César Otero Seañez

Expediente 901/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
901/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • César Otero Seañez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Se ordena devolución de billete de depósito Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del billete de depósito *******, valioso por la cantidad de $*******, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad anónima de crédito, Institución de Banca de Desarrollo, para que surtiera efectos la suspensión definitiva. En consecuencia, se ordena la devolución del billete de depósito en mención que se exhibió a fin de garantizar la suspensión definitiva concedida. En ese sentido, requiérase al depositante y parte quejosa, para que comparezca al local de este juzgado federal debidamente identificada, con credencial oficial vigente, a recibir el referido billete de depósito de referencia. En el entendido que, de no comparecer a recibir el referido billete, una vez transcurridos dos años, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este acuerdo, prescribirá dicha garantía a favor del erario federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veinte de octubre de dos mil veinte, en la cual se por un lado se sobreseyó y por otro lado se negó el amparo y protección federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que en el presente asunto por un lado se sobreseyó en el juicio y por otro se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva. Por su parte, el duplicado del incidente, es susceptible de destrucción, por tanto, transcurridos seis meses destrúyase de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en mención. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de octubre de dos mil veinte. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 901/2019-III. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, la demanda promovida por *******, turnada ese mismo día a este juzgado. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad y otras autoridades, de quienes reclamó los siguientes actos: IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. De las autoridades responsables ORDENADORAS, reclamo los actos que le fueron notificados al Lic. *******, a quien nombré como defensor particular, los días 3 y 4 de diciembre del presente año 2019, en la causa penal *******, radicada en el juzgado Quinto de Distrito en el estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el cual bajo protesta de decir verdad manifiesto, me (sic) dicho profesionista me comunicó que el día de (sic) viernes cinco de diciembre de esta misma anualidad, se presentó ante dicho juzgado alrededor de las 13:00 horas, a modo de apersonarse y ratificar dicho nombramiento como defensor particular por lo que pidió audiencia con el juez conocedor de la causa *******, el cual le manifestó que no (sic) era imposible permitirle el acceso al expediente, toda vez que éste, se encontraba en "SIGILO" (y que dicho juzgador, tenía la obligación legal de mantener discreción y omitir información, y que no era posible acordar ninguna promoción dentro del expediente en cita), y por lo cual se había derivado "GIRAR UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EN MI CONTGRA PARA QUE SEA INTERNADO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN". Noticia que considero me deja en estado de indefensión, toda vez que desconozco la causa y fundamento que motive el porque (sic) de dicho mandato. De las autoridades responsables ORDENADORAS, reclamo los actos tendientes a detenerme y privarme de mi libertad personal, y todos aquellos relacionados con el fin de detenerme y privarme de mi libertad existentes en la causa penal *******, radicada en el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez; toda vez que desconozco el porque (sic) de dicho mandato y el fundamento que lo motive y quererme "PRIVARME DE MI LIBERTAD, PARA QUE SEA INTERNADO EN CENTRO DE RECLUSIÓN". SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 5º, 8º, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de seis de diciembre dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró bajo el expediente 901/2019-III y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, así como al tercero interesado agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal ******* del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por impugnarse un acto que se reclama de un Juez de Distrito en el que este órgano constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama:  Del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad y del Director de Control de Sentenciados en Libertad de Prevención y Readaptación Social, la orden de reaprehensión dictada en la causa penal *******, el seis de noviembre de dos mil diecinueve, por considerar que se actualizó la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 86 del Código Penal Federal toda vez que fue condenado por nuevo delito doloso en la diversa causa penal *******, por lo que se le revocó el beneficio de la libertad preparatoria que le fue concedido al hoy quejoso.  Del Secretario de Seguridad Pública Municipal, del Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte y del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte, con sede en esta ciudad, su respectiva ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , del tenor: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Director de Control de Sentenciados en Libertad de Prevención y Readaptación Social, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte y el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte, con sede en esta ciudad, en su denominación correcta negaron la existencia del acto de ejecución que les fue atribuido; por su parte, la parte quejosa no ofreció probanza que desvirtuara tal negativa. Aunado a lo anterior, del análisis de la orden de reaprehensión reclamada, se advierte que el Juez Federal ordenó girar oficio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que ordenara a los Policías Federales Ministeriales a su mando, que dieran cumplimiento a su mandamiento e internaran al ahora quejoso en el centro penitenciario correspondiente, por lo que no se advierte un principio de ejecución del acto de la ordenadora, que se haya encomendado a las autoridades señaladas como ejecutoras, respecto del cumplimiento que les fue atribuido. No obstante que dentro de sus funciones también pudiera encontrarse la de dar seguimiento a una orden de captura como la reclamada, pero, por las particularidades del caso, no se encuentra desvirtuada su negativa; por ende, debe reputarse inexistente, lo que impone sobreseer en el juicio de amparo respecto a esas autoridades, en términos de lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo,2 conforme al cual procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. En su informe justificado, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado. Al respecto, manifestó que son ciertos los actos reclamados, ya que en proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal ******* de su índice, determinó que se actualizó la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 86 del Código Penal Federal, toda vez que el aquí quejoso *******, fue condenado por nuevo delito doloso en la diversa causa penal *******, por ende, le revocó el beneficio de la libertad preparatoria que le fue concedido; a efecto de sostener la constitucionalidad de los actos reclamados remitió copia certificada de algunas constancias de la causa penal *******. A tales constancias se les reconoce valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron expedidas respecto de sus originales por un funcionario dotado de fe pública; por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de la orden de reaprehensión tildada de inconstitucional. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 , que estatuye: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, debe analizarse si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis es oficioso y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Sin embargo, al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia, se continúa con el estudio del acto reclamado, conforme a los conceptos de violación formulados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6 , del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación son inoperantes en una parte e infundados en otra, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de la Materia. Por cuestión de técnica, el estudio de los conceptos de violación se hará en orden diverso al propuesto en la demanda de amparo. El aquí quejoso aduce en el concepto de violación marcado con el número 1 que se violó en su perjuicio el contenido del artículo 14 constitucional, porque si bien es cierto la detención o privación de su libertad personal puede obedecer a un mandato de la responsable, se le privaría de su libertad personal, sin que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento. El reseñado concepto de violación es inoperante. Así se considera, porque la obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidas las órdenes de captura, dado que las mismas constituyen actos de molestia a los que se refiere el 16 del mismo ordenamiento, luego, si en el caso estamos ante una orden de captura, es evidente que no existe tal violación a las formalidades del procedimiento que alega la parte quejosa en el concepto de violación que se estudia. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia VII. P. J/40, de la Octava Época aprobada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 77, mayo de 1994, Materia Penal, visible en la página 81del siguiente tenor: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. La obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidas las órdenes de captura, dado que las mismas constituyen actos de molestia a los que se refiere el 16 del mismo ordenamiento. En ese mismo tenor, es inoperante el concepto de violación marcado con el numeral 3, en el que el quejoso aduce que no se quiere sustraer de la justicia, sino que simplemente desea aclarar su situación, ya que tiene temor fundado de que las autoridades responsables por un posible error administrativo, actúen en forma injusta e ilegal en su contra y lo priven de su libertad personal, sin que le permitan ser oído y aportar pruebas, lo que está prohibido por la ley fundamental del país y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, máxime que ha dado cumplimiento a la condena a la que se le sentenció en la causa penal ******* y en la que corresponde a la causa penal *******, dando en la actualidad cumplimiento administrativamente a sus reportes mensuales ante la Secretaría de Sentenciados en Libertad, por lo que niega que amerite la existencia de la orden de aprehensión o la privación de su libertad o presentación ante la responsable. Como cuestión previa, es oportuno precisar que la inoperancia de los conceptos de violación se sustenta en el hecho de que las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales del Estado se encuentran investidas de una presunción de validez, por lo que, para obtener su revocación o modificación, la legalidad de ese acto jurídico necesariamente debe ser destruida en forma absoluta, con relación a las consideraciones en que se sustente. En esa medida, cuando lo expuesto por la parte inconforme no se refiere a los fundamentos, razones decisorias o argumentos en que se sustenta el acto reclamado, los motivos de disentimiento que se propongan para desvirtuar el fallo reclamado devienen inoperantes. Esto es así, pues los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta la resolución que se combata, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el tribunal de amparo y deberán calificarse de inoperantes. Así, para evidenciar la inoperancia del concepto de violación que se estudia, se considera oportuno narrar en lo conducente, los antecedentes del acto reclamado que se advierten de la copia certificada de la causa penal *******, que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad remitió junto con su informe justificado, los cuales son: 1. Mediante sentencia dictada el veintidós de julio de dos mil cuatro, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, dictó condena en contra de *******, por la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de transportación del narcótico denominado cocaína, imponiéndole la pena privativa de libertad de once años diez meses y quince días de prisión y ciento cincuenta días multa, aunado a que se le negaron los beneficios de la sustitución y conmutación de la pena (fojas 31 a 41). 2. Tal sentencia fue confirmada mediante resolución de siete de diciembre de dos mil cuatro, dictada por el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el toca penal ******* de su índice (fojas 78 a 107). 3. El nueve de junio de dos mil once, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social le concedió a ******* el beneficio de libertad preparatoria mediante certificado de libertad ******* de esa misma fecha (foja 86). 4. Por auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, el Juez responsable tuvo al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social informando que ******* y ******* y/o *******, tenía pendiente de dar cumplimiento al beneficio de libertad preparatoria concedida por esa institución dentro de la causa penal *******, ya que solo registraba trece reportes postales de los cuarenta y cuatro que se encontraba obligado a realizar; asimismo, lo tuvo comunicando que del análisis de las constancias remitidas por ese juzgado, concluyó que el sentenciado, aquí quejoso, se trata de la a la misma persona a quien se le instruyó la causa penal *******. 5. Por auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, revocó el beneficio de libertad preparatoria concedido por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social el nueve de junio de dos mil once y ordenó su reaprehensión (fojas 217 y 218), con base en los siguientes motivos: Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el veintidós de julio de dos mil cuatro, se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró a ******* y ******* y/o ******* penalmente responsable en la comisión de un delito contra la salud, en la modalidad de transportación del narcótico denominado cocaína, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el 193, ambos del Código Penal Federal, imponiéndole, entre otras, la pena de once años, diez meses y quince días de prisión. Resolución que fue confirmada por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, el siete de diciembre de dos mil cuatro, al resolver los autos del toca penal 453/2004; luego, el nueve de junio de dos mil once, el órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, le concedió el beneficio de libertad preparatoria. Por otro lado, por acuerdo de siete de agosto del año en curso, se tuvo a dicha institución informando que ******* y ******* y/o ******* tenía pendiente de dar cumplimiento a tal beneficio, toda vez que solo registraba trece reportes de los cuarenta y cuatro que se encontraba obligado a realizar; asimismo, comunicó que del análisis de las constancias remitidas por este juzgado, concluyó que el aquí sentenciado, se trata de la misma persona a la que se le instruyó la causa penal *******, en la que se le dictó sentencia condenatoria por los delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína, con fines de venta y posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; circunstancias que hasta la fecha se hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional y se corrobora con la comparecencia del enjuiciado ante este órgano jurisdiccional, la cual obra en autos (sic) la causa penal antes indicada; lo que constituye un hecho notorio para este juzgador de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia publicada en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, Enero de 1997, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN". Por tanto, se ordena glosar al presente expediente copia certificada de las constancias relativas a la diversa causa penal *******, consistentes en la sentencia de siete de noviembre de dos mil catorce, la resolución en la que fue confirmada por el Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad y la comparecencia referida en párrafos precedentes. Ahora bien, en el presente asunto se actualiza la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 86 del Código Penal Federal, el cual dispone lo siguiente: ARTÍCULO 86.- La autoridad competente revocará la libertad preparatoria cuando: (.) II. El liberado sea condenado por nuevo delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada, en cuyo caso la revocación operará de oficio. Si el nuevo delito fuere culposo, la autoridad podrá, motivadamente y según la gravedad del hecho, revocar o mantener la libertad preparatoria. El condenado cuya libertad preparatoria sea revocada deberá cumplir el resto de la pena en prisión, para lo cual la autoridad considerará el tiempo de cumplimiento en libertad. Los hechos que originen los nuevos procesos a que se refiere la fracción II de este artículo interrumpen los plazos para extinguir la sanción. Se afirma lo anterior, toda vez que como ya se indicó en párrafos precedentes, el sentenciado fue condenado por nuevo delito dolosos en diversa causa penal *******, por lo cual de conformidad con el numeral antes indicado lo procedente es revocar el beneficio de libertad preparatoria, concedido por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social el nueve de junio de dos mil once. En consecuencia, se ordena la reaprehensión de ******* y ******* y/o *******, por lo que con transcripción de esta resolución, gírese oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que ordene a los Policías Federales Ministeriales a su mando que den cumplimiento e internen al reo en el centro penitenciario correspondiente. De los anteriores antecedentes se deduce que los motivos esenciales por los que el juez responsable determinó revocar el beneficio de libertad preparatoria y ordenar su reaprehensión, fue porque *******, fue condenado por un nuevo delito doloso en la diversa causa penal ******* de su índice. En ese orden de ideas, es inoperante lo que aduce el quejoso, en el concepto de violación marcado con el número 3, porque parte de premisas falsas, ya que en modo alguno la autoridad responsable determinó revocar el beneficio de libertad preparatoria y ordenar su reaprehensión por un posible error administrativo, porque a decir del quejoso (bajo protesta de decir verdad) ya dio cumplimiento a la condena a la que se le sentenció en la causa penal ******* y en la causa penal ******* actualmente está dando cumplimiento administrativamente a sus reportes mensuales correspondientes ante la Secretaría de Sentenciados en Libertad, sino que como ya se dijo, fue porque el aquí quejoso, fue condenado por nuevo delito doloso en la diversa causa penal *******, por lo que se ubicó en el supuesto que establece la fracción II del artículo 86 del Código Penal Federal, que dispone que la revocación operará de oficio, cuando el liberado sea condenado por nuevo delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada. En ese sentido, a ningún fin práctico conduciría el análisis y calificación del presente concepto de violación, porque al partir de una suposición que no resulta verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 3 Materia Común, visible en la página 1326, del siguiente tenor: AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Además, no asiste razón al quejoso cuando manifiesta, -en el concepto de violación que se contesta-, bajo protesta de decir verdad, que ha dado cumplimiento a la condena a la que se le sentenció en la causa penal ******* y que en la causa penal ******* actualmente está dando cumplimiento administrativamente a sus reportes mensuales correspondientes ante la Secretaría de Sentenciados en Libertad, por lo que niega que haya dado motivo para la existencia de una orden de aprehensión. Se afirma lo anterior, porque del oficio ******* (foja 116) signado por el Subdirector de Área en ausencia del Director General de Instituciones Abiertas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, relativo a los expedientes ******* a nombre de *******, relacionado con la causa penal *******, así como el diverso ******* a nombre de *******, en relación con la causa penal *******, se advierte que hizo del conocimiento del juez responsable, que en caso de que ******* y *******, se tratara de la misma persona *******, se encuentra pendiente de dar cumplimiento al beneficio de libertad preparatoria concedida mediante oficio ******* de nueve de junio de dos mil once, por lo que deberá primero reanudar las obligaciones impuestas en dicho beneficio, es decir, deberá continuar reportándose de manera mensual por correo certificado con acuse de recibo por el lapso de 28 meses, para que de esta manera dé cumplimiento total a dicho beneficio y una vez que concluya el proceso *******, deberá dar inicio a la Libertad Preparatoria concedida por el Juez Federal en el proceso *******, tomando en consideración la prelación de las penas. Asimismo, el juez responsable en proveído de siete de agosto de dos mil diecinueve, ordenó hacer del conocimiento de ******* y ******* y/o *******, que a partir de esta fecha deberá reanudar las obligaciones impuestas respecto al beneficio de libertad preparatoria concedido en la causa penal *******. En ese orden de ideas, es evidente que contario a lo que afirma el quejoso no ha dado cumplimiento a la condena a la que se le sentenció en la causa penal *******; de ahí lo infundado del argumento que se estudia. Finalmente, es infundado el concepto de violación marcado con el número 2, en el que el quejoso alega violación al artículo 16 constitucional, porque a su decir la orden de detención no está debidamente fundada y motivada. Se afirma lo anterior, porque antagónicamente a lo que aduce el quejoso, quien resuelve considera la actuación del Juzgador debidamente fundamentada y motivada, ya que el juez responsable, para justificar la medida adoptada, lo hizo al observar lo preceptuado en la fracción II del artículo 86 del Código Penal Federal, el cual dispone: ARTÍCULO 86. La autoridad competente revocará la libertad preparatoria cuando: (.) II. El liberado sea condenado por nuevo delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada, en cuyo caso la revocación operará de oficio. Si el nuevo delito fuere culposo, la autoridad podrá, motivadamente y según la gravedad del hecho, revocar o mantener la libertad preparatoria. El condenado cuya libertad preparatoria sea revocada deberá cumplir el resto de la pena en prisión, para lo cual la autoridad considerará el tiempo de cumplimiento en libertad. Los hechos que originen los nuevos procesos a que se refiere la fracción II de este artículo interrumpen los plazos para extinguir la sanción. De la lectura anterior, se deduce que una facultad que tiene el juez consiste en revocar de oficio la libertad preparatoria cuando el liberado sea condenado por nuevo delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada, o bien si el nuevo delito fuere culposo, la autoridad podrá, motivadamente y según la gravedad del hecho, revocar o mantener la libertad preparatoria, fundamento en el que, el juez responsable se apoyó para ordenar la reaprehensión de *******, al advertir que el aquí quejoso es la misma persona dentro de la causa penal *******, de su índice, en la que se le dictó sentencia condenatoria por los delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína, con fines de venta y posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. De tal cuestión no se había percatado el Juez responsable, sino hasta que en proveído de siete de agosto del año en curso, dictado en la causa penal ******* (foja 121), tiene al Subdirector de Área en ausencia del Director General de Instituciones Abiertas del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, informando que ******* y ******* y/o *******, es la misma persona y que tenía pendiente de dar cumplimiento al beneficio de libertad preparatoria concedida por esa institución dentro de la causa penal antes citada. Lo cual corroboró el juez responsable en la comparecencia de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal *******, que invocó como hecho notorio, en la que el aquí quejoso manifestó a la Secretaria del Juzgado responsable, que se trata de la misma persona a la que se le instruyó la causa penal *******, con lo que de manera correcta, la responsable consideró que *******, fue condenado por nuevo delito doloso en la diversa causa penal *******. Así las cosas, contrariamente a lo que refiere la quejosa en el concepto de violación que se estudia, la orden de reaprehensión dictada por el juez responsable el seis de noviembre de dos mil diecinueve, se encuentra debidamente fundamentada y motivada; de ahí que su concepto de violación devenga infundado. En las relatadas consideraciones es de concluirse que al no ser violatorio del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal ******* por el que se revocó el beneficio de libertad preparatoria y como consecuencia de ello la reaprehensión del aquí quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia federal que solicita *******. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio, respecto de las autoridades y actos atribuidos, en los términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a *******, con relación a los actos y autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Lo resolvió y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído uno de junio de dos mil veinte, se dio vista al quejoso *******, por un plazo de quince días con el fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de sus conceptos de violación. Asimismo, de la certificación de cuenta se desprende que el quejoso no hizo manifestación alguna en el término concedido para el efecto citado en el párrafo precedente; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se ordena continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda, de conformidad con los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma el licenciado *****, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******. Doy fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano