César Iván Chacón González
Expediente 444/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 31 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- César Iván Chacón González
- Director de Talleres Gráficos del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mi veintidós, en que se sobreseyó y se negó la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído y negado la protección de la justicia federal, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente juicio de amparo. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 444/2020-V, promovido por ***, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, remitido el diecisiete siguiente a este Juzgado de Distrito, *** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario General, Director de Talleres Gráficos, Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y el Director de Transporte, todos del Gobierno del Estado de Chihuahua, así como del Secretario de Seguridad Pública Municipal y el Coordinador General de Seguridad Vial, de quienes reclamó, el sistema normativo que dio origen a la Ley de Transporte, así como el Acuerdo por el que se ordena dar inicio al procedimiento de cancelación previsto en el numeral 112, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1º, 5º, 4, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el consecutivo 444/2020-V, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez seguido el juicio, el veintiuno de abril de dos mil veintiuno se dictó sentencia, sobreseyendo el asunto; el cinco de mayo siguiente se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de dicho fallo, y en sesión celebrada el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 189/2021, revocó la sentencia dictada por esta Juzgadora y ordenó la reposición del procedimiento a efecto de recabar las constancias que integran el procedimiento de cancelación concesiones, lo cual se llevó a cabo el veintisiete de junio pasado; así, en la fecha en que se actúa, se llevó a cabo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación del siguiente ordenamiento legal: Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil veinte; en lo particular, los artículos 43, fracción I, incisos a) y b), 77, 80, 83, 85, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 99, 108, fracción IX, 120, 146, 147, 150, fracción II, 151, fracción I, así como los transitorios tercero, quinto, sexto y séptimo. b) Del Gobernador del Estado de Chihuahua, la promulgación del ordenamiento legal descrito en el inciso que antecede. c) Del Secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua, el refrendo del ordenamiento legal citado. d) Del Titular del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, a quien el quejoso denominó como Director de Talleres Gráficos, la publicación del citado Decreto. e) Del Secretario General de Gobierno y del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, ambos del Estado de Chihuahua, la emisión del: Acuerdo por el que se ordena dar inicio al Procedimiento de Cancelación previsto en el artículo 112, de la Ley de Transporte, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, específicamente los artículos 110, fracción III y 112, de la Ley de Transporte, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el cinco de septiembre de dos mil veinte. f) Del Secretario de Seguridad Pública Municipal y el Coordinador General de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la aplicación del Decreto y Acuerdo impugnados. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. I. El Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el Coordinador General de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en representación del Director de Transporte, al rendir sus informes con justificación, negaron la existencia de los actos que se les reclama, consistentes en la aplicación (ejecución) de las normas tildadas de inconstitucionales. La parte quejosa no exhibió prueba que desvirtúe tal negativa, por lo que debe tenerse como inexistentes los actos que se atribuyen a las autoridades responsables. Tiene aplicación, se cita la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos especificados en el presente considerando, reclamados al Secretario de Seguridad Pública Municipal, el Coordinador General de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el Director de Transporte del Estado de Chihuahua. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional y el Secretario General de Gobierno, por si y en su carácter de responsable del Periódico Oficial, todos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la promulgación, refrendo y publicación, respectivamente, del Decreto que dio origen a la Ley de Transporte, publicado en el Periódico Oficial el veintiuno de marzo de dos mil veinte. Por su parte, el Congreso del Estado de Chihuahua, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante que en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se le hizo saber los motivos por los cuales no se tenía por rendido el informe remitido vía correo electrónico y recibido el diecinueve de los mismos; de ahí que se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de septiembre de la citada anualidad, y de conformidad con el numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia, se tiene por cierto el acto que se le endilga, a saber, la aprobación del Decreto impugnado. Asimismo, el Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Secretario General de Gobierno, precisó que es cierto el acto que se le reclama, relativo a que emitió el Acuerdo por el que se ordena dar inicio al Procedimiento de Cancelación, previsto por el artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial el cinco de septiembre de dos mil veinte. A su vez, el Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en representación del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua, informó que no es cierto el acto que se le reclama a éste último, relativo a la emisión del Acuerdo por el que se ordena dar inicio al Procedimiento de Cancelación, previsto por el artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada, pues de la revisión en la página oficial del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, se aprecia que el Acuerdo en comento, cuenta con la firma autógrafa del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Por lo que se tienen por ciertos los actos que se les atribuyeron. Además, la existencia de cada uno de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables que no se actualizaron. El Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, refiere que por lo que hace a la promulgación del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el ordinal 61, fracción XXIII, en vinculación con el 108, de la Ley de la Materia, que establece que: "en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo de los decretos promulgatorios de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". Es infundado lo alegado por la autoridad responsable; lo anterior es así, pues el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo debe expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos de Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley, pues de la evolución de dicha disposición normativa desde la Ley de Amparo abrogada, se advierte que el legislador consideró insoslayable que tratándose del amparo contra normas generales se llame a la autoridad que promulgó la ley, lo que además encuentra sentido si se tiene en cuenta que la participación del titular del Poder Ejecutivo, ya sea local o federal, no es de simple trámite, sino que incide de manera importante en el proceso legislativo, pues con la promulgación de la ley se hace ejecutable y adquiere valor imperativo, carácter que no tenía antes de pasar de la jurisdicción del Congreso a la del Ejecutivo. En estas condiciones, es indispensable que en el amparo contra normas generales se señale como autoridad responsable al órgano promulgador, con independencia de que se reclamen o no vicios propios al acto promulgatorio, condicionante que únicamente debe entenderse dirigida a los actos de las autoridades encargadas de su refrendo y publicación, como así se advierte de la iniciativa del proyecto de la Ley de Amparo vigente; además de que esa autoridad está facultada para hacer valer los medios de defensa previstos en la ley de la materia. De ahí que, no se actualiza la causal de improcedencia invocada por el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, a que alude el numeral 61, fracción XXIII, en vinculación con el 108, fracción III, de la Ley de la Materia Por lo tanto, la causal de improcedencia descrita, invocada por la autoridad responsable mencionada, se desestima y se lleva a cabo el estudio de las causas de improcedencia que a consideración de la suscrita se actualizaron. SEXTO. Actualización de causas de improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Improcedencia del juicio respecto de la publicación del Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por el que se expide la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua. Respecto de los actos reclamados al Gobernador Constitucional, al Secretario General de Gobierno, por sí y como Responsable del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, consistente en el refrendo y la publicación del Decreto tildado de inconstitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [...] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [...] Del primero de los preceptos invocados, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando la parte quejosa impugne tales actos por vicios propios. En el caso, la parte quejosa reclama de la citada autoridad, el refrendo y la publicación del Decreto que tilda de inconstitucional; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de tales autoridades en el proceso legislativo que permitió el refrendo y publicación de tal ordenamiento legal. De ahí que, en relación con el refrendo y la publicación de los Decretos reclamados, actos atribuidos al Secretario General de Gobierno por sí y en su carácter de Responsable del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, mayo de 2005, materia administrativa, página 1411, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. II. Respecto de los artículos 80, 83, 85, 88, 89 y 108 fracción IX, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; al no existir un acto de aplicación de las disposiciones reclamadas; sin soslayar, que a través del Decreto LXVII/RFLEY/0286/2022 III P.E., fueron reformados los artículos 83, 88 y 108, fracción IX, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el dieciséis de julio de dos mil veintidós; con todo, no existe un acto de aplicación en contra de la parte quejosa de los ordinales impugnados. Para ello, debe primero indicarse que los artículos 61, fracción XII y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, establecen las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra leyes y, para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa. Fundamentalmente, tales disposiciones ubican el momento en que la norma tildada de inconstitucional ocasiona al gobernado un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo cual conlleva a determinar a partir de qué momento y de qué plazo dispone el agraviado para ejercer la acción constitucional. También, de los numerales señalados, se desprende que las disposiciones legales de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir: a) Si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado (autoaplicativas); o bien, b) Si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que, por su sola expedición, le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando una afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad; es decir, se trata de leyes que al iniciar su vigencia generan obligaciones de hacer, dejar de hacer o de dar para los gobernados a quienes están destinadas. En el segundo supuesto, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa. De la explicación anterior, se desprende que, para la impugnación de normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (el cual puede provenir de la actuación de una autoridad, un particular o terceros auxiliares de la administración pública). En lo particular, la parte quejosa reclama, entre otros, los artículos 80, 83, 85, 88, 89 y 108 fracción IX, de la Ley de Transporte. Dichas porciones normativas establecen: LEY DE TRANSPORTE - AUTOAPLICATIVAS 80. Los titulares de Concesión o Permiso deberán ser de nacionalidad mexicana y con domicilio fiscal en el Estado, demostrando la capacidad técnica, jurídica y financiera para poder explotar el servicio de transporte de forma eficiente. Las personas morales titulares de Concesión o Permiso deberán estar constituidas conforme a las leyes del país y contener en sus estatutos cláusula de exclusión de extranjeros. Los concesionarios o permisionarios deberán incluir en su objeto social una actividad preponderantemente relacionada con el transporte de personas o bienes. 83. En caso del fallecimiento o declaración de ausencia de una persona física, titular de una concesión de transporte público colectivo, la Concesión o concesiones en cuestión deberán ser sometidas a Concurso en los términos de este Capítulo. No obstante lo anterior, el fallo del proceso deberá dar preferencia, en igualdad de circunstancias derivado de la evaluación de las propuestas, a las personas beneficiarias que designe el Concesionario por virtud de lista previamente inscritas ante la Dirección, la cual se deberá limitar a las personas sujetas a sucesión legítima, en los términos de la legislación civil aplicable. Para la continuidad en la prestación del servicio objeto de las Concesiones en cuestión la Dirección expedirá los Permisos Temporales necesarios para desempeñar el servicio durante el proceso de Concurso descrito en el párrafo anterior. 85. Los permisos serán otorgados por la Secretaría, previa comprobación de la necesidad del servicio público. En ningún caso se podrán otorgar permisos a una persona concesionaria de Transporte Público Colectivo, cuando como resultado de ello resulte que se tenga una flota de vehículos destinados al Transporte Especial de Trabajadores mayor al de Transporte Público. 88. El fallo del concurso para la asignación de Concesiones deberá incluir la lista con el orden de prelación que se obtuvo de los solicitantes, conforme a la evaluación que se hizo de los mismos. Emitido el fallo de la Concesión, la persona física o moral a quien se otorgue tendrá un plazo máximo de treinta días naturales para acreditar los requisitos previstos en la presente Ley, de manera enunciativa mas no limitativa: Póliza de seguro con la cobertura exigida en el Reglamento. Propiedad o legal posesión por arrendamiento puro o financiero de los vehículos que serán afectos de manera exclusiva para la prestación del servicio. Las placas de circulación para la clase de vehículo que será afecto a la prestación del servicio. Los demás requisitos establecidos en el Reglamento. En los casos en que el o los ganadores del concurso de alguna Concesión no cumplan con los requisitos dentro del plazo establecido, la o las concesiones serán otorgadas a los interesados que sigan en el orden de la lista de prelación del fallo correspondiente. 89. Una vez otorgada la Concesión o Permiso, su validez y vigencia estará sujeta a la verificación y revalidación anual, la cual incluye de manera enunciativa mas no limitativa: El pago de los derechos que por tal concepto determine la Ley de Ingresos del Estado. La acreditación de la revisión físico mecánica. Entrega de póliza de seguro vigente que satisfaga los requisitos necesarios para el periodo que inicia, y su recibo de pago. Tarjetón de identificación individual de Conductor Público, en su caso. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales con el Conductor, de conformidad con la legislación aplicable. Las Concesiones o Permisos en materia de transporte en ningún caso otorgan derechos o exclusividad a sus titulares sobre la prestación del servicio; únicamente se otorga el derecho al uso, aprovechamiento y explotación del servicio, de conformidad con la normatividad vigente. 108. Las Concesiones y Permisos se extinguirán por las causas siguientes: (.) IX. Por muerte, incapacidad permanente que impida el cumplimiento de sus obligaciones o ausencia declarada judicialmente del titular, con excepción de las Concesiones sujetas a lo establecido en el Capítulo IX del presente Título. (.) El numeral 80 establece que los titulares de Concesión o permiso deberán ser de nacionalidad mexicana y con domicilio fiscal en el Estado, demostrando capacidad técnica, jurídica y financiera para poder explotar el servicio de transporte; empero, el quejoso es titular de la concesión de servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros, por lo que la circunstancia que el aludido dispositivo establezca como requisito la nacionalidad mexicana y no exclusivamente la vecindad Chihuahuense ningún perjuicio le ocasiona, ya que en todo caso, solo podría reclamar una violación al artículo 19 de la Constitución del Estado de Chihuahua a la que alude, mediante un acto concreto de aplicación, esto es, la constitucionalidad del artículo 80 solo podría estudiarse, en el supuesto en que se prefiriera a una persona no Chihuahuense, por encima de una que sí lo es, en el otorgamiento de la concesión o permiso. Circunstancia análoga ocurre con el dispositivo legal 83 de la legislación en estudio, de la referida Ley de Transporte, puesto que en ellos se contempla lo relativo al concurso de la concesión o concesiones de transporte público colectivo de una persona física fallecida o declarada ausente, sin embargo, en la especie no está acreditado que el concesionario falleciera o se declarara su ausencia, por lo que no se aplican en su perjuicio dichos preceptos legales. Por lo que hace al numeral 85, de la multicitada ley, dicho precepto contempla que no se pueden otorgar permisos de transporte público colectivo cuando, como resultado de ello, resulte que se tenga una flota de vehículos destinados al Transporte Especial de Trabajadores mayor al Transporte Público; empero, el quejoso no acreditó estar en dicho supuesto, puesto que no demostró que con el permiso otorgado para el servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros, supere en unidades al destinado al transporte público colectivo. Tampoco le irroga perjuicio al quejoso lo establecido en los numerales 88 y 89, en los que se contienen bases respecto al concurso de asignación de Concesiones, pues lo cierto es que para que se verificara la violación a sus derechos fundamentales, debería precisamente ser parte en un procedimiento de tal naturaleza, a fin de que se actualizara el acto de aplicación. En ese mismo tenor, no causa perjuicio al impetrante de amparo lo establecido en la fracción IX del artículo 108 de la multicitada ley, ya que la misma establece como causa de extinción de las concesiones y permisos la muerte, incapacidad permanente que impida el cumplimiento de sus obligaciones o ausencia declarada judicialmente del titular; sin que haya acreditado que sus permisos se le hayan declarado extintos; mucho menos el supuesto de muerte, incapacidad permanente o declaración de ausencia. En tal virtud, las normas referidas requieren un acto concreto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, lo cual no se encuentra acreditado en autos. Así las cosas, como se vio, las porciones normativas reclamadas tienen el carácter de heteroaplicativa cuando el gobernado no se encuentra en la situación prevista en la norma por su sola entrada en vigor, sino que, para que aquél se encuentre obligado a dar, hacer o dejar de hacer algo, es indispensable la existencia de un acto posterior de aplicación, ya sea que éste provenga de la actividad estatal, o que emane de la voluntad del propio particular o de un tercero que actúe en auxilio de una autoridad. De tal manera que, se reitera, tratándose de normas heteroaplicativas, si se promueve el juicio de amparo con motivo de su sola entrada en vigor, habrá de considerarse improcedente, en virtud de que aún no se produce ningún perjuicio o menoscabo a la esfera de derechos de la parte quejosa, de acuerdo al referido artículo 61, fracción XII, de la ley en la materia, que dispone que es improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del ordinal 5º, de la Ley de Amparo, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En esas condiciones, resulta inconcuso que la sola emisión de las normas reclamadas no implican perjuicio alguno a la esfera jurídica del recurrente, por ende, el presente juicio de amparo resulta improcedente, en razón de que la acción constitucional debe condicionarse a la existencia previa del acto de aplicación de la ley, perjudicial a los intereses del quejoso; lo que tiene su razón de ser en que la promoción de la demanda de amparo se basa en la búsqueda de protección contra leyes o actos que violen derechos humanos de los gobernados, y no de los que probablemente pudieran perjudicarlo en un futuro. En tal virtud, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, debe sobreseerse respecto de los numerales 80, 83, 85, 88, 89 y 108 fracción IX, todos de la Ley de Transporte para el Estado de Chihuahua. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 50 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época, con registro digital 239008, de título y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". III. En otra tesitura, en lo relativo al Acuerdo por el que se ordena dar inicio al Procedimiento de Cancelación previsto en el artículo 112, de la Ley de Transporte, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, específicamente los artículos 110, fracción III y 112, de la Ley de Transporte, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el cinco de septiembre de dos mil veinte, que se reclama al Secretario General de Gobierno y al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, ambos del Estado de Chihuahua, tildado de inconstitucional, atento a lo precisado por el Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en representación del Secretario y el Director de Transporte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, de la Ley de Amparo, este último, interpretado en sentido contrario, por lo que el juicio de amparo es improcedente, acorde con los siguientes razonamientos. El artículo 107, fracción I, de la Ley de la Materia, establece que es procedente el amparo indirecto, contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Sin embargo, la procedencia del amparo ahí establecida no es irrestricta, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que conforme a la técnica del amparo, la impugnación de normas generales con motivo de su aplicación, está condicionada a que el juicio constitucional sea procedente contra el acto en que se individualizan, de tal forma que si por éste resulta inviable la acción de amparo, la misma suerte debe correr el juicio respecto de la disposición de observancia general. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 235, que establece: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.-Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Luego, si en el caso, la quejosa reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 110, fracción III y 112 de la Ley de Transporte, con motivo de su primer acto de aplicación, atento a la publicación realizada el cinco de septiembre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, del Acuerdo por el que se ordena dar inicio al Procedimiento de Cancelación previsto en el artículo 112, de la Ley de Transporte, suscrito por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, ambos del Estado de Chihuahua, en atención a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde primero, verificar la procedencia del juicio de garantías, con relación al citado acto de aplicación, ya que de ello dependerá la suerte que debe correr el juicio en relación con la norma reclamada. Ahora bien, debe tenerse en consideración que el Acuerdo por el que se ordena dar inicio al procedimiento de cancelación contemplado en el numeral 112 de la Ley de Transporte, es un acto emitido dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Se dice lo anterior, pues el numeral en estudio contempla las bases a que se sujetara el procedimiento para la cancelación de la concesión o permiso otorgado; así, a través del referido Acuerdo, el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, ambos del Estado de Chihuahua, por medio del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el cinco de septiembre de dos mil veinte, notificaron al aquí quejoso que se ordenó dar inicio al procedimiento de cancelación previsto en el artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, respecto a las concesiones y permisos especificados en el Anexo 1 del citado acuerdo, toda vez que del dictamen obtenido del estudio técnico -operativo relativo por la Dirección de Transporte en el Estado, se advertía que las mismas se encontraban dentro de las hipótesis prevista en la fracción III del artículo 110 del referido ordenamiento, ya que suspendieron o abandonaron el servicio, lo que se concluyó en términos del estudio señalado, de los datos de vehículos que se encontraban registrados en el sistema de transporte para la prestación del servicio, así como de los reportes de pago de derechos y obligaciones. En este sentido, se ordenó la divulgación del mencionado Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, para el efecto de que dicha publicación hiciera las veces de la notificación a que hace referencia la fracción I del artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, lo anterior, tomando en consideración la situación en la que se encuentra el Estado de Chihuahua con motivo de la pandemia ocasionado por el virus SARS-CoV2, y con el fin de salvaguardar la salud de las personas que pudieran verse involucradas en el proceso de notificación, atendiendo de igual forma a que el Periódico Oficial del Estado, constituye un medio de difusión oficial. Asimismo, señalaron que dicha notificación se realizó con el efecto de que los titulares de las concesiones o permisos especificados en el Anexo 1, comparecieran por escrito ante la oficina de la Dirección de Transporte de la ciudad que respectivamente les corresponde, en un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del citado Acuerdo, para el efecto de que los interesados, por sí o por representante legal, realizaran manifestaciones que a sus intereses convinieran, ofrecieran pruebas y formularan alegatos en relación al procedimiento de cancelación iniciado. Continúan diciendo que, una vez transcurrido el plazo anterior, de conformidad con la fracción IV, del artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, se emitiría resolución administrativa resolviendo sobre la cancelación. Además, que en caso de que los titulares de las concesiones o permisos señalados en el Anexo 1, no comparecieran ante la oficina correspondiente de la Dirección de Transporte en el plazo señalado por el artículo segundo del mencionado acuerdo, se emitiría resolución con el objeto de proceder a la cancelación correspondiente. Por lo que dicho análisis de procedencia debe efectuarse a la luz de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo, que dispone: 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Del análisis integral de la porción normativa transcrita, se desprende que la procedencia de la instancia constitucional contra actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, está condicionada a que: a) constituyan la resolución definitiva, esto es, aquella que sea la última, la que ponga fin al asunto, o b) que se trate de actos emitidos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, aquellos que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; caso contrario, de no colmarse los referidos requisitos, el amparo será improcedente. Pues bien, acorde con lo anterior, en el caso, no se satisfacen los citados requisitos de procedencia. Cierto, en relación al primer supuesto, este no se actualiza, en razón de que el Acuerdo reclamado como primer acto de aplicación de la porción normativa impugnada, no constituye una resolución definitiva, pues si bien se ordenó dar inicio al procedimiento de cancelación previsto en el artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, respecto a las concesiones y permisos especificados en el Anexo 1 del citado acuerdo, éste no pone fin al procedimiento de cancelación respectivo, sino que éste culmina con la resolución que en definitiva, emita la autoridad competente, en la que determine respecto de la procedencia o no de la cancelación de la concesión o permiso. Lo anterior se desprende del contenido de los artículos 110, fracción III y 112 de la Ley de Transporte, así como del Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el cinco de septiembre de dos mil veinte, que en lo conducente establecen: 110. Son causas de cancelación las siguientes: (.) III. Suspender o abandonar el servicio sin autorización. (.) 112. El procedimiento para decretar la cancelación de Concesión o Permiso se sujetará a las siguientes bases: I. Se notificará al interesado de la pretensión, fundada y motivada, en el domicilio que haya señalado en el Registro Estatal de Transporte. II. Los interesados, por sí o por representante legalmente acreditado, tendrán un término de quince días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación, para presentar por escrito sus alegatos y ofrecer las pruebas que estime pertinentes. III. El escrito debe presentar firma autógrafa del promovente, a menos que no sepa o no pueda firmar, plasmará la huella dactilar o en su defecto, lo hará su representante legal. Deberá adjuntarse al escrito la documentación que, acredita su personalidad, así como aquella establecida por las disposiciones legales, según la promoción de que se trate. IV. Transcurrido el plazo para la manifestación de lo que a su derecho convenga, la Secretaría emitirá la resolución administrativa dentro de los treinta días hábiles siguientes. ACUERDO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (.) Se ordena dar inicio al procedimiento de cancelación previsto en el artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, respecto a las concesiones y permisos especificados en el Anexo 1 del presente acuerdo, toda vez que del dictamen obtenido del estudio técnico -operativo relativo por la Dirección de Transporte en el Estado, se advierte que las mismas se encuentran dentro de las hipótesis prevista en la fracción III del artículo 110 del referido ordenamiento, ya que suspendieron o abandonaron el servicio, lo que se concluyó en términos del estudio señalado, de los datos de vehículos que se encuentran registrados en el sistema de transporte para la prestación del servicio, así como de los reportes de pago de derechos y obligaciones. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, para el efecto de que dicha publicación haga las veces de la notificación a que hace referencia la fracción I del artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, lo anterior, tomando en consideración la situación en la que se encuentra nuestro estado con motivo de la pandemia ocasionado por el virus del SARS-CoV2, COVID-19, y con el fin de salvaguardar la salud de las personas que pudieran verse involucradas en el proceso de notificación, atendiendo de igual forma a que el Periódico Oficial del Estado, constituye un medio de difusión oficial. La notificación se realiza con el efecto de que los titulares de las concesiones o permisos especificados en el Anexo 1 del presente acuerdo, comparezcan por escrito ante la oficina de la Dirección de Transporte de la ciudad que respectivamente les corresponda, en un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Acuerdo, para el efecto de que los interesados, por sí o por representante legal, realicen manifestaciones que a sus intereses convengan, ofrezcan pruebas y rindan alegatos en relación al procedimiento de cancelación iniciado. TERCERO.- Una vez transcurrido el plazo anterior, de conformidad con la fracción IV, del artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, se emitirá resolución administrativa resolviendo sobre la cancelación. En caso de que los titulares de las concesiones o permisos señalados en el Anexo 1 del presente acuerdo, no comparezcan ante la oficina correspondiente de la Dirección de Transporte en el plazo señalado por el artículo segundo del presente acuerdo, se emitirá resolución con el objeto de proceder a la cancelación correspondiente. (.) ANEXO 1 (.) TRANSPORTE COLECTIVO URBANO CIUDAD JUÁREZ (.) *** Tampoco se colma el requisito contenido en el inciso b), puesto que, como se vio, la procedencia de la instancia constitucional contra actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no constituyan la resolución definitiva, está condicionada a que, produzcan una afectación de imposible reparación; y, en el caso, el Acuerdo materia de impugnación, no es un acto que afecte directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Esto, porque acorde a lo dispuesto en las fracciones II y IV del artículo 12 de la Ley de Transporte, los interesados, por sí o por representante legalmente acreditado, tendrán un término de quince días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación, para presentar por escrito sus alegatos y ofrecer las pruebas que estime pertinentes y transcurrido dicho plazo, la Secretaría emitirá la resolución administrativa dentro de los treinta días hábiles siguientes, de ahí que la publicación del referido Acuerdo no trasciende a la esfera jurídica del gobernado, temporal o definitivamente; es decir, se trata de actos de carácter instrumental que, únicamente, constituyen el reflejo de los actos de ejecución del procedimiento de cancelación con motivo de las conducta que le atribuye la autoridad, que, en todo caso, servirán para la motivación de la resolución definitiva que llegara a dictar la autoridad legalmente competente, por lo que por sí mismo no depara perjuicio alguno al gobernado. En mérito de lo anterior, se estima que la publicación del Acuerdo impugnado, por sí mismo, no causa perjuicio a la esfera jurídica de la parte quejosa. Ello, en razón de que su publicación, no decide en definitiva la situación jurídica del quejoso, puesto que lo ahí asentado, está sujeto a una calificación de la autoridad competente para emitir la resolución correspondiente, la que bien puede o no considerar para motivar la determinación de procedencia o no, de la cancelación de la concesión o permiso; por tanto, la situación jurídica del quejoso dependerá, únicamente, de lo determinado en la resolución final que al efecto se emita. Máxime que lo expuesto en el Acuerdo por el que se ordena dar inicio al procedimiento de cancelación previsto en el numeral 112, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, no constituye una determinación de sanción para el justiciable que afecte de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos, que haga por excepción procedente el amparo. Así, al quedar de manifiesto que el Acuerdo por el que se ordena dar inicio al procedimiento de cancelación previsto en el numeral 112, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, emitido por el Secretario General de Gobierno y del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, ambos del Estado de Chihuahua, no colma los supuestos de procedencia del amparo derivados de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, en razón de que no constituye una resolución definitiva que ponga fin al procedimiento de cancelación respectivo y tampoco causa por sí mismo, perjuicio alguno al quejoso, dado que no decide en definitiva su situación jurídica, el juicio de amparo en relación con éste es improcedente. Luego, al resultar improcedente el juicio de amparo contra el referido acto de aplicación, en términos de lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.", resulta improcedente el juicio, respecto de los artículos 110, fracción II y 112 de la Ley de Transporte, tachado de inconstitucional, por lo que debe sobreseerse en el juicio también respecto de la normativa reclamada. Conforme a la jurisprudencia mencionada, la procedencia del amparo contra una norma general con motivo de su aplicación está condicionada a que el juicio constitucional proceda contra el acto en que se individualiza, de forma que si por éste resulta inviable la acción de amparo, la misma suerte debe correr el juicio respecto de la disposición. Por tanto, si se impugna en amparo los artículos 110, fracción III y 112 de la Ley de Transporte, con motivo de su primer acto de aplicación en el Acuerdo por el que se ordena dar inicio al procedimiento de cancelación previsto en el numeral 112, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, tomando en consideración que ese Acuerdo es un acto emitido dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, la procedencia del juicio de amparo con relación a éste, se encuentra condicionada a que se colmen las hipótesis de procedencia de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 221 del Pleno del Alto Tribunal del país, con registro digital 389674, de la Séptima Época, Materia Constitucional, Fuente Apéndice de 1995. Tomo I, Parte SCJN, página 210, que a la letra dice: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Atento a la actualización de la causa de improcedencia acreditada, se hace innecesario el estudio de la causa de improcedencia invocada por el Gobernador Constitucional, el Secretario de Gobierno por sí y en su carácter de Responsable del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, relativa a que el justiciable debió agotar el recurso de inconformidad previsto en el numeral 174 de la Ley de Transporte; y en su caso, el juicio contencioso administrativo contemplado en el diverso ordinal 187; pues como ya se dijo, a la fecha de la presentación de la demanda (once de septiembre de dos mil veinte), no existía resolución definitiva dictada por la autoridad competente, de ahí que el justiciable no se encontraba en aptitud de inconformarse en contra de una resolución inexistente. IV. En lo relativo a los numerales 95, 96, 99, 120, 146 y 151, fracción I, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que el dieciséis de julio de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, se publicó el Decreto LXVII/RFLEY/0286/2022 III P.E. que, entre otros, reformó los ordinales en comento y derogó el segundo párrafo, de la fracción primera del ordinal 151. Así, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. En este tenor, se tiene que los ordinales en estudio fueron reformados y derogados, tal y como se establece en la tabla que a continuación se describe: LXVI/EXLEY/0708/2020 LXVII/RFLEY/0286/2022 95.- Las Concesiones y Permisos podrán renovarse por una ocasión hasta por el mismo periodo que fueron otorgados; siempre y cuando estén al corriente con las obligaciones impuestas por esta Ley, y no hayan violado reiteradamente los preceptos de la misma. La renovación se realizará en los términos que se establezcan en el Reglamento y en cumplimiento de los mismos requisitos que se señalen para su otorgamiento. Una vez agotado el periodo de renovación se procederá, en su caso, a un nuevo concurso en el cual podrá participar quien haya sido titular de la concesión extinta. 95.- Las Concesiones y Permisos podrán renovarse hasta por el mismo periodo que fueron otorgados; siempre y cuando estén al corriente con las obligaciones impuestas por esta Ley, y no hayan violado reiteradamente los preceptos de la misma. La renovación se realizará en los términos que se establezcan en el Reglamento y en cumplimiento de los mismos requisitos que se señalen para su otorgamiento. Una vez agotado el periodo de renovación se procederá, en su caso, a un nuevo concurso en el cual podrá participar quien haya sido titular de la concesión extinta. 96.- La solicitud de renovación de Concesiones y Permisos deberá presentarse a la Dirección por escrito al menos un año previo a su vencimiento de lo contrario esta se cancelará de manera definitiva quedando dicho acto asentado en el Registro. 96.- La solicitud de renovación de Concesiones y Permisos deberá presentarse a la Subsecretaría, por escrito, de forma previa a su vencimiento; de no presentarse tal solicitud, la concesión o el permiso se extinguirá. 99.- Para el otorgamiento de una Concesión o Permiso a personas jurídicas, además de cumplir con los requisitos de esta Ley y sus reglamentos, estas deberán estar constituidas conforme a los lineamientos de los estatutos y actas constitutivas que al efecto se establezcan en el Reglamento. Las personas morales titulares de Concesiones o Permisos deberán autorizar previamente y registrar ante la Dirección cualquier modificación de accionistas, apoderados y de sus estatutos, en el entendido que no podrán realizar modificaciones a sus estatutos que contravengan lo dispuesto por la normatividad aplicable o que no estén autorizadas por la Dirección. 99.- Para el otorgamiento de una Concesión o Permiso a personas jurídicas, además de cumplir con los requisitos de esta Ley y sus reglamentos, estas deberán estar constituidas conforme a los lineamientos de los estatutos y actas constitutivas que al efecto se establezcan en el Reglamento. (REFORMADO, P.O. 16 DE JULIO DE 2022) Las personas morales titulares de Concesiones o Permisos deberán autorizar previamente y registrar ante la Subsecretaría cualquier modificación de accionistas, apoderados y de sus estatutos, en el entendido que no podrán realizar modificaciones a sus estatutos que contravengan lo dispuesto por la normatividad aplicable o que no estén autorizadas por la Subsecretaría. 120.- Únicamente los derechos y obligaciones inherentes a una Concesión en modalidad de taxi, cuyo titular sea una persona física, podrán ser sujetos de transmisión por sucesión. 120.- Los derechos y obligaciones inherentes a una Concesión o Permiso, cuyo titular sea una persona física, podrán ser sujetos de transmisión por sucesión. La Concesión o el Permiso podrán transmitirse a la persona beneficiaria que designe el concesionario o permisionario en la lista previamente inscrita ante el Registro Estatal de Transporte, la cual se deberá limitar a las personas sujetas a sucesión legítima en los términos de la legislación civil aplicable. (ADICIONADO, P.O. 16 DE JULIO DE 2022) Se extinguirá la concesión en caso de no haber lista inscrita, o cuando todos los beneficiarios de la lista inscrita estuvieren imposibilitados para recibir la concesión respectiva. (ADICIONADO, P.O. 16 DE JULIO DE 2022) Para la continuidad en la prestación del servicio objeto de la sucesión en cuestión, la Subsecretaría expedirá los permisos temporales necesarios para desempeñar el servicio durante el proceso referido. 146. Los concesionarios y permisionarios no podrán instalar publicidad en el exterior de las unidades del servicio de transporte. 146.- Los concesionarios y permisionarios podrán instalar publicidad en las unidades del servicio de transporte. Queda prohibida la colocación de anuncios cuyo contenido haga referencia a ideas, imágenes, contextos o figuras que inciten la violencia, al consumo de drogas, que sean contrarias a la moral o a las buenas costumbres, promuevan la discriminación de cualquier tipo. 151.- Los vehículos que sean utilizados para el servicio de Transporte Especializado deberán sujetarse a una antigüedad que no exceda de: I. Diez años para transporte escolar, de personas con discapacidad, de personal y turístico. Tratándose de transporte de personal, la Dirección podrá autorizar la utilización de vehículos de una antigüedad de hasta quince años, atendiendo a la revisión físico mecánica que para tal efecto se practique. 151.- Los vehículos que sean utilizados para el servicio de Transporte Especializado deberán sujetarse a una antigüedad que no exceda de: I. Diez años para transporte escolar, de personas con discapacidad, de personal y turístico. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, por las razones que informa, la tesis P. VIII/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 196815, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, de febrero de 1998, página 42, del rubro y texto: CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE CONFIGURA ESTA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LA LEY DEROGADA SI SE ENCUENTRA FIRME LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA SU ACTO DE APLICACIÓN. Si habiéndose reclamado en juicio de amparo la inconstitucionalidad de diversas leyes con motivo de un acto de aplicación, encontrándose una de ellas derogada, y en la sentencia se niega la protección federal respecto de las leyes, otorgándose en cuanto a su acto de aplicación, por vicios propios, y contra tal fallo sólo interpone recurso de revisión la parte quejosa, impugnando el aspecto en el que se le negó la protección constitucional, sin que las autoridades responsables recurran aquél, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio respecto de la ley que se encuentre derogada, con fundamento en los artículos 74, fracción III y 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por haber sobrevenido la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, toda vez que al encontrarse firme la concesión del amparo por el acto de aplicación, y derogada la ley -lo que significa que no le volverá a ser aplicada al haber concluido su vigencia- han cesado sus efectos. Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 323886, Quinta Época, Materia Administrativa, Común, Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXIX, página 2286, que a la letra dice: AMPARO CONTRA LAS LEYES. Aunque en las demandas de amparo no se hubieren reclamado actos positivos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Federal, en la Rama de Petróleo, de 2 de mayo de 1941, ni de su Reglamento, de 26 de noviembre de 1940, sino omisiones de estos ordenamientos, es claro que con la publicación de una nueva ley reglamentaria del mismo precepto constitucional, han cesado los efectos de los actos reclamados en las referidas demandas, no obstante que éstos se hubieran hecho consistir en las omisiones de referencia; pues si la nueva ley no las subsana y los quejosos consideran que con ellas no se afectan sus intereses jurídicos, esto debe ser motivo de un nuevo juicio de garantías, puesto que se trata de una ley distinta. Razonamiento este que debe hacerse en lo que se refiere al reglamento de la mencionada ley, en virtud de que éste fue derogado por el de 26 de diciembre de 1941, publicado en el Diario Oficial de 30 de diciembre del mismo año. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos materia de estudio en este apartado. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Se procede al estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, los cuales resultan ser infundados e inoperantes como a continuación se expondrá; en el entendido, que versará únicamente respecto de los artículos 77, 93, 94, 147, 150, fracción II, transitorios tercero, quinto, sexto y séptimo, de la Ley de Transporte, por los motivos aducidos con antelación. En su concepto de violación a) aduce que se le violenta el derecho humano a la seguridad jurídica y legalidad, en virtud de que a su parecer, en la creación de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, no se respetó el principio de democracia deliberativa por parte de las autoridades legislativas, ello pues el procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Señala que el Gobernador del Estado de Chihuahua, sin escuchar a los concesionarios y permisionarios de transporte, el once de febrero de dos mil veinte, presentó iniciativa a fin de expedir la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua. Asimismo, señala que resultaron infructuosos los diversos intentos para que se les incluyera en la discusión del Decreto por el que se pretendía reformar la aludida ley, por lo que la misma se dictaminó sin ser suficientemente debatida. El concepto de violación es infundado. Para arribar a ese aserto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2005, estableció que para determinar si en un caso concreto las violaciones al procedimiento legislativo redundan en la violación de las garantías de debido proceso y legalidad consagradas en el artículo 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario las mismas no tienen relevancia invalidatoria de esta última, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares: 1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad. En otras palabras, es necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates. 2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas. 3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, puesto que de lo que se trata es precisamente de determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales puntuales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Los anteriores criterios, en otras palabras, no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones que se lleven a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, puesto que su función es precisamente ayudar a determinar la relevancia última de cada una de estas actuaciones a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo. Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes o avatares que tan frecuentemente se presentan en el desarrollo de los trabajos parlamentarios. Las anteriores consideraciones se establecen en la tesis P. L/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 169437, Novena Época, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, de junio de 2008, página 717, que a la letra dice: PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. Para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de inconstitucionalidad infringen las garantías de debido proceso y legalidad contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario no tienen relevancia invalidatoria de esta última, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares: 1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, es decir, resulta necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates; 2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y, 3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, pues se busca determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Así, estos criterios no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, pues su función es ayudar a determinar la relevancia última de cada actuación a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo. Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes presentadas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, como por ejemplo, la entrada en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, circunstancias que se presentan habitualmente. En este contexto, la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse cargo de las particularidades de cada caso concreto, sin que ello pueda desembocar en su final desatención. En lo particular, del proceso legislativo de la multicitada ley se advierten los siguientes antecedentes: El cinco de febrero de dos mil veinte, el Diputado Omar Bazán Flores, presentó iniciativa con punto de acuerdo a fin de hacer un llamado y exhorto al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría General de Gobierno y de la Dirección de Transporte del Estado para que en uso de sus facultades y atribuciones, convoquen a la brevedad posible a los concesionarios del Transporte a efecto de conocer y discutir los términos en que será plateada la Nueva Ley de Transporte en la Entidad. Con fecha once de febrero de dos mil veinte, ***, entonces Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, presentó iniciativa con carácter de decreto, a fin de expedir la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, así como reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y del Código Administrativo, ambos del Estado de Chihuahua. Con fecha veinte de febrero de dos mil veinte, el Diputado del Partido Revolucionario Institucional ***, presentó Iniciativa con carácter de Decreto, a fin de expedir la Ley de Transporte y Vías de Comunicación del Estado de Chihuahua. Derivado de lo anterior, los diputados *** y ***, por asunto 1724, presentado el dieciocho de marzo de dos mil veinte, señalaron lo que enseguida se transcribe: "Tal como nos comprometimos los integrantes de esta Comisión en reunión de fecha 17 de febrero del presente año, con motivo de la expedición de una nueva ley de transporte, es que fueron realizadas siete reuniones regionales en donde se tuvo participaciones de los permisionarios, concesionarios e interesados en general del servicio de transporte en el Estado. Dichas reuniones tuvieron lugar, el día 26 de febrero de 2020, en Ciudad Juárez, Chihuahua en el Auditorio de Protección Civil de dicha ciudad; el 28 de febrero en la Ciudad de Delicias, en el Auditorio de la Facultad de Administración y Contaduría de la UACH; el 3 de marzo en Ojinaga, en el Salón Machi del DIF Municipal; el 4 de marzo en Parral; el 5 de marzo en Cuauhtémoc, en el Recinto Poliforum; el 6 de Marzo en Casas Grandes, en la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal; y por último el 7 de marzo en esta Ciudad de Chihuahua. De dichas reuniones, es que se recabaron las diferentes inquietudes, comentarios, propuestas, así como las diferentes quejas a las autoridades estatales en materia de transporte. Es por ello que con la intención de dar seguimiento, la Comisión se comprometió a realizar un llamado al Poder Ejecutivo del Estado para atender los mencionados señalamientos, donde las principales inquietudes son: falta de atención por los funcionarios públicos en trámites y denuncias; ejercicios arbitrarios por parte de los inspectores en la materia, así como las malas condiciones de las vías públicas." La iniciativa en comento, en conjunto con otras presentadas con anterioridad respecto al mismo tópico, fueron turnadas a la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, quien por dictamen LXVI - II Año- II P.O. número (comisión) DCOSPDU/13/2020, emitió el documento por el que propusieron la expedición de la Nueva Ley de Transporte del Estado de Chihuahua. El referido dictamen fue discutido y aprobado en sesión de dieciocho de marzo de dos mil veinte, en la que se tomaron, en lo que interesa, las siguientes determinaciones: "Siendo las dieciocho horas con diecisiete minutos del día de la fecha, el Presidente declara que se da inicio a la sesión. Informa que se encuentra abierto el sistema electrónico de asistencia y que mientras tanto se procederá con el desahogo de los trabajos para la sesión. Acto seguido, da a conocer a las y los legisladores el orden del día bajo el cual habrá de desarrollarse la sesión: I.- Lista de presentes. II.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el día 4 de marzo del año 2020. III.- Turnos de las iniciativas y demás documentos. IV.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que presenta la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano. V.- Presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo, a cargo de: 1.- Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, en voz del Diputado *** (M.C.). La solicitará de urgente resolución. 2.- Diputado ***, representante del Partido Verde Ecologista de México. 3.- Diputado ***, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. La solicitará de urgente resolución. VI.- Asuntos generales. 1.- Diputado ***, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 2.- Diputado ***, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En seguida, la Primera Secretaria, por instrucciones del Presidente informa que se encuentran presentes 21 de las y los diputados que integran la Sexagésima Sexta Legislatura. Así mismo, informa que se han autorizado las justificaciones por las inasistencias de las y los legisladores: *** (P.R.I.), *** (MORENA), *** (P.R.I.), *** (P.T.) y *** (M.C.). Se registra la inasistencia de la Diputada *** (P.R.I.). Se incorporan en el transcurso de la sesión las y los Diputados: *** (MORENA), *** (MORENA), *** (MORENA), *** (MORENA), *** (MORENA) y *** (P.R.I.). El Presidente declara la existencia del quórum para la sesión e informa que, por tanto, todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. [.] Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Sexta Legislatura, dentro del segundo año de ejercicio constitucional, celebrada en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, el día 18 de marzo del año 2020. Presidente: Diputado ***. Primera Secretaria: Diputada ***. Segundo Secretario: Diputado *** Siendo las dieciocho horas con diecisiete minutos del día de la fecha, el Presidente declara que se da inicio a la sesión. Informa que se encuentra abierto el sistema electrónico de asistencia y que mientras tanto se procederá con el desahogo de los trabajos para la sesión. Acto seguido, da a conocer a las y los legisladores el orden del día bajo el cual habrá de desarrollarse la sesión: I.- Lista de presentes. II.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el día 4 de marzo del año 2020. III.- Turnos de las iniciativas y demás documentos. IV.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que presenta la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano. V.- Presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo, a cargo de: 1.- Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, en voz del Diputado *** (M.C.). La solicitará de urgente resolución. 2.- Diputado ***, representante del Partido Verde Ecologista de México. 3.- Diputado ***, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. La solicitará de urgente resolución. VI.- Asuntos generales. 1.- Diputado ***, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 2.- Diputado ***, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En seguida, la Primera Secretaria, por instrucciones del Presidente informa que se encuentran presentes 21 de las y los diputados que integran la Sexagésima Sexta Legislatura. Así mismo, informa que se han autorizado las justificaciones por las inasistencias de las y los legisladores: *** (P.R.I.), *** (MORENA), *** (P.R.I.), *** (P.T.) y *** (M.C.). Se registra la inasistencia de la Diputada *** (P.R.I.). Se incorporan en el transcurso de la sesión las y los Diputados: *** (MORENA), *** (MORENA), *** (MORENA), *** (MORENA), *** (MORENA) y *** (P.R.I.). El Presidente declara la existencia del quórum para la sesión e informa que, por tanto, todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Del mismo modo, les recuerda a las y los legisladores que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema de voto electrónico incorporado en cada una de las curules, de lo contrario no quedarán registradas. El Segundo Secretario, a petición del Presidente, toma la votación respecto al contenido del orden del día e informa que este se aprueba por unanimidad, al registrarse: 21 votos a favor, emitidos por las y los diputados: *** (P.T.), *** (P.A.N.), *** (P.A.N.), *** (MORENA), *** (P.A.N.), *** (P.V.E.M.), *** (P.A.N.), *** (P.N.A.), *** (P.A.N.), *** (P.A.N.), *** (P.E.S.), *** (P.E.S.), *** (P.E.S.), *** (MORENA), *** (M.C.), *** (P.A.N.), *** (P.A.N.), *** (P.A.N.), *** (P.A.N.), *** (P.R.I.) y *** (P.A.N.). 12 no registrados, de las y los legisladores: *** (MORENA), *** (MORENA), *** (MORENA), *** (MORENA), *** (P.R.I.), *** (MORENA), *** (P.R.I.), *** (P.R.I.), *** (MORENA), *** (P.R.I.), *** (P.T.) y *** (M.C.), los 5 últimos justificaron su inasistencia. A continuación, la Primera Secretaria, a petición del Presidente pregunta a las y los legisladores si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 4 de marzo del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente; al no registrarse objeción alguna, la somete a la consideración de la Mesa Directiva e informa que se aprueba por unanimidad, al registrarse: 24 votos a favor, emitidos por las y los diputados: *** (P.T.), *** (P.A.N.), *** (P.A.N.), *** (MORENA), *** (MORENA), *** (MORENA), *** (MORENA), *** (P.A.N.), *** (P.V.E.M.), *** (P.A.N.), *** (P.N.A.), *** (P.A.N.), *** (P.A.N.), *** (P.E.S.), *** (P.E.S.), *** (MORENA), *** (M.C.), *** (P.A.N.), *** (P.A.N.), *** (P.A.N.), *** (P.A.N.), *** (P.R.I.) y *** (P.A.N.). 9 no registrados, de las y los legisladores: *** (P.E.S.), *** (MORENA), *** (P.R.I.), *** (MORENA), *** (P.R.I.), Omar (P.R.I.), *** (MORENA), *** (P.R.I.), *** (P.T.) y *** (M.C.), los 5 últimos justificaron su inasistencia. En seguida, por instrucción del Presidente, el Segundo Secretario, verifica que las y los legisladores tengan conocimiento de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Al recibir la afirmativa por respuesta, el Presidente ratifica los turnos de los asuntos enlistados Para dar continuidad al orden del día, en el punto relativo a la presentación dictámenes, se otorga el uso de la Tribuna en el siguiente orden: 1.- A la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, que en voz de la Diputada *** (P.A.N.), presenta dictamen relativo a la expedición de la Ley de Transporte del Estado; así como reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y del Código Administrativo, ambos ordenamientos del Estado. Para emitir su postura respecto al dictamen, el Presidente otorga el uso de la palabra a las y los legisladores: *** (MORENA), quien comunica que la Fracción Parlamentaria del Partido MORENA, la cual coordina, votará a favor del dictamen en lo general. Expresa, además, que con la aprobación del presente dictamen se pretende beneficiar a transportistas y usuarios y hacer del servicio de transporte un servicio moderno, de calidad, digno y accesible. *** (P.V.E.M.), quien considera que no hubo una verdadera revisión de las condiciones y peticiones de los concesionaros del transporte público. Comunica que está de acuerdo en que la ley se debe de modificar; sin embargo, se debe acompañar esto de acciones que no afecten ni a los concesionarios ni a los usuarios. Expresa que el dictamen fue elaborado al vapor y no se siente capaz de emitir su voto en estos términos. *** (P.E.S.), quien manifiesta estar convencido de que Chihuahua debe convertirse en un estado moderno y competitivo, para lo cual se tienen que hacer las adecuaciones legales que se consideren convenientes. Expresa su apoyo al trabajo realizado en la Comisión, y opina que es urgente tomar las medidas necesarias en cuanto a las mejoras al transporte público; así también señala la importancia de destinar mayores recursos para modernizar las vialidades y la infraestructura en los municipios. *** (P.A.N.), expresa que se atendieron debidamente los reclamos, tanto de los transportistas, como de los usuarios y permisionarios. Destaca el trabajo de la Comisión Dictaminadora y la apertura que se dio para escuchar las diversas opiniones de los directamente afectados, y señala que las adecuaciones realizadas a la ley estuvieron consensuadas, siendo el usuario el más beneficiado. Del mismo modo, exhorta a las y los diputados a apoyar el dictamen con el cual se presenta una ley de transporte moderna y de vanguardia para Chihuahua. ********** (MORENA), quien expresa los diferentes motivos por los cuales emitirá su voto a favor del dictamen que se presenta. Menciona que con esta ley se regulariza el transporte de pasajeros en cuanto a corridas, sitios de paradas, horarios, rutas y vehículos, lo cual considera muy necesario; del mismo modo, refiere que en la ley se contempla hacer respetar los derechos de los trabajadores, tales como sueldos, horario laboral, otorgamiento de seguro social, entre otros. Nuevamente ********** (P.V.E.M.), quien cuestiona respecto a lo dicho por quien lo antecedió en el uso de la voz, respecto a los derechos de los choferes del transporte; subraya que en la presente ley no se consideraron medidas de protección al medio ambiente; y realiza algunos señalamientos respecto al recurso que supuestamente se deberían utilizar en arreglar las vialidades y, por último, exige que se permita la entrada de los transportistas a este Recinto Legislativo para que expresen sus peticiones. En seguida, el Segundo Secretario, por instrucciones del Presidente somete a la consideración del Pleno el dictamen, en lo general. Informa que se aprueba por unanimidad, al registrarse: 24 votos a favor, emitidos por las y los diputados: *** (P.T.), *** (P.A.N.), *** (P.A.N.), *** (MORENA), *** (MORENA), *** (MORENA), *** (MORENA), *** (P.A.N.), *** (P.A.N.), *** (P.N.A.), *** (P.A.N.), *** (P.A.N.), *** (P.E.S.), *** (P.E.S.), *** (P.E.S.), *** (MORENA), *** (MORENA), *** (M.C.), *** (P.A.N.), *** (P.A.N.), *** (P.A.N.), *** (P.A.N.), *** (P.R.I.) y Jesús *** (P.A.N.). 2 abstenciones, expresadas por el Diputado *** (P.V.E.M.) y la Diputada *** (MORENA). 7 no registrados, de las y los legisladores:*** (P.R.I.), *** (P.R.I.), *** (P.R.I.), *** (MORENA), *** (P.R.I.), *** (P.T.) y *** (M.C.), los 5 últimos justificaron su inasistencia. En seguida, el Presidente informa que se concederá el uso de la palabra a las y los diputados que deseen presentar reservas [.]" De todo lo narrado con antelación, se desprende que, contrario a lo manifestado por el quejoso, no se vulneraron los principios en que se funda la democracia representativa, fundamentalmente, el principio deliberativo, puesto que, tanto en el seno de la Comisión como en el Pleno del Congreso, se dio oportunidad a que los diputados de todos los grupos parlamentarios que quisieran intervenir en el debate, lo hicieran, exponiendo sus puntos de vista a favor o en contra del dictamen, aceptándose, incluso, las reservas que algunos de ellos propusieron en los términos en que se asentó en el acta respectiva, lo que demuestra que el órgano legislativo tuvo suficiente tiempo para conocer dicha iniciativa y realizar un debate sobre ella, además que la ley en estudio fue aprobada por unanimidad de los veinticuatro diputados presentes en esa sesión, por lo que se cumplió con lo establecido en el numeral 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Sin que varíe la conclusión el hecho de que el impetrante señale que no se le dio la oportunidad a los concesionarios y permisionarios de transporte público de participar en el proceso de consulta para la emisión de la nueva ley, pues como se evidenció en los antecedentes precisados en párrafos precedentes, lo cierto es que si se llevaron a cabo siete reuniones regionales, en las que todos los interesados externaron sus inconformidades e inquietudes respecto a la nueva legislación, por lo que se satisfizo esa circunstancia. En este sentido, no puede sino concluirse que, habiendo contado con el quórum legalmente requerido y habiendo otorgado igual consideración y respeto a todas las opiniones, corrientes e ideas, cuya expresión culminatoria se dio en la regla del acatamiento a la mayoría, en la especie, no se actualiza ninguna violación al procedimiento de emisión de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, ni en sentido formal, ni en sentido material; dado que, se cumplieron los principios democráticos, principalmente, el relativo a la deliberación pública, que obliga al órgano legislativo a ser, antes que un órgano decisorio, un órgano deliberante, en el que encuentren cauce de expresión las opiniones de todos los grupos parlamentarios. De ahí lo infundado del concepto de violación. Por otra parte, en el concepto de violación b), el solicitante de amparo aduce que le causa agravio los artículos quinto, sexto y séptimo transitorios, puesto que, pese a contar con el permiso para la prestación del servicio especial de transporte para trabajadores, otorgado al amparo de la ley anterior, se le obliga a adecuarse a las nuevas disposiciones en un plazo de doce meses, por lo que se violenta el principio de irretroactividad de la ley, además que existe una incongruencia entre lo preceptuado en los artículos transitorios ya que por un lado, establecen que las concesiones y permisos otorgados bajo el amparo de la ley abrogada fenecerán al termino señalado en su otorgamiento y por otro, obligan a adecuarse a los términos y condiciones de la Ley Vigente. Que, respecto al principio de irretroactividad, el Alto Tribunal ha establecido que una norma es inconstitucional cuando trata de modificar derechos adquiridos o supuestos jurídicos, y consecuencias que de éstos nacieron bajo la vigencia de una ley anterior. Señala que entre los derechos adquiridos se encuentran los contenidos en los artículos 77, 93 y 150 fracción II, todos de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, similares a los establecidos en los artículos 22 y 31, de la ley abrogada. En su concepto de violación c), aduce que se violenta su derecho humano a la igualdad y no discriminación, ya que los artículos 93 y 94 de la aludida ley, pues el primero de ellos, establece que las concesiones otorgadas a personas físicas o morales tendrán una vigencia de diez años; mientras que el segundo numeral hace una excepción a las Concesiones de Transporte Urbano Masivo que se encuentren integradas al Sistema Integrado de Transporte, las cuales podrán tener una vigencia de hasta quince años. Con lo que la legislación establece un trato diferenciado y preferencial a las concesiones integrada al Sistema Integrado de Transporte sin justificación alguna. Los conceptos de violación son infundados. Para arribar a esa conclusión, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1037/99, realizó un análisis del artículo 14 constitucional que prevé la garantía de irretroactividad de la ley Dicho precepto establece, en la parte que interesa: 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". Tal como se puede observar del numeral transcrito, a ninguna ley se le puede dar un efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que de suyo más que referirse a las leyes, hace alusión a los actos de aplicación de las mismas. Sin embargo, reiteradamente el Alto Tribunal ha considerado que la prohibición comprende también a las leyes mismas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la irretroactividad que prohíbe el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra referida tanto al legislador, por cuanto, a la expedición de las leyes, así como a las autoridades que las aplican a un caso determinado, y para resolverlo ha acudido a la teoría de los derechos adquiridos y a la teoría de los componentes de la norma. En la primera de ellas, se distingue entre dos conceptos, a saber: el de derecho adquirido que lo define como aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico y el de expectativa de derecho, el cual ha sido definido como la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho, es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde a algo que en el mundo fáctico no se ha materializado. Por consiguiente, sostiene que si una ley o acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no se viola la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal (teoría de los derechos adquiridos). Así, esta teoría que se apoya en la distinción fundamental entre derechos adquiridos y las meras expectativas de derecho, establece que no se pueden afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que aquéllos se regirán siempre por la ley a cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando esa ley hubiese dejado de tener vigencia al haber sido sustituida por otra diferente; en cambio, una nueva ley podrá afectar simples expectativas o esperanzas de gozar de un derecho que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. LXXXVIII/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 189448, Novena Época, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, de junio de 2001, página 306, que a la letra dice: IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado. De los razonamientos anteriores, el Pleno del Alto Tribunal concluyó que una ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir en perjuicio de una persona los derechos que adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, toda vez que éstos ya entraron en el patrimonio o en la esfera jurídica del gobernado, y no cuando se aplica a meras expectativas de derecho. Por consiguiente, la garantía de la irretroactividad de las leyes que consagra el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no se pueden modificar o afectar los derechos que adquirió un gobernado bajo la vigencia de una ley anterior con la entrada de una nueva disposición, pero sí se pueden regular por las nuevas disposiciones legales las meras expectativas de derecho, sin que se contravenga el numeral en comento. Ahora bien, por lo que se refiere a la teoría de los componentes de la norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación parte de la idea de que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que, si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, que los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y de cumplir con éstas. Sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, por lo que para que se pueda analizar la retroactividad o irretroactividad de las normas es necesario analizar las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse a través del tiempo: a) Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia en ella regulados, no se puede variar, suprimir o modificar ese supuesto o la consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad de las normas, toda vez que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley. b) Cuando la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si el supuesto y algunas de las consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, quedando pendientes algunas de las consecuencias jurídicas al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias ya realizadas. c) Cuando la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior no se producen durante su vigencia, pero cuya realización no depende de los supuestos previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico, en este caso la nueva disposición tampoco podría suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, toda vez que estas últimas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. Cuando para la ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, es necesario que los supuestos señalados en la misma se realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, en atención a que antes de la vigencia de dicha ley no se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior (supuestos y consecuencias acontecen bajo la vigencia de la nueva disposición). Precisado lo anterior, se pone de manifiesto que para estar en posibilidad de determinar si una disposición normativa es violatoria de lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución General de la República, con base en la teoría de los componentes de la norma, es menester tener en cuenta los distintos momentos en que se realiza el supuesto o supuestos jurídicos, la consecuencia o consecuencias que de ellos derivan y la fecha en que entra en vigor la nueva disposición. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las teorías admitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para interpretar el tema de retroactividad, resulta que una norma transgrede el precepto constitucional antes señalado, cuando la ley trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, lo que sin lugar a dudas conculca en perjuicio de los gobernados dicho derecho fundamental, lo que no sucede cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho o de situaciones que aún no se han realizado, o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior, pues en esos casos, sí se permite que la nueva ley las regule. Así, en el particular no se puede considerar que estamos ante una afectación de derechos adquiridos, porque si bien es cierto que la quejosa es titular de un permiso para prestar el servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros, también lo es, que la norma combatida no le impone nuevas condiciones, limitantes o exigencias para el disfrute de dicho permiso. En ese sentido, las porciones de ley reclamadas que regulan lo relativo a la renovación del permiso que es titular, se proyectan hacia el futuro, es decir, hacia la eventual renovación del permiso que haga la parte quejosa o hacia el otorgamiento de nuevos permisos que pretenda obtener. Por ende, no podría sostenerse que por virtud del permiso que actualmente disfruta, "adquirió el derecho" a que los permisos futuros le sean otorgados por el mismo plazo de duración que su concesión actual, ni a que le sea otorgado un número específico de concesiones. En otras palabras, los "derechos adquiridos" tienen que analizarse desde el acto administrativo específico, esto es, los permisos de los que actualmente goza el quejoso, por los cuales, si bien es cierto que la calidad de permisionario le otorga interés jurídico para combatir las reglas de la nueva ley que se refieren al número de permisos que pueden otorgarse y la duración de los mismos, ya que su calidad de permisionario le faculta para renovar el permiso, empero, ello no significa que por virtud de su permiso haya adquirido derechos hacia el futuro. Lo anterior también encuentra respaldo en que el otorgamiento de un permiso, es una facultad discrecional de la autoridad administrativa, lo cual significa que depende del cumplimiento de ciertos requisitos y criterios de dicha autoridad, por lo cual, la postura del quejoso implicaría reconocer que por virtud de los permisos de que es titular "adquirió el derecho" a que los futuros permisos le sean otorgadas en los mismos términos (en cuanto a su número y duración), lo cual, como puede verse, desnaturalizaría a la figura de la concesión administrativa, ya que aun tomando como referencia dichas categorías (número de permisos y duración) lo cierto es que las reglas que regulan dichos aspectos, tanto en la legislación anterior como en la nueva, utilizan la palabra "hasta"; es decir, prevén que pueden otorgarse "hasta" cierto número de concesiones o permisos y que pueden concederse "hasta" por cierto número de años, lo cual revela lo infundado del argumento del agraviado, ya que el número de concesiones o permisos que pueden otorgarse a una persona física y la duración de las mismas, ni en la ley anterior ni en la nueva, se fijó como un derecho del particular, sino como una facultad discrecional de la administración. De ahí que no pueda alegarse que el impetrante contaba con un derecho adquirido, sino que únicamente contaba con una expectativa de derecho, que podría haberse materializado o no, según su conducta ante la autoridad administrativa; en tales condiciones, no puede hablarse de una aplicación retroactiva en su perjuicio. En cuanto a lo argumentado respecto a la existencia en la ley combatida de un parámetro mínimo para determinar cuál es la situación legal de la vigencia de las concesiones o permisos otorgados, como al hecho de que a su criterio la ley otorga un trato desigual respecto de otros concesionarios que se encuentran bajo una modalidad distinta del servicio público de transporte, esta Juzgadora considera que debe estarse, de nueva cuenta, a la naturaleza de las reglas combatidas por el peticionario de garantías, ya que la desigualdad que plantea no se refiere a derechos, sino a las facultades discrecionales con que cuenta la autoridad al momento de pronunciarse sobre el otorgamiento de una concesión o permiso. Adicionalmente, la desigualdad alegada no se representa como tal si se toma en cuenta que las modalidades de las concesiones o permisos en cuanto a su duración, al número máximo que puede tener derecho una persona física en la modalidad de transporte de taxi o concesiones de Transporte Urbano Masivo que se encuentren integradas al Sistema Integrado de Transporte, las cuales podrán tener una vigencia de hasta quince años, como cualquier otra característica en su otorgamiento; no se traduce en un derecho otorgado a favor del particular, sino que se trata de una facultad discrecional, por lo que el número de concesiones o permisos otorgados a un tipo de prestador de servicio y a otro será una cuestión que se materialice hasta que se emita el acto administrativo correspondiente (permiso) en el que también debe establecerse su duración, de tal forma que, incluso, podría haber concesionarios o permisionarios que gocen de concesiones o permisos en un número diverso a las otorgadas a concesionarios de servicio de transporte de taxi, inclusive, por una duración distinta las emitidas a favor de estos últimos o las emitidas a favor del Transporte Urbano Masivo que se encuentren integradas al Sistema Integrado de Transporte. De ahí que la norma combatida no viole lo dispuesto en el artículo 14, al establecer, entre otros, el número y duración de las concesiones o permisos, la posibilidad de suceder la concesión en forma distinta, ni al prever en los transitorios reclamados que los concesionarios o permisionarios deberán ajustarse a dicho ordenamiento. Abunda a lo anterior, el hecho de que, el otorgamiento de concesiones o permisos por el Estado no constituyen derechos adquiridos, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido a la concesión como un acto por medio del cual se concede a un particular el manejo y la explotación de un servicio público o la explotación y el aprovechamiento de bienes del dominio del Estado, el cual no puede concebirse como un simple acto contractual, sino que se trata de un acto administrativo mixto, en el que coexisten elementos reglamentarios y contractuales; los primeros se encuentran sujetos a las modificaciones del orden jurídico que regulan el ordenamiento de la concesión y los segundos garantizan los intereses legítimos del concesionario o permisionario. En ese sentido, las cláusulas contractuales materializan las ventajas económicas en favor del concesionario, es decir, consisten en cuestiones particulares que benefician económicamente al mismo y por ello, el Estado no podrá variarlas sin concurrir la voluntad de aquél, porque afectaría su esfera jurídica y patrimonio. Asimismo, en el título de permiso se establecen condiciones regulatorias vinculadas al marco legal que fija las condiciones generales de las concesiones a las que deberá sujetarse el concesionario y las cuales sí podrá modificar el Estado, atendiendo a decisiones que importen intereses de la colectividad, sin que para ello sea necesario el consentimiento de aquél; es decir, cuando se reforma la legislación relativa, se modifican igualmente los términos de las condiciones reglamentarias del título de concesión, aun sin la intervención del gobernado, ya que no se puede convenir con éste reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las leyes o a los reglamentos respectivos, al ser jurídicamente inadmisible. En esa tesitura, tales regulaciones (reglamentarias) no pueden crear derechos adquiridos por tres razones fundamentales: a) Se encuentran vinculadas a la legislación relativa, que simplemente codifica los términos generales de las concesiones; b) Dicha normatividad se encuentra sujeta a reformas y modificaciones, según lo exija el interés público; y c) No pueden ni deben entrar o conformar el patrimonio del concesionario. Esto último, porque la concesión, como acto jurídico emanado de una norma anterior, no puede estar en conflicto y permanente oposición con el orden jurídico que le dio origen, máxime si éste es modificable por razones sociales que válidamente lo justifiquen, porque la concesión, que es de menor jerarquía que la norma jurídica, debe ceder por razones de supremacía de la norma ante la misma y por motivos de funcionalidad del sistema. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis L/2016, con registro digital 2011176, de la Décima Época, Materias Constitucional, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, de marzo de 2016, Tomo I, página 996, del rubro y texto: TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. El artículo décimo séptimo transitorio citado refiere que los permisos de radiodifusión que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, deberán transitar al régimen de concesión correspondiente dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la ley indicada. Ahora bien, la concesión y, en el caso concreto, los permisos, constituyen un acto por medio del cual se concede a un particular el manejo y la explotación de un servicio público o la explotación y el aprovechamiento de bienes del dominio del Estado, el cual no puede concebirse como un simple acto contractual, sino que se trata de un acto administrativo mixto, en el cual coexisten elementos reglamentarios y contractuales; los primeros se encuentran sujetos a las modificaciones del orden jurídico que regulan el ordenamiento de la concesión y los segundos garantizan los intereses legítimos del concesionario o permisionario. Asimismo, en el título de permiso se establecen condiciones regulatorias vinculadas al marco legal que fija las condiciones generales de las concesiones a las que deberá sujetarse el concesionario y las cuales sí podrá modificar el Estado, atendiendo a decisiones que importen intereses de la colectividad, sin que para ello sea necesario el consentimiento de aquél, es decir, cuando se reforma la legislación relativa, se modifican igualmente los términos de las condiciones reglamentarias del título de concesión, aun sin la intervención del gobernado, ya que no se puede convenir con éste reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las leyes o a los reglamentos respectivos, al ser jurídicamente inadmisible. En esa tesitura, las cláusulas regulatorias no pueden crear derechos adquiridos por tres razones fundamentales: la primera, porque éstas se encuentran vinculadas a la legislación relativa, que simplemente codifica los términos generales de las concesiones; la segunda, en virtud de que dicha normatividad se encuentra sujeta a reformas y modificaciones, según lo exija el interés público; y la tercera, en razón de que precisamente por esa dinámica legislativa y administrativa, esos derechos no pueden ni deben entrar o conformar el patrimonio del concesionario. Esto último, porque la concesión, como acto jurídico emanado de una norma anterior, no puede estar en conflicto y permanente oposición con el orden jurídico que le dio origen, máxime si éste es modificable por razones sociales que válidamente lo justifiquen, porque la concesión, que es de menor jerarquía que la norma jurídica, debe ceder por razones de supremacía de la norma ante la misma y por motivos de funcionalidad del sistema. En virtud de lo anterior, se concluye que el otorgamiento de un título de concesión (en este caso, de permisos de radiodifusión), en el que se pacten cláusulas reglamentarias, relacionadas con el cumplimiento de las leyes de la materia, no crean derechos adquiridos, de ahí que el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no viola el principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo particular, de la lectura del permiso otorgado al solicitante de amparo, se advierte que contiene únicamente cláusulas regulatorias, es decir, aquellas que constituyen meras condiciones reglamentarias, pues son cláusulas relacionadas con las normas que controlan las condiciones generales de los permisos y a las que deberán sujetarse todos aquellos que se encuentren en las hipótesis normativas de que se trate. Así las cosas, del acuerdo ********************de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se desprende que se autorizó la cesión de derechos de la concesión número ******************** al aquí amparista; además, le informaron las obligaciones que le correspondían como permisionario del citado servicio público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la ahora abrogada Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación; asimismo, hicieron de su conocimiento las causas por las que los permisos se cancelarían, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la ley en mención. Lo anterior, sin que se advierta la estipulación de alguna de las cláusulas contractuales a que se ha venido haciendo referencia. Situación que como se expuso, no necesariamente significa que no existan ventajas económicas para el agraviado, derivadas de la explotación de los permisos, pues, aunque no se hayan consignado como tales, existe la expectativa pecuniaria del permisionario. En ese sentido, debe concluirse que el otorgamiento de permiso para el servicio público de transporte para trabajadores, en el que se pacten cláusulas reglamentarias, relacionadas con el cumplimiento de las leyes de la materia, no crean derechos adquiridos, por lo que el Decreto reclamado no es retroactivo porque las nuevas disposiciones que aquí se impugnan, no violan derechos adquiridos. Es dable concluir lo anterior, ya que los aspectos que regula la nueva ley aquí reclamada y que el quejoso refirió que le causan agravio por aplicar retroactivamente en su perjuicio (duración y prórroga de los permisos y modificación de las condiciones para transmitir la titularidad de los mismos) se refieren a aspectos meramente regulatorios de las condiciones generales de las concesiones, aspectos que, como se expuso, no pueden constituir derechos adquiridos. Así las cosas, si el Estado modifica de manera unilateral disposiciones en las que se establezcan los derechos que de manera particular otorga la revalidación de permisos para el transporte especial de trabajadores, como en el caso puede ser el ingreso que puede percibir derivado de la explotación del mismo, podrá afectar directamente los derechos adquiridos del permisionario, sin embargo, ello no ocurre así, cuando se modifiquen las condiciones generales regulatorias, a través de reformas legislativas o reglamentarias, derivadas de decisiones que importen el interés público, de manera que en este último caso, no se afectan derechos adquiridos del permisionario. En efecto, las cláusulas regulatorias que se vinculan con la normatividad relativa, no generan la obligación del Estado de convenir su modificación con los permisionarios, pues se reitera que es inadmisible que cada vez que se pretendiera reformar la Constitución, las leyes o los reglamentos respectivos, el Estado tenga que convenirlo con todos los concesionarios o permisionarios. En suma, debe decirse que no le asiste la razón al inconforme por dos aspectos fundamentales, a saber: el primero, porque el permiso para prestar el servicio público de transporte colectivo urbano de pasajeros, es un acto jurídico administrativo mixto, sujeto a las modificaciones del orden jurídico que regulan el bien público por explotar y el segundo, porque las nuevas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, únicamente modifican las cláusulas reglamentarias vinculadas con la normatividad relativa a tal permiso, que puede ser reformada unilateralmente por el Estado. Lo expuesto encuentra sustento en la tesis 1a. LXXVII/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 177665, Novena Época, Materias Constitucional, Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, de agosto de 2005, página 297, del epígrafe y texto: CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. LAS MODIFICACIONES A SUS CLÁUSULAS REGULATORIAS EN VIRTUD DE REFORMAS A LA LEGISLACIÓN RELATIVA, AL NO AFECTAR DERECHOS ADQUIRIDOS DEL CONCESIONARIO NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. La concesión constituye un acto jurídico administrativo mixto por contener cláusulas de orden contractual y otras de naturaleza regulatoria. En las primeras se materializan las ventajas económicas a favor del concesionario y en virtud de ello, el Estado no podrá variarlas sin concurrir la voluntad de aquél, porque podría afectar su esfera jurídica y patrimonio. Por su parte, las cláusulas regulatorias consisten en las estipulaciones que determinan las condiciones de la concesión y se encuentran vinculadas al marco legal que regula los términos generales de las concesiones a los que deberán sujetarse los concesionarios y los cuales podrá modificar el Estado, atendiendo a decisiones que importen intereses de la colectividad, de manera que cuando se reforma la legislación relativa, se modifican igualmente los términos de las condiciones reglamentarias del título de concesión, sin que para ello sea necesario el consentimiento del gobernado, porque sería tanto como pretender convenir con éste, reformas a la Constitución, a las leyes o a los reglamentos respectivos, lo cual es jurídicamente inadmisible. En esa tesitura, cuando el Estado modifica condiciones generales regulatorias de los títulos de concesión, a través de reformas legislativas o reglamentarias, derivadas de decisiones que importen el interés público, no se afectan derechos adquiridos del concesionario, por tres razones fundamentales: la primera porque éstas se encuentran vinculadas a la legislación relativa, que simplemente codifica los términos generales de las concesiones; la segunda, porque dicha normatividad se encuentra sujeta a reformas y modificaciones, según lo exija el interés público y la tercera, porque precisamente por esa dinámica legislativa y administrativa, esos derechos no pueden ni deben entrar o conformar el patrimonio del concesionario. Así, en virtud de que las cláusulas regulatorias del título de concesión no crean derechos adquiridos, las modificaciones que éstas sufran en razón de reformas constitucionales, legales o reglamentarias, no violan el principio de retroactividad a que se refiere el artículo 14 constitucional. En diverso orden de ideas, en el concepto de violación e), el quejoso expone que el artículo 147 de la ley en estudio, viola su libertad de trabajo y comercio, pues el numeral en cita le impone reservar un área específica del vehículo para la instalación de publicidad relativa a campañas de interés social como salud, seguridad pública o protección civil, sin que el permisionario pueda recibir un beneficio económico por esa publicidad. El concepto de violación es infundado. Para arribar a esa conclusión, el primer párrafo del artículo 5 Constitucional establece: 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial." Por su parte, el artículo 147 de la nueva Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, dispone: 147.- En los vehículos del servicio público de transporte colectivo, los concesionarios deberán reservar un área específica del vehículo para la instalación de publicidad relativa a campañas informativas de interés social en los rubros de salud, seguridad pública o protección civil que desarrollen las autoridades competentes. Las características de imagen, así como la ubicación y dimensiones del área a reservar, serán determinadas en las normas reglamentarias aprobadas por la Secretaría. El concesionario no obtendrá un beneficio económico por la colocación y difusión de esa publicidad, pero los gastos vinculados a su diseño, autorización, colocación, retiro y reparación de daños en su caso, correrán por cuenta de la autoridad solicitante." El citado numeral 5 constitucional reconoce el derecho a la libertad de trabajo y de comercio, esto es, la posibilidad de que toda persona pueda dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, mientras sea lícito y no contravenga los intereses de terceros ni derechos de la sociedad, pudiendo sólo limitarse por determinación judicial o resolución gubernativa que lo justifique. Mientras que el dispositivo de la Ley de Transporte establece que deberá destinarse un espacio dentro de las mismas a publicidad oficial, la cual quedará a cargo de la autoridad solicitante. De lo anterior, es dable concluir que la porción normativa no limita el ejercicio del comercio de los concesionarios de transporte público, ello ya que la legislación únicamente establece una limitación en cuanto a contar con un área destinada dentro de la unidad respecto a publicidad oficial, sin que ello implique que no puedan concertar contratos de publicidad en el exterior o interior de las unidades, pues incluso el diverso numeral 148 establece que el procedimiento para obtener la autorización para la instalación de publicidad deberá ajustarse a lo dispuesto por las normas reglamentarias que determine la Dirección. Aunado a que dicha limitación establecida en el numeral apuntado, no le impide ejercer las actividades inherentes al permiso que le fue otorgado, toda vez que pueden prestar los servicios correspondientes sin que lo ahí dispuesto pueda considerarse como la realización de un trabajo o la prestación de un servicio sin la justa retribución, ya que es indudable que la prestación de los servicios de transporte no es gratuito, sino lucrativa para el particular que los desempeña, siendo que el precepto en análisis sólo impone una limitación en función de la protección a un medio ambiente sano (libre de contaminación visual). Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informan, la tesis 1a. CLXIV/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2018843, Décima Época, Materias Constitucional, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, de diciembre de 2018, Tomo I, página 427, que a la letra dice: TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VULNERA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO. El artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la libertad de trabajo, esto es, la posibilidad de que toda persona pueda dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, mientras sea lícito y no contravenga los intereses de terceros ni derechos de la sociedad, pudiendo sólo limitarse por determinación judicial o resolución gubernativa que lo justifique. Asimismo, dicho precepto fundamental establece que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual debe estar ceñido a lo dispuesto por la propia Constitución Federal en torno a los derechos de los trabajadores. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la libertad de trabajo, como cualquier otro derecho fundamental, no puede entenderse de un modo absoluto e irrestricto, sino que debe analizarse a la luz del resto de los derechos humanos reconocidos a favor de las personas y conforme con el resto de disposiciones que integran la Constitución Federal. Ahora bien, el artículo 127 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que, para efectos de dicho ordenamiento, se considerarán servicios de interconexión, entre otros, la conducción de tráfico, que incluye su originación y terminación, así como llamadas y servicios de mensajes cortos, los enlaces de transmisión, los puertos de acceso, la señalización, el tránsito, la coubicación, la compartición de infraestructura, los auxiliares conexos y la facturación y cobranza; de ahí que los titulares de concesiones en materia de telecomunicaciones deben cumplir con las condiciones aplicables respecto al servicio concesionado, entre ellas, las cláusulas regulatorias, así como, en su caso, con lo dispuesto por el artículo 127 referido que señala los servicios de interconexión mencionados; sin embargo, ello no les impide ejercer las actividades inherentes a la concesión que les fue otorgada, toda vez que pueden prestar los servicios correspondientes sin que lo ahí dispuesto pueda considerarse como la realización de un trabajo o la prestación de un servicio sin la justa retribución, ya que es indudable que la prestación de los servicios de interconexión no es gratuita, sino lucrativa para el particular que los desempeña, siendo que el precepto aludido sólo impone una modalidad para el ejercicio de la concesión, en el sentido de que precisa cuáles son los servicios de interconexión. De acuerdo con el marco jurídico en torno a la interconexión, el hecho de que el artículo mencionado señale cuáles son los servicios de esta índole desde luego incide en lograr el funcionamiento eficiente de los mercados e influye de forma positiva en el bienestar de la población, pues la finalidad es lograr que el mayor número de usuarios acceda a dichos servicios en mejores términos, reconociendo así la función social que desempeñan los servicios, pues son instrumentos para hacer efectivo el ejercicio de derechos fundamentales. Consecuentemente, el artículo 127 citado, al establecer los servicios que comprende la interconexión, no transgrede el derecho a la libertad de trabajo, pues sólo precisa los términos y las condiciones en que deben prestarse y no impide ni limita a las concesionarias o permisionarias el libre ejercicio de dicha libertad, toda vez que se trata de la regulación de un servicio público cuya prestación requiere de una concesión, lo que permite al Estado establecer esos términos y condiciones. Por otra parte, el solicitante de amparo en parte de su concepto de violación d), indica que el artículo 77 segundo párrafo establece una limitación de hasta veinte por ciento de vehículos afectos a alguna modalidad sin decir cuál es el fin de la limitación. En su concepto de violación g), el quejoso sostiene en lo medular, que las nuevas reglas en materia de transporte de las que se duele, no son claras y, por ende, conllevan a la eventual terminación arbitraria de los permisos que le fueron previamente otorgados, ya que pudiera solicitar mayores requisitos a los exigidos por la legislación. Los anteriores conceptos de violación son inoperantes, ya con que tales afirmaciones el quejoso solo expone cuestionamientos vagos y genéricos respecto al contenido normativo de la ley, lo que de manera alguna implican un verdadero razonamiento lógico jurídico que pueda ser estudiado; aunado a que la alegada falta de claridad en la nueva Ley de Transporte que a su parecer podría desembocar en una cancelación arbitraria de sus permisos otorgados, no necesariamente habría de actualizarse, sino que depende de circunstancias individuales como lo es el incumplimiento de la normativa vigente por parte del obligado aquí quejoso, así como de que en consecuencia pueda o no determinarse la cancelación de los permisos de que se trata y, particularmente, de que en todo caso, esta última efectivamente se determine sin la debida justificación legal por parte de la autoridad correspondiente. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 88/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 183118, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, de octubre de 2003, página 43, que a la letra dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley. En las relatadas consideraciones, ante lo infundado por un lado, e inoperante por otro, de los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar el amparo solicitado respecto del de los artículos tercero, quinto, sexto y séptimo transitorios; 43, fracción I, inciso a), 77, 93, 94, 147 y 150 fracción II, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el sábado veintiuno de marzo de dos mil veinte, mediante Decreto No. LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, en términos de lo analizado en los considerandos tercero y sexto de la presente sentencia, respecto de los artículos 80, 83, 85, 88, 89, 95, 96, 99, 108 fracción IX, 120, 146 y 151, fracción I, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el sábado veintiuno de marzo de dos mil veinte, mediante Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., y en lo relativo al Acuerdo por el que se ordena dar inicio al Procedimiento de Cancelación previsto en el artículo 112, de la Ley de Transporte, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, específicamente los artículos 110, fracción III y 112, de la Ley de Transporte, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el cinco de septiembre de dos mil veinte. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, contra los actos reclamados consistentes en la expedición y ejecución de los artículos 43, fracción I, inciso a), 77, 93, 94, 147 y 150 fracción II, de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el sábado veintiuno de marzo de dos mil veinte, mediante Decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O., por los motivos y fundamentos invocados en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***, hoy veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; a siete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que el veintisiete de junio del presente año, se tuvieron por recibidas las constancias que remitieron las autoridades responsables Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y Director de Transporte del Estado de Chihuahua, de lo que se tiene que no ha transcurrido el plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con veinte minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido de las documentales en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 590, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el análisis de dicho artículo, el plazo que permite al quejoso tener conocimiento del informe justificado, es de al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que la circunstancia de que no se rinda con esa anticipación es imputable únicamente a la autoridad responsable y que en ningún caso puede provocar que se deje en estado de indefensión al quejoso. Conforme a ello, en el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, la audiencia debe diferirse para que se otorgue íntegramente a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual, por tanto, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se difiere la audiencia constitucional en términos del artículo 24, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita, para que las partes se impongan del informe y, en su caso, cuenten con el tiempo suficiente para desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dando de esta manera, viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para el desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial; pues de computar ese plazo, contando los días que corren a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del proveído con que se da vista con el informe justificado hasta el anterior a la audiencia constitucional junto con los días que pasan entre el día siguiente a que surte efectos la notificación del auto que difiere la audiencia hasta que ésta se lleva a cabo, se deja en indefensión al gobernado ante la incertidumbre que genera el no conocer con seguridad el plazo efectivo que tiene para desvirtuar y probar las refutaciones que tenga contra el informe justificado, así como si dicho plazo verdaderamente será de ocho días, lo que puede ocasionar que actúe con vacilación respecto a imponerse del informe, realizar sus investigaciones, recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar su derecho y ofrecerlos de manera oportuna. Por tanto, los jueces de Distrito tendrán que verificar, cuando difieran la audiencia constitucional con motivo de que el informe justificado se haya presentado en forma extemporánea, que entre la fecha en que surta efectos la notificación del proveído relativo y la nueva fecha señalada para su desahogo, transcurran cuando menos ocho días hábiles.. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.*
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Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite la delegada de las autoridades responsables, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y Director de Transporte del Estado de Chihuahua, adjunto al cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por esta juzgadora mediante proveído de diez de junio en curso, envía copia certificada del Acuerdo de inicio del procedimiento de cancelación, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el cinco de septiembre de dos mil veinte, previsto en el artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, relativo a la concesión **********, entre otras, registrada a favor del quejoso **********, del cual emana el acto reclamado en el presente juicio de amparo; en tal sentido, como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con las documentales que se atienden, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. kod
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