César Ponce Morales
Expediente 424/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 424/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- César Ponce Morales y Otros.
- César Ponce Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de treinta de mayo de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar a la parte tercero interesada del acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecisiete que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez rindiendo su informe por sí y en representación de esa Junta. Ahora, de las copias certificadas que remitió del expediente laboral ******* de su índice, se advierte, entre otras cosas, que mediante resolución dictada en el incidente de revisión de actos de ejecución del Presidente, la Junta ordenó la devolución del cheque de caja a nombre de la aquí parte quejosa, a la institución bancaria que lo expidió, para reintegrarlo a la cuenta bancaria de la persona moral demandada en el juicio génesis de este asunto. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica que opera en el presente juicio. Dicho precepto estatuye lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; El precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. Dicha porción normativa contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. La intelección del precepto normativo en estudio, permite determinar que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a. Un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b. Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c. Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y, d. Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia aludida, de modo que, al actualizarse dichos principios, es inevitable que el juicio resulte improcedente. Robustece lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 51, en la página 39, tomo VI, común, sección precedentes relevantes S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir, en lo esencial, en la omisión de las autoridades responsables de entregar a la parte quejosa el cheque de caja, que diversa institución bancaria remitió al juicio de origen, para pagar a la parte actora diversas prestaciones de carácter laboral. Ahora, de la comunicación oficial remitida por la autoridad responsable se advierte que mediante resolución dictada el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el incidente de revisión de actos de ejecución del Presidente, la Junta responsable declaró procedente el recurso de revisión en contra del acto dictado por el Presidente de esa Junta, en el que ordenó el requerimiento de pago a la parte demandad y, como consecuencia de ello, dejó insubsistente todo lo actuado con posterioridad a la emisión de ese acuerdo, incluyendo la diligencia de embargo que, a la postre, fue la que dio origen a que se librara el referido cheque. Con motivo de lo anterior, la Junta ordenó la devolución del cheque de caja que remitió *******, a favor de la aquí parte quejosa, para reintegrarlo a la cuenta bancaria de la persona moral demandada. Lo anterior, conduce a estimar que el acto reclamado ha quedado consumado de modo irreparable para los efectos del presente juicio de amparo, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento constitucional, sin afectar la nueva situación jurídica que se creó con motivo de la orden de devolver el cheque de caja librado a favor del ahora quejoso, a la cuenta bancaria que fue materia de embargo en el juicio de origen. En ese tenor, el cambio de situación jurídica al que se hace referencia, constituye un motivo de improcedencia que conduce a sobreseer en el juicio, pues existe una imposibilidad jurídica para emprender el examen constitucional de la omisión reclamada en la demanda de amparo, pues con la devolución del referido documento mercantil a la cuenta bancaria del demandado laboral, realizada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, implica que en este juicio de amparo opere un cambio de situación jurídica, porque el referido título de crédito ya no está en poder jurídico de la responsable, con motivo de la resolución que dejó insubsistente el embargo que originó la emisión de aquél. De este modo, las violaciones que en todo caso hubieran sido cometidas, se consideran consumadas para los efectos del presente asunto, porque la situación jurídica que rige sobre el destino del cheque que la parte quejosa pretendía le fuera entregado, ahora se encuentra subordinado a lo resuelto en la resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, y precisamente por tal motivo, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer fuera de audiencia constitucional en este asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia Ley. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las diez horas con veinte minutos del siete de junio de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez rindiendo su informe por sí y en representación de esa Junta. Ahora, de las copias certificadas que remitió del expediente laboral ******* de su índice, se advierte, entre otras cosas, que mediante resolución dictada en el incidente de revisión de actos de ejecución del Presidente, la Junta ordenó la devolución del cheque de caja a nombre de la aquí parte quejosa, a la institución bancaria que lo expidió, para reintegrarlo a la cuenta bancaria de la persona moral demandada en el juicio génesis de este asunto. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica que opera en el presente juicio. Dicho precepto estatuye lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; El precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. Dicha porción normativa contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. La intelección del precepto normativo en estudio, permite determinar que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a. Un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b. Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c. Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y, d. Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia aludida, de modo que, al actualizarse dichos principios, es inevitable que el juicio resulte improcedente. Robustece lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 51, en la página 39, tomo VI, común, sección precedentes relevantes S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir, en lo esencial, en la omisión de las autoridades responsables de entregar a la parte quejosa el cheque de caja, que diversa institución bancaria remitió al juicio de origen, para pagar a la parte actora diversas prestaciones de carácter laboral. Ahora, de la comunicación oficial remitida por la autoridad responsable se advierte que mediante resolución dictada el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el incidente de revisión de actos de ejecución del Presidente, la Junta responsable declaró procedente el recurso de revisión en contra del acto dictado por el Presidente de esa Junta, en el que ordenó el requerimiento de pago a la parte demandad y, como consecuencia de ello, dejó insubsistente todo lo actuado con posterioridad a la emisión de ese acuerdo, incluyendo la diligencia de embargo que, a la postre, fue la que dio origen a que se librara el referido cheque. Con motivo de lo anterior, la Junta ordenó la devolución del cheque de caja que remitió *******, a favor de la aquí parte quejosa, para reintegrarlo a la cuenta bancaria de la persona moral demandada. Lo anterior, conduce a estimar que el acto reclamado ha quedado consumado de modo irreparable para los efectos del presente juicio de amparo, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento constitucional, sin afectar la nueva situación jurídica que se creó con motivo de la orden de devolver el cheque de caja librado a favor del ahora quejoso, a la cuenta bancaria que fue materia de embargo en el juicio de origen. En ese tenor, el cambio de situación jurídica al que se hace referencia, constituye un motivo de improcedencia que conduce a sobreseer en el juicio, pues existe una imposibilidad jurídica para emprender el examen constitucional de la omisión reclamada en la demanda de amparo, pues con la devolución del referido documento mercantil a la cuenta bancaria del demandado laboral, realizada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, implica que en este juicio de amparo opere un cambio de situación jurídica, porque el referido título de crédito ya no está en poder jurídico de la responsable, con motivo de la resolución que dejó insubsistente el embargo que originó la emisión de aquél. De este modo, las violaciones que en todo caso hubieran sido cometidas, se consideran consumadas para los efectos del presente asunto, porque la situación jurídica que rige sobre el destino del cheque que la parte quejosa pretendía le fuera entregado, ahora se encuentra subordinado a lo resuelto en la resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, y precisamente por tal motivo, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer fuera de audiencia constitucional en este asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia Ley. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las diez horas con veinte minutos del siete de junio de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el informe justificado y anexo rendido por parte de la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, por sí y en representación de la misma; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario **, licenciado que autoriza y da fe. Doy Fe.rmi
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