Enrique Bobadilla Luna
Expediente 621/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Enrique Bobadilla Luna
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio III-3823/2017 de la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el trece de julio de dos mil diecisiete, en el recurso de queja Q-65/2017, interpuesto por ********* contra el auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías; testimonio en el cual en su punto resolutivo señala: "ÚNICO.- Se declara infundado el recurso de queja hecho valer por *********** a través de su autorizado, en contra del auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo indirecto 621/2017, por la Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, donde se desechó, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo que promovieron." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual comunica que por auto dictado por el Presidente de dicho órgano colegiado el dieciocho de enero del actual, se admitió el recurso de queja interpuesto por Ignacio Martínez Zepeda, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de los quejosos Enrique Bobadilla Luna, María del Carmen Velázquez Ramírez, Jonathan Ernesto Bobadilla Velázquez y Javier Bobadilla Velázquez, en contra del auto dictado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, quedando registrado bajo el recurso de queja 65/2017, de lo que queda enterada la suscrita Juzgadora para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los presentes autos el escrito de expresión de agravios signado por Ignacio Martínez Zepeda, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de los quejosos Enrique Bobadilla Luna, María del Carmen Velázquez Ramírez, Jonathan Ernesto Bobadilla Velázquez y Javier Bobadilla Velázquez, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo dictado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo 621/2017-B; por el cual se desechó su demanda de derechos fundamentales; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, 98 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase el informe respectivo, manifestando que es cierto que con esa fecha se dictó el auto impugnado y, una vez que conste la notificación por lista a la parte promovente del presente auto, remítase el original del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, conjuntamente con copia certificada de todo lo actuado en este expediente en que se provee, toda vez que no hay más partes a notificar. Así mismo, glósese para constancia copia del escrito de expresión de agravios.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Visto el oficio 26516/2017 signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto 594/2017 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Enrique Bobadilla Luna, María del Carmen Velázquez Ramírez, Jonathan Ernesto Bobadilla Velázquez y Javier Bobadilla Velázquez; fórmese expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el número 621/2017-B, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, toda vez que de dichas constancias se advierte que el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se abstuvo de conocer de la presente demanda de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Amparo, porque fue señalado como autoridad responsable; por tanto, la suscrita Jueza Federal acepta la competencia y se avoca al conocimiento de dicha demanda de amparo. Acúsese recibo de estilo. Así, del análisis integral realizado a la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, consiste en: "(.) De la Autoridad responsable marcada con el inciso D) del punto que antecede, se reclama el ilegal e inconstitucional artículo 18 de la Ley de Amparo aplicado para el dictado de la ilegal sentencia emitida por la misma autoridad en fecha VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, dentro del juicio de garantías número 1514/2016. (.)" Y, de Rogelio Zúñiga Sánchez, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de delitos contra la salud, perteneciente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, lo siguiente: "(.) De la Autoridad responsable marcada con el inciso E) del punto que antecede, se reclama cualquier acto tendiente a poner a disposición de cualquier otra autoridad o bien, privar de la propiedad de los bienes muebles e inmuebles que han quedado precisados enjuicio de amparo (sic) número 1514/2016 tramitado ante la responsable C. Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como se abstenga de inscribir documento alguno que trasmita la propiedad o grave el inmueble o muebles propiedad de los suscritos. (.)" Por tanto, debe concluirse que la acción constitucional ejercida mediante la demanda de garantías que se analiza deviene improcedente, pues se advierte que respecto del acto que se reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia. En efecto, el artículo 61 fracción IX de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...). IX.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" De conformidad con el precepto mencionado, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. El precepto y fracción citados son claros al establecer la improcedencia del juicio de amparo en contra de resoluciones dictadas en otro juicio de garantías, lo que se traduce en el hecho que, no puede intentarse el juicio de garantías en contra de actos que se reclamen a un Juzgador Federal. Lo anterior obedece a que los órganos de amparo ejercen la facultad de control constitucional de los actos dictados por las autoridades del Estado; por lo que, sus resoluciones o actos al respecto no pueden ser cuestionadas por otro órgano de control constitucional, mediante la promoción del juicio de amparo. De lo que se sigue que la acción constitucional ejercida mediante la demanda de amparo que se analiza es improcedente, pues en ella los inconformes reclaman la resolución dictada el veintisiete de abril del año en curso, en autos del juicio de Amparo 1514/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y los actos relacionados con el cumplimiento de la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 510/2015-II, del Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla; lo que sin lugar a dudas trae como consecuencia la actualización del motivo de improcedencia citado, dado que el acto reclamado por la parte quejosa Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, fue emitido en un juicio de amparo y al Agente del Ministerio Público de la Federación el cumplimiento a una ejecutoria de amparo; y dichos actos no se encuentran sujetos al control constitucional, debido a que precisamente fueron dictados por un órgano que ejerce dicha función, como órgano de amparo y su ejecución. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo, contra las cuales éste es improcedente, son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea una sentencia, en una aclaración de ésta o en los recursos de revisión, queja o reclamación, inconformidad, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía e identidad jurídica en lo sustancial el criterio que a continuación se transcribe. AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA MULTA IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE QUEJA EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE DICHO JUICIO. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 61, fracción VI y 113 de la Ley de Amparo , se advierte que: a) contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito no procede recurso alguno y el juicio de amparo en su contra es improcedente; b) la función de tales órganos es netamente jurisdiccional; y, c) si al examinar el escrito de demanda de amparo se advierte alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. Asimismo, de los numerales reseñados se abstrae que cuando el acto reclamado consista en una multa impuesta en la resolución de un recurso de queja emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia toda vez que dicha resolución es definitiva y no admite recurso alguno, sin que pueda caber una excepción a la regla general prevista en la fracción VI del artículo 61 aludido, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones emitidas por aquél se delimitó tanto en la Ley de amparo, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que no es sostenible una interpretación diversa que permita impugnarla, pues de lo contrario, se vaciaría el contenido de la disposición constitucional que le otorga el carácter de definitiva e inatacable; además de que durante el trámite del recurso de queja la autoridad responsable puede contestar la omisión imputada y aportar las pruebas que estime conducentes para justificar su dicho. No pasa inadvertido para la suscrita Juzgadora Federal, que los solicitantes de amparo, reclaman del a) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, b) Senado de la República y c), Director General del Diario Oficial de la Federación, su respectiva participación en el proceso legislativo que culminó con la expedición del artículo 18 de la Ley de Amparo, el cual se invocó en la sentencia de veintisiete de abril de dos mil diecisiete dictada por el Homólogo Federal oficiante. En principio, debe decirse que cuando se trata de un juicio de amparo en contra de una ley, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, no se puede desvincular el estudio de la disposición impugnada (como la parte quejosa lo reclama) del que concierne a su acto de aplicación y, en ese supuesto el Juzgador de garantías debe observar las siguientes reglas: a) Analizar si el juicio de amparo resulta procedente respecto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y, de no acontecer así, impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. b) De tratarse del primer acto de aplicación, examinar si en relación con él no se actualiza una causa de improcedencia y, de ser así, desechar la demanda o sobreseer en el juicio, respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. c) Ahora bien, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación y por no actualizarse en relación a él diversa causa de improcedencia, procederá a analizar la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." De ahí que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento en los que se apoya, ya que la norma en abstracto no causa agravio alguno, sino lo será el acto concreto de aplicación, y éste es notoriamente improcedente En consecuencia, es indudable que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción IX de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados en la presente instancia constitucional fueron emitidos en un juicio de amparo (en este caso el atribuido al Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla), así como derivan del cumplimiento a la sentencia de amparo - fase de ejecución - (en este caso el atribuido al Agente del Ministerio Público responsable); por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo que se analiza, por ser notoria e indudable la causa de improcedencia anotada. Ahora bien, toda vez que los promoventes señalan como domicilio para oír notificaciones uno ubicado en calle Mina, número doscientos noventa y ocho, colonia La Ribera, Xicotepec de Juárez, Puebla, y toda vez que el mismo se encuentra fuera de la circunscripción de éste Juzgado Federal; en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la Tesis aislada número XXII.1°.22k, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Enrique Bobadilla Luna, María del Carmen Velázquez Ramírez, Jonathan Ernesto Bobadilla Velázquez y Javier Bobadilla Velázquez, al tener registradas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Y, por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo al resto de los profesionistas que mencionan en su escrito de demanda de amparo, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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