Edgar Rojas Rosario
Expediente 873/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 26/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Edgar Rojas Rosario
- EDGAR ROJAS ROSARIO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del cinco al veintitrés de diciembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de siete de noviembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia engrosada el trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 71 a 87), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Edgar Rojas Rosario, para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá precisar con qué pruebas llegó a la conclusión de que se causó la pérdida de un miembro o se atacó la integridad de una función vital de la paciente que destacó en el segundo de los elementos del cuerpo del delito y que alude la fracción IV del artículo 239 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. b) Deberá precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito en estudio, en relación al ahora quejoso. c) Indique de manera fundada y motivada la participación del quejoso en el delito que se le imputa, pues si bien es cierto que ubicó la conducta del aludido inculpado aquí quejoso en la fracción I del artículo 21 del Código Penal del Estado de Puebla, lo cierto es que omitió destacar de qué manera las pruebas que relacionó y valoró acreditan que la conducta desplegada por Edgar Rojas Rosario, se ubicó en la hipótesis a que alude la fracción IV del artículo 239 del código penal estatal invocado (Sin recabar la autorización del paciente o de la persona que deba otorgarla, salvo en casos de urgencia en que el enfermo se halle en peligro de muerte, cause la pérdida de un miembro o ataque la integridad de una función vital), así como la forma en que se advertía que su conducta delictiva que se le atribuye encuadraba en la fracción V (practique una operación innecesaria), más cuando de la denuncia y demás pruebas se desprende que el médico tratante del padecimiento de la aludida paciente fue diversa persona y no el quejoso. Incluso la autoridad deberá destacar la acción que ejecutó en el caso particular el quejoso en los hechos que se le imputan, debiendo precisar el dato de prueba o pruebas que evidencien que el quejoso estaba a cargo de la atención médica de la paciente mencionada y que a él le correspondía el seguimiento de su enfermedad. Incluso el análisis que haga de las pruebas de cargo deberá y sopesarlas o confrontarlas con la declaración de los coinculpados Roberto Jonatán Maceda Jiménez, David Camela Montiel y María Félix González Trujillo, con la declaración del propio inculpado aquí quejoso como con el interrogatorio que se practicó al perito forense José Luis Joaquín Arellano Martínez (fojas 76 vuelta a 83 del tomo II de pruebas), y así determinar si en el caso existían datos que acrediten la participación del inculpado Edgar Rojas Rosario y por ende la responsabilidad que se le imputa. Es importante efectuar el análisis adecuado a la prueba de interrogatorio y sopesarla con el restante material probatorio y así determinar, primero si le correspondía al quejoso obtener la autorización del paciente o de la persona que debe otorgarla, salvo en casos de urgencia en que el enfermo se halle en peligro de muerte, cause la pérdida de un miembro o ataque la integridad de una función vital, y segundo determinar si él es responsable de practicar una operación innecesaria a la paciente mencionada, con el fin de tener una mayor seguridad para establecer si en el caso existían datos que acrediten la responsabilidad que se le imputa. Sin que se desconozca el argumento de que fue un trabajo de equipo y que por ello les correspondía la responsabilidad compartida, ya que tal aseveración, al margen de lo dicho anteriormente, en su caso, la debe ubicar en un precepto legal que le permita hacerla de forma compartida, por no poderla dividir, en su caso." (fojas 85 vuelta a 87). Con base en lo anterior, por auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis la sentencia de mérito causó ejecutoria, y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 167 a 171). Ahora, mediante oficio 2163 de tres de noviembre de dos mil dieciséis (foja 178), la autoridad responsable Juez de lo Penal de Tecamachalco, Puebla remitió copia certificada del auto de término constitucional pronunciado en el proceso 8/2016 en esa misma fecha (fojas 179 a 203), de dichas constancias se advierte que el citado juzgador, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, dio cumplimiento a los efectos siguientes: Dejó insubsistente la resolución reclamada de nueve de mayo de dos mil dieciséis (foja 179), mediante la cual se había decretado auto de formal prisión o preventiva en contra de Edgar Rojas Rosario como probable responsable del delito de Responsabilidad Médica, previsto y sancionado por el artículo 239, fracciones IV y V en relación con los diversos 11, 13 y 21 todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida se llamó Juana Andrea De Lazaro Santos o Juana de Lázaro Santos; y en su lugar, Pronunció una nueva resolución de término constitucional, en la que decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a favor de Edgar Rojas Rosario. (foja 202). Dicha resolución de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de siete de noviembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia engrosada el trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 71 a 87), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Edgar Rojas Rosario, para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá precisar con qué pruebas llegó a la conclusión de que se causó la pérdida de un miembro o se atacó la integridad de una función vital de la paciente que destacó en el segundo de los elementos del cuerpo del delito y que alude la fracción IV del artículo 239 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. b) Deberá precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito en estudio, en relación al ahora quejoso. c) Indique de manera fundada y motivada la participación del quejoso en el delito que se le imputa, pues si bien es cierto que ubicó la conducta del aludido inculpado aquí quejoso en la fracción I del artículo 21 del Código Penal del Estado de Puebla, lo cierto es que omitió destacar de qué manera las pruebas que relacionó y valoró acreditan que la conducta desplegada por Edgar Rojas Rosario, se ubicó en la hipótesis a que alude la fracción IV del artículo 239 del código penal estatal invocado (Sin recabar la autorización del paciente o de la persona que deba otorgarla, salvo en casos de urgencia en que el enfermo se halle en peligro de muerte, cause la pérdida de un miembro o ataque la integridad de una función vital), así como la forma en que se advertía que su conducta delictiva que se le atribuye encuadraba en la fracción V (practique una operación innecesaria), más cuando de la denuncia y demás pruebas se desprende que el médico tratante del padecimiento de la aludida paciente fue diversa persona y no el quejoso. Incluso la autoridad deberá destacar la acción que ejecutó en el caso particular el quejoso en los hechos que se le imputan, debiendo precisar el dato de prueba o pruebas que evidencien que el quejoso estaba a cargo de la atención médica de la paciente mencionada y que a él le correspondía el seguimiento de su enfermedad. Incluso el análisis que haga de las pruebas de cargo deberá y sopesarlas o confrontarlas con la declaración de los coinculpados Roberto Jonatán Maceda Jiménez, David Camela Montiel y María Félix González Trujillo, con la declaración del propio inculpado aquí quejoso como con el interrogatorio que se practicó al perito forense José Luis Joaquín Arellano Martínez (fojas 76 vuelta a 83 del tomo II de pruebas), y así determinar si en el caso existían datos que acrediten la participación del inculpado Edgar Rojas Rosario y por ende la responsabilidad que se le imputa. Es importante efectuar el análisis adecuado a la prueba de interrogatorio y sopesarla con el restante material probatorio y así determinar, primero si le correspondía al quejoso obtener la autorización del paciente o de la persona que debe otorgarla, salvo en casos de urgencia en que el enfermo se halle en peligro de muerte, cause la pérdida de un miembro o ataque la integridad de una función vital, y segundo determinar si él es responsable de practicar una operación innecesaria a la paciente mencionada, con el fin de tener una mayor seguridad para establecer si en el caso existían datos que acrediten la responsabilidad que se le imputa. Sin que se desconozca el argumento de que fue un trabajo de equipo y que por ello les correspondía la responsabilidad compartida, ya que tal aseveración, al margen de lo dicho anteriormente, en su caso, la debe ubicar en un precepto legal que le permita hacerla de forma compartida, por no poderla dividir, en su caso." (fojas 85 vuelta a 87). Con base en lo anterior, por auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis la sentencia de mérito causó ejecutoria, y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 167 a 171). Ahora, mediante oficio 2163 de tres de noviembre de dos mil dieciséis (foja 178), la autoridad responsable Juez de lo Penal de Tecamachalco, Puebla remitió copia certificada del auto de término constitucional pronunciado en el proceso 8/2016 en esa misma fecha (fojas 179 a 203), de dichas constancias se advierte que el citado juzgador, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, dio cumplimiento a los efectos siguientes: Dejó insubsistente la resolución reclamada de nueve de mayo de dos mil dieciséis (foja 179), mediante la cual se había decretado auto de formal prisión o preventiva en contra de Edgar Rojas Rosario como probable responsable del delito de Responsabilidad Médica, previsto y sancionado por el artículo 239, fracciones IV y V en relación con los diversos 11, 13 y 21 todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida se llamó Juana Andrea De Lazaro Santos o Juana de Lázaro Santos; y en su lugar, Pronunció una nueva resolución de término constitucional, en la que decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a favor de Edgar Rojas Rosario. (foja 202). Dicha resolución de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable Juez de lo Civil y de lo Penal de Tecamachalco, Puebla, en atención a su contenido, téngasele a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Edgar Omar Duarte Hernandez1086/2017
- Edgar Omar Duarte Hernandez936/2020
- Edgar Omar Zamora Romales781/2022
- Edgar Ricardo Medellin San Juan39/2018
- Edgar Rodriguez Diaz923/2020
- Edgar Rodriguez Lopez478/2017
- Edgar Romero Berra472/2016
- Edgar Romero Berra1611/2016
- Edgar Romero Tierrafria853/2019
- Edgar Ruiz Olivier83/2018
- Edgar Ruiz Olivier445/2018
- Edgar Santos Guzman1146/2023