Edgar Ricardo Medellin San Juan

Expediente 39/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
39/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Edgar Ricardo Medellin San Juan
  • EDGAR RICARDO MEDELLIN SAN JUAN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio 789 del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulados por proveído de veinte de febrero de dos mil dieciocho, pues al efecto devuelve debidamente diligenciado el despacho 152/2018 deducido del presente asunto. Atento a lo anterior, ténganse al quejoso Edgar Ricardo Medellín San Juan, por notificado del proveído de veinte de febrero de esta anualidad, para los efectos legales a que haya lugar. Dese de baja el despacho 152/2018 del índice de este juzgado en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de dieciséis de enero del año en curso, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso Edgar Ricardo Medellín San Juan, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 39/2018-E-; Notifique a la parte quejosa el presente proveído; Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Notifíquese personalmente vía despacho al quejoso.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil dieciocho. Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que aún no obra el despacho 39/2018 (número de orden 47/2018), que se giró el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a fin de notificar lo actuado en dicha fecha al aquí quejoso ********** en el lugar en donde se encuentra recluido, esto es, en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. En ese contexto, requiérase al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, remita a este órgano jurisdiccional el despacho 39/2018 (número de orden 47/2018), que se giró el dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a este requerimiento, se hará efectiva la multa con la cual se le conminó el dieciséis de enero del año en curso.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 39/2018-E. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son: Del 2. Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Puebla (Jesús R. Morales Rodríguez), 3. Coordinador General del C5 del Estado de Puebla (Braulio Fernando Domínguez Torres), y 4. Titular de la Secretaría de Salud en el Estado de Puebla (Arely Sánchez Negrete). La dilación en remitir a la 1. Agente del Ministerio Público Investigadora, asignada al Distrito Judicial de Chalchicomula, con sede en Ciudad Serdán, Puebla los medios de prueba consistentes en diverso material videográfico, que les fueron solicitados, en su orden, mediante oficios 3329/2017, 3330/2017 y 3331/2017, los cuales recibieron el veinte de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 18, 20 y 22); y De la 1. Agente del Ministerio Público Investigadora, asignada al Distrito Judicial de Chalchicomula, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, la omisión de requerir a las anteriores autoridades para que cumplan con el envío de dicho material. Todo ello dentro de la etapa de investigación complementaria, en la causa penal 133/2017/SERDAN del índice del Juzgado de Oralidad Penal y ejecución del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, cuya prórroga fenece el veintiocho de enero de dos mil diecisiete. En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues esta Juzgadora advierte, de oficio, que de forma indudable y manifiesta se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu; y, con el diverso numeral 173, apartado B, fracciones X y XII, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados no son de imposible reparación, al no afectar algún derecho sustantivo. El contenido de los dispositivos invocados es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: (.) Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral .) X. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; (.) XII. No se faciliten al imputado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el procedimiento o se restrinja al imputado y a la defensa el acceso a los registros de investigación cuando el primero esté detenido o se pretenda recibirle declaración o entrevistarlo; (.)" De la transcripción de los preceptos legales se advierte que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, esto es, en el artículo 107, fracción V de la ley de la materia. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza material de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de formal o adjetiva. Así, cuando un particular, como en el caso, se duele exclusivamente de una afectación adjetiva cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, o un procedimiento seguido en forma de juicio, aun cuando aleguen violaciones al artículo 20 de la Ley Suprema, los actos que reclaman no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión del artículo 20 constitucional; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que, tratándose de procedimientos jurisdiccionales o procedimientos seguidos en forma de juicio, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta contra ese tipo de actos. En la especie, los actos reclamados consistentes en la dilación en la remisión de los datos de prueba requeridos por la defensa del directo quejoso por conducto de la agente del Ministerio Público responsable y la omisión de ésta en realizar los trámites necesarios para tal efecto, ante la cercanía de la fecha señalada para el cierre de la investigación complementaria (veintiocho de enero de dos mil dieciocho) no lesionan los derechos sustantivos del quejoso. Es así, pues al margen de que aún no fenece el plazo concedido como ampliación para el cierre de investigación complementaria (que en dicho del quejoso ocurre el veintiocho de enero de dos mil dieciocho), el hecho de que no se llegaran a obtener tales datos de prueba antes de que se agote dicho plazo por la dilación de las responsables ejecutoras o por la omisión de la representante social responsable en auxiliarle para ello en términos del artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales , constituyen actos que deben considerarse como violaciones al procedimiento que son, en su caso, reclamables en la vía directa del juicio de amparo, tal y como lo establece expresamente el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el transcrito 173, apartado B, fracciones X y XII de la legislación en cita. Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación. Éste deriva de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma constitucional efectuada en junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que generaba en algunos expedientes la promoción excesiva del juicio de amparo indirecto. De ahí se advirtió la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se estimó posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en éste las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015 , en la que determinó que la interpretación más viable con el propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de establecer un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo). Entonces, para hacer procedente la vía indirecta del juicio de amparo, resulta indispensable la actualización del parámetro actual de imposible reparación, esto es: afectación material a derechos sustantivos y en el cual no podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales tal como sucede con los actos reclamados por la parte quejosa, que, en suma se traducen en la dilación para obtener medios de prueba a favor del imputado antes del cierre de la fase de investigación complementaria. Lo anterior es así, porque las posibles transgresiones que pudieren cometerse durante la secuela procesal podrían constituir, en su caso, violaciones al procedimiento que en nada afecten los derechos sustantivos del peticionario de amparo, pues incluso podría darse el caso de que el Ministerio Público no formulara acusación, o en su caso se dictara sentencia absolutoria en su favor. Y, en el evento de que dichas violaciones trascendieran al resultado del fallo y afectaran las defensas del quejoso al obtener una sentencia adversa, éstas podrían ser impugnadas mediante el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 170, 171 y 173, apartado B de la Ley de Amparo. Además, el criterio actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño del artículo 107, fracción V de la ley de la materia vigente. Luego, frente a los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la Constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se observa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque éstos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia por parte del juzgador. Entonces, frente al particular que ve limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que éste busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas¬¬- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Es más, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro, con la posibilidad de que -como se dijo- la sentencia definitiva resulte favorable al directo quejoso. En ese sentido, aunque los promoventes alegan que con los medios de prueba ofertados se probará la versión del imputado que controvierte los hechos sobre los cuales se le acusa, lo cierto es que, como se dijo, la dilación en su obtención y, en su caso, el no obtenerlas antes de la fecha señalada para el cierre de la investigación complementaria constituyen actos procesales que no afectan sus derechos sustantivos; pues la actualización de tales circunstancias no necesariamente implica que le traerá al directo quejoso consecuencias adversas que trascenderán al resultado del fallo, ni que afectarán los derechos del directo quejoso, pues aun en ese caso podría obtener un resultado favorable a sus intereses, razón por la cual se establece en los ordinales invocados que, tales violaciones, en caso de causar una afectación a los derechos del gobernado, serán impugnables mediante el juicio de amparo directo y no en la presente instancia constitucional. En esas condiciones, es indudable que los actos reclamados constituyen actos intraprocesales emitidos dentro del proceso penal, cuyos efectos son sólo adjetivos y no de imposible reparación, cuya afectación, en su caso, se materializaría hasta la emisión del fallo definitivo y, aunque no escapa la atención de la suscrita que los promoventes refieren que en la versión de los hechos por parte del imputado se adujeron cuestiones de tortura, lo cierto es que en el caso de ser así, también constituiría una violación al procedimiento reclamable en amparo directo en términos de la fracción VI, del multicitado ordinal 173, apartado B de la Ley de Amparo. Además, no debe perderse de vista que los actos destacados, fueron emitidos en un procedimiento que se sigue conforme al nuevo sistema de enjuiciamiento penal, de corte oral y acusatorio, respecto del cual, el artículo 173 de la Ley de Amparo, establece con claridad las reglas específicas para impugnar ese tipo de actos, cuando el gobernado estime que afectaron sus intereses pues, se insiste, el apartado B, prevé que el no auxiliar al imputado en la obtención de sus pruebas o no se le faciliten los datos para su defensa constituyen violaciones procesales reclamables por la vía directa del juicio de garantías. En el mismo sentido, el artículo 170 de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, asimismo, establece que en materia penal, el proceso penal comienza con la audiencia inicial ante el juez de control y, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) la de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) la intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) la de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En tal virtud, dado que los promoventes reclaman en favor del directo quejoso, entre otras cosas, que no se han obtenido los datos de prueba requeridos por conducto del Ministerio Púbico dentro de la etapa de investigación complementaria, es evidente que ello es posterior a la audiencia inicial aludida y por tal razón debe considerarse como un acto intraprocesal, pues como se dijo, únicamente atañe a cuestiones de esa naturaleza. Orienta el criterio de la suscrita la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/15 (10a.), integrada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que señala: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Este órgano colegiado determinó modificar el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1035, de rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", consideró que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, en lo relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es Parte, expresó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte"; que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior." Situaciones que determinan la improcedencia de este juicio de amparo indirecto, conforme al parámetro actual de imposible reparación y al nuevo esquema que rige al sistema de justicia penal oral y acusatorio pues, al tratarse de cuestiones procesales, se carece de elementos para visualizar un impacto a derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano -como la libertad, la justicia pronta, la integridad física, entre otros-. Bajo este contexto, se deduce que los actos reclamados carecen de los atributos necesarios conforme al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) que resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Sustentan dichas consideraciones, en lo conducente, las siguientes tesis jurisprudenciales: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En esas condiciones, es indudable que los actos reclamados constituyen actos intraprocesales emitidos dentro del proceso penal, cuyos efectos son sólo adjetivos y no de imposible reparación, cuya afectación, en su caso, se materializaría hasta la emisión del fallo definitivo, pues por el sólo hecho de su actualización no se afectan materialmente derechos sustantivos del quejoso, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, etcétera , sino que se trata de actos meramente adjetivos o procesales, cuya consecuencia se limita únicamente a decretar el cierre la etapa de investigación, lo que no necesariamente conduce que se formule acusación, pues también puede darse el caso del que se decrete el sobreseimiento o la suspensión del proceso en términos del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales . Incluso, no debe perderse de vista que de la redacción del artículo 333 del ordenamiento legal en cita, que prevé la reapertura de la investigación a solicitud de las partes, se colige que es procedente (antes de que se formule acusación) la petición de llevar a cabo actos de investigación que en su oportunidad se hubieren ordenado a petición de las partes, cuando esto no se hubiere cumplido, salvo que tal incumplimiento se verifique por negligencia o hecho imputable a ellas. "Artículo 333. Reapertura de la investigación Hasta antes de presentada la acusación, las partes podrán reiterar la solicitud de diligencias de investigación específicas que hubieren formulado al Ministerio Público después de dictado el auto de vinculación a proceso y que éste hubiere rechazado. Si el Juez de control aceptara la solicitud de las partes, ordenará al Ministerio Público reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las actuaciones en el plazo que le fijará. En dicha audiencia, el Ministerio Público podrá solicitar la ampliación del plazo por una sola vez. No procederá la solicitud de llevar a cabo actos de investigación que en su oportunidad se hubieren ordenado a petición de las partes y no se hubieren cumplido por negligencia o hecho imputable a ellas, ni tampoco las que fueren impertinentes, las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios, ni todas aquellas que hubieren sido solicitadas con fines puramente dilatorios. Vencido el plazo o su ampliación, la investigación sujeta a reapertura se considerará cerrada, o aún antes de ello si se hubieren cumplido las actuaciones que la motivaron, y se procederá de conformidad con lo dispuesto en este Código." Por consiguiente, la parte quejosa debe esperar la sentencia definitiva, para después, de estimarlo necesario, acudir al juicio de amparo directo conforme a las reglas dispuestas en los artículos 170, 171 y 173, apartado B de la Ley de Amparo. Cabe agregar que la improcedencia advertida en este sumario también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en el acto reclamado, pues de analizarse el contenido de ésta, habrá de prolongarse la tramitación del proceso penal de origen en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de ese procedimiento -a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación- para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcribe: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Es por lo antes expuesto que se concluye que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu; y, con el diverso numeral 173, apartado B, fracciones X y XII, todos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Por otro lado, téngase como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona señalada para tal efecto en su demanda de amparo, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Finalmente, como el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Edgar Ricardo Medellín San Juan, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 39/2018-E-; d) Notifique a la parte quejosa el presente proveído; e) Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.

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