Edgar Romero Berra
Expediente 1611/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1611/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Edgar Romero Berra
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo presentada por Edgar Romero Berra, misma que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de acuerdo al artículo primero transitorio; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1611/2016-I-A. No se inadvierte que Guadalupe Gómez Torres refirió instar esta vía por su representación, como defensora particular de Edgar Romero Berra; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto, pues el libelo de cuenta fue firmado directamente por el quejoso Edgar Romero Berra, por lo que a nada práctico conduciría pronunciarse respecto a la personalidad de la primera de los mencionados. Establecido lo anterior, debe precisarse que de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por el promovente en la presente instancia constitucional, es el auto de formal prisión decretado en su contra el diez de octubre de dos mil dieciséis, dentro del proceso penal 505/2015 del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe la jurisprudencia, la cual no contraviene lo dispuesto en la Nueva Ley de Amparo, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir el acto reclamado en un auto de término constitucional, dictado dentro de un procedimiento penal; por tanto, debe ajustarse al plazo citado. Plazo, que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que la notificación del acto reclamado surte sus efectos, conforme a la Ley de la materia. Bajo ese contexto, se reitera que la parte quejosa reclama la resolución de diez de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el proceso penal 505/2015 por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, mediante la cual dictó auto de formal prisión contra Edgar Romero Berra, por el delito de extorsión cometido en agravio de Luis Fernando Contreras Berra. Ahora bien, debe precisarse que la mencionada resolución fue dictada por el juez responsable, en cumplimiento a la ejecutoria constitucional emitida en el juicio de amparo 472/2016 del índice de este juzgado Federal; por lo tanto, se ordena extraer copia certificada de las siguientes constancias que obran en el referido sumario constitucional: Oficio 11169 (y su anexo) mediante el cual el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla remitió a este juzgado de Distrito el auto término constitucional que ahora se combate; Acuerdo de trece de octubre de dos mil dieciséis a través del cual se dio vista a la parte quejosa con el indicado oficio y su anexo; y, Las constancias de notificación a la parte quejosa del referido auto. Escrito presentado el veinticinco de octubre del año en curso en este juzgado Federal por el quejoso Edgar Romero Berra, mediante el cual desahogó la vista que le fue concedida en proveído de trece de octubre del presente año y realiza diversas manifestaciones al respecto. En ese contexto, es dable concluir que a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo en que se dio vista al peticionario de amparo con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 472/2016 (resolución de diez de octubre de dos mil dieciséis dictada por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, misma que constituye el acto que aquí se combate), inicie el cómputo del plazo para la presentación del nuevo juicio de amparo en su contra, siempre y cuando exista constancia que acredite el conocimiento directo y completo por parte del agraviado. Resulta aplicable la jurisprudencia 40/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. En el caso, de las copias certificadas del juicio de amparo 472/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que el once de octubre de dos mil quince el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada dentro del citado juicio de derechos fundamentales, dictando el diez de octubre del presente año auto de formal prisión en contra del aquí quejoso por el delito de extorsión, dentro del proceso penal 505/2015 (resolución que constituye el acto que por esta vía se reclama). Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa mediante proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, el cual le fue notificado el diecinueve de octubre siguiente por medio de lista de acuerdos y personalmente por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Guillermo Recoba Ojeda. Ello evidencia que el quejoso Edgar Romero Berra tuvo pleno conocimiento del auto de formal prisión dictado en su contra el diez de octubre de dos mil quince dentro de la causa penal 505/2015 (acto reclamado), cuando le fue notificado el auto de trece de los referidos mes y año dictado en el juicio de amparo 472/2016 del índice este juzgado, que ordenó darle vista con el cumplimiento dado a la ejecutoria constitucional por la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Dicha notificación fue practicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, surtió efectos el veinte siguiente y, el plazo de quince días para promover el amparo trascurrió del veintiuno de octubre al quince de noviembre, todos del año en curso; descontando los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre, así como cinco, seis, doce y trece de noviembre, todos del año en curso, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; de igual forma, los días treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre de dos mil dieciséis, fueron declarados como no laborables para los juzgados de distrito mediante sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de octubre del presente año. Máxime, que la parte quejosa el veinticinco de octubre del año en curso dio contestación a la vista que se le dio con la resolución reclamada, hecho que revela indudablemente que tuvo conocimiento pleno del acto reclamado. Entonces, si la instancia se presentó el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, es claro que su promoción fue inoportuna, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo en concordancia con el Quinto Transitorio del mismo ordenamiento; de ahí que su presentación extemporánea trae la consecuencia que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente. Bajo esa perspectiva, resulta evidente que la demanda de garantías que aquí se analiza fue presentada fuera del término de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a que se actualice de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de garantías contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 íbidem. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de amparo. No ha lugar a tener por autorizados a los profesionistas que menciona en el escrito de demanda con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, ni proporcionan los datos correspondientes en el escrito de cuenta, de conformidad con el numeral citado (reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis); sin perjuicio de que con posterioridad puedan acreditar contar con tal calidad. En consecuencia, se tienen por autorizados en términos restringidos del ordinal referido a los profesionistas que menciona el quejoso en su escrito de demanda. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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