Enrique Hernandez Cruz

Expediente 166/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
166/2019
Año
2019
Actuaciones
22
Última actuación
14/05/2019

Partes del expediente

  • Enrique Hernandez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 181 a 185), misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de autos de los que se advierte que el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 181 a 185), se dictó sentencia en el presente controvertido constitucional, ordenándose notificar dicha resolución a la totalidad de las partes; sin embargo, a la fecha que se actúa no obran en autos las constancias de notificación del oficio OF. 144/2019-15 así como el diverso OF. 144/2019-16 y 21 dirigidos a las autoridades responsables 15. Dirección General de Coordinación de Unidades de Investigación Especializada adscrita a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla y 16. y 21.Unidad de Apoyo de Litigación, adscrito a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla; mismos que llevan insertos dicha determinación Consecuentemente, requiérase al actuario judicial de la adscripción, que haya correspondido notificar los citados oficios, para que a la brevedad posible entregue los acuses de recibo de dichos comunicados ante ésta Secretaría, o bien manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello.

  3. Principal

    PRIMERO. Esta sentencia no se ocupa de las autoridades que se tuvieron por inexistentes, en término del considerando tercero. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Enrique Hernández Cruz, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que a la fecha en que se actúa, no obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable 29. Unidad de Control de Indicios y Bienes Afectos; sin embargo, a efecto de evitar mayores dilaciones en la tramitación del presente juicio de amparo y en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que es un hecho notorio que en autos del incidente de suspensión derivado de este juicio obra el informe previo de tal autoridad, se ordena traer a la vista el mismo, para que surta sus efectos en el juicio de amparo 166/2019-B, agregando fotocopia certificada para que obren como corresponda. En tal sentido, con conocimiento de las partes, agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 29. Unidad de Control de Indicios y Bienes Afectos, con el que da cuenta el secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve (fojas 158 y 159), en el que se requirió al peticionario de amparo para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto a la denominación errónea de las autoridades responsables que señaló como: 5. Dirección General de Coordinación de Unidades de Investigación Especializada de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, 6. Unidad de Apoyo e Investigación Complementaria de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y 7. Unidad de Apoyo de Litigación de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa en el citado acuerdo y se tienen por inexistentes a dichas autoridades ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ellas. Ahora bien, del estado procesal que guardan las presentes actuaciones se aprecia que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (foja 14 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que al ser evidente que no habrán transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista del informe y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere, y en su lugar se señala como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten.

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