Ariadna Gómez Obregón
Expediente 463/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ariadna Gómez Obregón
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima el presente juicio de amparo y cuaderno original incidental, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo y negado las suspensiones tanto la provisional como la definitiva, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Fe./*arga*/* Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto I-463/2020, promovido por ARIADNA GÓMEZ OBREGÓN, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades. RESULTANDOS PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El catorce de agosto de dos mil veinte, fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Jugados de Distrito con sede en esta ciudad de Morelia, la demanda de amparo indirecto por ARIADNA GÓMEZ OBREGÓN, por propio derecho, y recibida por el Oficial de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito, en esa misma data, tal como se desprende de la papeleta de turno correspondiente a este Juzgado Tercero de Distrito en esa misma fecha. Lo derechos fundamentales que considera violados son los artículos 1, 14, 16, 31, fracción IV, 115, fracción IV y 133 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, admitió la aludida demanda, registrándose con el número de expediente I-463/2020 se solicitaron los respectivos informes justificados; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado; se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y: CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna una norma general expedida y aplicable dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados, los cuales, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, así como las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, se concluye que reclama al Congreso, Gobernador Constitucional y Director del Periódico Oficial del Gobierno todos del Estado de Michoacán, en sus respectivas competencias, lo siguiente: "A) DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, Se reclama la aprobación de los artículos 151 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo por ser inconstitucional; La aprobación del artículo 23 fracción V, artículo 95, artículo 96, artículo 112, fracción V del segundo párrafo del artículo 124; la fracción III del artículo 217; artículo 277; el párrafo primero y la fracción I del artículo 278; artículo 279 del código familiar para el estado de Michoacán de Ocampo por ser inconstitucional; La aprobación de la fracción VII del artículo 2; el primer párrafo del artículo 6; el primer párrafo del artículo 46, de la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado de Michoacán por ser Inconstitucional y; La aprobación del artículo 1153 del código de procedimientos civiles del estado de Michoacán de Ocampo. B) EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, La promulgación del decreto por el cual se publica/reforma de los artículos 151 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo por ser inconstitucional; La promulgación del artículo 23 fracción V, artículo 95, artículo 96, artículo 112, la fracción V del segundo párrafo del artículo 124; la fracción III del artículo 217; artículo 277; el párrafo primero y la fracción I del artículo 278; artículo 279 del código familiar para el estado de Michoacán de Ocampo por ser inconstitucional; La promulgación de la fracción VII del artículo 2; el primer párrafo del artículo 6; el primer párrafo del artículo 46, de la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado de Michoacán, por ser Inconstitucional y; La promulgación del artículo 1153 del código de procedimientos civiles del estado de Michoacán de Ocampo. C) DEL DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, I. La publicación del decreto por el cual se publica/reforma de los artículos 151 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo por ser inconstitucional; II. La publicación del artículo 23 fracción V ,artículo 95, artículo 96, artículo 112, la fracción V del segundo párrafo del artículo 124; la fracción III del artículo 217; artículo277; el párrafo primero y la fracción I del artículo 278; artículo 279 del código familiar para el estado de Michoacán de Ocampo por ser inconstitucional; III. La publicación de la fracción VII del artículo 2; el primer párrafo del artículo 6; el primer párrafo del artículo 46, de la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado de Michoacán por ser Inconstitucional y; IV. La publicación del artículo 1153 del código de procedimientos civiles del estado de Michoacán de Ocampo.". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, en sus respectivas esferas de competencia, consistentes en el proceso legislativo que culminó con la expedición de las leyes tildadas de inconstitucionales. De igual forma, en virtud de que el Director del Periódico Oficial del Estado fue omiso en rendir su respectivo informe justificado, se presume cierto el acto atribuido a éste en términos del artículo 117, cuarto párrafo de la Ley de Amparo. Además, se determina la anterior certeza en el actuar de las autoridades responsables, pues se encuentra probada con el hecho de que sus actos forman parte de un procedimiento legislativo, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil.". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes, puesto que para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. En ese sentido, este juzgador advierte que respecto de las leyes reclamadas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 y la fracción I del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, pues como se demostrará a continuación, el quejoso no demostró que se hubieren aplicado las mismas en perjuicio de la parte quejosa. Para una mejor comprensión de la causal de mérito, se transcriben los numerales antes citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." De dichos preceptos legales se obtiene que las disposiciones de carácter general pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor irroga un perjuicio al gobernado (autoaplicativas); o bien, si requiere un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete sus efectos jurídicos (heteroaplicativas). La autoaplicación de las leyes, se actualiza cuando las obligaciones que de ella deriven nacen desde la entrada en vigor de ésta, independientemente de que no se actualice condición alguna y, en tal virtud, el juicio podrá ser promovido desde ese instante, pues se trata de disposiciones que, acorde al imperativo que contienen, vinculan al gobernado a su cumplimiento inmediato, en razón de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En cambio, cuando la aplicación jurídica o material de una norma está sometida a la realización de un hecho futuro incierto, ésta tendrá el carácter de heteroaplicativa, ya que las obligaciones de hacer o no hacer, no surgen de manera inmediata por la entrada en vigor de tal disposición, sino que requieren un acto diverso de aplicación que condicione su aplicación, por lo que será hasta ese momento en que la esfera jurídica del quejoso se vea afectada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 55/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En estrecha relación con lo anterior, cabe señalar que en diversos criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para impugnar una ley en virtud de un acto concreto de aplicación, es menester que se cumpla (por regla general) con las condiciones siguientes: 1. La existencia del acto concreto de aplicación de la ley controvertida. 2. Que el acto concreto de aplicación cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del gobernado. 3. Que ese acto de aplicación sea el primero, no ulteriores. 4. Que dicho acto de aplicación de la norma sea anterior a la presentación de la demanda de amparo. Congruente con ello, si no existe el acto de aplicación, el quejoso estará imposibilitado para combatir la ley con ese motivo, por ser requisito indispensable que demuestre la existencia de la aplicación de la norma en su perjuicio, ya que ese acto es lo que le otorga la posibilidad para combatirla en el juicio. Bajo ese contexto, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 151 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, así como de los artículos 23, fracción V, 95, 96, 112, fracción V, 124 párrafo segundo, 217, fracción III, 277, párrafo primero, 278, fracción I y 279 del Código Familiar del Estado de Michoacán. También reclama la inconstitucionalidad de los artículos 2, fracción VII, 6 párrafo primero y 46 párrafo primero de la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado de Michoacán; así como del artículo 1153 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Sin embargo, de las constancias de autos, no se advierte que se hayan aplicado las leyes que la parte quejosa reclama de inconstitucionales, ni del contenido integral de su libelo constitucional se observa que haya manifestado a través de qué acto se aplicaron dichas normas, ni en qué consistió la afectación que con ello se hubiere ocasionado a la esfera jurídica del peticionario del amparo. En ese orden, al no desprenderse claramente la aplicación material de las normas en cita, se concluye que la parte quejosa no está legitimada para combatir las mismas, pues para ello era necesario que se demostrara, fehacientemente, la aplicación de los referidos artículos en su perjuicio, lo cual no puede derivar de presunciones o afirmaciones contenidas en la demanda, sino del contenido del supuesto acto de aplicación. Asimismo, se estima aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 196641 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Marzo de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 12/98 Página: 323 LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia. Amparo en revisión 2412/96. José María Samper y Porta y otro. 24 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Franco Luna. Amparo en revisión 291/96. Estela Aguilar Peña. 4 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: José Ángel Máttar Oliva. Amparo en revisión 481/97. Eréndira López López. 9 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Franco Luna. Amparo en revisión 853/97. Ricardo Margain Berlanga. 10 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: José Ángel Máttar Oliva. Amparo en revisión 3059/97. Francisco Cañedo Zavaleta. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Tesis de jurisprudencia 12/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano.". Entonces, de todo lo expuesto con anterioridad, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ARIADNA GÓMEZ OBREGÓN, por los razonamientos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiocho de octubre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
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