César Ponce Morales

Expediente 549/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
549/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
21/08/2017

Partes del expediente

  • César Ponce Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de dos de agosto de dos mil diecisiete, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por las fracciones II y IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada XXXXXX , Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXXXXX . Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de agosto de dos mil diecisiete. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el dos de junio de dos mil diecisiete, turnado el cinco de junio del mismo año a este órgano jurisdiccional, *******, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó: IV. ACTO RECLAMADO. Resolución del Recurso denominada Revisión de actos de ejecución que se hiciera en contra del presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje sin fecha. Dictada por la mencionada Junta especial en el curso del procedimiento del expediente laboral *******, de la cual se anexa copia con firmas y nombres autógrafos. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violadas. La quejosa consideró que el acto reclamado transgredió en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El seis de junio de dos mil diecisiete, se admitió la demanda como amparo indirecto *******, se solicitó a la Responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a los terceros interesados y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un acto atribuido a una autoridad laboral que tiene su sede dentro del territorio en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La resolución del Incidente de Revisión de Actos de ejecución, dictado el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el expediente laboral *******, del índice de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia de la resolución emitida el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, al rendir su informe con justificación, anexó las copias certificadas del expediente ******* del índice de esa autoridad, de las que se advierte la resolución que constituye el acto reclamado, documentales a las que se reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. El estudio de los conceptos de violación conduce a este Juzgado Federal a determinar lo siguiente: En la esencia de los motivos de disentimiento, la quejosa arguye la transgresión a los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la Responsable no ha respetado lo establecido en los artículos 33, 48, 53 fracción I, 939 de la Ley Federal del Trabajo. Además, agrega que la responsable soslayó analizar que el convenio celebrado entre las partes, la propia autoridad lo elevó a cosa juzgada, por ello implicaría que la pena convencional sea equiparable al pago de salarios caídos, por lo que señaló que si la suerte principal no fue pagada en la fecha acordada, ello necesariamente implica que le empiece a correr la pena pactada, por lo que si la pena convencional por el incumplimiento no fue liquidada al depositar la suerte principal, le siguen corriendo la pena convencional hasta por un año. El concepto de violación esgrimido resulta esencialmente infundado. Para acreditar lo anterior es necesario precisar, que se trata de un asunto en materia laboral, y se advierten los siguientes antecedentes: *******, interpuso demanda laboral en contra de la empresa ******* y *******, juicio que se radico ante la Junta Especial Número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje. Seguido el trámite laboral, mediante audiencia de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, se celebró un convenio entre las partes, elevándolo la autoridad responsable a categoría de laudo. en dicho convenio se establecieron como clausulas, entre otras: [.] SEGUNDA.- Manifiesta el apoderado legal de la parte demandada ******* que es conforme con lo manifestado por la apoderada legal de la parte actora en la cláusula que antecede, por lo que la parte que representa se compromete a entregar la cantidad $*******, los cuales se entregaran el día 20 de Octubre del 2016, con dicha cantidad se da por pagada. TERCERA: Manifiestan ambas partes estar conformes en pactar una clausula penal por la cantidad de $******* pesos diarios por cada día de mora, lo anterior para el caso de que la parte demandada incumpla con el presente convenio y hasta su total cumplimiento, así mismo solicitan se sancione el presente convenio en términos de ley. [.] El veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, la junta tuvo dando parcial cumplimiento al convenio, al representante de la empresa Transportes Industriales Chihuahuenses, dado que exhibió un cheque por la cantidad de $*******, mismo que fue recibido por la parte aquí quejosa en la misma fecha. El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, la responsable dictó un auto en el que se ordenaba requerir a la parte demandada que diera cumplimiento total al convenio, requiriéndole el pago por la cantidad de $*******, en virtud de la mora que tuvo, así como en caso de no pagar, se embargarían los bienes. La parte demandada, aquí tercero interesada, interpuso recurso de revisión contra actos del presidente de la Junta; Así, mediante resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, declaró procedente el recurso de revisión de actos en contra del auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, en la que resolvió de la siguiente manera: [.] PRIMERO: Se declara PROCEDENTE el recurso de revisión de actos en contra del presidente respecto del auto de requerimiento de fecha 16 de febrero de 2016, planteado por el C. LIC. ******* en su carácter de apoderado legal de la parte demandada ******* toda vez que el monto generado por concepto de mora en virtud del incumplimiento del convenio celebrado el día 22 de septiembre de 2016 asciende a la cantidad de $******* a razón de $******* pesos diarios por 7 (siete) días de mora generados, contados a partir del día 20 al 27 de octubre de 2016. [.] Resolución anterior, que constituye el acto reclamado por la parte quejosa, al considerar que le causa perjuicio. Ahora bien, atendiendo a los conceptos de violación, esgrimidos por la parte quejosa, es de ver lo que establece el Código Civil Federal, este en virtud que es la Ley que regula los contratos, además de que la Ley Federal del trabajo, no contiene expresamente los derechos y obligaciones del convenio celebrado. Es preciso establecer lo señalado en el artículo 1843 y 1844, del Código Civil Federal, mismos en los que textualmente se indica: [.] 1843.- La cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal. 1844.- Si la obligación fuere cumplida en parte, la pena se modificará en la misma proporción. [.] De los citados preceptos, se advierte que la cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal, así como que si la obligación fuere cumplida en parte, la pena se modificará en la misma proporción. Conviene recordar que en el convenio celebrado por ******* y los representantes de las empresas ******* y *******, el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, se estableció como suerte principal la cantidad de $*******, y la cantidad de $*******, como pena convencional, por cada día de mora, por el incumplimiento del contrato, fijando como fecha para el pago total el veinte de octubre de dos mil dieciséis. De autos se infiere que no se cumplió con lo convenido en la fecha pactada, sino hasta el veintisiete de octubre del año próximo pasado, que se tuvo al representante de la empresa demandada, exhibiendo un cheque por la cantidad de $*******, razón por la cual la junta responsable le tuvo dando parcial cumplimiento. Por lo anterior, la parte trabajadora (quejoso), solicitó a la junta el requerimiento de pago por el incumplimiento del convenio celebrado, por lo que la junta en proveído de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, ordenó el requerimiento de pago de la cantidad $*******, por concepto de mora de ciento tres días. En diligencia de tres de marzo de dos mil diecisiete, el actuario adscrito a la junta responsable, realizó el requerimiento de pago a la parte demandada, en el que se llevó a cabo el embargo de la cuenta bancaria y posibles créditos para garantizar el pago total. En razón de lo anterior, por escrito presentado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, el apoderado de la parte demandada interpuso recurso de revisión de actos en contra de la determinación de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete y diligencia de requerimiento de pago. Así, mediante resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el expediente laboral *******, del índice de la Junta responsable, resolvió procedente el recurso de revisión de actos interpuesto por la parte demandada, declarando únicamente como monto generado por concepto de mora en virtud del incumplimiento del convenio la cantidad de $*******, esto en razón de $******* diarios por los siete días de mora contados a partir del veinte de octubre (fecha pactada para dar cumplimiento al convenio) al veintisiete de octubre (data en la que se da parcial cumplimiento) ambos de dos mil dieciséis. Así, en atención dispuesto por el artículo 1843 del Código Civil Federal, en el que establece que la cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal, entonces, se tiene que la suerte principal era por la cantidad de $*******, y la Junta requirió el pago de $******* diarios, por los ciento tres días de mora, que equivalen a $*******, entonces, queda claro, que esta última rebasa la suerte principal, lo que contraviene a la disposición anteriormente citada. Además, que en cumplimiento al diverso precepto 1844 de la Legislación en cita, se puede concluir que al momento de pagarse la obligación principal, dejará de generarse la pena convencional, aun y cuando esta no haya sido pagado. En el caso en concreto se tiene que la fecha pactada para el pago del convenio fue el vente de octubre de dos mil dieciséis, y fue hasta el veintisiete del mismo mes y año, en el que se tuvo por cumplido el pago de la obligación principal, es decir siete días después, sin embargo, a pesar de haber sido pagado con fecha posterior, fue hasta esa data en que dejaron de correr los días de incumplimiento; por lo tanto, se toma en consideración que solo fueron siete días de mora, entonces, al realizar la operación correspondiente, se tiene que los $******* diarios, por los siete días de mora, da como resultado la cantidad de $*******, tal como lo estableció la junta en la determinación que se combate. Situación, que no se contrapone a lo dispuesto por el Código Civil Federal, debido a que la obligación principal fue pagada, además que la pena convencional por el incumplimiento en la fecha pactada, es menor en cuantía a la principal. Encuentra apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada XXVII.1o.(VIII Región) 13 L (10a.) de los Tribunal Colegiados de Circuito, con número de registro 2002347, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1451, mismo que a la letra dice: PENA CONVENCIONAL EN MATERIA LABORAL. DEBE CESAR CUANDO SE SATISFAGA COMPLETAMENTE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL, AUNQUE EXISTAN ADEUDOS INSOLUTOS DERIVADOS DE AQUÉLLA. La pena convencional consiste en el pago de cierta prestación pactada para el caso de que la obligación principal no se cumpla de la manera convenida. Esa estipulación accesoria puede incorporarse a un convenio de trabajo, ya que no contraviene normas laborales taxativas; sin embargo, para fijar sus alcances y restricciones debe acudirse al derecho común, pues la Ley Federal del Trabajo no la regula expresamente. Ahora bien, el artículo 1844 del Código Civil Federal establece que si la obligación principal fuere cumplida en parte, la pena convencional se modificará en la misma proporción. En consecuencia, la sanción pactada a cargo del patrón por retardo en el cumplimiento contractual dejará de generarse cuando se satisfaga completamente la obligación principal. No obsta a lo anterior que existan adeudos insolutos derivados de la propia cláusula penal, ya que éstos no forman parte de la obligación garantizada. Una interpretación distinta haría nugatoria la prohibición contenida en el artículo 1843 del citado ordenamiento civil, el cual establece que: "La cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal.". En efecto, si cada nuevo adeudo generado por la sanción accesoria engrosara el monto de la obligación principal, la primera jamás podría superar a la segunda. Entonces, de lo resuelto por la autoridad responsable se advierte que cumplió con lo que dispone la Ley, por lo que se considera correcta la resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el expediente laboral 3/16/1106, en la que se declaró procedente el recurso de revisión de actos en contra del presidente. Por todo lo anterior, al no conculcar garantías individuales en perjuicio del quejoso la resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión que se solicita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a César Ponce Morales por los motivos expuestos en el último considerando de esta determinación. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, en virtud de que no se saldan los extremos del arábigo 117 de la citada legislación, conforme al cual, el informe justificado y las constancias en las que se apoye, deben ser rendidos por lo menos con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, con el objeto de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses. Esto es así, puesto que, como se advierte de proveído de treinta de junio de dos mil diecisiete, con fundamento en el referido numeral, se ordenó dar vista a las partes con el informe que remitió el Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con relación al término concedido en el citado auto, aún no transcurren los ocho días concedidos para los efectos referidos en las líneas que anteceden. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.21/2008, sustentada por el Máximo Tribunal del País, visible en la página 151, tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la aludida audiencia, y se fijan las nueve horas con treinta minutos del dos de agosto de dos mil diecisiete. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. aprh

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