Edgar Romero Berra
Expediente 472/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Edgar Romero Berra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diez de noviembre al uno de diciembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. Por tanto, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha quedado firme el mencionado auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por último, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LUIS FERNANDO CONTRERAS BERRA, ASI COMO A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCION DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.Agréguese a sus autos el escrito del quejoso con el que se da cuenta, y visto su contenido téngasele desahogando la vista que le fue otorgada mediante proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, el cual se acordará más adelante.Por otra parte, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos.En principio, es necesario indicar que en la sentencia de catorce de junio dos mil dieciséis (fojas 97 a 116), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Edgar Romero Berra, a través de su defensora particular Guadalupe Gómez Torres, para los efectos siguientes:"NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veintidós de febrero de dos mil dieciséis (fojas 124 a 132 del tomo de pruebas), y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es:a) Deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de extorsión, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito, lo que implica precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.2. Deberá considerar de acuerdo a su facultad si procede alguna reclasificación del delito si fuera el caso, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.".Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917622, página 70, que dice:"AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". Quinta Época: Amparo civil en revisión 1429/26.-Martínez Cuende Luis.-30 de abril de 1927.-Mayoría de nueve votos.-Disidente: Gustavo A. Vicencio.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil directo 2491/26.-Castilla viuda de Jiménez Carolina.-5 de octubre de 1927.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo administrativo en revisión 2677/25.-Azcárraga Pedro I.-15 de diciembre de 1927.-Mayoría de diez votos.-Disidente: Arturo Cisneros Canto.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil en revisión 3126/27.-Banco Occidental de México, S.A.-11 de mayo de 1928.-Mayoría de ocho votos.-Disidente: S. M. Olea.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil en revisión 888/29.-Cuautli Miguel y coagraviado.-29 de octubre de 1929.-Unanimidad de cuatro votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, página 66, Tercera Sala, tesis 102". (fojas 114 y 115).Inconforme con dicha sentencia, el tercero interesado Luis Fernando Contreras Berra interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia de este juzgado federal, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuya ejecutoria confirmó en sus términos la sentencia sujeta a revisión. (fojas 309 a 346).En ese sentido, mediante oficio 11169, con el que se dio vista al quejoso el trece de octubre de dos mil dieciséis (fojas 388 a 397), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria amparadora y remitió a este órgano de control constitucional copia certificada del auto de término constitucional de diez de octubre de dos mil dieciséis, en el que hizo lo siguiente:Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintidós de febrero de dos mil dieciséis (acto reclamado), así como el diverso auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis con el que en primer lugar dicha autoridad pretendió dar cumplimiento; Dictó una nueva resolución en la que precisó los elementos del cuerpo del delito de extorsión, previsto en el artículo 292 Bis del Código Penal para el Estado de Puebla; otorgó valor probatorio a cada prueba en particular relacionándolas con cada elemento del cuerpo del delito y concatenándolas en forma individual y circunstancial, de tal manera que expuso las razones lógico jurídicas que consideró eran suficientes para acreditar el mismo y precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar.En efecto, una vez que el juez responsable llevó a cabo los efectos ordenados en la sentencia amparadora, consideró lo siguiente:".En virtud de lo anterior es claro que el día quince de agosto del año dos mil catorce alrededor de las diez horas estando el agraviado Luis Contreras Berra en sus oficinas ubicadas en calle San Judas Tadeo número 5125 de la colonia Santa Cruz Buena Vista, en donde el agraviado le comentó a los inculpados Edgar y José Juan ambos de apellidos Romero Berra que ya se habían dado cuenta que lo habían engañado con lo del contrato con lo que les dijo que si no le devolvían el dinero les iba a hacer efectivo el documento que los inculpados habían firmado el día 8 de julio de 2014 a lo que le contestaron que le daban 3 días para que devolvieran dicho documento y que no pensaban en devolverle nada amenazándolo que de no hacerlo es lo iba a cargar la chingada, tanto al agraviado como a sus menores hijos y que peor aún iban a hablar mal del agraviado con más empresas para que no pidieran comercializar algún producto, lo que se corrobora con las declaraciones de los testigos Fernando Silva Riveroll y Obdulia Celestino Galván, además de que dicha amenaza se corrobora con el dictamen psicológico practicado al agraviado con número 1017/2015 por la psicóloga Chadeny Álvarez Rojas, siendo que dicha amenaza fue realizada con el ánimo de obtener un lucro pues le solicitaban al agraviado la entrega de un documento en el cual se había pactado la devolución de un dinero y sin dicho documento el agraviado no tendría forma de recuperar dicha cantidad que le fue entregada a los inculpados obteniendo así un lucro, por último es claro que dicha amenaza se realizó respecto de la integridad física del agraviado así como de sus menores hijos a quienes tiene que proteger así como a sus intereses económicos , motivo por el cual se acredita el cuerpo delito de EXTORSIÓN, ilícito previsto y sancionado por el artículo 292 BIS, en relación con los diversos 13 y 21 Fracción I, todos del Código Penal para el Estado, en agravio de LUIS FERNANDO CONTRERAS BERRA." (foja 395). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio.Por lo que hace a lo manifestado por el quejoso al desahogar la vista concedida con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en el sentido de que esta autoridad no debe tener por cumplida la sentencia de amparo debido a que la resolución pronunciada por la autoridad responsable se encuentra defectuosa por las cuestiones de fondo que refiere, es infundado.Se sostiene lo anterior, toda vez que los argumentos que al efecto realiza el inconforme vinculados al fondo del asunto, no fueron analizados en la sentencia amparadora en virtud de que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió por cuestiones de forma, de ahí que tampoco pueden ser motivo de análisis en el cumplimiento.Por otra parte, también son infundadas las cuestiones de forma que alega el inconforme no están cumplidas, en el sentido de que la responsable insiste en vulnerar el artículo 16 constitucional pues nuevamente incurre en la omisión fundar y motivar la resolución en la que decreta auto de formal prisión en contra del quejoso, pues no expresa argumento tendente a establecer cómo y porque considera que se acredita la materialidad del delito que se le atribuye como se le ordenó en la sentencia amparadora; estando obligado también, el juez responsable, a precisar con qué pruebas se acreditan los elementos del cuerpo del delito.Se sostiene lo anterior en virtud de que como quedó precisado en el presente proveído cumplió con los efectos de la sentencia amparadora pues, se reitera, llevó a cabo lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintidós de febrero de dos mil dieciséis (acto reclamado), así como el diverso auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis con el que en primer lugar dicha autoridad pretendió dar cumplimiento; Dictó una nueva resolución en la que precisó los elementos del cuerpo del delito de extorsión, previsto en el artículo 292 Bis del Código Penal para el Estado de Puebla; otorgó valor probatorio a cada prueba en particular relacionándolas con cada elemento del cuerpo del delito y concatenándolas en forma individual y circunstancial, de tal manera que expuso las razones lógico jurídicas que consideró eran suficientes para acreditar el mismo y precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar.Y, consideró lo siguiente:".En virtud de lo anterior es claro que el día quince de agosto del año dos mil catorce alrededor de las diez horas estando el agraviado Luis Contreras Berra en sus oficinas ubicadas en calle San Judas Tadeo número 5125 de la colonia Santa Cruz Buena Vista, en donde el agraviado le comentó a los inculpados Edgar y José Juan ambos de apellidos Romero Berra que ya se habían dado cuenta que lo habían engañado con lo del contrato con lo que les dijo que si no le devolvían el dinero les iba a hacer efectivo el documento que los inculpados habían firmado el día 8 de julio de 2014 a lo que le contestaron que le daban 3 días para que devolvieran dicho documento y que no pensaban en devolverle nada amenazándolo que de no hacerlo es lo iba a cargar la chingada, tanto al agraviado como a sus menores hijos y que peor aún iban a hablar mal del agraviado con más empresas para que no pidieran comercializar algún producto, lo que se corrobora con las declaraciones de los testigos Fernando Silva Riveroll y Obdulia Celestino Galván, además de que dicha amenaza se corrobora con el dictamen psicológico practicado al agraviado con número 1017/2015 por la psicóloga Chadeny Álvarez Rojas, siendo que dicha amenaza fue realizada con el ánimo de obtener un lucro pues le solicitaban al agraviado la entrega de un documento en el cual se había pactado la devolución de un dinero y sin dicho documento el agraviado no tendría forma de recuperar dicha cantidad que le fue entregada a los inculpados obteniendo así un lucro, por último es claro que dicha amenaza se realizó respecto de la integridad física del agraviado así como de sus menores hijos a quienes tiene que proteger así como a sus intereses económicos , motivo por el cual se acredita el cuerpo delito de EXTORSIÓN, ilícito previsto y sancionado por el artículo 292 BIS, en relación con los diversos 13 y 21 Fracción I, todos del Código Penal para el Estado, en agravio de LUIS FERNANDO CONTRERAS BERRA." (foja 395). Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 13 DE octubre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Edgar Omar Duarte Hernandez936/2020
- Edgar Omar Zamora Romales781/2022
- Edgar Ricardo Medellin San Juan39/2018
- Edgar Rodriguez Diaz923/2020
- Edgar Rodriguez Lopez478/2017
- Edgar Rojas Rosario873/2016
- Edgar Romero Berra1611/2016
- Edgar Romero Tierrafria853/2019
- Edgar Ruiz Olivier83/2018
- Edgar Ruiz Olivier445/2018
- Edgar Santos Guzman1146/2023
- Edgar Tobon Rodriguez525/2020