Enrique de Jesus Villanueva Pinto

Expediente 1090/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1090/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • Enrique de Jesus Villanueva Pinto
  • ENRIQUE DE JESUS VILLANUEVA PINTO y Otros.
  • Jose Guadalupe Lopez Arias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El dieciséis de enero de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo a los quejosos 1. *** y 2. ***, respecto de la determinación que calificó de legal su detención y del auto de vinculación a proceso, dictados en audiencia inicial de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 758/2022 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Inconforme con el fallo de amparo, la autoridad tercera interesada Adolfo Santiago Vásquez, Agente del Ministerio Público Federal del Equipo de Investigación y Litigación adscrito a la Cédula D-VI-2 Tehuacán de la Fiscalía General de la República Delegación Estatal en Puebla, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 48/2023, en donde mediante ejecutoria dictada el veinte de abril de dos mil veintitrés confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia recurrida. Mediante acuerdo emitido el nueve de mayo de la presente anualidad, se tuvo por recibida la indicada ejecutoria; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Marco Antonio Meneses Aguilar, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por auto dictado el dieciséis de mayo del año en curso, se tuvo a Samuel Jiménez Morato, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, realizando lo siguiente: ( Comunicando que Marco Antonio Meneses Aguilar -autoridad responsable a quien se le requirió cumplir con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio-, fue nombrado como Magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Durango, y que por ese motivo consideró que existía una imposibilidad para que dicho funcionario diera cumplimiento al fallo constitucional; ( Informando que Jorge Eduardo Ramírez Téllez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, fue quien sustituyó al ahora Magistrado Marco Antonio Meneses Aguilar; y, ( Solicitando a este juzgado que indicara si existía algún impedimento en que el juzgador sustituto diera cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada. En virtud de lo anterior, se tuvo como autoridad sustituta a Jorge Eduardo Ramírez Téllez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, y se le requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Para dar margen a ello y a fin de no comprometer el principio de inmediación y el debido proceso, citados en los efectos del amparo concedido, se le constriñó para que en la audiencia en la que habría dar cumplimiento al mismo, realizara lo siguiente: 1. Después de dejar sin efectos las resoluciones de la calificación de la detención y vinculación a proceso, dictadas en audiencia oral de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós -actos reclamados-, en presencia de las partes comparecientes, reprodujera en su integridad el registro de audio y video de esa audiencia; luego, reiterara y dejara intocado todo lo manifestado por las partes en el debate que se sostuvo en aquélla, lo que significaba que las mismas no podrían intervenir ni incorporar información diversa a la ahí vertida. 2. Enseguida, con base en lo considerado en la sentencia de amparo y con libertad de jurisdicción, cumpliera con el resto de los efectos de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales. Lo anterior, pese que en la sentencia de amparo se haya señalado que el entonces juez de control Marco Antonio Meneses Aguilar sería quien debía presidir y desahogar la audiencia en la que se daría cumplimiento a la ejecutoria, en observancia a los citados principios de inmediación y debido proceso. No obstante, se consideró que la medida adoptada -reproducción del registro de audio y video de la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós- era la más acorde para respetar tales principios y el diverso de contradicción, al no permitir que las partes expusieran diversos alegatos o información para sustentar su teoría del caso, en agravio de su contraparte y beneficiándose de lo omitido en esa audiencia. Finalmente, en proveído de treinta y uno de mayo del actual, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestaran lo que estimaran conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se declaró inconstitucional la resolución dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 758/2022, mediante la cual, el juez de control responsable calificó de legal la detención de los quejosos 1. ***y 2. ***; por ende, se les concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicha determinación. Lo anterior, por violar el derecho humano a la legalidad, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello se justificó, en lo que interesa, con base en los siguientes razonamientos: A. No obstante la dilación en la puesta a disposición de los quejosos que se advirtió, se indicó que lo que llamó la atención de este órgano jurisdiccional, sobre todo, y que podría derivar en la exclusión de datos de prueba, era el hecho de que los policías aprehensores, desde la detención en flagrancia, no rigieron su actuar bajo el mando y conducción del ministerio público. En efecto, se destacó que la fiscalía, en audiencia, nunca refirió que una vez que los elementos de seguridad informaron a los quejosos que quedaban detenidos, les hicieran saber sus derechos y les realizaran la inspección a su persona, hayan efectuado, por indicación del ministerio público federal, el resto de los actos de investigación comprendidos hasta la puesta a disposición. B. Se explicó que el parte informativo es el documento por el cual la policía informa al Ministerio Público las circunstancias en que se desarrolló su intervención con motivo de sus funciones, que puede referirse a las circunstancias que dieron lugar a la detención de una persona y a su puesta a disposición, así como al cumplimiento de alguna otra diligencia que le haya encomendado relacionada con la investigación y persecución de los delitos, como puede ser la búsqueda de evidencias, testigos o lugares; localización de personas o domicilios; proporcionar seguridad en la ejecución de órdenes de cateo y aseguramiento de bienes, por mencionar algunas. C. Asimismo, se aludió a que el artículo 21, párrafo primero, constitucional establece expresamente una de las facultades del Ministerio Público, la cual comparte con la policía, en tanto señala que corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos, así como que esta función también la ejercerá la policía, pero bajo la conducción y mando de aquél. Esto es, se dijo que si bien en la policía recaía una importante función de Estado para la salvaguarda de la seguridad pública, en tanto que se trataba de un órgano de operación fáctica, en el ámbito de investigación y persecución del delito, su función no era arbitraria en la medida que el ejercicio de sus facultades legales debía estar siempre subordinado al mandato del Ministerio Público. D. Entonces, se consideró que toda diligencia que debía realizar la policía que tuviera como finalidad la investigación y la persecución del delito tenía que estar precedida, supervisada y supeditada a las órdenes que le instruyera el órgano ministerial. E. Se refirió que este imperativo constitucional restringe el parámetro de intervención de la policía y aporta un fuerte contenido de seguridad jurídica para los gobernados en el sentido de que los cuerpos de la policía no tienen autorización, en términos constitucionales, para actuar arbitrariamente; en especial, tratándose de la detención por la comisión de delito en flagrancia, como excepción al derecho humano a la libertad personal, pues implica que la policía una vez lograda la detención en ningún caso está facultada para realizar acciones relacionadas con la investigación del delito, sin autorización del Ministerio Público; por el contrario, en términos del artículo 16 constitucional tienen la obligación de poner inmediatamente al detenido a disposición de la representación social. F. En ese sentido, se explicó que en el contexto de una detención por flagrancia, el ámbito restringido de actuación de la policía y el mandato de puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público, tienen una íntima relación operativa y comparten el mismo objetivo constitucional: que la detención por flagrancia materialmente constituya una verdadera excepción a la afectación del derecho humano a la libertad personal. G. Así, se dijo que aun cuando la actuación de la policía en los casos de detención en flagrancia tiene las limitaciones aludidas, adquiere una particular trascendencia, pues constituyen fuente directa de información en relación con las circunstancias que se desarrollaron como parte de su actuación, como son el tiempo y lugar en que se efectuó la detención, la descripción a detalle de las circunstancias que la motivaron, así como el hallazgo y resguardo de las evidencias que encontraron, todo lo cual hacen del conocimiento del Ministerio Público, a través del parte informativo que rindan al respecto, con el que se puede construir la base para la formulación de la imputación jurídico penal. H. Por consiguiente, se destacó que era indispensable distinguir entre el hallazgo y resguardo de evidencias que realiza la policía, de las diligencias que efectúa para la investigación y la persecución del delito, pues únicamente las últimas requieren estar precedidas, supervisadas y supeditadas a las órdenes que le instruya el Ministerio Público. I. Para tal efecto, se refirió que debe tenerse en cuenta que, por regla general, la policía, en el conocimiento de un hecho delictivo en flagrancia, por sí misma puede resguardar los indicios, instrumentos, objetos o productos del delito, esto es, aquéllos que haya encontrado en el lugar de los hechos, en el momento mismo de cometerse el delito, o bien, inmediatamente después de cometido, durante su persecución ininterrumpida. Mientras que, fuera de ese contexto, necesariamente la actuación de la policía deberá entenderse como una diligencia para la investigación y persecución del delito, que tiene que estar precedida, supervisada y supeditada a las órdenes que le instruya la representación social. J. Asimismo, se señaló que el mandato constitucional descrito encontraba eco en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, establece las obligaciones de la policía, quien, precisamente, actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. K. En ese contexto normativo, se consideró que, en el particular, los elementos aprehensores debieron dar aviso inmediato al ministerio público de la federación sobre la detención de los ahora quejosos y de los hallazgos encontrados y asegurados, así como informarle el resultado de las inspecciones efectuadas al lugar de la detención y a los objetos asegurados, a fin de que aquél coordinara la investigación y diera las instrucciones relativas a la inmediata disposición de los detenidos. Asimismo, se dijo que los policías debieron obtener la autorización por parte de la fiscalía para el aseguramiento de los vehículos que tripulaban los quejosos. Especialmente, el permiso del ministerio público para recabar entrevistas a las víctimas y a los detenidos. L. Al respecto, se destacó que de uno de los datos de prueba expuestos por el fiscal, consistente en el parte de novedades con número de terminación 991/2022 de 18 de septiembre de 2022, se advertía información relevante en relación con el delito y la participación de los qujeosos; sin embargo, se precisó que aquél nada dijo en relación con alguna intervención de su parte desde el instante siguiente a la detención material de los quejosos hasta el momento previo a su puesta a disposición ante la indicada representación social, lo que -se estimó-hacía factible presumir que la actuación de la policía aprehensora fue arbitraria y, por ende, esto se traducía en la ilegalidad de la información de cargo obtenida durante ese lapso. M. Asimismo, se señaló que también podía deducirse que los policías siguieron instrucciones del Instituto Nacional de Migración -autoridad que no se encuentra facultada constitucionalmente para la investigación del delito- pero no existía información que apuntara que hubieran seguido indicaciones del ministerio público. N. En ese sentido, se concluyó que la resolución del juez responsable que calificó de legal la detención de los ahora quejosos incurrió en una indebida motivación, ya que en la misma no se había tomado en consideración la actuación que, en esta sentencia de amparo, se consideró arbitraria por parte de los elementos aprehensores. Luego, la concesión de amparo se hizo extensiva por cuanto al auto de vinculación a proceso combatido, pues si bien no se advirtió un vicio de fondo en la calificación jurisdiccional de la detención que impidiera la reiteración del auto de término constitucional e implicara la libertad absoluta de los quejosos, lo cierto es que se ordenaría la exclusión de datos de prueba, misma que podría impactar al momento de resolver la situación jurídica de aquéllos. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable encargada del cumplimiento señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal 758/2022 de su estadística, en donde debía realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos dos de las resoluciones dictadas en audiencia inicial de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; esto es: i) la resolución que calificó de legal la detención de los quejosos 1. *** y 2. ***; y, ii) el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de tráfico de personas en la modalidad de transporte, previsto y sancionado por el artículo 159, fracción III, con la agravante de haberlo cometido con menores, establecida en el numeral 160, fracción I, ambos de la Ley de Migración, en agravio de las víctimas de identidad reservada y de iniciales BDGIJ, GVJA, OBJE (los tres de nacionalidad salvadoreña), PMJI, FGJN, FOJC, LZEA, PHBJ, TCCD (los seis de nacionalidad hondureña y los tres últimos mencionados menores de edad), CVSM, QMAA, QMJM, MVAM y QJE (de nacionalidad nicaragüense). 2. Reiterar y dejar intocado todo lo manifestado por las partes en las etapas de calificación de la detención, formulación de la imputación y solicitud de vinculación a proceso, en los términos de la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y con libertad de jurisdicción, pronunciarse sobre la solicitud de calificación de la detención planteada por la fiscalía, reiterando y dejando intocadas las consideraciones que no fueron materia de la declaratoria de inconstitucionalidad; sin embargo, debía precisar que existió una actuación arbitraria por parte de los elementos aprehensores, desde el instante siguiente a que los quejosos fueron informados que quedaban detenidos hasta el momento previo a su puesta a disposición ante la representación social; por lo que con la misma libertad de jurisdicción, debía excluir los elementos probatorios (datos de prueba) que, estimara, hayan tenido como fuente principal ese actuar, así como aquéllos, expuestos en esa etapa, que hayan derivado de esos actos de investigación ilegales. 4. En caso de que calificara nuevamente de legal la detención de los quejosos, al momento de resolver su situación jurídica de los quejosos, debía reiterar la exclusión probatoria efectuada en la etapa anterior, la cual debía hacer extensiva a aquellos datos de prueba expuestos en la solicitud de vinculación a proceso que derivaran de esos datos que se hubieran considerado ilegales; luego, con libertad de jurisdicción y con base en lo expuesto por las partes y en la exclusión probatoria, dictara el auto de término constitucional correspondiente. 5. En el supuesto de vincular nuevamente a los quejosos, podía reiterar las medidas cautelares que se encontraran vigentes, sin perjuicio de que alguna de las partes solicitara su revisión en el momento procesal que estimara oportuno, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, en caso de emitir un auto de no vinculación a proceso, debía actuar conforme a la citada codificación, que implicaba cesar las medidas cautelares y determinar, con esa libertad concedida, si esa no vinculación tenía efectos de sobreseimiento o no. Se precisó que no se otorgaba oportunidad al fiscal de subsanar su exposición realizada en audiencia inicial, refiriendo, en su caso, que el ministerio público federal sí tuvo intervención en los momentos en los que se dijo que la policía actuó de forma arbitraria, pues de hacerlo atentaría con los principios de igualdad y contradicción que rigen al sistema penal acusatorio. Lo anterior, cuenta habida que -se indicó- la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales y de los datos en que sustentaban sus respectivas teorías del caso, debía ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador; de tal suerte que ninguno de ellos tendría mayores prerrogativas en su desahogo. Por otro lado, se señaló que las resoluciones que se dictaran en cumplimiento al fallo no necesariamente impedían que el Ministerio Público continuara con la investigación y, posteriormente, formulara nueva imputación. Bajo esa óptica, el fiscal se encontraba en aptitud de exponer los datos de prueba que no fueron materia de exclusión e incluso de reunir nuevos para formular imputación y para solicitar la vinculación a proceso de los quejosos, siempre que el juez de control, con el margen de decisión concedido, no estimara actualizada alguna causal de sobreseimiento. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable sustituta Jorge Eduardo Ramírez Téllez, Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en función de Juez de Control, en audiencia celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 758/2022 de su índice, entre otras cuestiones, realizó lo siguiente: 1. Dejar sin efectos dos de las resoluciones dictadas en audiencia inicial de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; esto es: i) la resolución que calificó de legal la detención de los quejosos 1. *** y 2. ***; y, ii) el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de tráfico de personas en la modalidad de transporte, previsto y sancionado por el artículo 159, fracción III, con la agravante de haberlo cometido con menores, establecida en el numeral 160, fracción I, ambos de la Ley de Migración, en agravio de las víctimas de identidad reservada y de iniciales BDGIJ, GVJA, OBJE (los tres de nacionalidad salvadoreña), PMJI, FGJN, FOJC, LZEA, PHBJ, TCCD (los seis de nacionalidad hondureña y los tres últimos mencionados menores de edad), CVSM, QMAA, QMJM, MVAM y QJE (de nacionalidad nicaragüense). 2. Enseguida, en presencia de las partes comparecientes, reprodujo en su integridad el registro de audio y video de esa audiencia; luego, reiteró y dejó intocado todo lo manifestado por las partes en el debate que se sostuvo en aquélla. 3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y con libertad de jurisdicción, se pronunció sobre la solicitud de calificación de la detención planteada por la fiscalía, reiterando y dejando intocadas las consideraciones que no fueron materia de la declaratoria de inconstitucionalidad; sin embargo, la calificó de ilegal, dada la actuación arbitraria por parte de los elementos aprehensores, desde el instante siguiente al en que fueron informados que los quejosos quedaban detenidos hasta el momento previo a su puesta a disposición ante la representación social, pues derivado de ese actuar declaró nulas y excluyó todas las actuaciones que fueron consecuencia de aquél, como lo fueron: el parte informativo, el acta de aviso e informe policial homologado de dieciocho de septiembre de dos mil veintidós, el parte de novedades con número 991 de dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por los agentes de migración. 4. En consecuencia, dejó en inmediata libertad a los acusados y no dio oportunidad a la fiscalía de formular imputación. 5. Declaró la insubsistencia de las medidas cautelares impuestas. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo; por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el citado juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos las resoluciones reclamadas; ii) reiteró y dejó intocado todo lo manifestado por las partes en audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; iii) con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y con libertad de jurisdicción, calificó de ilegal la detención de los quejosos y ordenó su inmediata libertad, dada la actuación arbitraria por parte de los elementos aprehensores, desde el instante siguiente al en que fueron informados que quedaban detenidos hasta el momento previo a su puesta a disposición ante la representación social, pues ese actuar derivó en la exclusión de los datos de prueba importantes para justificar esa detención; y, iv) en consecuencia, declaró la insubsistencia de las medidas cautelares impuestas. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese por lista a los quejosos 1. *** y 2.*** -en cumplimiento a lo ordenado por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós-, personalmente a las víctimas del delito de identidad reservada y de iniciales BDGIJ, GVJA, OBJE (los tres de nacionalidad salvadoreña), PMJI, FGJN, FOJC, LZEA, PHBJ, TCCD (los seis de nacionalidad hondureña y los tres últimos mencionados menores de edad), CVSM, QMAA, QMJM, MVAM y QJE (de nacionalidad nicaragüense), por conducto de su asesor jurídico victimal Gustavo Adolfo Zavala Solís; y, por oficio a la autoridad responsable sustituta -vía interconexión-, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  2. Principal

    PUBLICACIÓN DE CITATORIO: EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO, POR CONDUCTO DE SU ASESOR JURÍDICO VICTIMAL GUSTAVO ADOLFO ZAVALA SOLÍS, EL AUTO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El dieciséis de enero de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo a los quejosos 1. *** y 2. ***, respecto de la determinación que calificó de legal su detención y del auto de vinculación a proceso, dictados en audiencia inicial de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 758/2022 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Inconforme con el fallo de amparo, la autoridad tercera interesada Adolfo Santiago Vásquez, Agente del Ministerio Público Federal del Equipo de Investigación y Litigación adscrito a la Cédula D-VI-2 Tehuacán de la Fiscalía General de la República Delegación Estatal en Puebla, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 48/2023, en donde mediante ejecutoria dictada el veinte de abril de dos mil veintitrés confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia recurrida. Mediante acuerdo emitido el nueve de mayo de la presente anualidad, se tuvo por recibida la indicada ejecutoria; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Marco Antonio Meneses Aguilar, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por auto dictado el dieciséis de mayo del año en curso, se tuvo a Samuel Jiménez Morato, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, realizando lo siguiente: ( Comunicando que Marco Antonio Meneses Aguilar -autoridad responsable a quien se le requirió cumplir con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio-, fue nombrado como Magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Durango, y que por ese motivo consideró que existía una imposibilidad para que dicho funcionario diera cumplimiento al fallo constitucional; ( Informando que Jorge Eduardo Ramírez Téllez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, fue quien sustituyó al ahora Magistrado Marco Antonio Meneses Aguilar; y, ( Solicitando a este juzgado que indicara si existía algún impedimento en que el juzgador sustituto diera cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada. En virtud de lo anterior, se tuvo como autoridad sustituta a Jorge Eduardo Ramírez Téllez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, y se le requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Para dar margen a ello y a fin de no comprometer el principio de inmediación y el debido proceso, citados en los efectos del amparo concedido, se le constriñó para que en la audiencia en la que habría dar cumplimiento al mismo, realizara lo siguiente: 1. Después de dejar sin efectos las resoluciones de la calificación de la detención y vinculación a proceso, dictadas en audiencia oral de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós -actos reclamados-, en presencia de las partes comparecientes, reprodujera en su integridad el registro de audio y video de esa audiencia; luego, reiterara y dejara intocado todo lo manifestado por las partes en el debate que se sostuvo en aquélla, lo que significaba que las mismas no podrían intervenir ni incorporar información diversa a la ahí vertida. 2. Enseguida, con base en lo considerado en la sentencia de amparo y con libertad de jurisdicción, cumpliera con el resto de los efectos de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales. Lo anterior, pese que en la sentencia de amparo se haya señalado que el entonces juez de control Marco Antonio Meneses Aguilar sería quien debía presidir y desahogar la audiencia en la que se daría cumplimiento a la ejecutoria, en observancia a los citados principios de inmediación y debido proceso. No obstante, se consideró que la medida adoptada -reproducción del registro de audio y video de la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós- era la más acorde para respetar tales principios y el diverso de contradicción, al no permitir que las partes expusieran diversos alegatos o información para sustentar su teoría del caso, en agravio de su contraparte y beneficiándose de lo omitido en esa audiencia. Finalmente, en proveído de treinta y uno de mayo del actual, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestaran lo que estimaran conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se declaró inconstitucional la resolución dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 758/2022, mediante la cual, el juez de control responsable calificó de legal la detención de los quejosos 1. ***y 2. ***; por ende, se les concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicha determinación. Lo anterior, por violar el derecho humano a la legalidad, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello se justificó, en lo que interesa, con base en los siguientes razonamientos: A. No obstante la dilación en la puesta a disposición de los quejosos que se advirtió, se indicó que lo que llamó la atención de este órgano jurisdiccional, sobre todo, y que podría derivar en la exclusión de datos de prueba, era el hecho de que los policías aprehensores, desde la detención en flagrancia, no rigieron su actuar bajo el mando y conducción del ministerio público. En efecto, se destacó que la fiscalía, en audiencia, nunca refirió que una vez que los elementos de seguridad informaron a los quejosos que quedaban detenidos, les hicieran saber sus derechos y les realizaran la inspección a su persona, hayan efectuado, por indicación del ministerio público federal, el resto de los actos de investigación comprendidos hasta la puesta a disposición. B. Se explicó que el parte informativo es el documento por el cual la policía informa al Ministerio Público las circunstancias en que se desarrolló su intervención con motivo de sus funciones, que puede referirse a las circunstancias que dieron lugar a la detención de una persona y a su puesta a disposición, así como al cumplimiento de alguna otra diligencia que le haya encomendado relacionada con la investigación y persecución de los delitos, como puede ser la búsqueda de evidencias, testigos o lugares; localización de personas o domicilios; proporcionar seguridad en la ejecución de órdenes de cateo y aseguramiento de bienes, por mencionar algunas. C. Asimismo, se aludió a que el artículo 21, párrafo primero, constitucional establece expresamente una de las facultades del Ministerio Público, la cual comparte con la policía, en tanto señala que corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos, así como que esta función también la ejercerá la policía, pero bajo la conducción y mando de aquél. Esto es, se dijo que si bien en la policía recaía una importante función de Estado para la salvaguarda de la seguridad pública, en tanto que se trataba de un órgano de operación fáctica, en el ámbito de investigación y persecución del delito, su función no era arbitraria en la medida que el ejercicio de sus facultades legales debía estar siempre subordinado al mandato del Ministerio Público. D. Entonces, se consideró que toda diligencia que debía realizar la policía que tuviera como finalidad la investigación y la persecución del delito tenía que estar precedida, supervisada y supeditada a las órdenes que le instruyera el órgano ministerial. E. Se refirió que este imperativo constitucional restringe el parámetro de intervención de la policía y aporta un fuerte contenido de seguridad jurídica para los gobernados en el sentido de que los cuerpos de la policía no tienen autorización, en términos constitucionales, para actuar arbitrariamente; en especial, tratándose de la detención por la comisión de delito en flagrancia, como excepción al derecho humano a la libertad personal, pues implica que la policía una vez lograda la detención en ningún caso está facultada para realizar acciones relacionadas con la investigación del delito, sin autorización del Ministerio Público; por el contrario, en términos del artículo 16 constitucional tienen la obligación de poner inmediatamente al detenido a disposición de la representación social. F. En ese sentido, se explicó que en el contexto de una detención por flagrancia, el ámbito restringido de actuación de la policía y el mandato de puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público, tienen una íntima relación operativa y comparten el mismo objetivo constitucional: que la detención por flagrancia materialmente constituya una verdadera excepción a la afectación del derecho humano a la libertad personal. G. Así, se dijo que aun cuando la actuación de la policía en los casos de detención en flagrancia tiene las limitaciones aludidas, adquiere una particular trascendencia, pues constituyen fuente directa de información en relación con las circunstancias que se desarrollaron como parte de su actuación, como son el tiempo y lugar en que se efectuó la detención, la descripción a detalle de las circunstancias que la motivaron, así como el hallazgo y resguardo de las evidencias que encontraron, todo lo cual hacen del conocimiento del Ministerio Público, a través del parte informativo que rindan al respecto, con el que se puede construir la base para la formulación de la imputación jurídico penal. H. Por consiguiente, se destacó que era indispensable distinguir entre el hallazgo y resguardo de evidencias que realiza la policía, de las diligencias que efectúa para la investigación y la persecución del delito, pues únicamente las últimas requieren estar precedidas, supervisadas y supeditadas a las órdenes que le instruya el Ministerio Público. I. Para tal efecto, se refirió que debe tenerse en cuenta que, por regla general, la policía, en el conocimiento de un hecho delictivo en flagrancia, por sí misma puede resguardar los indicios, instrumentos, objetos o productos del delito, esto es, aquéllos que haya encontrado en el lugar de los hechos, en el momento mismo de cometerse el delito, o bien, inmediatamente después de cometido, durante su persecución ininterrumpida. Mientras que, fuera de ese contexto, necesariamente la actuación de la policía deberá entenderse como una diligencia para la investigación y persecución del delito, que tiene que estar precedida, supervisada y supeditada a las órdenes que le instruya la representación social. J. Asimismo, se señaló que el mandato constitucional descrito encontraba eco en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, establece las obligaciones de la policía, quien, precisamente, actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. K. En ese contexto normativo, se consideró que, en el particular, los elementos aprehensores debieron dar aviso inmediato al ministerio público de la federación sobre la detención de los ahora quejosos y de los hallazgos encontrados y asegurados, así como informarle el resultado de las inspecciones efectuadas al lugar de la detención y a los objetos asegurados, a fin de que aquél coordinara la investigación y diera las instrucciones relativas a la inmediata disposición de los detenidos. Asimismo, se dijo que los policías debieron obtener la autorización por parte de la fiscalía para el aseguramiento de los vehículos que tripulaban los quejosos. Especialmente, el permiso del ministerio público para recabar entrevistas a las víctimas y a los detenidos. L. Al respecto, se destacó que de uno de los datos de prueba expuestos por el fiscal, consistente en el parte de novedades con número de terminación 991/2022 de 18 de septiembre de 2022, se advertía información relevante en relación con el delito y la participación de los qujeosos; sin embargo, se precisó que aquél nada dijo en relación con alguna intervención de su parte desde el instante siguiente a la detención material de los quejosos hasta el momento previo a su puesta a disposición ante la indicada representación social, lo que -se estimó-hacía factible presumir que la actuación de la policía aprehensora fue arbitraria y, por ende, esto se traducía en la ilegalidad de la información de cargo obtenida durante ese lapso. M. Asimismo, se señaló que también podía deducirse que los policías siguieron instrucciones del Instituto Nacional de Migración -autoridad que no se encuentra facultada constitucionalmente para la investigación del delito- pero no existía información que apuntara que hubieran seguido indicaciones del ministerio público. N. En ese sentido, se concluyó que la resolución del juez responsable que calificó de legal la detención de los ahora quejosos incurrió en una indebida motivación, ya que en la misma no se había tomado en consideración la actuación que, en esta sentencia de amparo, se consideró arbitraria por parte de los elementos aprehensores. Luego, la concesión de amparo se hizo extensiva por cuanto al auto de vinculación a proceso combatido, pues si bien no se advirtió un vicio de fondo en la calificación jurisdiccional de la detención que impidiera la reiteración del auto de término constitucional e implicara la libertad absoluta de los quejosos, lo cierto es que se ordenaría la exclusión de datos de prueba, misma que podría impactar al momento de resolver la situación jurídica de aquéllos. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable encargada del cumplimiento señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal 758/2022 de su estadística, en donde debía realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos dos de las resoluciones dictadas en audiencia inicial de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; esto es: i) la resolución que calificó de legal la detención de los quejosos 1. *** y 2. ***; y, ii) el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de tráfico de personas en la modalidad de transporte, previsto y sancionado por el artículo 159, fracción III, con la agravante de haberlo cometido con menores, establecida en el numeral 160, fracción I, ambos de la Ley de Migración, en agravio de las víctimas de identidad reservada y de iniciales BDGIJ, GVJA, OBJE (los tres de nacionalidad salvadoreña), PMJI, FGJN, FOJC, LZEA, PHBJ, TCCD (los seis de nacionalidad hondureña y los tres últimos mencionados menores de edad), CVSM, QMAA, QMJM, MVAM y QJE (de nacionalidad nicaragüense). 2. Reiterar y dejar intocado todo lo manifestado por las partes en las etapas de calificación de la detención, formulación de la imputación y solicitud de vinculación a proceso, en los términos de la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. 3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y con libertad de jurisdicción, pronunciarse sobre la solicitud de calificación de la detención planteada por la fiscalía, reiterando y dejando intocadas las consideraciones que no fueron materia de la declaratoria de inconstitucionalidad; sin embargo, debía precisar que existió una actuación arbitraria por parte de los elementos aprehensores, desde el instante siguiente a que los quejosos fueron informados que quedaban detenidos hasta el momento previo a su puesta a disposición ante la representación social; por lo que con la misma libertad de jurisdicción, debía excluir los elementos probatorios (datos de prueba) que, estimara, hayan tenido como fuente principal ese actuar, así como aquéllos, expuestos en esa etapa, que hayan derivado de esos actos de investigación ilegales. 4. En caso de que calificara nuevamente de legal la detención de los quejosos, al momento de resolver su situación jurídica de los quejosos, debía reiterar la exclusión probatoria efectuada en la etapa anterior, la cual debía hacer extensiva a aquellos datos de prueba expuestos en la solicitud de vinculación a proceso que derivaran de esos datos que se hubieran considerado ilegales; luego, con libertad de jurisdicción y con base en lo expuesto por las partes y en la exclusión probatoria, dictara el auto de término constitucional correspondiente. 5. En el supuesto de vincular nuevamente a los quejosos, podía reiterar las medidas cautelares que se encontraran vigentes, sin perjuicio de que alguna de las partes solicitara su revisión en el momento procesal que estimara oportuno, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, en caso de emitir un auto de no vinculación a proceso, debía actuar conforme a la citada codificación, que implicaba cesar las medidas cautelares y determinar, con esa libertad concedida, si esa no vinculación tenía efectos de sobreseimiento o no. Se precisó que no se otorgaba oportunidad al fiscal de subsanar su exposición realizada en audiencia inicial, refiriendo, en su caso, que el ministerio público federal sí tuvo intervención en los momentos en los que se dijo que la policía actuó de forma arbitraria, pues de hacerlo atentaría con los principios de igualdad y contradicción que rigen al sistema penal acusatorio. Lo anterior, cuenta habida que -se indicó- la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales y de los datos en que sustentaban sus respectivas teorías del caso, debía ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador; de tal suerte que ninguno de ellos tendría mayores prerrogativas en su desahogo. Por otro lado, se señaló que las resoluciones que se dictaran en cumplimiento al fallo no necesariamente impedían que el Ministerio Público continuara con la investigación y, posteriormente, formulara nueva imputación. Bajo esa óptica, el fiscal se encontraba en aptitud de exponer los datos de prueba que no fueron materia de exclusión e incluso de reunir nuevos para formular imputación y para solicitar la vinculación a proceso de los quejosos, siempre que el juez de control, con el margen de decisión concedido, no estimara actualizada alguna causal de sobreseimiento. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable sustituta Jorge Eduardo Ramírez Téllez, Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en función de Juez de Control, en audiencia celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 758/2022 de su índice, entre otras cuestiones, realizó lo siguiente: 1. Dejar sin efectos dos de las resoluciones dictadas en audiencia inicial de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; esto es: i) la resolución que calificó de legal la detención de los quejosos 1. *** y 2. ***; y, ii) el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de tráfico de personas en la modalidad de transporte, previsto y sancionado por el artículo 159, fracción III, con la agravante de haberlo cometido con menores, establecida en el numeral 160, fracción I, ambos de la Ley de Migración, en agravio de las víctimas de identidad reservada y de iniciales BDGIJ, GVJA, OBJE (los tres de nacionalidad salvadoreña), PMJI, FGJN, FOJC, LZEA, PHBJ, TCCD (los seis de nacionalidad hondureña y los tres últimos mencionados menores de edad), CVSM, QMAA, QMJM, MVAM y QJE (de nacionalidad nicaragüense). 2. Enseguida, en presencia de las partes comparecientes, reprodujo en su integridad el registro de audio y video de esa audiencia; luego, reiteró y dejó intocado todo lo manifestado por las partes en el debate que se sostuvo en aquélla. 3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y con libertad de jurisdicción, se pronunció sobre la solicitud de calificación de la detención planteada por la fiscalía, reiterando y dejando intocadas las consideraciones que no fueron materia de la declaratoria de inconstitucionalidad; sin embargo, la calificó de ilegal, dada la actuación arbitraria por parte de los elementos aprehensores, desde el instante siguiente al en que fueron informados que los quejosos quedaban detenidos hasta el momento previo a su puesta a disposición ante la representación social, pues derivado de ese actuar declaró nulas y excluyó todas las actuaciones que fueron consecuencia de aquél, como lo fueron: el parte informativo, el acta de aviso e informe policial homologado de dieciocho de septiembre de dos mil veintidós, el parte de novedades con número 991 de dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por los agentes de migración. 4. En consecuencia, dejó en inmediata libertad a los acusados y no dio oportunidad a la fiscalía de formular imputación. 5. Declaró la insubsistencia de las medidas cautelares impuestas. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo; por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el citado juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos las resoluciones reclamadas; ii) reiteró y dejó intocado todo lo manifestado por las partes en audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; iii) con base en las consideraciones expuestas en la sentencia y con libertad de jurisdicción, calificó de ilegal la detención de los quejosos y ordenó su inmediata libertad, dada la actuación arbitraria por parte de los elementos aprehensores, desde el instante siguiente al en que fueron informados que quedaban detenidos hasta el momento previo a su puesta a disposición ante la representación social, pues ese actuar derivó en la exclusión de los datos de prueba importantes para justificar esa detención; y, iv) en consecuencia, declaró la insubsistencia de las medidas cautelares impuestas. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese por lista a los quejosos 1. *** y 2.*** -en cumplimiento a lo ordenado por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós-, personalmente a las víctimas del delito de identidad reservada y de iniciales BDGIJ, GVJA, OBJE (los tres de nacionalidad salvadoreña), PMJI, FGJN, FOJC, LZEA, PHBJ, TCCD (los seis de nacionalidad hondureña y los tres últimos mencionados menores de edad), CVSM, QMAA, QMJM, MVAM y QJE (de nacionalidad nicaragüense), por conducto de su asesor jurídico victimal Gustavo Adolfo Zavala Solís; y, por oficio a la autoridad responsable sustituta -vía interconexión-, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 31 DE MAYO 2023 el oficio 17306/2023 signado -electrónicamente- por ********************, Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en función de Juez de Control; y en atención a su contenido, primero debe decirse que dicha promoción cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que el promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, téngase a la citada autoridad informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, remite un disco versátil digital, relativo al registro de audio y video de la audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, llevada a cabo dentro de la causa penal ********************, así como la versión escrita de la misma. En consecuencia, con el contenido del oficio 17306/2023 y sus anexos; dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al disco versátil digital que se adjunta, no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica; asimismo, guárdese en un sobre cerrado o mica cerrada, que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar; el cual, como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentra debidamente certificado con el sello y la firma correspondiente. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación dada su trascendencia y la promoción de cuenta por haberse presentado físicamente. Notifíquese por lista a los quejosos ******************** y ******************** -en cumplimiento a lo ordenado por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós-, personalmente a las víctimas del delito de identidad reservada y de iniciales ********************, ********************, ********************(los tres de nacionalidad salvadoreña), ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** (los seis de nacionalidad hondureña y los tres últimos mencionados menores de edad), ********************, ********************, ********************, ********************y ********************(de nacionalidad nicaragüense), por conducto de su asesor jurídico victimal ********************; y, por oficio a los fiscales terceros interesados. AUTO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. RAZONES ACTUARIALES Intégrese a los autos la razón elaborada por la fedataria judicial adscrita a este juzgado Federal (registro 19766), en donde hace constar que no fue posible notificar al quejoso ***, el proveído de quince de noviembre del actual, debido a que, al constituirse al domicilio señalado en el escrito de demanda, ubicado en Cuarto Retorno de Osa Menor, número 2, local 12-A en San Andrés Cholula, Puebla, se percató que el mismo se encuentra vacío, pues no cuenta con el inmobiliario que antes contaba, situación que corroboró con el encargado del edificio (portero) quien le refirió que efectivamente desde hace quince días aproximadamente, el despacho de abogados que ocupaba el local 12-A, cambio de domicilio sin conocer donde se ubica actualmente, razón por la cual se vio imposibilitada a llevar a cabo la diligencia encomendada en autos. De igual forma, intégrese a los autos la razón elaborada por el fedatario judicial adscrito a este juzgado Federal (registro 19768), en donde hace constar que no fue posible notificar al quejoso ***, el proveído de quince de noviembre del actual, debido a que, al constituirse en el Centro de Reinserción Social, fue atendido por una persona del sexo femenino quien le manifestó, que el referido quejoso fue puesto en libertad desde el diecinueve de octubre del año en curso, motivo por el cual se vio imposibilitado para realizar la diligencia encomendada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente acuerdo, y el diverso de quince de noviembre dos mil veintidós y las subsecuentes resoluciones por medio de lista, incluso las de carácter personal. Notifíquese por lista a los quejosos *** y ***, el proveído de quince de noviembre pasado, así como el presente auto; y, a las demás partes. AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintidós. INFORME (S) JUSTIFICADO (S) Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable siguiente: No.Autoridad (es) responsable (s)1 1. Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla -Marco Antonio Meneses Aguilar- (por su representación).Con el que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tienen como pruebas de la referida autoridad responsable, la documental que anexa a su informe justificado y el disco versátil digital que remite, sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno; y sin que haya lugar a señalar fecha para la reproducción de los citados discos, dada su naturaleza jurídica. Guárdense en sobre cerrado el disco versátil digital que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." PERSONALIDAD DEL DEFENSOR De igual forma, téngase a la citada autoridad responsable dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de ocho de noviembre del año en curso, refiere que Arturo Pablo Liévano Flores, es defensor particular de los quejosos ***y ***, remitiendo para tal efecto las constancias que acreditan su dicho. Por lo que, en términos del numeral 14 de la Ley de Amparo, se tiene por reconocida la personalidad con la que aquél compareció al presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. EMPLAZAMIENTO AUTORIDAD TERCERA INTERESADA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de terceros interesados a Laura Esther Cobo Quintero y Adolfo Santiago Vázquez, agentes del Ministerio Público Federales adscritos a la Cedula D-VI-2 Tehuacán de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Puebla, quien intervinieron dentro de la causa penal 758/2022, del índice de la responsable ordenadora. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena su emplazamiento al presente juicio por medio de oficio que se gire vía correo electrónico y ordinario para tal efecto, anexándole copia simple de la demanda de amparo y del auto admisorio. PARTE TERCERO INTERESADA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de terceros interesados (extranjeros) de iniciales B.D.G.I.J, G.V.J.A., O.B.J.E., de nacionalidad salvadoreña, P.M.J.I., F.G.J.N., F.O.J.C., L.Z.E.A., P.H.B.J., de nacionalidad hondureña los últimos tres menores de edad, C.V.S.M., Q.M.A.A., Q.M.J.M., M.V.A.M., y Q.J.E., de nacionalidad nicaragüense, victimas en la causa penal 758/2022 del índice de la responsable ordenadora, representados por el asesor victimal Gustavo Adolfo Zavala Solís. SE REQUIERE INFORMES DE PARTE TERCERA INTERESADA En consecuencia, a efecto de lograr el emplazamiento de la citada parte procesal, requiérase a las autoridades terceras interesadas Laura Esther Cobo Quintero y Adolfo Santiago Vázquez, agentes del Ministerio Público Federales adscritos a la Cedula D-VI-2 Tehuacán de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Puebla, para que en el improrrogable termino de veinticuatro horas contadas a partir del en que surta efectos la notificación del presente auto, proporcionen a este juzgado de Distrito el domicilio cierto y actual en el que pueda ser localizado el asesor victimal Gustavo Adolfo Zavala Solís, de los terceros interesados señalados en párrafos precedentes. Se apercibe a las citadas autoridades terceras interesadas que para el caso de no atender el presente requerimiento, se le impondrá a cada una y por separado una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar donde se encuentran recluidos (corriéndole traslado con copia del informe que se acuerda en esta fecha), por lista a las demás partes; y, mediante oficio a las autoridades terceras interesadas citadas en el presente acuerdo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. I. Días inhábiles. Derivado de que en el Estado de Puebla se declaró la Fase 3 del Semáforo de Alerta Volcánica, que supone actividad intermedia a alta de volcán Popocatépetl, los días veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, fueron declarados días inhábiles (no laborables), por caso fortuito, por lo que no corrieron los términos de ley, de conformidad a los informes signados por la Magistrada ********************, Coordinadora de Magistradas y Magistrados del Sexto Circuito y Segunda Región Auxiliar, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, y por la Jueza********************, Coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito del Sexto Circuito, del Centro de Justicia Penal Federal y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Puebla. II. Oficio de cuenta. Agréguese a los presentes autos el oficio 17306/2023 signado -electrónicamente- por ********************, Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en función de Juez de Control; y en atención a su contenido, primero debe decirse que dicha promoción cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que el promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, téngase a la citada autoridad realizando lo siguiente: ( Informando que por auto dictado el veinticuatro de mayo pasado, dentro de la causa penal ********************, entre otras cuestiones, ordenó remitir audio y video de la audiencia celebrada a las diez horas del mismo día, en donde, en cumplimiento al propio fallo protector, declaró de ilegal la detención de los quejosos y, como consecuencia, quedó insubsistente la vinculación a proceso y las medidas cautelares decretadas. ( Remitió la versión escrita de dicha resolución. De lo que toma conocimiento esta autoridad federal, para los efectos legales a los que haya lugar y, una vez que obre físicamente el audio y video de la aludida audiencia -tomando en consideración que el oficio de cuenta fue allegado vía interconexión-, se ordenará dar vista con su contenido a las partes quejosa y tercera interesada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. III. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y la promoción de cuenta al expediente físico, por impulsar el procedimiento. Notifíquese por lista a las partes.

Quedan 17 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

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