Enrique Juan Garcia
Expediente 726/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 02/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Enrique Juan Garcia
- L. V. A. J.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el quince de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticuatro de noviembre al catorce de diciembre de dos mil diecisiete sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar el duplicado de la causa penal 285/2016 que remitió la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele dicho anexo, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL L.V.A.J. de identidad reservada, y de su representante Diana Juan Rubio, por conducto de la Asesora Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la República (Licenciada María Janet De la Cruz García) LA RESOLUCIÓN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: quince de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogándola mediante el escrito con el que se da cuenta; en tal virtud, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 51 a 69), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo a Enrique Juan García, para el efecto de que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, una vez que cause ejecutoria y se le requiera el cumplimiento de esta sentencia, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en el proceso penal 285/2016 de su índice: a) Deje insubsistente la determinación de uno de junio de dos mil diecisiete, dictada dentro de los autos de la causa penal 285/2016 por la cual fijó los montos a efecto de que el procesado accediera al beneficio de la libertad provisional bajo caución; y, b) Con plenitud de jurisdicción, emita otro en el que de manera fundada, motivada y congruente, siga los lineamientos precisados en esta resolución, es decir: b.1) Para aplicar la respectiva caución personal, analice las características del inculpado y realice un análisis objetivo de la posibilidad que tiene para sufragar la cantidad que se le imponga (asequibilidad), así como la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito, tal como lo preceptúa el artículo 20, apartado A, fracción I de la Constitución Federal (anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho). b.2) En relación a las cantidades fijadas por concepto de multa, de considerar que no se deben fijar las mínimas relativas a los delitos que se le siguen en la causa penal de origen, deberá dar la motivación necesaria que lo llevó a considerarlo de esa manera. b.3) Referente al rubro de reparación de daños, deberá exponer qué fue lo inferido de los medios de prueba que invoque y explique el por qué tales probanzas son las idóneas para demostrar las cantidades que por ese rubro se fijaron, dando una explicación detallada del porqué de las cantidades que determine." Determinación que en auto de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 81 y 82). Mediante oficio 8916 de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 110 a 122), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal 285/2016 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución reclamada de uno de junio de dos mil diecisiete, así como la diversa de veintitrés de octubre del mismo año, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a fijar los montos a efecto de que el quejoso Enrique Juan García, accediera al beneficio de la libertad provisional bajo caución. Determinación de la cual se advierte que, respecto al concepto de caución personal del quejoso, analizó las características del inculpado, los elementos de naturaleza, modalidades y circunstancias del delito y, conforme a lo anterior, realizó un análisis objetivo de la posibilidad que tiene para sufragar la cantidad que le impuso, al referir: "I.- ANTECEDENTES DEL ACUSADO. II.- GRAVEDAD Y CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO IMPUTADO. III.- EL MAYOR O MENOR INTERÉS QUE PUEDE TENER EL ACUSADO EN SUSTRAERSE A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA. IV.- CONDICIONES ECONÓMICAS DEL ACUSADO. V.- LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE SE OFREZCA. VI. ANÁLISIS OBJETIVO. a).- Con la finalidad de que el procesado ENRIQUE JUAN GARCÍA cumpla con las obligaciones que le impone el artículo 366 el Código Procesal para el Estado; se fija la cantidad de $9,125.00 NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, cantidad que se fija tomando en consideración las circunstancias y modalidades de ejecución del ilícito en comento, ya especificadas en líneas que anteceden y que en aras de economía procesal en este apartado se dan por reproducidas como si a la letra se insertasen, aunado a que presenta un MÍNIMO interés en sustraerse a la acción de la justicia, ya que radica en esta jurisdicción con su familia, y le es difícil desarraigarse con su escasa economía de $50.00 pesos cero centavos diarios; numerario que se fijó tomando en consideración que el ilícito se sanciona con una pena de prisión de 1 uno a 5 cinco años de prisión (artículo 261 fracción II del Código Penal del Estado); lo que permite concluir que el monto impuesto no es excesivo ni se encuentra fuera de los alcances económicos del procesado, pues para fijar el mismo se tomó en consideración un año equivalente a 365 multiplicado por $25.00 pesos cero centavos el monto que equivale al 50% del salario que dijo devengar ENRIQUE JUAN GARCÍA, y por consiguiente hace asequible para el inculpado dicho monto." (foja 114). Por otro lado, el juez de la causa al fijar el monto por concepto de multa, consideró fijar la mínima relativa al delito que se le sigue en la causa penal de origen, al referir: "a).- Con la finalidad de que el procesado ENRIQUE JUAN GARCÍA cumpla con las obligaciones que le impone el artículo 366 el Código Procesal para el Estado; se fija por el monto de la multa de 20 días de salario mínimo vigente en la comisión del evento delictivo tomando en consideración la situación precaria de la economía del procesado, mismo que asciende a $1,402.00 pesos, mil cuatrocientos dos pesos, cero centavos moneda nacional, que se obtiene al multiplicar 20 días por $70.10, salario mínimo vigente en la época de la comisión del evento delictivo, cantidad que se fija tomando en consideración las circunstancias y modalidades de ejecución del ilícito en comento, ya especificadas en líneas que anteceden y que en aras de economía procesal en este apartado se dan por reproducidas como si a la letra se insertasen, aunado a que presenta un mínimo interés en sustraerse a la acción de la justicia, ya que radica en esta jurisdicción con su familia y le es difícil desarraigarse con su escasa economía de $50.00 pesos cero centavos diarios; multa que se fijó tomando en consideración que el ilícito se sanciona con una multa de 20 a 200 días de salario; lo que permite concluir que el monto impuesto no es excesivo ni se encuentra fuera de los alcances económicos del procesado." (fojas 121 y 121 vuelta). Por cuanto hace al concepto de reparación del daño moral, juez expuso los medios de prueba del proceso penal en los que se apoyó para determinar la cantidad que fijó, y el por qué los mismos eran los idóneos para fijar dicha cantidad, al establecer: "Por ello si bien para la fijación del monto de la reparación del daño de decoro de la menor, los dictámenes psicofisiológico ginecológico y proctocológico, número 2068, signado la doctora Consuelo de la Rosa Morales, de fecha 19 diecinueve de junio de 2015 (foja 24-25), se encontró a la menor si afectación vaginal ni proctológica, y que del dictamen psicológico número 2022/2015 de fecha 22 de diciembre de 2015 (foja 41-43), no se desprende afectación psicológica, lo cierto es que ello no es un requisito para que exista una afectación en los derechos de personalidad de la víctima, pues se hace hincapié que tal derecho se lesiona al dañar el decoro de la menor agraviada y que posiblemente fue dañado por el ahora procesado Enrique Juan García, pues se ejecutaron en el cuerpo de la menor agraviada actos eróticos sexuales, sin el propósito de llegar a la cópula y sin el consentimiento de la menor ofendida ya que únicamente tenía como finalidad el sujeto activo satisfacer su libido sexual, tal y como se acredita de las probanzas tomadas en consideración en el auto de formal prisión consistentes en: La denuncia formulada por DIANA JUAN RUBIO. a) Se le fija a ENRIQUE JUAN GARCÍA por concepto reparación del daño moral ocasionado a la menor ofendida Lizzi Violeta Andrade Juan el importe equivalente a 72 días de salario mínimo en el Estado al momento de los hechos, que asciende a la cantidad de $3,505.00 tres mil quinientos cinco pesos cero centavos moneda nacional, que resulta de multiplicar $70.10 por 50 días de salario a fin de garantizar el daño moral ocasionado a la menor ofendida Lizzi Violeta Andrade Juan. (fojas 116 a 119). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito con el que se da cuenta de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida ya que el juez de la causa, no toma en consideración el estado procesal que guarda actualmente el quejoso, quien tiene más de un año internado en el Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla. Dichas manifestaciones resultan infundadas, en virtud de que como se ha indicado, la autoridad responsable ha dado cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; en cambio las manifestaciones de la parte quejosa, se refieren a cuestiones diversas de las indicadas en la ejecutoria de amparo, lo cual no es materia de verificar en el cumplimiento del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de veinticinco de octubre pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad pretendiendo dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Lo anterior, es así ya que si bien en resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, con la que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictada en la causa penal 285/2016 de su índice, primeramente refiere dejar sin efectos la resolución reclamada de uno de junio de dos mil diecisiete (foja 91 vuelta); posteriormente, en el primer punto resolutivo de dicha determinación, manifiesta dejar sin efectos el auto combatido de uno de julio de dos mil diecisiete (foja 102), lo cual resulta contradictorio. Asimismo, en la ejecutoria de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo para el efecto de que el juez responsable con plenitud de jurisdicción, de forma fundada, motivada y congruente dictara otra determinación en la cual procediera a fijar los montos para que el quejoso obtuviera su libertad provisional bajo caución. Para lo cual, respecto del concepto de caución personal, debía tomar en consideración las características del inculpado, realizar un análisis objetivo de la posibilidad que tiene para sufragar la cantidad que se le imponga (asequibilidad), así como la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito imputado tal como lo preceptúa el artículo 20, apartado A, fracción I de la Constitución Federal (anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho). En relación a la cantidad fijada por concepto de multa, de considerar que no se debía fijar la mínima relativa al delito que se le sigue en la causa penal de origen, debería establecer la motivación necesaria que lo llevó a considerarlo de esa manera. Referente al rubro de reparación de daños, debería exponer qué fue lo inferido de los medios de prueba que invocara y explicara el por qué tales probanzas eran las idóneas para demostrar las cantidades que por ese rubro fijara, dando una explicación detallada del por qué de las cantidades que determinara. Sin embargo, el juez responsable, respecto del primer concepto de caución personal, refirió lo siguiente: "a).- Con la finalidad de que el procesado ENRIQUE JUAN GARCÍA cumpla con las obligaciones que les impone el artículo 366 el Código Procesal para el Estado; se fija la cantidad de $27,375.00 veintisiete mil trescientos setenta y cinco PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL cantidad que se fija tomando en consideración las circunstancias y modalidades de ejecución del ilícito en comento, ya especificadas en líneas que anteceden y que en aras de economía procesal en este apartado se dan por reproducidas como si a la misma letra se insertasen, aunado a que presenta un MINIMO interés en sustraerse a la acción de la justicia, ya que radica en esta jurisdicción con su familia, y le es difícil desarraigarse con su escasa economía de $50.00 pesos cero centavos diarios; numerario que se fijó tomando en consideración que el ilícito se sanciona con una pena de prisión de 1 uno a 5 cinco años de prisión (artículo 261 fracción II del Código Penal del Estado); lo que permite concluir que el monto impuesto no es excesivo ni se encuentra fuera de los alcances económicos del procesado." (foja 94). Sin que se advierta que, el juez de la causa se haya ceñido a lo establecido a la ejecutoria de amparo en el sentido de que el monto a fijar respecto de dicho concepto, debería ser asequible para el inculpado, es decir, accesible a su capacidad económica; y mientras careciera de elementos probatorios que le permitieran esclarecer que el inculpado puede disponer de la nueva cantidad fijada, sin afectar su subsistencia porque cuenta con otros medios de allegarse de recursos económicos, tendría que fijar el monto que caucione las obligaciones procesales en un porcentaje del parámetro que utilizó, que en el caso es el sueldo, lo cual no podría ser superior al cincuenta por ciento del mismo. No obstante lo anterior, el juez del proceso fija por dicho concepto la cantidad de $27,375.00 (veintisiete mil trecientos setenta y cinco pesos cero centavos moneda nacional), sin que tome en consideración lo antes precisado (sus escasos ingresos económicos). Por otro lado, respecto del concepto de la posible multa a imponer, el juez responsable refirió: "a).- Con la finalidad de que el procesado GIOVANNI BERRA GUTIÉRREZ (sic) cumpla con las obligaciones que les impone el artículo 366 el Código Procesal para el Estado; se fija multa de 42 días de salario vigentes en la comisión del evento delictivo tomando en consideración la situación precaria de la economía del procesado, mismo que asciende a $ 2,944.20 dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos, veinte centavos moneda nacional, que se obtiene al multiplicar 42 días por $70.10, salario mínimo vigente en la época de la comisión del evento delictivo cantidad que se fija tomando en consideración las circunstancias y modalidades de ejecución del ilícito en comento, ya especificadas en líneas que anteceden y que en aras de economía procesal en este apartado se dan por reproducidas como si a la misma letra se insertasen, aunado a que presenta un MÍNIMO interés en sustraerse a la acción de la justicia, ya que radica en esta jurisdicción con su familia, y le es difícil desarraigarse con su escasa economía de $50.00 pesos cero centavos diarios; multa que se fijó tomando en consideración que el ilícito se sanciona con una multa de 20 a 200 días de salario; lo que permite concluir que el monto impuesto no es excesivo ni se encuentra fuera de los alcances económicos del procesado." (foja 101 y 101 vuelta). Empero, en la ejecutoria de amparo se estableció que en el supuesto de que el juez de la causa procediera a fijar, respecto de dicho concepto una cantidad superior a la mínima establecida por el delito imputado al quejoso, debía motivar las circunstancias que lo llevaron a considerarlo de esa manera. Sin embargo, el juez responsable, respecto del concepto en estudio se refirió a diverso procesado y no al aquí quejoso y procedió establecer una multa superior a la mínima equivalente a cuarenta y dos días de salario vigente en el lugar de la comisión el delito imputado equivalente a $2,944.20 (dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con veinte centavos moneda nacional); siendo que el delito imputado al quejoso es el de ataques al pudor, previsto y sancionado por los artículos 260 y 261, fracción II del Código Penal del Estado de Puebla (que establece una multa de veinte a doscientos días de salario mínimo); sin que el juez proceda establecer un razonamiento lógico jurídico respecto del monto establecido. Y, por cuanto hace al concepto de reparación de daños, el juez argumentó: "a). Se le fija a ENRIQUE JUAN GARCIA por concepto reparación del daño moral ocasionado a la menor ofendida LIZZI VIOLETA ANDRADE JUAN el importe equivalente a 72 días de salario minino vigente en el Estado al momento de los hechos, que asciende a la cantidad de $5,047.20 cinco mil cuarenta y siete pesos, con veinte centavos MONEDA NACIONAL, que resulta de multiplicar $70.10 por 72 días de salario A FIN DE GARANTIZAR EL DAÑO MORAL OCASIONADO A la menor ofendida LIZZI VIOLETA ANDRADE JUAN." (foja 99). Siendo que, en la ejecutoria de amparo se dijo que para fijar dicho monto el juez debía de exponer qué fue lo inferido de los medios de prueba que invocara y explicara por qué tales probanzas eran las idóneas para demostrar la nueva cantidad a fijar. Sin embargo, el juez responsable respecto de dicho concepto, procede a fijar un importe equivalente a setenta y dos días de salario mínimo vigente en el Estado de Puebla al momento de los hechos, equivalente a $5,047.20 (cinco mil cuarenta y siete pesos con veinte centavos moneda nacional), que dice resulta de multiplicar $70.10 (setenta pesos con diez centavos moneda nacional) por setenta y dos días de salario, para lo cual toma en consideración el dictamen psicofisiológico, ginecológico y proctológico, número 2068, signado por la doctora Consuelo de la Rosa Morales de diecinueve de junio de dos mil quince, en el que concluye que la menor no presenta afectación vaginal, ni proctológica; y que del diverso dictamen en psicología número 2022/2015 de veintidós de diciembre de dos mil quince, no se desprende afectación psicológica de la menor; lo que evidencia que el juez de la causa no se ciñe a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. En tal virtud, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, para que en el improrrogable término de tres días, contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, de cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, conforme a las especificaciones antes precisadas, en el entendido que deberá dejar sin efectos el auto de uno de junio de dos mil diecisiete, así como el de veintitrés de octubre de la presente anualidad con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en auto de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. De igual forma, (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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