César Otero Seañez

Expediente 871/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
871/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • César Otero Seañez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio que remite el Director de Garantías, dependiente de la Tesorería de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, con el que acusa recibo del billete de depósito *******, valioso por la cantidad de $******* (*******), e informa que dicha dependencia realizó el trámite correspondiente para la aplicación del importe indicado, a la cuenta del erario federal; lo anterior, de conformidad con los numerales 61 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena devolver el presente expediente al archivo, para su guarda y custodia. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Informa adscripción de titular En este sentido, es necesario acotar que a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que suscribe la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa que se acordó la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Estado de autos Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la devolución del billete de depósito *******, valioso por la cantidad de $******* mismo que fue exhibido a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida, en el cual se constituye como fiador el quejoso *******. Determinación que se notificó por medio de lista a la parte quejosa, el uno de octubre de dos mil veinte; sin que hubiera comparecido dentro del plazo fijado a solicitar la entrega del referido instrumento financiero. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 50, primer párrafo con relación al numeral 29, fracción I, de la Ley de la Tesorería de la Federación, se declara su prescripción, para lo cual, deberá ser extraído de la caja de valores de este juzgado y endosado a favor del Tesorero, a quien se le solicita librar el acuse de recibo de estilo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de treinta y uno de agosto del año en curso, dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Por lo anterior, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y agréguese el original del cuaderno de suspensión derivado del presente asunto. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión solicitada el incidente de suspensión original es susceptible de depuración. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años a que alude el numeral 9 del Acuerdo General en cita, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Por otro lado, toda vez que en el presente asunto no existe parte tercera interesada y de los cuadernos incidentales se advierte que existe el billete de depósito *******, valioso por la cantidad de $******* (*******), mismo que fue exhibido a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida, en el cual se constituye como fiador el quejoso *******; por tanto, queda a disposición de dicha parte procesal en el recinto de este órgano jurisdiccional, previa firma que por su recibo quede asentada en autos. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días computados legalmente, para su conocimiento y efectos conducentes. En la inteligencia que, de haber transcurrido el término de mérito y no haber comparecido a recoger el billete de referencia, una vez transcurridos dos años, contados a partir del día siguiente en que le feneció el lapso mencionado en el párrafo que antecede, prescribirá dicha garantía a favor del erario federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Se recuerda al quejoso de mérito que, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar la cita correspondiente a fin de recoger la garantía en comento, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Además, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. Por otra parte, se tiene recibido el escrito de cuenta secretarial, suscrito por *******, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso *******; atento a su contenido, téngasele por revocado el nombramiento con el carácter que comparece, por así solicitarlo y por así convenir sus intereses personales, dese vista a la parte quejosa a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. Sin que sea el caso designar un defensor de oficio, pues dicha parte procesal goza de su libertad personal y cuenta con el diverso letrado en derecho *******, como autorizado en términos amplios del numeral y cuerpo de leyes citado. Notifíquese personalmente al quejoso y cúmplase.

  4. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ***/2019-III, y; R E S U L T A N D O Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficialía de partes de este juzgado federal, ***********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con incidente de suspensión, contra actos de la autoridad responsable Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, y de otras autoridades. SEGUNDO. Tramitación del incidente. En proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó su respectivo informe previo a las autoridades responsables, y mediante interlocutoria de seis de diciembre de la anualidad que transcurre, se resolvió lo conducente a la suspensión definitiva de los actos reclamados a algunas de las autoridades responsables, y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental respecto del resto de las autoridades, la que se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con sede en esta ciudad, negó la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada, toda vez que el Juez responsable ordenador al rendir su informe previo los admitió -mismos que fueron materia de la interlocutoria de seis de diciembre de este año- y, si bien hasta la fecha en que rindió su informe no se le ha requerido para que ejecute algún acto, ello no conlleva a considerar que no se hará en el momento procesal correspondiente; de ahí, que indudablemente en su carácter de autoridad ejecutora, por razón de competencia tiene obligación de darle cumplimiento a lo que se le ordene; por tanto, deben tenerse como ciertos los actos que se le reclaman. Lo anterior, se corrobora con el criterio establecido en la tesis, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página cincuenta y seis, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado. TERCERO. Procedencia de la suspensión definitiva. Ahora bien, respecto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, es conveniente considerar los efectos para los que la parte quejosa solicitó la medida suspensional que nos ocupa, mismos que son del siguiente tenor: .Para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, quedando el suscrito a disposición de usted señor Juez en cuanto a mi libertad personal y no sea privada de la misma con motivo de la orden de detención que reclamo, toda vez que considero que no he cometido delito alguno o falta administrativa que amerite dicha detención, además de que no se trata de flagrancia ni de caso urgente, como consecuencia la detención que pretende llevar acabo las autoridades responsables no es constitucional, al no ser como ya dije por urgencia o flagrancia, esto con el fin de poder comparecer a declarar sinque se me prive de mi libertad, hasta en tanto pueda declarar y aportar pruebas para aclarar cualquier cuestión administrativa de los hechos que se me atribuyen. En ese contexto, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que establece la ley reglamentaria y, cuando la naturaleza del acto lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, considerando los elementos de procedencia, mismos que se advierte del criterio jurisprudencial XXVII.3o. J/2 (10a.), sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, p. 2347, registró 2007358, de rubro y: texto siguientes: SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés suspensional o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Así, en el caso se encuentran satisfechos todos los requisitos para conceder la medida cautelar, como se verá enseguida. Se cumple con el requisito relativo a que la suspensión fue solicitada por el quejoso, pues así se advierte de su escrito de demanda de amparo. Se satisface el requisito relativo a la existencia del acto reclamado, ya que en esta etapa procesal es suficiente la manifestación bajo protesta de decir verdad del quejoso sobre la existencia de los actos reclamados. Seguidamente, el objeto de la suspensión en el juicio de amparo es el de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias se consumen destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan detrimentos de difícil o imposible reparación al quejoso. En el caso, el acuerdo reclamado revocó el beneficio de la libertad preparatoria respecto a la pena de prisión que se le impuso; en esta virtud, este acto al haber sido dictado ha quedado consumado, como se precisó en párrafos que anteceden, empero los efectos o consecuencias de la materialización de dicha determinación sí son susceptibles de ser materia de suspensión. Esto se afirma porque el recurrente se encuentra sentenciado a una pena de ocho años y cinco meses de prisión, pero afirma que le fue concedido el beneficio de la libertad preparatoria, mediante la garantía que otorgó ante la autoridad jurisdiccional, para seguir en libertad. Así las cosas, este requisito, sí se presenta en el caso que enfrentó el juez de amparo, toda vez que el quejoso tiene el carácter de sentenciado en un procedimiento, en el que se le revocó el beneficio de la condena condicional. Además, no contraviene al orden público e interés social, mismos que se afectan cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En tal virtud, la Ley de Amparo, en auxilio del aplicador de la norma, prevé en el artículo 129, algunos criterios orientadores para establecer cuándo se sigue perjuicio al interés social o se realizan contravenciones al orden público. Cabe puntualizar que este requisito también está satisfecho, pues la suspensión de los efectos del acuerdo reclamado, no afecta el interés social ni el orden público, en tanto que el quejoso tiene a su favor, el otorgamiento del beneficio de libertad preparatoria respecto a la pena de prisión a la que fue condenado. Empero, toda vez que en el caso, el acto reclamado fue dictado con independencia de la sentencia ejecutoriada que pesa en contra del quejoso, por ende, sus efectos pueden ser materia de suspensión en atención a que implicaría el cumplimiento de la pena de prisión impuesta, no obstante haber obtenido el referido beneficio, incluso haber otorgado la garantía correspondiente. Bajo esos parámetros, la suspensión en el amparo indirecto es procedente, pues su solo otorgamiento no vulnera el interés social ni el orden público. En efecto, de la interpretación del artículo 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo, que dispone: "Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo."; se colige que excepcionalmente la suspensión del acto reclamado tenga un efecto restaurativo, provisional y anticipado, se encuentra condicionada a que la naturaleza del acto revele que ello es jurídica y materialmente posible, lo que implica ponderar no sólo la apariencia del buen derecho, sino también el peligro en la demora, entendido como un análisis de mera probabilidad de que, de permanecer la ejecución del acto existente cuando se solicita la medida, ocasione el riesgo de que las violaciones se consumen, se tornen imposible o difícilmente reparables y se frustre la pretensión de fondo deducida por el quejoso, lo que pondría en riesgo la materia del amparo, lo cual constituye un elemento de la discrecionalidad del juzgador en la decisión al respecto y, a su vez, de control, que evita la arbitrariedad, con la consecuente lesión al interés social. El alcance excepcional, se justifica cuando la medida es necesaria para obrar con mayor eficacia, pero siempre que sea razonable en virtud de la naturaleza del acto y de que sea jurídica y materialmente posible, sin que estos aspectos puedan soslayarse, pues constituyen los elementos normativos y de control dispuestos por el legislador, en el entendido de que es inexcusable que se demuestre la no afectación al interés social con el otorgamiento de la medida y el cumplimiento de los demás requisitos previstos en la Ley de Amparo. Al respecto, se destaca que, la ejecución del acto reclamado causaría a la parte quejosa daños o perjuicios de difícil reparación, pues el quejoso podría ser constreñido a cumplir la pena de prisión impuesta, por lo que se concluye que en el caso, es posible conceder la medida cautelar, pues en tal supuesto, el peligro en la demora conllevan al dictado de medidas que implican no una restitución, sino una cuestión provisional que mantiene viva la materia de amparo, que posibilita resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional. En esas condiciones, procede conceder la suspensión definitiva contra las consecuencias del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, esto es, no surta efectos la determinación reclamada, en la que se revocó el beneficio de la libertad preparatoria otorgada al quejoso, y le ordena que sea ingresado a un Centro de Reclusión, para la conclusión de la ejecución de la condena de ocho años, cuatro meses de prisión, esto es que no sea privado de la libertad con motivo de dicho proceso. Asimismo, para el efecto de que con fundamento en los artículos 163 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, el quejoso quede a disposición de este Juzgado, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, para la continuación del procedimiento. En consecuencia, de conformidad con los numerales en cita, este órgano jurisdiccional de amparo, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia y, en su caso, se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en el caso de que no se obtenga la protección de la justicia federal, estima procedente que quede obligado a comparecer ante el Juez responsable cada vez que sea requerido para ello. Con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo166 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento a las medidas de aseguramiento decretadas, la suspensión definitvia será revocada. Sin que sea el caso que dicha parte procesal exhiba garantía económica, toda vez que mediante proveído de dieciocho de diciembre de la presente anualidad, se tuvo por garantizada dicha medida de aseguramiento, con el billete de depósito N *****, valioso por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos). En la inteligencia de que la finalidad esencial de la suspensión es preservar la materia del juicio de amparo, mediante la interrupción o paralización temporal de los actos reclamados, con lo cual se evita que las consecuencias y resultados del acto de autoridad se materialicen, hasta en tanto se emite el pronunciamiento conclusivo en la contienda constitucional. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 34/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Tomo XXXI, Junio de 2010, Materia Penal, página 166, número de registro 164424, cuyo rubro y texto dicen: SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA, AUN CUANDO ÉSTA HUBIESE CAUSADO EJECUTORIA. Procede conceder la suspensión cuando el acto reclamado lo constituye la orden de reaprehensión dictada en cumplimiento de una sentencia condenatoria en contra del reo, aun cuando ésta hubiese causado ejecutoria. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que entre los requisitos previstos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra el relativo a que con la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que la orden de reaprehensión es un acto independiente de la sentencia ejecutoriada, cuya legalidad y constitucionalidad no han sido determinadas, y puede contravenir las leyes que la rigen. Por tanto, procede conceder la suspensión contra dicho acto, con el objeto de que el responsable quede a disposición del Juez de Distrito únicamente por cuanto a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar solamente se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme, ya que la sociedad está interesada en que quienes resulten penalmente responsables de la comisión del delito en una sentencia ejecutoria purguen la pena correspondiente. Esto es, al concederse la suspensión contra la orden de reaprehensión, no se determina que el sentenciado no compurgue dicha condena, sino que únicamente se postergue hasta en tanto exista certeza legal de que, con independencia de la sentencia firme, tal acto se haya llevado a cabo de acuerdo con la legislación que lo rige, y no se violen preceptos de la Constitución Federal; de no ser así, se afectarían disposiciones de orden público, aunado a que, en la observancia de la legislación relativa y de los principios contenidos en la Ley Fundamental, la sociedad en general tiene un interés superlativo, pues está interesada en que cualquier acto que afecte la libertad de una persona se lleve a cabo conforme a las disposiciones vigentes. CUARTO. Diferimiento. Vista la cuenta rendida en la audiencia, de la que se advierte que no obra en autos el informe previo de la autoridad responsable Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de su Dirección de Control de Sentenciados en Libertad, con domicilio oficial en la Ciudad de México, ni se cuenta con la tarjeta postal del acuse de recibo que ampare la entrega del oficio por el cual se le requirió; por tanto, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo se reserva celebrar la audiencia incidental respecto de los actos reclamados a la citada responsable y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E PRIMERO. Se concede al quejoso, aquí incidentista, ***********, la suspensión definitiva de los actos reclamados a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el tercer considerando. SEGUNDO. Se difiere la presente audiencia por lo que hace a la autoridad que no ha rendido su informe previo y se señalan para tal efecto las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese. Lo resolvió y firma el licenciado **********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ***********, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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