César Omar Flores Macías

Expediente 901/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
901/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • César Omar Flores Macías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de febrero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez que se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, de conformidad con lo establecido en el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con la fracción II, inciso a) del artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Vistos, para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 901/2022-I, promovido por la licenciada *******, en su carácter de defensora del directamente agraviado *******, contra actos de la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en Funciones del Tribunal de Control del Distrito Judicial Bravos; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, la licenciada *******, en su carácter de defensora del directamente agraviado ******* promovió el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en Funciones del Tribunal de Control del Distrito Judicial Bravos, a quienes reclamó: "IV. ACTO RECLAMADO: A.- De la LICENCIADA *******, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE CONTROL DE DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, el siguiente acto: ÚNICO.- En fecha 23 de septiembre del 2022, calificó de legal la detención y retención de mi representado, asimismo, la representación social le formuló imputación y la ahora autoridad responsable dictó Auto de Vinculación a Proceso en contra de *******, por el delito de CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO BAJO LA VARIANTE DE POSESIÓN SIMPLE, establecido en el artículo 477 de la Ley General de Salud, por hechos acaecidos el 21 de septiembre del año en curso, aproximadamente a las 00:30 horas, en el cruce de las (sic) ******* en esta ciudad." Segundo. Derechos que se estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua; en acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós, se ordenó formar el expediente tanto físico como electrónico, al que se asignó el número estadístico 901/2022-I; se pidió a la autoridad responsable el informe justificado; se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado agente del Ministerio Público que actúa en la causa penal *******; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar a la totalidad de las partes en este juicio, el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. De tal determinación, tuvieron conocimiento de la siguiente forma: la parte quejosa, el agente del Ministerio Público de la adscripción, la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en funciones del Tribunal de Control del Distrito Judicial Bravos y el tercero interesado agente del Ministerio Público que actúa en la causa penal *******, el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, modificado por el 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar el acto reclamado, el cual se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, consiste en el siguiente: La calificación de legal de la detención, así como el auto de vinculación a proceso de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en la causa *******, por hechos que la ley señala como delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo bajo la variante de posesión simple. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, ya que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Lo que además, se corrobora con el índice cronológico de la audiencia y la copia autorizada del registro de audio y video de la audiencia inicial por control de detención en la que se ratificó de legal la detención y retención del quejoso *******, se formuló imputación y se decretó auto de vinculación a proceso el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la causa penal *******. Medios de convicción que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su arábigo 2º. Sirve de apoyo la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y siete-dos mil, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual forma, el disco óptico de referencia tiene valor probatorio pleno, por ser idóneo para acreditar lo acontecido en la audiencia respectiva, dada la naturaleza de los procesos orales, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación en materia. Lo precedente tiene sustento en el criterio jurisprudencial de la Décima Época, con número de registro 2004362, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.), Página: 703, con el rubro y contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado de Distrito no advierte de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia, así como tampoco que la hicieran valer las partes; en consecuencia, procede entrar al estudio de la cuestión planteada. Quinto. Conceptos de violación. En primer lugar, cabe precisar que no es necesario trascribirlos, ya que, al constar en la demanda, se tienen por reproducidos en esta parte, además, no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, mayo de dos mil diez, con registro 164618, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Sexto. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamado, calificativa de legal de la detención y el auto de vinculación a proceso. Previo al estudio del acto reclamado, debe precisarse que al quejoso le resulta el carácter de imputado; y, por ende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se debe aplicar en su favor el principio de suplencia de la queja, en la deficiencia de la formulación de los conceptos de violación; incluso ante la ausencia de los mismos. Sin embargo, en el caso, se estima que no procede aplicar la institución mencionada en beneficio del quejoso, en atención a que, del análisis de las constancias y videograbaciones remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, y que sirvieron de base para emitir el acto reclamado, se advierte que no existe materia para su aplicación. Sin que ello signifique una violación de las normas que rigen el procedimiento, ya que la aplicación de esa figura, no es absoluta, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador lo considere útil para favorecer al beneficiado; y, para que resulte procedente el amparo. Además, esto se corrobora, ya que, si se aplica la referida figura jurídica, sin haber materia para ello, tal situación implica que se incluya dicho estudio en la motivación del fallo, a pesar de que, ese análisis, lejos de beneficiar a los impetrantes, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna, dado que su estudio mejora la motivación que ya contiene el acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 263, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Para la suscrita es evidente la procedencia de este juicio respecto de los actos reclamados que aquí nos ocupan, pues, por su naturaleza jurídica, tienen una ejecución irreparable para efecto de la procedencia de esta vía, por afectar la libertad de la parte quejosa, con lo cual se surte la hipótesis legal prevista en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. Sobre el particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia1a./J. 31/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 67, Junio 2019, Tomo II, página 957, Décima Época, con número de registro 2020121, cuyo rubro y texto, son los que siguen: DETENCIÓN. LA EMISIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO NO ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMÓ SU CALIFICACIÓN. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que en los casos de detención de una persona, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el proceso penal acusatorio, el control de la detención deberá realizarse a través de una audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; además, ha determinado como regla la invalidez y exclusión de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal establece el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador determina si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por lo tanto, la circunstancia de que el imputado haya sido vinculado a procedimiento penal, no lo imposibilita para que combata ante la instancia constitucional la calificación de la detención y las violaciones a los derechos fundamentales que tal acto le generó. La vinculación a proceso en ningún modo sustituye dicha calificación, ni destruye en su totalidad sus efectos y consecuencias. Indudablemente los datos de prueba obtenidos con el aseguramiento, trascenderán para resolver la situación jurídica del imputado y a las posteriores resoluciones, incluso a aquellas que tendrán lugar en etapas procesales distintas. Esto último torna sumamente relevante examinar si esos datos de prueba fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. Razón por la cual, cuando se cuestione en amparo indirecto el control de la detención, la circunstancia de que se haya vinculado el imputado, no actualiza la causa de improcedencia del juicio por cambio de situación jurídica, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Séptimo. Conceptos de violación. Los conceptos de violación están identificados en el juicio de amparo, cuya reproducción se omite en esta ejecutoria por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este juzgador. Al efecto, cabe citar la jurisprudencia mil trescientos cuarenta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es del tenor literal siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Esta juzgadora no advierte que con la emisión del acto reclamado consistente en la calificación de legal la detención y retención del aquí quejoso, en este juicio, el tribunal del conocimiento violó algún derecho fundamental en perjuicio del impetrante, debe tenerse presente que la restricción a la libertad personal que conlleva la calificación de legal de la detención está constitucional y legalmente justificada, precisamente, porque un acto de dicha índole es uno de los establecidos tanto por nuestra carta magna como por la ley de la materia, para limitar el derecho a la libertad de cualquier gobernado al que se atribuya un hecho delictuoso materia de un procedimiento penal acusatorio. En efecto, ese derecho fundamental, como cualquier otro, no es omnímodo e irrestricto, pues lo cierto es que encuentra sus límites en los casos y las condiciones expresamente establecidas en nuestra carta magna, lo cual es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que, por ser un derecho humano o fundamental contemplado a rango constitucional, sólo puede ser una disposición de dicha naturaleza la que prevea los límites y los términos de las restricciones correspondientes. Al efecto, cabe citar la tesis 1a. LXVI/2008, sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página cuatrocientos sesenta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, relativo a julio de dos mil ocho, que es del tenor siguiente: RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática. En esas condiciones, como la Norma Fundamental y la ley de la materia contemplan la calificación de la detención -legal como una de las excepciones del derecho a la libertad personal de todo gobernado-, no hay duda que la afectación que recibe el impetrante con el acto atacado en este juicio, está constitucional y legalmente justificada en el caso que nos ocupa. En tal tesitura, es inexistente el vicio de legalidad que el hoy quejoso le atribuye al tribunal responsable, motivo por el cual lo procedente es desestimar, por infundado, el concepto de violación que nos ocupa. En la especie se tiene que el propio procedimiento fue acusatorio y oral, pues hay acusación por parte del Ministerio Público y se calificó la detención -legal-, sin duda, en la audiencia relativa, la que se desarrolló en presencia de la jueza de Control, quien tomó como datos de prueba aquéllos que se desahogaron en la audiencia, la carga correspondió a la parte acusadora, y las partes tuvieron igualdad procesal para sostener la acusación y la defensa. Con esto queda claro que, contra lo dicho por el quejoso, se respetaron las formalidades del procedimiento, pues, aunado a que fue sometido a un procedimiento por un tribunal previamente establecido y conforme con las leyes expedidas con anterioridad al hecho delictivo, también se le hizo saber la naturaleza de la acusación, las circunstancias de modo, lugar, tiempo y ocasión que mediaron en el ilícito respectivo, el nombre de las personas que declaran en su contra, fue oído por sí y a través de su defensa y, hasta esta etapa procesal ha tenido la oportunidad jurídica de defenderse y de probar lo que a sus intereses ha convenido. Luego, no hay razón jurídica alguna para considerar, como lo hace la parte impetrante, que en la especie no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, por lo cual carece de sustento jurídico lo alegado al respecto. Sobre ese particular, cabe citarse las tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo I, Tesis 210, página 1156, cuyo contenido es el siguiente: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Como corolario debe decirse que, en el caso, no se interpretó una ley retroactivamente en perjuicio de la parte quejosa, y mucho menos se le impuso por simple analogía ni por mayoría de razón pena alguna, justamente, por no ser la etapa procesal para ello. En tal tesitura, cabe concluir que el acto reclamado en modo alguno viola derechos en perjuicio del quejoso, de ahí que no asiste razón jurídica cuando dice que no se respetó el debido proceso, motivo por el cual lo conducente es desestimar, por infundados, los conceptos de violación relativos. De igual forma cabe decir que dicho acto se encuentra debidamente fundado y motivado; en efecto, para fundar dicho acto el tribunal responsable citó los artículos 16, de nuestra carta magna, así como 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Igualmente, para motivar los propios actos el tribunal expuso que, en el caso, los datos en la causa resultan aptos y suficientes para calificar de legal la detención por la flagrancia relativa. En último orden, debe decirse que entre las normas citadas y las consideraciones expresadas por el responsable para sustentar la decisión asumida en el acto que nos ocupa, existe la adecuación necesaria para afirmar que, en el caso, se configuró la hipótesis jurídica, que es en lo que consiste la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener en términos del artículo 16 de la carta magna. Por tanto, contra lo estimado por la parte quejosa, se concluye que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado tal como lo exige el artículo 16 constitucional, pues en el caso se señalaron las razones de derecho, o sea, la autoridad responsable se apoyó en los numerales que permiten expedirlo y que prevén la hipótesis que genera su emisión, así como expuso los motivos de hecho considerados para su pronunciamiento, los que son reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Al efecto, cabe citarse las tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo I, Décima Tercera Sección, página 1241, cuyo rubro y texto son los siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. A consideración de la suscrita el auto de control de detención colma los requisitos exigidos para emitir el mismo, ello pues, adverso a lo dicho por la parte inconforme, el acto reclamado se ajusta a los lineamientos legales previstos por el artículo 16 de la carta magna. Para arribar a tal conclusión, es necesario dejar establecido el contenido del artículo 16, párrafos 5°, 7° y 10°, de la Constitución, en el que se prevé el derecho relativo a la tutela jurisdiccional de la detención en el procedimiento penal acusatorio. Dicho precepto constitucional, en lo que interesa, dice así: Artículo 16. .Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.--- . En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.--- .Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.". Como es de advertirse, el artículo 16 constitucional prevé el derecho a la tutela jurisdiccional, conforme con el cual toda persona detenida por urgencia o flagrancia tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que se encontrarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los que pronunciarán sus resoluciones de manera inmediata. En tal virtud, el derecho a la tutela jurisdiccional permite someter a la consideración de un órgano jurisdiccional la legalidad de la detención, esto es, tal derecho no es más que la prerrogativa de todos los indiciados para que un tribunal resuelva lo propio respecto de la pretensión de la fiscalía sobre la detención relativa. Por tanto, en atención a lo establecido en el artículo 16 de la carta magna, no hay duda que el derecho a la tutela jurisdiccional asegura que todo indiciado detenido por urgencia o flagrancia, dentro de los plazos y términos que fijan las leyes respectivas, pueda acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso, en el que se respeten ciertas formalidades, se decida acerca de la pretensión de la fiscalía o defensa y, en su caso, se ejecute el fallo de que se trate. En concreto, tratándose de juicios penales acusatorios debe decirse que las directrices que todo juez penal debe observar en el control de la legalidad de la detención por flagrancia por los hechos ilícitos de detentación del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo bajo la variante de posesión simple, establecido en el artículo 477 de la Ley General de Salud, como en este asunto, están contenidos en los artículos 146, fracción I, 147 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esos preceptos legales son del tenor siguiente: "Artículo 146. Supuestos de flagrancia. Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: . I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o." "Artículo 147. Detención en caso de flagrancia. Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público.--- Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención.--- La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente Código.--- En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición". "Artículo 308. Control de legalidad de la detención. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si cuenta con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros.---El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este Código." "Artículo 477. Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aún gratuitamente." Así pues, la lectura de tales preceptos legales revela los lineamientos que los jueces de control deben seguir en la emisión de los fallos en el control de legalidad de la detención, como con los plazos que deben observar para tal efecto, a saber: Flagrancia. El examen no sólo de los datos expuestos por el Ministerio Público para justificar la detención en flagrancia, tanto legales como fácticos, limitándose a las circunstancias modo, tiempo, lugar y ocasión respectivos, así como al sustento jurídico propuesto sobre el particular, sino también de los argumentos de la defensa y, en su caso, los datos que apoyen la postura defensiva. Plazo constitucional de retención. El examen de los datos fácticos de la detención, puesta a disposición de la parte indiciada ante el Ministerio Público, y la consignación ante la autoridad jurisdiccional dentro del término de cuarenta y ocho o noventa y seis horas que cuenta la fiscalía para resolver la situación jurídica de la parte indiciada. Requisitos de procedibilidad. El examen de los requisitos de procedibilidad, en el caso, el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo bajo la variante de posesión simple, cuando la persona es detenida al momento por encontrar en su poder lo que la perita en química forense identificó como cannabis sativa. Con lo anterior, no hay duda de que tratándose del control de la legalidad de la detención en los juicios penales acusatorios, los jueces de control están legalmente constreñidos no sólo a seguir el procedimiento y plazo previsto por la ley de la materia para el dictado del fallo en la etapa procesal relativa al control de la detención, sino también a ceñirse al examen de los lineamientos establecidos para tal efecto. Esto sucedió en el caso que nos ocupa, como bien lo estimó la jueza, en la causa hay datos suficientes para considerar que se detuvo a la parte quejosa en flagrancia, el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, aproximadamente a las 00:30 horas en el cruce de las calles *******, en esta ciudad, por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, al realizar al quejoso una inspección corporal, localizándole en la mano derecha una bolsa de plástico conteniendo cincuenta y nueve envoltorios que contenían ******* con un peso neto de ******* gramos, narcótico que poseía sin contar con la autorización de la Secretaría de Salud. En la causa penal se encuentra el parte de los Agentes del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado de la Secretaría de la Defensa Nacional ******* y *******, informe policial homologado, croquis del lugar de los hechos, acta de inventario y aseguramiento de objetos y un registro de cadena de custodia donde fueron descritos los envoltorios localizados al imputado, así como el informe pericial elaborado por la perito en materia química forense ******* de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, con todo lo anterior, se describen tanto los hechos de la detención en sí, como las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que giraron en torno a ellos. Por lo que, a juicio de esta juzgadora, el tribunal responsable estuvo en lo correcto al valorar el dato de que se trata, de entrada porque el parte, debido a lo sui generis de sus características, es una pieza informativa que se integra a los autos del procedimiento, por lo que debe considerarse con la naturaleza jurídica de un indicio que crea presunción y que, en el caso, adminiculado con los demás datos genera certeza de los hechos; como adecuadamente se justificó, en el caso se actualizó la hipótesis de flagrancia prevista en los artículos 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que existe flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de cometer el delito o inmediatamente después. Asimismo, la estructura de este precepto constitucional se traduce en dos distintas formas de proteger los derechos: los dos primeros párrafos de dicho artículo los consagran positivamente, y los párrafos subsecuentes señalan las posibles restricciones a las mismas; es decir, en qué supuestos el Estado puede generar afectaciones válidas a este derecho y bajo qué condiciones. Señala también que en materia de libertad personal, la norma fundamental delimita exhaustivamente los supuestos que permiten su afectación, a saber, 1.la orden de aprehensión, 2. Las detenciones en flagrancia y 3.caso urgente. De igual manera, indica que el escrutinio judicial en materia de detenciones debe ser la condición rectora y preferente de este régimen, es decir, de principio, toda detención debe estar precedida por la autorización de un juez, salvo cuando se actualizan los supuestos excepcionales previstos por el mismo artículo 16 constitucional, como las detenciones en flagrancia. Por tanto, sólo en los casos en que se trate de un delito cometido en flagrancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 constitucional, la detención sin orden de autoridad judicial se admite solo cuando se está cometiendo actual y públicamente el delito; esto es, como lo explicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el autor es sorprendido mientras consuma la acción sin poder huir, en el caso, al haber sido detenido en el momento de que los agentes aprehensores le realizaron una inspección corporal encontrándole en la mano derecha la bolsa de plástico que contenía cincuenta y nueve envoltorios de Cannabis Sativa, sin contar con la autorización de la Secretaría de Salud, por lo que resulta constitucional la decisión de la jueza de control, que la detención fue realizada legalmente. Luego, de acuerdo con la connotación acogida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un delito flagrante se configura cuando es tan evidente e inconfundible, que cualquiera es capaz de apreciarlo por los sentidos y llegar a la convicción de que se está en presencia de una conducta prohibida por la ley y, para reconocerlo, no se necesita ser juez, perito en derecho o siquiera estar especialmente capacitado: la obviedad inherente a la flagrancia tiene una correspondencia directa con la irrelevancia de la calidad que ostenta el sujeto aprehensor. Como correctamente lo estimó el tribunal responsable, los datos bastan para probar que la puesta a disposición del Ministerio Público y de la jueza de la causa fue oportuna. Por tanto, adverso a lo sostenido por la parte impetrante, el fallo atacado se ajusta a los lineamientos previstos por el artículo 16 constitucional, porque en la causa sí hay datos de prueba que sostienen la resolución reclamada, los cuales se estiman suficientes para considerar demostrada la legalidad de la detención de la parte quejosa, por lo cual la responsable estuvo en lo correcto al ratificar la detención, de ahí que lo conducente en el caso es desestimar, por infundado, el concepto de violación de que se trata. El quejoso alega que en el acto atacado en esta vía -control de la detención-, la jueza responsable no ejerció un verdadero control de legalidad, en esencia, por lo siguiente: I. Concluyó que fue detenido en flagrancia sin que existieran datos objetivos para poder sospechar que había una actitud evasiva. II. No tomó en cuenta que para la revisión de una persona se necesita una suposición razonable, y en el caso los aprehensores únicamente refirieron que el aquí quejoso se encontraba parado al lado de un vehículo que emprendió la huida, y que al acercarse los soldados con el quejoso, le cuestionaron que si todo en orden, contestado supuestamente de manera nerviosa, dándose la media vuelta y se alejó, por lo que, le cerraron el paso y le realizaron una inspección corporal, donde le localizaron el narcótico, sin que hubieren tenido motivo para hacerle dicha revisión. Ese concepto de violación resulta infundado, ya que, contrario a lo que sostuvo, lo cierto es que no existen las omisiones que alega, pues tales puntos fueron debida y puntualmente atendidos por la jueza responsable al resolver respecto de la calificación de la detención como se verá a continuación. Por lo que hace a los puntos I y II, no le asiste razón jurídica a la parte quejosa, pues lo cierto es que contrario a lo que alega la parte quejosa, la juez responsable sí especificó el motivo por el que consideró que la detención ocurrió en flagrancia, en particular, señaló que no encuentra el motivo del por qué el quejoso se retiró del lugar de los hechos si hubiere sido el caso de que existiera peligro inminente, tal y como lo refirió la defensora, dado que de ser así el quejoso pudo haber manifestado a los agentes aprehensores que estaba como víctima, y con eso se justificaría la actitud nerviosa que tenía, aunado que los agentes le estaban cuestionando si se encontraba bien, y, al haber contestado, tenía que esperar si ya habían terminado de cuestionarlo y no empezar a caminar como lo hizo, con lo que se sustenta la conducta evasiva del imputado, con lo que procedieron a hacer una inspección corporal y fue en ese momento cuando encontraron en su mano derecha una bolsa de plástico que contenía cincuenta y nueve sobres del narcótico ya antes mencionado. Para ello, la jueza correctamente consideró que, en el caso, la parte quejosa poseía un narcótico, sin contar con el permiso para portarlo, por lo cual es detenido, entonces se encuentra justificada la flagrancia delictiva; por lo que la Jueza considera que los soldados actuaron bajo los parámetros establecidos en el numeral 21 constitucional en su párrafo noveno en relación con el artículo 132. Sustenta lo anterior, por las razones que la animan, la jurisprudencia (V Región)5o. J/5 (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página dos mil doscientos diez, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, de rubro y texto siguientes: DETENCIÓN DEL INCULPADO. SI LOS ELEMENTOS APREHENSORES QUE REALIZABAN LABORES DE VIGILANCIA OBSERVARON QUE ÉSTE, AL NOTAR SU PRESENCIA, ADOPTÓ UNA ACTITUD EVASIVA Y AL PRACTICARLE UNA REVISIÓN PRECAUTORIA SE PERCATAN DE QUE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO EN FLAGRANCIA (POSESIÓN DE NARCÓTICOS), AQUÉLLA NO ES ARBITRARIA. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por una parte, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento y, por otra, que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Por tanto, si el Constituyente Originario dispuso que cualquier persona puede detener a otra cuando se le sorprenda en flagrante delito, con mayor razón, los agentes de la policía, pues entre sus funciones, no sólo está la de detener a quienes realizan un hecho delictivo en el momento en que lo ejecutan o después de ello, ya que, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, también tienen facultades de prevención del delito y para vigilar la aplicación de los reglamentos. Ahora bien, si los elementos aprehensores, al realizar sus labores de vigilancia observaron que el inculpado, al notar su presencia adoptó una actitud evasiva y al practicarle una revisión precautoria se percatan de que está cometiendo un delito en flagrancia (le encontraron el narcótico afecto a la causa), motivo por el que lo detuvieron, la actuación de dichos agentes no fue una detención arbitraria que requiriera de un mandamiento escrito que cumpla con los requisitos constitucionales apuntados, sino que se trata de dos momentos distintos que concurren en dicha actuación, el primero, consistente en la revisión que los policías pueden realizar a cualquier persona con la finalidad de prevenir o investigar la comisión de algún delito, a fin de garantizar la seguridad pública y, el segundo -consecuencia del primero-, lo constituye la detención en flagrancia que pueden llevar a cabo si con motivo de la revisión observan la comisión de algún ilícito. En esas condiciones, se estima que contrario a las pretensiones de la parte quejosa, los anteriores argumentos sí fueron analizados a detalle por la jueza responsable de ahí que los datos de prueba referidos por la fiscalía son suficientes para determinar la legalidad de la detención, de ahí lo infundado de sus argumentos. Previo al análisis, del diverso acto consistente en el auto de vinculación a proceso reclamado, conforme a los términos propuestos por la Jueza responsable, es menester analizar los conceptos de violación que el quejoso hizo valer, sin embargo, del análisis de la demanda se desprende que el quejoso, enfocó sus conceptos de violación a la ilegal calificativa de detención y sus consecuencias que derivaría en el auto de vinculación, y, en suplencia de la queja, se procederá a revisar si el mismo fue emitido conforme a derecho. Una vez establecido lo anterior, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación reclamado, se realizará conforme al artículo 19 Constitucional, que en su parte conducente dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (.)" De dicho precepto se desprenden los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de los hechos que la ley señala como delito; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. En relación con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisan: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señalada como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: Los datos personales del imputado; Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De estos dispositivos se advierten, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado oportunidad al imputado para declarar, c) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación, y d) Que se mencionen los datos personales del imputado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Libro V, Febrero 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 160331, del rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden vulnerarse derechos diversos a los previstos en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues la Jueza responsable remitió copia certificada, ya valorada, del registro escrito del mismo; fue dictado por autoridad competente, conforme a los artículos 15, fracción I, inciso b), 77, 78, 81, fracción I y 95, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues fue dictado por una Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensora particular; asimismo, se le dio la oportunidad de declarar respecto del hecho ilícito que se le imputó, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien optó por ejercerlo. Luego, se tiene que la Jueza responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 477 de la Ley General de Salud; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que el aquí quejoso haya participado, de forma dolosa y en calidad de autor, en la comisión del ilícito mencionado. Del auto de vinculación a proceso emitido el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se desprende que se verificó que la defensora del aquí quejoso tuviera registrada su cédula profesional, llevó a cabo la audiencia inicial en su fase de control de detención, en la que la agente del Ministerio Público de conformidad con el artículo 16 Constitucional, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó se calificara y ratificara de legal la retención y detención del quejoso *******, dado que la misma se efectuó en flagrancia conforme a lo dispuesto en los numerales 146 fracción I, y 147 segundo párrafo del citado código. De la lectura hecha por la agente del Ministerio Público del acta de aviso de hechos probablemente delictuosos, la cual fue elaborada por los agentes ******* y ******* (soldados de Caballería pertenecientes al Noveno Regimiento de Caballería Motorizada de la Secretaría de la Defensa Nacional), que el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, aproximadamente a las cero horas con treinta minutos, se encontraban vigilando sobre el cruce de la Calle *******, en esta ciudad, manifestaron que vieron un vehículo de color negro el cual estaba estacionado en el citado cruce y sobre la calle ******* y a un lado del vehículo estaba una persona de sexo masculino, cuando el conductor vio los vehículos de los agentes huyó del lugar, sin poder alcanzarlo. En el lugar de los hechos quedó el aquí quejoso, y al ser cuestionado por los agentes se identificó como *******, y al preguntarle si todo estaba en orden dijo que estaba bien; sin embargo, lo notaron nervioso, y al contestar se dio la media vuelta y caminando se alejó del lugar, los agentes lo alcanzaron y derivado de la conducta evasiva le informaron que necesitaban hacerle una inspección personal, accediendo de manera voluntaria, fue entonces cuando le localizaron en su mano derecha, una bolsa de color azul que contenía cincuenta y nueve envoltorios de plástico transparente, con una hierba verde, seca y olorosa con características semejantes a la marihuana, lo que condujo a que el quejoso fuera presentado ante la Representación Social, para formalizar su detención ello previa lectura de sus derechos, ello a las cero horas con cuarenta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, presentado ante la Representación Social a las tres horas con cuarenta minutos del mismo día, y puesto a disposición del Juzgado de Control a las dieciocho horas del veintidós del citado mes y año. La Jueza al encontrar que los soldados procedieron de conformidad con lo establecido en los artículos 21 Constitucional en su párrafo noveno en relación en el numeral 132, y en virtud, de que la agente del Ministerio Público, proporcionó el lugar, fecha y hora de la detención, la puesta a disposición del quejoso ante el Ministerio Público y estos a su vez ante el Tribunal de Control, verificó que la detención realizada en la causa penal *******, está dentro de los parámetros del artículo 16 Constitucional, por lo que calificó de legal la detención y retención del quejoso *******. Acto seguido el Ministerio Público formuló imputación al aquí quejoso, dado que como se precisó en párrafos anteriores al realizarle una inspección corporal se le localizó en la mano derecha una bolsa de plástico que contenía cincuenta y nueve envoltorios de ******* con un peso neto de ******* gramos, narcótico que poseía sin tener la autorización de la Secretaría de Salud, y, como datos de prueba ofreció el parte de los Agentes del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado de la Secretaría de Defensa Nacional, (******* y *******), informe policial homologado, croquis del lugar de los hechos, acta de inventario y aseguramiento de objetos, así como un registro de cadena de custodia en el cual se describen los envoltorios localizados al quejoso, y, el informe pericial en materia de identificación de Cannabis Sativa en materia vegetal, elaborado por la perito profesional en materia química forense ******* elaborado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; lo anterior, constituye el delito de contra la salud en su modalidad de Narcomenudeo en su variante de posesión simple, previsto y sancionado en el artículo 477 de la Ley General de Salud, cometido en perjuicio de la salud pública, con grado de consumación permanente o continuo, realizado a título de dolo, como autor directo o material con base en el artículo 7 fracción II, artículo 9 fracción párrafo I y artículo 13 fracción II, todos del Código Penal Federal. Una vez cerrado el debate la Juez procedió a resolver respecto a la petición formulada por la Representación Social, por lo que con los datos de prueba, y en virtud de que al imputado se le encontraron cincuenta y nueve envoltorios, mismos que fueron asegurados al ser un narcótico (cannabis sativa), con un peso neto de 273.33 gramos, dicho narcótico se localiza dentro del a tabla del numeral 479 de la Ley General de Salud, cuyo peso es mayor al consumo personal, categorizándose como un delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, ello en virtud de que al multiplicar el peso que se encuentra como personal por mil, el peso que se le localizó al quejoso es menor, por eso se trata de narcomenudeo, aunado, a que no contaba con la autorización de la Secretaría de Salud. Con lo que se acredita la probable participación del quejoso, al encontrarse el señalamiento directo por parte de los agentes que lo capturaron, sin que en dicha data hubiere algún dato que pudiera sustentar que actuaron falsamente en contra del imputado, asimismo, se encuentra el informe policial homologado, sustentando un registro de cadena de custodia, un acta de aseguramiento donde se aseguraron los envoltorios, dato sustentable para que se pudiera tener por acreditada la probable participación del quejoso en el hecho que se le vinculó. En consecuencia, la Jueza a las trece horas con cuarenta y cinco minutos dictó auto de vinculación a proceso a *******, por los hechos acontecidos el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, a las cero horas con treinta minutos en las calles *******, emitido por el hecho señalado por la ley como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple, establecido en el artículo 477 de la Ley General de Salud, en calidad de autor material. Como se puede advertir la Jueza responsable fundó, motivó y respetó los artículos 16 y 19 Constitucionales, así como que no se actualizaron los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para emitir su determinación, ello con los elementos que le fueron aportados. Para evidenciar lo anterior, conforme al artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, se realizará el control de legalidad, se formulará imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación; lo anterior, en el orden indicado. En efecto, el primer párrafo de dicho numeral establece lo siguiente: "Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. (.)" Ahora bien, el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que: "Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público." Esto es, que una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, ya sea por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención, así como después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado lo siguiente: El hecho que se le atribuye, La calificación jurídica preliminar, La fecha, lugar y modo de su comisión, La forma de intervención que haya tenido el mismo, Así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. Lo anterior, constituye la formulación de imputación, por parte del agente del Ministerio Público, al imputado, tal como lo dispone el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito." Indicado lo anterior, se tiene que, en el caso, la formulación de imputación, se realizó de forma apegada a los citados preceptos, pues esa etapa de la audiencia inicial se desarrolló en los siguientes términos: En la audiencia de veintitrés de septiembre, en lo que interesa, luego de identificar a la defensora de la aquí quejosa, ahí presente, quien se identificó con cédula profesional, expedida por la Secretaría de Educación Pública y la acredita como licenciada en Derecho, la Jueza responsable otorgó el uso de la voz a la agente del Ministerio Público, quien formuló imputación en contra del aquí quejoso, haciéndole saber que el hechos que se le imputa. Al respecto, cuando se le dio el uso de la voz a la defensora para que manifestara si requería de alguna precisión en cuanto a la formulación de imputación, contestó: "ninguna"; asimismo, al preguntarle al imputado si entendió la formulación de imputación, contestó que "sí"; por lo tanto, el Juez responsable, tuvo por formulada la imputación. Enseguida, la Juez cuestionó al imputado acerca de su deseo de emitir declaración preparatoria, o bien, de ejercer su derecho, en ese momento, a no emitir declaración, a lo cual, el imputado manifestó que no iba a declarar y la Jueza responsable lo tuvo ejerciendo su derecho a no declarar. Como se puede advertir, el Representante Social hizo saber al imputado, aquí quejoso, el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que tuvo el mismo, así como el nombre de sus acusadoras; incluso cuestionó a la defensa si deseaba solicitar alguna aclaración o precisión, a lo cual indicó que no, mientras que el imputado manifestó expresamente que sí comprendió la formulación de imputación y que es su deseo ejercer su derecho a no emitir declaración. En efecto, luego de formulada la imputación, conforme al artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se cuestionará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo, mientras que, conforme al numeral 313 del mismo ordenamiento legal, hecho lo anterior, procede discutir lo relativo a las medidas cautelares y posteriormente el agente del Ministerio Público podrá solicitar la vinculación a proceso del imputado, pero antes, deberá cuestionar al imputado acerca del término en el cual desea que se resuelva su situación jurídica. En el caso, el aquí quejoso renunció a prorrogar al término de setenta y dos horas, por lo que la Jueza el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, continuó con lo que sería la audiencia de vinculación a proceso. Ahora bien, conforme al artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de vinculación a proceso, comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o el desahogo de los medios de prueba que hubieren ofrecido, enseguida se concederá el uso de la palabra, en primer término, al Ministerio Público, luego al imputado; agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación a proceso, o no, del imputado. Así es, el citado artículo 315 establece lo siguiente: "Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado." En el caso, se llevó a cabo en los siguientes términos: El agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del imputado y para ello mencionó las diligencias llevadas a cabo en la carpeta de investigación hasta ese momento, así como los datos de prueba que de las mismas se desprenden, sin que haya necesidad de detallarlas nuevamente, en virtud de que se hizo en párrafos anteriores, una vez señalados los datos de prueba, la Jueza responsable interrogó al imputado, acerca del término en el cual era su deseo que se resolviera su situación jurídica, quien previo a consultarlo con su defensora, manifestó que deseaba que se resolviera en ese momento. De igual forma, se llevó a cabo el debate correspondiente; y al cerrarse dicha etapa la Jueza responsable otorgó el uso de la voz a la agente del Ministerio Público, quien manifestó que con fundamento en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, a quien se le atribuyen hechos constitutivos del delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple, esto como autor material. Antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por la Jueza responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, se precisa que el estudio será a nivel conceptual, esto es la acreditación de los elementos esenciales y comunes del concepto desde la lógica formal, y a partir de los datos que se desprendan de los medios de convicción que el agente del Ministerio Público haya hecho del conocimiento del Juez responsable, esto es así, con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que, la comprobación de la configuración de los delitos, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/2 (10ª.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 757, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 2004857, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos." Además, debe decirse que como bien lo consideró la Jueza responsable, de los datos de prueba referidos se obtiene un grado de razonabilidad suficiente, al menos para la etapa procesal que se estudia, en el sentido que los hechos hayan acontecido en la manera en que fueron narrados y la probabilidad de que el imputado lo cometió. También, debe tenerse en cuenta que el estándar de prueba para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es: El esclarecimiento de los hechos; Proteger al inocente; Procurar que el culpable no quede impune; y, Asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Al respecto es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Así pues, como lo concluyó la Jueza responsable, en el caso se encuentra demostrado, en grado de probabilidad y en este momento procesal, que el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el cruce de las calles *******, se le encontró al quejoso una bolsa con cincuenta y nueve envoltorios, cuyo contenido era cannabis sativa, mismos que le fueron asegurados, previsto y sancionado, sin pre juzgar, en el artículo 477 de la Ley General de Salud. Por lo anterior, se considera que la responsable valoró correctamente los datos de prueba aportados por las partes, dado que al valorar los datos y antecedentes de la causa penal no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. Ahora bien, debe decirse que es verdad que la reforma al artículo 1o. de la carta magna de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el principio pro persona o pro homine, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, de ese principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por el propio gobernado deben resolverse favorablemente a sus pretensiones, ni siquiera con intención de establecer la interpretación más amplia o extensiva, a final de cuentas porque en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de los derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, pues es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias relativas. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia 1ª./J.104/2013 (10ª.) sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos, rubro y texto son: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro: XXV, octubre de 2013, Tomo 2, Página: 906, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." En las relatadas condiciones, al no resultar violatorio el auto de vinculación a proceso, reclamado en esta vía de control constitucional la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, bajo el texto y rubro siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.". De ahí que se estima correcta la determinación reclamada e infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Por lo tanto, al resultar debidamente fundada y motivada la calificación y ratificación de detención, así como el auto de vinculación a proceso reclamado, esto contrariamente a lo aducido en sus conceptos de violación por el quejoso, lo cual resulta infundado, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal, por la Jueza de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en la causa penal *******, por el hecho considerado como delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, en relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes, por oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Informa adscripción de titular En este sentido, es necesario acotar que a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que suscribe la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa que se acordó la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia Luego, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, de julio de 2010, materia común, visible en la página 312, con registro 164217, de rubro y texto siguiente: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Énfasis añadido.) Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista a las partes Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo de cuenta, del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintiséis de octubre del año en curso, adjunta la transcripción del auto de vinculación a proceso de veintitrés e septiembre de dos mil veintidós, emitido en la causa penal *******, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes a fin de que realicen las manifestaciones legales que estimen pertinentes. Lo anterior, tómese en consideración al momento de resolver la audiencia, en términos del artículo 124, de la ley de la materia. Prueba documental Téngase a la oficiante ofreciendo la prueba documental que, en alcance a su informe justificado remite, la que se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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