellas por tener características peculiares no puede afectar a la otra, así que cada forma de restricción de la libertad -situación jurídica- en algunos casos excluye a la que le antecedió. Esas formas de restringir la libertad personal son: 1) La orden de aprehensión; 2) La detención en casos de flagrancia o urgencia; 3) La retención por los términos de cuarenta y ocho a noventa y seis horas por parte del Ministerio Público, mientras está integrando la carpeta de investigación; 4) La calificación del Juez de control respecto de dicha detención; 5) La detención que comprende desde que el imputado es puesto a disposición del juez de control, hasta el momento en que se define su situación jurídica, en términos del artículo 19 Constitucional, en cuanto establece que ninguna detención podrá exceder del término de setenta y dos horas, o bien, ciento cuarenta y cuatro horas en caso de que se solicite la duplicidad del término constitucional; 6) La imposición de medidas cautelares que restrinjan la libertad personal, como la prisión preventiva o arraigo domiciliario; 7) El auto de vinculación a proceso, que condiciona y justifica la imposición de las medidas cautelares; 8) La orden de reaprehensión; y, 9) La pena corporal impuesta por un Tribunal de Enjuiciamiento en sentencia. Por tanto, para los efectos del juicio amparo, la expresión cambio de situación jurídica dentro del procedimiento de corte acusatorio, no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal, esto es, dependiendo únicamente del carácter de imputado, procesado, acusado o sentenciado, como se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, así como de la materia de análisis que cada resolución judicial contiene. Tema 2. ( Orden de aprehensión. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece varios tipos de orden de aprehensión, a saber: 1. La orden de aprehensión, como forma inicial de conducción del imputado al proceso (ante ante-penúltimo párrafo; y fracción III del citado artículo 141); 2. La orden de aprehensión por contumacia (antepenúltimo párrafo del citado artículo 141). 3. La orden de aprehensión para reanudar el procedimiento penal, por conclusión del procedimiento de extradición en el Estado requirente, que el legislador denomina "orden de reaprehensión" (penúltimo párrafo del citado artículo 141); y, 4. La orden de aprehensión por incumplimiento de una medida cautelar (último párrafo del citado artículo 141). Así, la orden de aprehensión es considerada como una de las formas de conducción del imputado al proceso penal, cuando el Ministerio Público advierta necesidad de cautela; cuando la persona resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad. Lo anterior, porque el objetivo de la solicitud del dictado de una orden de aprehensión es poner al detenido a disposición del Juez de Control, para que el Ministerio Público formule imputación y exprese los datos de prueba, a fin de que se dicte el auto de vinculación a proceso y se formalice la investigación. Así, el Ministerio Público al solicitar el libramiento de una orden de aprehensión, expondrá ante la autoridad judicial las razones que sustenten su pretensión, en tanto que el Juez deberá resolver en audiencia lo conducente, debiendo pronunciarse sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En ese tenor, conforme al artículo 16 Constitucional y al diverso artículo 141 del Código Nacional, la orden de aprehensión -como forma de conducción al proceso- deriva de una investigación previa por parte del Ministerio Público y para que pueda librarse debe cumplirse con los siguientes requisitos:  Que sea emitida por la autoridad judicial.  Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito.  Que ese delito sea sancionado con pena privativa de libertad.  Que exista necesidad de cautela.  Que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por tanto, conforme al nuevo sistema de justicia penal, para el dictado de una orden de aprehensión sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y que exista necesidad de cautela. ( Detención en flagrancia o caso urgente. El artículo 16 constitucional prevé taxativamente los supuestos en los que está autorizada la afectación a la libertad personal, en torno a la detención de una persona, los cuales se reducen a la orden de aprehensión, flagrancia y caso urgente. De esta manera, por regla general, las detenciones deben estar precedidas por una orden de aprehensión; mientras que las detenciones en los casos de flagrancia y urgencia, son excepcionales. La detención en flagrancia ocurre cuando cualquier persona o autoridad detiene al imputado en el instante de la comisión del delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Por su parte, la detención por caso urgente es una figura excepcional, pero puede decirse que comparte los mismos requisitos que una orden de aprehensión, con la diferencia sustancial de que no es expedida por una autoridad judicial, sino por el Ministerio Público. Es importante hacer mención a dichas figuras excepcionales que afectan la libertad personal, porque el propio artículo 16 constitucional, en su párrafo séptimo, dispone que en los casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido, deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. En ese orden de ideas, el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la audiencia de control de la detención, en el sentido de que inmediatamente después de que la persona detenida en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez, se citará a una audiencia en la que se realizará el control de la detención. En dicha audiencia, el Ministerio Público deberá justificar ante el Juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretará la libertad en caso contrario. En relación con el control de la detención, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar respecto al cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; los derechos que goza una persona detenida; y, que no haya sido objeto de actos de incomunicación, tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esencialmente, se ha establecido como regla la invalidez de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido mediante violación a los referidos derechos fundamentales -entre otros-. Es decir, la labor del juzgador que controle la detención de un indiciado será verificar que ésta y otros actos íntimamente relacionados, hayan sido realizados conforme a las exigencias constitucionales, pues de lo contrario, dependiendo del grado en que haya acontecido la violación al derecho fundamental, se determinará la exclusión de los elementos probatorios o se calificará de ilegal la detención. ( El auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso consiste en la determinación mediante la cual el juzgador establece si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; en él se define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente; y es el momento oportuno para que, en su caso, se solicite la imposición de alguna medida cautelar, a fin de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, así como la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. El artículo 19 Constitucional prevé que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como una conducta ilícita y que exista la probabilidad de que el imputado la cometió o participó en su comisión. Por tanto, el auto de vinculación a proceso establece que existen méritos suficientes para iniciar una investigación penal judicializada, contra determinada persona, pues la representación social aportó datos de prueba suficientes que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Cabe agregar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que existe la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. ( Medidas cautelares. Conforme al artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares son resoluciones judiciales que tienen como fin asegurar la presencia del imputado durante el tiempo que dure el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Dichas medidas pueden ir desde una presentación periódica ante la autoridad hasta el dictado de la prisión preventiva, en casos en los que proceda de manera oficiosa o necesaria si otras medidas no son suficientes para lograr su fin. La reforma constitucional a través de la cual se modificó el sistema penal mexicano, al pasar de un sistema mixto a uno acusatorio oral, modificó radicalmente el procedimiento penal y sus etapas. En este tenor, debemos considerar que el auto de formal prisión -o incluso de sujeción a proceso- tenía como consecuencia inmediata, la restricción de la libertad del indiciado -aun en distinto grado-; mientras que el auto de vinculación a proceso responde a una lógica distinta, en la medida de que a través de él se formaliza la investigación y, posterior a su dictado y previa petición de la fiscalía, el Juez de Control podrá, si lo considera necesario para el normal desarrollo del procedimiento o por encontrarse ante un caso que amerite prisión preventiva oficiosa, dictar medidas cautelares, al tenor de las cuales eventualmente se pueda restringir la libertad personal del imputado. De ahí que las medidas cautelares sean una forma de restringir la libertad del imputado durante el tiempo que dura el procedimiento para asegurar su presencia en él, cuya gravedad variará según el caso en particular y el delito que se le atribuya, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 Constitucional y por el diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procederá la prisión preventiva oficiosa en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro, violación, trata de personas, entre otros. Tema 3. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 203/2017, reiteró que al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedían en la misma audiencia y existiera una relación jurídica entre ambos actos, se trataba de actuaciones cuya materia de análisis era diferente e iban sucediendo sin que existiera la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por tanto, señaló que la circunstancia de que el imputado haya sido vinculado a procedimiento penal, no lo imposibilitaba para que combatiera ante la instancia constitucional la calificación de la detención y las violaciones a los derechos fundamentales que tal acto le generó. De ese modo, consideró que la vinculación a proceso en ningún modo sustituye dicha calificación, ni destruye en su totalidad sus efectos y consecuencias, pues indudablemente los datos de prueba obtenidos con el aseguramiento, trascenderían para resolver la situación jurídica del imputado y a las posteriores resoluciones, incluso a aquellas que tendrían lugar en etapas procesales distintas. Lo último, -dijo- tornaba sumamente relevante examinar si esos datos de prueba fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. Razón por la cual, concluyó que cuando se cuestionaba en amparo indirecto el control de la detención, la circunstancia de que se haya vinculado el imputado, no actualizaba la causa de improcedencia del juicio por cambio de situación jurídica, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anteriormente expuesto, es de suma importancia para la emisión de criterios novedosos en los juicios de amparo en los que se analiza la referida causa de improcedencia, pues -como se vio- en el caso de la calificación de la legal detención no puede devenir un cambio de situación jurídica si con posterioridad se dictó un auto de vinculación a proceso; sin embargo, -se estima- tal circunstancia no representa la imposibilidad de que se materialice un cambio de situación jurídica respecto de diversos actos emitidos dentro de un procedimiento penal de corte acusatorio. Ciertamente, se considera que la situación jurídica dentro de un procedimiento penal del nuevo sistema, no únicamente la definirá el cambio de etapa sino también el tipo de análisis que en cada determinación deba realizar la autoridad. Es decir, si resulta diferente la materia de estudio que se efectúa sobre dos actos que tienen relación jurídica, se tendrán que analizar de forma separada y destacada dentro del juicio de amparo -como sucede con la calificación de la detención y la vinculación a proceso-, sin que implique un cambio de situación jurídica respecto del primero, pues atendiendo al principio de continuidad no existe la posibilidad de reabrirlo. En efecto, como lo señaló la Corte, el análisis que se desarrolla en la calificación de la detención y en el auto de vinculación a proceso, resulta diverso, ya que mientras en el primero se debe verificar el cumplimiento a los requisitos de flagrancia delictiva o urgencia, en el segundo se dirime si existen datos de prueba suficientes para establecer la existencia de hechos con apariencia de delito y de la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en ellos. En cambio, -a criterio de este órgano jurisdiccional- si la materia de análisis de una resolución coincide sustancialmente con la de diversa determinación y la segunda provoca que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en la primera, sí puede actualizarse el cambio de situación jurídica, ya que la resolución que en su momento definió la situación jurídica del quejoso fue cambiada o sustituida por otra que conllevó el similar estudio. En ese contexto, como la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso conllevan un mismo estudio, en el sentido de verificar la existencia de datos de prueba que establezcan la comisión de hechos con apariencia de delito y la probabilidad del imputado en su intervención, es evidente que el dictado de la segunda resolución ocasiona un cambio de situación jurídica respecto de la orden de aprehensión -como forma de conducción al proceso-. Asimismo, la imposición de medidas cautelares para garantizar la presencia del imputado durante el procedimiento sustituye automáticamente el argumento de cautela que, en su momento, se analizó al justificar la emisión de la orden de captura. Dicho en otras palabras, tanto la vinculación a proceso como la imposición de medidas cautelares, necesariamente generan un cambio en la situación jurídica que el quejoso guardaba antes de la ejecución de la orden de aprehensión; primero, porque a partir de la vinculación comienza la etapa de investigación formalizada; segundo, porque el quejoso se encontrará sujeto a las medidas cautelares impuestas y no al mandamiento de captura; y, tercero, porque tales resoluciones contienen la misma materia de estudio -como se apuntó-, provocando que las violaciones cometidas en la emisión de la orden queden irreparablemente consumadas. De ahí que si inicialmente se reclama la orden de aprehensión, por considerar que la misma importa violaciones directas al artículo 16 constitucional y, si con posterioridad a ésta, se dicta auto de vinculación a proceso en contra del quejoso y se le imponen medidas cautelares con fundamento en el artículo 19 constitucional, esto conlleva la imposibilidad de resolver respecto a las violaciones que el promovente aduce entraña el dictado de la orden de aprehensión combatida, sin afectar la nueva situación jurídica creada al dictarse el auto de vinculación y al imponerse medidas cautelares. Lo último, tomando en cuenta que se consideran consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que -asevera- se cometieron al librarse la orden de captura impugnada y, por tanto, se produce la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia. Aunado a ello, en observancia al principio de continuidad que rige al nuevo sistema penal, no es factible regresar al estudio de la orden de aprehensión cuando la vinculación a proceso rige la actual situación del procedimiento y del quejoso. Tema 4. Definido lo anterior, se tiene que el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada en su contra el siete de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 2343/2019/PUEBLA, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia de delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 13, 20, 21 fracción I, 312, 323, 326 fracción II, 328, y 331 del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Dionicio Paz Meza. Por otro lado, del disco en formato versátil digital (DVD) derivado de la causa penal de origen, se advierte que en audiencia de ocho de diciembre de dos mil veinte: ( Se formuló la imputación en contra del quejoso Enrique González Morales; ( Se le vinculó a proceso por considerarlo probable coautor material directo en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 326 fracción II, 328, 331, 13, 20, 21 fracción I y 94 del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Dionicio Paz Meza; ( Se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que durara el procedimiento; y, ( Se concedió el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. En esa virtud, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la orden de aprehensión girada en contra del ahora inconforme, ya que el ocho de diciembre del año pasado, se le vinculó a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. De ahí que ese cambio de situación jurídica provoque que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones constitucionales que reclama el quejoso relativas a la orden de aprehensión, ya que no es posible decidir sobre ésta sin afectar su nueva situación jurídica. Por tanto, con fundamento artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo indirecto, por cuanto a la orden de aprehensión dictada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 2343/2019/PUEBLA, por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del hecho con apariencia de delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 13, 20, 21 fracción I, 312, 323, 326 fracción II, 328, y 331 del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Dionicio Paz Meza. Sobreseimiento que se hace extensivo a su ejecución, ya que no se reclama por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo depender de la orden de captura materia del sobreseimiento. Atento a lo anterior, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra del citado acto en la presente contienda constitucional, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide el pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Finalmente, el suscrito no soslaya que no se logró el emplazamiento de la parte ofendida del delito y del fiscal interviniente en el controvertido penal de origen, en su carácter de parte tercera interesada; sin embargo, tomando en consideración el sentido de esta resolución, no resulta necesario que obre en el expediente la constancia de emplazamiento respectiva, por no irrogar algún perjuicio a dicha parte; además, de esperar su llamamiento a juicio, en nada cambiaría el sentido de la sentencia, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita que establece el artículo 17 Constitucional. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 63, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Enrique González Morales, contra los actos, autoridades y por los motivos precisados en los considerandos segundo, tercero, Apartado A, y quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, corriéndole traslado con copia de la presente resolución; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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