Edgar Rodriguez Diaz
Expediente 923/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Edgar Rodriguez Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de marzo de dos mil veintiuno. I. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Que atento a la Circular SECNO/8/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020), esto implica que se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia; Que esta medida tendría vigencia del 1 al 9 de febrero de 2021; período durante el cual se suspendieron los plazos y términos, con las salvedades ya indicadas. Que atento a la Circular SECNO/9/2021, de seis de febrero de dos mil veintiuno, se prorrogó esa suspensión de plazos y términos procesales del 10 al 15 de febrero de 2021, siendo aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Así mismo, que atento al punto II de la Circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, el 16 y 17 de febrero de 2021, se declararon inhábiles pero laborales, en los cuales sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del AG 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, periodo durante el cual, se suspendieron los plazos y términos procesales, y a partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 -reactivación de plazos y términos procesales-. Y, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. En consecuencia, como el periodo de suspensión decretado ha fenecido, hágase saber a las partes que a partir de esta fecha queda levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. CAUSA EJECUTORIA. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que, por una parte, se concedió y por la otra se negó la medida cautelar solicitada (suspensión provisional y definitiva, respectivamente), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la valoración correspondiente en las carátulas de los expedientes, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el (la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. Maricela.* [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 923/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Edgar Rodríguez Díaz; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado a este juzgado de Distrito, Edgar Rodríguez Díaz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación y prevención. Por acuerdo dictado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 923/2020; asimismo, previno al quejoso para que en el plazo de cinco días, computado legalmente, aclarara diversas cuestiones, como la denominación de algunas las autoridades responsables y los actos que reclamaba en su demanda. Tercero. Auto admisorio. Previo desahogo de la prevención de mérito mediante escrito recibido en este juzgado el dos de diciembre de dos mil veinte, en auto de tres de diciembre del mismo año, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo -con incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Cuarto. Suspensión por contingencia sanitaria. Mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo cual implicó: ( El trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, así como el seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. ( El trámite de casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio "en línea", con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones personales. ( De manera que para los casos restantes a los anteriores -como el presente-, se suspendieron los plazos y términos procesales del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Quinto. Reanudación del procedimiento. 1. Mediante Circular SECNO/1/2021, dirigida al público en general, al personal jurisdiccional y de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" del 12 al 18 de enero de 2021; y, en cumplimiento a lo instruido en la fracción II de dicha Circular, en relación a los Circuitos Judiciales diversos al Primero, Segundo, Decimoctavo y Decimoquinto, se determinó: ( Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órgano jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, ( Que como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. 2. En ese sentido, el doce de enero de dos mil veintiuno, en atención al levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, se ordenó notificar la citada reanudación a las partes. Sexto. Cita para audiencia. En acuerdo de dieciocho de enero del actual, se señalaron las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de enero de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Edgar Rodríguez Díaz reclama: 1. La negativa de dar acceso al NUAT-1078/2020/UIEHOM; 2. La orden de detención, comparecencia, aprehensión, reaprehensión, citación o presentación; y, 3. La ejecución de las citadas órdenes. Tercero. Exclusión de autoridades de la litis. Previa vista otorgada al quejoso por auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, sin que aquél la haya desahogado, mediante diverso proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por inexistente a la autoridad que se denominó como 2. Fiscal Metropolitano adscrito a Fiscalía General del Estado de Puebla; por tanto, la referida autoridad se excluye de la materia de este juicio de amparo. Cuarto. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 1. Fiscal General del Estado de Puebla -por conducto de su representante-. Niega. 27. 2 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega. 28. 3 4. Agente Investigador adscrito a la Unidad de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal -denominación correcta-. Niega. 24. 4 5. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal de la Delegación Popular de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega. 32 y 37. Tabla única. Las autoridades señaladas negaron la existencia de los actos que se les reclama, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. No se soslaya que respecto de la negativa de dar acceso al NUAT-1078/2020/UIEHOM -acto reclamado-, el 5. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal de la Delegación Popular de la Fiscalía General del Estado de Puebla indicó que el ocho de diciembre pasado el quejoso compareció a sus instalaciones acompañado de su abogado para imponerse de dicho expediente; sin embargo, al momento de hacerle la lectura de sus derechos, -señaló- el referido abogado interrumpió la diligencia y sacó a su representado de las oficinas y, después de un lapso prudente, el citado fiscal salió a buscarlos, percatándose de que ya no estaban. Afirmación que se sustenta con la copia certificada que acompañó en complemento a su informe justificado, la tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por tratarse de una documental pública. Sin embargo, debe decirse que tales hechos, al margen de que sucedieron con posterioridad a la presentación de la demanda -veintitrés de noviembre y ocho de diciembre de dos mil veinte, respectivamente- y que por esa razón no puedan tomarse en consideración para establecer la existencia del referido acto reclamado, lo cierto es que las circunstancias narradas sólo abonan a la inexistencia de la negativa de dar acceso al número de atención temprana de origen, por lo que no son suficientes para desvirtuar la negativa realizada por la citada representación social. Consecuentemente, al no existir los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de las autoridades responsables y los actos que se les atribuye. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Esta sentencia no se ocupa de la autoridad que se tuvo por inexistente en auto de quince de enero de dos mil veintiuno, en términos del considerando tercero. Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Edgar Rodríguez Díaz, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando cuarto del propio fallo. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso Edgar Rodríguez Díaz; y, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que no transcurren los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a las partes por acuerdo dictado el quince de diciembre de dos mil veinte, y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tomando en consideración que mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo cual implicó: ( El trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, así como el seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. ( El trámite de casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio "en línea", con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones personales. ( De manera que para los casos restantes a los anteriores -como el presente-, se suspendieron los plazos y términos procesales del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. En tales condiciones, la audiencia constitucional señalada para las diez horas con seis minutos del dieciocho de enero del actual se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de enero de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se aprecia que ha fenecido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa para que manifestara la denominación correcta de la autoridad que señaló como responsable: "2. Fiscal Metropolitano, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla", sin que hubiera presentado promoción alguna para desahogar tal requerimiento; por tanto, hágase efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de ocho de diciembre último, y se tiene por inexistente a la autoridad indicada, por lo que se ordena suspender cualquier comunicación procesal con ésta. Notifíquese por lista a las partes...
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