Dulce Maria Jan Rivero
Expediente 197/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 197/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/05/2022
Partes del expediente
- Dulce Maria Jan Rivero
- DULCE MARIA JAN RIVERO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por los quejosos recurso de queja, en contra del proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en acuerdo de veintiuno de abril de la presente anualidad y para tal efecto, remite copias certificadas del expediente administrativo integrado a nombre de los directamente agraviados Dulce María Jan Rivero, Adrián Alonso Lima, Reynaldo Cedeño Pacheco y Dangel González Arreguí. DESECHAMIENTO Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir del quejoso, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en: "[.] 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California. a) El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana Baja California. b) La ausencia de asesoría legal de los quejosos, en consecuencia, la negativa de permitir el de acceso a su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. De acuerdo a lo previsto en el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Migración. 2. Sub Representante Federal de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California. a) El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana Baja California. b) La ausencia de asesoría legal de los quejosos, en consecuencia, la negativa de permitir el de acceso a su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. De acuerdo a lo previsto en el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Migración. 3. Representante Local Tijuana de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California. a) El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana Baja California. b) La ausencia de asesoría legal de los quejosos, en consecuencia, la negativa de permitir el de acceso a su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. De acuerdo a lo previsto en el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Migración. 4. Subdirector de Control y Verificación Migratoria, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California. a) El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana Baja California. b) La ausencia de asesoría legal de los quejosos, en consecuencia, la negativa de permitir el de acceso a su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. De acuerdo a lo previsto en el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Migración. c) La omisión de dar a conocer al quejoso sobre el derecho que tiene para solicitar refugio en México, ni se le ha permitido tener la asistencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para en su caso si así lo desea hacer la solicitud formal de refugio. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 13, fracción III, 109, fracción II de la Ley de Migración, 3 fracción V del Reglamento de la Ley de Migración y 11 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. d) La omisión de proporcionar alimentos de calidad y de conformidad con sus necesidades de nutrición. Lo anterior en términos del artículo 107 fracción II de la Ley de Migración. e) Las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los quejosos, incumpliendo con los protocolos de sana distancia, lo que pone en riesgo su salud e incluso su vida, derivado de la pandemia mundial por el virus COVID19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI de la Ley de Migración. 5. Subdirector de Regulación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California. a) El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana Baja California. b) La ausencia de asesoría legal de los quejosos, en consecuencia, la negativa de permitir el de acceso a su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. De acuerdo a lo previsto en el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Migración. c) La omisión de dar a conocer al quejoso sobre el derecho que tiene para solicitar refugio en México, ni se le ha permitido tener la asistencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para en su caso si así lo desea hacer la solicitud formal de refugio. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 13, fracción III, 109, fracción II de la Ley de Migración, 3 fracción V del Reglamento de la Ley de Migración y 11 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. d) La omisión de proporcionar alimentos de calidad y de conformidad con sus necesidades de nutrición. Lo anterior en términos del artículo 107 fracción II de la Ley de Migración. e) Las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los quejosos, incumpliendo con los protocolos de sana distancia, lo que pone en riesgo su salud e incluso su vida, derivado de la pandemia mundial por el virus COVID19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI de la Ley de Migración. 6. Jefe de Departamento de Control Migratorio de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California. a) El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana Baja California. b) La ausencia de asesoría legal de los quejosos, en consecuencia, la negativa de permitir el de acceso a su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. De acuerdo a lo previsto en el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Migración. [.]" Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido de las constancias enviadas por las autoridades señaladas, se desprende: -Copia certificada del expediente administrativo de cada uno de los aquí quejosos, de los que se desprende en lo que aquí interesa lo siguiente: a) Examen médico de diez de marzo del año en curso. b) Constancia de entrega de Kit de Limpieza de diez de marzo de dos mil veintidós. c) Solicitud de retorno asistido, sujeción a procedimiento administrativo migratorio o refugio de diez de marzo de la presente anualidad. d) Constancia notificación de once de marzo de dos mil veintidós, en la que se hizo constar la negativa de los agraviados Dulce María Jan Rivero, Adrián Alonso Lima, Reynaldo Cedeño Pacheco y Dangel González Arreguí de firmar y ser notificados del contenido de sus respectivos expedientes administrativos. Constancia de comparecencia de diez de marzo de dos mil veintidós, en la que entre otras cosas se les hizo del conocimiento lo siguiente: del derecho a comunicarse con su representación consular, ser asistidos o representados legalmente por persona que al efecto designen; el solicitar el reconocimiento de la condición de refugiados o la determinación de apátrida, del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132. 133 y 134 de la Ley de Migración, solicitar el retorno asistido a su país de origen, interponer recurso en contra de las resoluciones que emita este instituto, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. Constancia de Derechos de los alojados en las estaciones migratorias. e) Resolución de once de marzo de dos mil veintidós, en la que se resolvió: (.) PRIMERO.- En atención al considerando II se le otorga oficio de Salida Definitiva del País de EL EXTRANJERO .., por adecuar su conducta a la hipótesis contemplada en el artículo 137 fracción III de la Ley de Migración por lo que se le concede un plazo máximo de Veinte Días Naturales improrrogables contados a partir de la notificación de la presente Resolución, para que al amparo del mismo abandone de inmediato el Territorio México, debiendo hacerlo de manera regular preferentemente por la frontera más cercana a esta entidad federativa." e) Oficios de salida definitiva del país con números 0471/2022, 465/2022 y 467/2022, 470/2022, todos de once de marzo del año en que transcurre; y, F) Certificado médico de salida. Documental pública a la que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los numerales 93, fracción II, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, resulta evidente que desde el once de marzo del año en curso, los citados quejosos quedaron en libertad para regresar a su país de origen. Aunado a ello, de la constancia de doce de marzo de este año, signada por el Actuario de la adscripción, se advierte que al constituirse en la Estación Migratoria de esta ciudad, fue informado por personal del Instituto Nacional de Migración, que los directamente agraviados ya no se encontraban en los separos de esa estación, sin especificar el motivo del egreso. De lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado; toda vez que los actos que refiere el promovente sufrían éstos con motivo de la internación en las instalaciones migratorias de esta ciudad, quedaron sin efecto al dárseles salida de las instalaciones migratorias mediante los oficios correspondientes; por tanto los actos que se reclaman han desaparecido en forma total, como si no hubieran invadido la esfera jurídica de los directamente agraviados; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que los actos reclamados en este juicio de amparo, consistente en: La detención por más de treinta y seis horas; la incomunicación, omisión de darles a conocer sobre el derecho que tienen para solicitar refugio en México, omisión de proporcionar alimentos de conformidad con sus necesidades de nutrición, así como las condiciones de hacinamiento. Actos que conforme lo hecho valer por el promovente sufrieron los directamente agraviados con motivo de la internación en la estancia migratoria de esta ciudad, por tanto, como se precisó éstos con el oficio de salida que les fue expedido, han cesado sus efectos, toda vez que de las constancias que remite la autoridad responsable consistentes en el expediente administrativo integrado a nombre de los directamente agraviados Dulce María Jan Rivero, Adrián Alonso Lima, Reynaldo Cedeño Pacheco y Dangel González Arreguí, del cual derivan los actos que se reclaman; han dejado de existir pues como se precisó, las autoridades señaladas como responsables según las constancias allegadas a los autos, durante la estancia de éstos en sus instalaciones, les proporcionaron atención médica, les comunicaron los derechos con los que contaban y se les otorgó el oficio de salida del país dentro de los expedientes administrativos EM/BC/TIJ/203/10-03-2022, EM/BC/TIJ/2029/10-03-2022, EM/BC/TIJ/2036/10-03-2022 y EM/BC/TIJ/2035/10-03-2022, de su índice. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado, lo que en el caso acontece. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que se reclaman en favor de los directamente agraviados, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que los quejosos tengan conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que los quejosos promuevan oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y por lista a los directamente agraviados y a sus autorizados.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por la autoridad responsable, mediante el cual pretende dar cumplimiento a los requerimientos de treinta y uno de marzo y siete de abril, ambos de este año; sin embargo, no obstante haber remitido copia de las constancias que integran los expedientes administrativos de los quejosos en este juicio, éstas fueron enviadas nuevamente vía correo electrónico, por lo que al requerirse éstas con sello y firma original, requiérase nuevamente al Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Baja California, en esta ciudad, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita vía ordinaria copia certificada de los expedientes administrativos de su índice integrados a nombre de los directamente agraviados o bien informe el impedimento legal que tengan para ello. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Media y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, al Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Baja California, en esta ciudad, a efecto de que remitiera vía ordinaria copia certificada de los expedientes administrativos de su índice integrados a nombre de los agraviados Dulce María Jan Rivero, Adrián Alonso Lima Reynaldo Cedeño Pacheco y Dangel González Arreguí; o bien, precisara la imposibilidad que tuviera para ello; ya que fue notificada por oficio 7124/2022, el uno de abril de la presente anualidad. Por tanto, requiérasele nuevamente al Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Baja California, en esta ciudad, para que dentro del improrrogable término de tres días legalmente computados, remita copia certificada de los expedientes administrativos de su índice integrados a nombre de los directamente agraviados o bien informe el impedimento legal que tenga para ello. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, se hará efectivo el apercibimiento de multa decretado por acuerdo de treinta y uno de marzo de la presente anualidad. Notifíquese.
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