Edgar Omar Zamora Romales

Expediente 781/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 37 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
781/2022
Año
2022
Actuaciones
37
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Edgar Omar Zamora Romales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el referido cuaderno incidental era susceptible de depuración, en razón a que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, tendiendo a que el precepto antes indicado así lo establece. Sin embargo, en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo la acotación en el punto 7.1.1., dígito 2 en el sentido que en los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la suspensión provisional, pero se negó la suspensión definitiva el cuaderno incidental será "destruible". Por tanto, en cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión provisional pero se negó en definitiva la medida cautelar solicitada, conforme en el punto 7.1.1., dígito 2 del citado Manual se establece que es susceptible de destrucción una vez que transcurra el plazo de tres años que establece el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General. Y, por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en cita, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE ANEXO. En otro sentido, se ordena devolver a la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estrado de Puebla, adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata, Carmen María Vargas Kasir, las copias cotejadas que integran la carpeta de investigación 5656/2019/CHOLULA, de su estadística, con las cuales se formó el anexo I del presente juicio de amparo. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias a devolver, toda vez que la citada responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), dígase a la parte quejosa -Edgar Omar Zamora Romales- y tercera interesada - moral tercera interesada "Espacios PVM Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable"-, que cuentan con el plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para recuperar y recoger los documentos que adjuntaron a sus rescritos con número de registro 16154 -fojas119 y 120- y 16473 -foja 134-, consistentes en un contrato de arrendamiento celebrado el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete y la copia certificada del instrumento notarial ciento dos mil seiscientos ochenta y seis (102686), de once de octubre de dos mil seis, respectivamente. Con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos correrá el mismo destino que el expediente principal. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se estima que el presente proveído, debe integrarse al expediente físico, pues genera constancias de notificación, dado que se ordena el archivo del presente expediente. Notifíquese electrónicamente a quien se ostentó como quejoso ****, así como a la responsable 5. Director General de la Policía Estatal Preventiva; personalmente a la moral tercera interesada; y, por oficio a las autoridades responsables, a la diversa autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    (CITATORIO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE 17 DE FEBRERO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el referido cuaderno incidental era susceptible de depuración, en razón a que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, tendiendo a que el precepto antes indicado así lo establece. Sin embargo, en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo la acotación en el punto 7.1.1., dígito 2 en el sentido que en los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la suspensión provisional, pero se negó la suspensión definitiva el cuaderno incidental será "destruible". Por tanto, en cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión provisional pero se negó en definitiva la medida cautelar solicitada, conforme en el punto 7.1.1., dígito 2 del citado Manual se establece que es susceptible de destrucción una vez que transcurra el plazo de tres años que establece el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General. Y, por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en cita, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE ANEXO. En otro sentido, se ordena devolver a la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estrado de Puebla, adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata, Carmen María Vargas Kasir, las copias cotejadas que integran la carpeta de investigación 5656/2019/CHOLULA, de su estadística, con las cuales se formó el anexo I del presente juicio de amparo. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias a devolver, toda vez que la citada responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), dígase a la parte quejosa -Edgar Omar Zamora Romales- y tercera interesada - moral tercera interesada "Espacios PVM Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable"-, que cuentan con el plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para recuperar y recoger los documentos que adjuntaron a sus rescritos con número de registro 16154 -fojas119 y 120- y 16473 -foja 134-, consistentes en un contrato de arrendamiento celebrado el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete y la copia certificada del instrumento notarial ciento dos mil seiscientos ochenta y seis (102686), de once de octubre de dos mil seis, respectivamente. Con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos correrá el mismo destino que el expediente principal. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se estima que el presente proveído, debe integrarse al expediente físico, pues genera constancias de notificación, dado que se ordena el archivo del presente expediente. Notifíquese electrónicamente a quien se ostentó como quejoso ****, así como a la responsable 5. Director General de la Policía Estatal Preventiva; personalmente a la moral tercera interesada; y, por oficio a las autoridades responsables, a la diversa autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos, para que surtan los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por Aleyda García Cabrera, perito en materia de grafoscopía adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Puebla de la Fiscalía General de la República, mediante el cual informa -en lo que interesa-, que toma conocimiento del contenido del auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en cuanto a que se le exime de la obligación de emitir el dictamen pericial que le fue solicitado en autos; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA AL PERITO OFICIAL LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, ********************, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. CERTIFICACIÓN DE INASISTENCIA. Intégrese a los autos la certificación asentada por el secretario de la adscripción, en la que hizo constar la inasistencia del quejoso ******************** a la diligencia ordenada en acuerdo de trece de enero de dos mil veintitrés, con la finalidad de recabarle muestras de escritura y firmas que sirvieran de base para el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía, ordenada oficiosamente por este juzgador, pese a estar notificado para tal efecto. En ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído de trece de enero pasado, y con fundamento en el artículo 89 del Código de Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concluye que el quejoso no suscribió la firma señalada como dubitable (la estampada en el escrito inicial de demanda); lo anterior, con las consecuencias legales que ello implique. En tales condiciones, al haberse determinado que la firma que calza el escrito inicial de demanda, no fue estampada por quien se ostentó como ********************, este órgano jurisdiccional estima innecesario continuar con el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía -ordenada de oficio en auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós-, pues su finalidad era indagar acerca de la autenticidad de la firma contenida en la demanda que dio origen a este juicio. Por lo anterior, hágase del conocimiento de la perito en la multicitada materia ******************** -designada por este órgano jurisdiccional-, que queda eximida de su obligación de emitir dictamen alguno en el presente sumario constitucional; lo anterior, para los efectos legales conducentes. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Establecido lo anterior, con base en las constancias que obran en autos, se advierte de oficio que en la especie se actualiza una causal de improcedencia relacionada con el incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada -previsto en los artículos 107, fracción I, Constitucional y 5° de la Ley de Amparo-, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. Justamente, del estado de autos, se advierte que el catorce de diciembre de dos mil veintidós (fojas 247 y 248), este juzgador, a simple vista, advirtió la existencia de diferencias notorias entre las firmas que calzan en la demanda de amparo y el escrito de desahogo de prevención (foja 29) con la diversa estampada por el quejoso ********************, en la diligencia de ratificación de firma ante este juzgador, celebrada cinco de agosto de dos mil veintidós (foja 34) dentro del presente expediente; tal como se advierte de las siguientes reproducciones: 1. Demanda de Amparo 2. Del desahogo de prevención. 3. De la diligencia de ratificación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 62 de la ley de la materia, se estimó viable requerir a la parte quejosa para que manifestara si reconocía o no el contenido de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; lo que se llevó a cabo mediante diligencia desahogada el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en las instalaciones de este órgano federal (foja 255). En dicha diligencia, se requirió al compareciente para que se condujera con la verdad, haciendo de su conocimiento las consecuencias jurídicas de afirmar hechos falsos; y, ante el cuestionamiento directo realizado por el secretario del juzgado, ********************, manifestó que sí ratificaba el contenido y firma de la demanda de amparo que dio origen a este juicio. Luego, el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós (fojas 257 a 261), tomando en consideración que el reconocimiento de firmas no es una diligencia que tenga el alcance de convalidar un acto nulo ni de permitir que la parte quejosa en un juicio de amparo se haga cargo del contenido de un escrito no firmado por ella, y ante la presunta disparidad de firmas, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se consideró necesario el desahogo de una prueba pericial en materia de grafoscopía, a fin de indagar acerca de la autenticidad de la firma contenida en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 338/2016, estableció que cuando el juzgador aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad, pues, por un lado señaló que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, indicó que dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. De igual forma, se hizo saber que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, ha considerado innecesaria la apertura oficiosa del incidente de falsedad de firma cuando se ordena el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía con el fin de verificar la autenticidad de la firma plasmada en la demanda de amparo, pues al resolver la contradicción de tesis 218/2020, determinó que no se trata de una prueba colegiada que requiera la participación de los peritos propuestos por las partes para ser integrada. Lo anterior, pues indicó que en atención a los principios de celeridad y economía procesal que caracterizan al juicio de amparo como un procedimiento sumario, así como a la mecánica para el trámite y desahogo de la prueba pericial regulados en la Ley de Amparo, para el desahogo de la prueba pericial en materia grafoscópica para dilucidar la autenticidad de la firma del promovente del amparo, basta con el desahogo del peritaje oficial para que el órgano jurisdiccional se informe suficientemente para determinar la autenticidad o falsedad de la firma cuestionada, por lo cual resulta innecesaria la apertura oficiosa del incidente respectivo, sin que ello signifique que la parte quejosa quede en un estado de indefensión, pues no hay impedimento alguno para que designe un perito de su parte y promueva el incidente respectivo si así lo estima pertinente; de lo contrario, sólo se retrasaría la solución del juicio, en detrimento del principio de justicia expedita previsto en el artículo 17 constitucional. Así, en el mencionado auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se hizo saber a las partes que se tendrían como firmas indubitables, para el cotejo respecto de la firma plasmada en el escrito de demanda (dubitable), la firma que estampó el peticionario de amparo en la diligencia de reconocimiento de firma, desahogada el cinco de agosto de dos mil veintidós, en donde reconoció como suya la firma que calza en el escrito de desahogo de prevención (foja 34); la estampada en diligencia de veintidós de diciembre de dos mil veintidós (foja 255) y la diversa firma que obra en su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con la que se identificó en este juzgado. Luego, a pesar de la fijación de las aludidas firmas indubitables, en virtud de la solicitud formulada por ********************, perita en materia de grafoscopía designada por este órgano jurisdiccional, por acuerdo dictado el trece de enero de dos mil veintitrés (fojas 301 y 302), se ordenó llevar a cabo una diligencia de muestras de escritura y firmas ante la presencia judicial, ello con el objeto de que la citada experta contara con mayores elementos para dictaminar; fijando para tal efecto las once horas con veinte minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés; apercibiendo al quejoso ******************** que de no asistir a la multicitada diligencia, con fundamento en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se entendería que él no suscribió la firma señalada como dubitable (la estampada en el escrito inicial de demanda). A las once horas con veinte minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés (foja 311) el secretario adscrito a este juzgado, certificó la asistencia de la perito ******************** e hizo constar que se dio un margen de tolerancia de veinticinco minutos para que el quejoso ********************, se presentara ante el secretario encargado del presente asunto, a efecto de desahogar la diligencia ordenada en auto de trece de enero de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificado (foja 304). Por lo anterior, como se aprecia en párrafos precedentes, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto -de trece de enero de dos mil veintitrés-; y, con fundamento en el artículo 89 del Código de Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se determinó que el quejoso no suscribió la firma señalada como dubitable (la estampada en el escrito inicial de demanda). Así como se asentó al inicio de este proveído, se concluyó que la firma dubitada que calza la demanda de amparo no fue estampada por el quejoso ********************. En ese contexto, se estima actualizada la causa de improcedencia que deriva de relacionar lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, 6 párrafo primero, y 15 de la Ley de Amparo. En efecto, de la interpretación de los citados artículos, se obtiene que el juicio de amparo: a) Tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que, en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. b) Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; c) Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, d) Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Asimismo, conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1. Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2. Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Ahora bien, en la especie, no se cumplen los requisitos previamente establecidos; pues la parte quejosa reclamó a) La desposesión, desocupación, lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, respecto de los ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ********************; b) La orden de aseguramiento llevada a cabo en los ******************** comerciales ya referidos; y, c) las órdenes de detención, aprehensión y presentación libradas en su contra; así como su ejecución, dentro de la carpeta de investigación ********************; por tanto, dichos actos no se ubica en ninguno de los supuestos previamente indicados, ni el hoy quejoso se encontraba imposibilitado para promover directamente el amparo. Por tanto, al no haber suscrito la parte quejosa la firma que calza el escrito inicial de demanda, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el amparo. Ello es así, pues aun cuando el acto reclamado afecta la esfera jurídica de quien aparece como promovente en la demanda, al no haber externado su voluntad de acudir al juicio de derechos fundamentales -mediante su firma-, se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada, por lo que debe sobreseerse en el juicio. Dicho de otro modo, el juicio de amparo es improcedente cuando no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, y es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho. Por tanto, al haber quedado demostrada la falta de voluntad del quejoso para instar este juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia en estudio; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia de lo determinado en este auto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de enero próximo (foja 269 vuelta). Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a quien se ostentó como quejoso ********************, así como a la responsable 5. Director General de la Policía Estatal Preventiva; personalmente a la perito ********************, así como a la moral tercera interesada; y, por oficio a las autoridades responsables, a la diversa autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

Quedan 33 actuaciones en este expediente

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