Antonio Sánchez Chávez
Expediente 387/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 12/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Sánchez Chávez
- Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región La Piedad, Michoacán y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de agosto de dos mil veintidós. SE DEBE ESTARSE A LO ACORDADO Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Antonio Sánchez Chávez, a través del cual solicita le sea notificado al Juez responsable que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; atento a ello, dígase al ocursante que mediante oficio 12147, emanado del proveído de tres de junio de dos mil veintidós se realizó lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
- Principal
MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo IV-387/2021, promovido por Antonio Sánchez Chávez, por propio derecho, contra los actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la región La Piedad, Michoacán, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno,1 ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Antonio Sánchez Chávez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y la autoridad que precisó en los siguientes términos:2 "(.) III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Lo es el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región La Piedad, Michoacán, . IV. ACTO RECLAMADO. Se reclama el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO de fecha 29 veintinueve de marzo del presente año, emitido por el Juez de control y Enjuiciamiento del sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región La Piedad, Michoacán, Licenciado Eleazar Mendoza García, dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictado dentro del expediente, toca penal número IV-1/2020, por el Magistrado de la Sala Cuarta Penal, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mismo que presenté en competencia concurrente, en contra de actos -auto de vinculación a proceso- del Juez de Control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, dentro de la causa penal 82/2020, entonces registrada en el índice del órgano jurisdiccional de la Región Zamora, Michoacán. El acto reclamado me fue notificado en la misma audiencia de la fecha señalada; precisando que la vinculación se dictó por el hecho con apariencia de 1 Fojas 6 a 21 del juicio principal. 2 Foja 7 del juicio principal. delito de VIOLACIÓN AGRAVADA, del que se estima víctima directa a la persona identificada con iniciales O.R.J. Acto reclamado dictado en mi contra por el ilícito antes señalado, previsto por los artículos 164, párrafo primero parte segunda y segundo párrafo; 165 fracción I y 168 fracciones I y VI del Código Penal del Estado de Michoacán; sin que de la información generada en audiencia, existieran datos de prueba idóneos y suficientes para evidenciar el hecho con apariencia de delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA y la probabilidad de que el suscrito cometí el hecho o participé en su comisión, lo que hace inconstitucional la determinación de la responsable y violatorio de derechos humanos del suscrito quejoso. (.)." Actos que la promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, párrafo tercero; 14, 16, 17, 19, 20 y 21, de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el que en proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno,3 remitió la demanda de garantías a este juzgado de Distrito y mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno,4 se ordenó formar el expediente IV- 387/2021; admitir a trámite el referido ocurso; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación, quien formuló pedimento; se reservó el emplazamiento del tercero interesado hasta en tanto se contara con el informe justificado; y, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Con posterioridad, se emplazó a los terceros interesados:5 3 Fojas 1 a 5 del juicio principal. 4 Fojas 22 a 26 del juicio principal. 5 Fojas 51 y 52 del juicio principal. ??????????????? ? Víctima directa en la causa penal menor de iniciales O.R.J. ? Estela Jiménez Ambriz. ? Asesor de víctimas Luis Alejandro Madrigal Munguía. ? Agentes del Ministerio Público de Litigación de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán, Dante René Vieyra Castro y María Cristina Higareda Cabezas. Como se aprecia de las constancias que obran agregadas en autos.6 Dicha audiencia, previo diferimiento,7 se celebró el diez de febrero de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede.8 C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano 6 Fojas 51 y 52 del juicio principal. 7 Fojas 51 y 52; 67; 69; 73 del juicio principal. 8 Fojas 81 y 82 del juicio principal. colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 20/2021 del propio Pleno. Igualmente se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto en materia penal, que tiene ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,9 que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,10 que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de 9 Visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, Registro 19207. 10 Visible en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, Registro 181810. ??????????????? Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: ? El auto de vinculación a proceso de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, pronunciado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región La Piedad, Michoacán, dentro de la causa penal 82/2020, por el que la autoridad responsable (que sustituyó a su homólogo de la Región Zamora, en Zamora, Michoacán), decretó la vinculación a proceso en contra del ahora quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, previsto y sancionado por los artículos 164, párrafo primero, parte segunda, y segundo párrafo; 165, fracción I y 168, fracciones I y VI; todos del Código penal del Estado de Michoacán, en agravio del menor de iniciales O.R.J.. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le fue atribuido, por lo que su existencia se tiene plenamente probada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,11 del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias consistentes en los discos compactos de audio y video relativos a la audiencia de vinculación y documentales relativas al índice cronológico de la causa penal 65/2020, que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado. Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,12 de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. 11 Visible en la página 830, del Apéndice 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Sexta Sección- Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, Quinta Época, registro 1002815. 12 "Articulo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones." "Articulo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". "Articulo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.].". ?????????????? Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,13 del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Ahora, al no advertirse la actualización de alguna hipótesis que torne improcedente el presente juicio, ya sea de manera oficiosa o hecha valer por alguna de las partes, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación. QUINTO. Transcripción innecesaria de los conceptos de violación. Este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerar que para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen de los argumentos vertidos en la demanda de garantías con base en tales requisitos. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la 13 Visible en la página 153 del Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, Registro 394182. Suprema Corte de Justicia de la Nación,14 que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Como una cuestión previa conviene señalar que, la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo,15 prevé que en los casos en los que el promovente del juicio de control constitucional tenga la calidad de imputado en un proceso de índole penal deberá suplirse la deficiencia de la queja en su favor; por ese motivo, en caso de observarse alguna vulneración a los derechos fundamentales del peticionario de la protección constitucional, este órgano jurisdiccional realizará el pronunciamiento pertinente para que dicha violación sea subsanada. También es menester señalar que para un correcto examen de los argumentos vertidos por el 14 Visible en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618. 15 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: {.} III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y {.}" ????????????? quejoso, serán analizados en un orden distinto al en que fueron formulados, en tanto que algunos lo serán de manera conjunta, debido a la estrecha vinculación existente entre ellos, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Del análisis integral de la demanda se desprende que el peticionario de la protección constitucional aduce medularmente que el auto de vinculación a proceso pronunciado en su contra por la autoridad responsable el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, por estimar acreditada su probable responsabilidad específicamente en la comisión del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, previsto y sancionado por los artículos 164, párrafo primero parte segunda y segundo párrafo; 165, fracción I y 168, fracciones I y VI del Código penal del Estado de Michoacán, en agravio del menor de iniciales O.R.J., es contrario a derecho por los siguientes motivos: I. Estuvo privado de la libertad por más de tres meses luego de que con motivo de distinto amparo se dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el diez de febrero de dos mil veinte, con el fin de que de manera inmediata se programara audiencia para formulación de imputación y fue hasta el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno en que tuvo lugar la audiencia de mérito, transcurriendo en exceso el término que se tuvo para que dicha ejecutoria causara estado, por lo que se le debió dejar en total libertad. II. Que por consecuencia la audiencia de reposición celebrada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno y su continuación el día veintinueve de marzo en cita, surgen como consecuencia de un procedimiento viciado por la inconstitucionalidad que representan pues no fueron celebradas de forma inmediata, rebasando totalmente y en exceso los máximos constitucionales que se establecen para la detención de una persona, ante autoridad judicial. III. Carece de fundamentación y motivación; (pues no se acreditaron las circunstancias de ejecución del hecho atribuido). Además de que no existen datos de prueba suficientes que acrediten el delito atribuido y menos aún que hagan probable la participación del quejoso en la comisión de los hechos ilícitos que se tuvieron por acreditados. Ello pues los razonamientos del juez resultan ser escuetos al no señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar de la comisión de los hechos; y, se limita a relacionar los datos de pruebas. IV. No se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, faltando a lo dispuesto por los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que apoya el quejoso en el sentido de que el juez del proceso actuó de ?????????????? manera unilateral concediendo valor a los datos de prueba expuestos por la fiscalía y subsanar todas y cada una de sus omisiones y deficiencias. En tanto que desestimó los datos de prueba y argumentos planteados por la defensa, entre ellas las relativas a los exámenes de laboratorio y la exploración física de persona, cuya información fue proporcionada el día de la continuación de la audiencia inicial verificada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, por parte del perito Edgar Aquiles Espinosa Duarte (relativa a la disfunción eréctil del quejoso; derivada de diabetes mellitus y ausencia de reflejo balero-prepucial así como inexistencia de penetración anal por las características de las lesiones observadas en el menor) y la entrevista de Olivia Orozco Tinoco, esposa del quejoso. En tal sentido, se concede valor a las manifestaciones vertidas en la denuncia por comparecencia que presentó Estela y Gloribella Jiménez Ambriz; y a la exploración física de persona; del perito citado; y lo declarado por Olivia Orozco Tinoco; aunque las dos primeras declaran por referencias de terceros; y, sin dar argumentos para valorar tales datos de prueba. V. En tal sentido afirma, no se cumplieron los requisitos legales previstos en los artículos 19 constitucional y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para emitir el auto de vinculación a proceso. Anteriores circunstancias por las cuales el promovente de amparo solicita a este juzgado que conceda el amparo y protección de la justicia de la unión. Tales asertos resultan ineficaces, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, es menester precisar que cuando en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye un auto de vinculación a proceso, el análisis de dicha actuación debe realizarse conforme a la Ley de la materia, esto es, armonizándolo con los principios -publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación-, que regulan el juicio penal acusatorio lo que se obtiene del contenido de diversos artículos que regulan su procedimiento. Ahora, el artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de derechos fundamentales el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y, como excepción, para dicha admisión, se prevé que el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; pero en cuanto a la materia penal dispone que el juzgador deberá cerciorarse de que este ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En ese tenor, la interpretación que nuestro Máximo Tribunal le ha dado a ese dispositivo es el siguiente: Primeramente, a través de la jurisprudencia ?????????????? 64/2011, de la Décima Época, con número de registro 160812, de la Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia Común, Página: 993,16 al interpretar el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, determinó que el juez de garantía -ahora juez de control- estaba impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que existiera controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta. Sin embargo, expresó que no podía considerarse extensiva dicha limitante al juez de amparo, ya que esa facultad derivaba de lo dispuesto 16 "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda." por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, concluyendo que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Luego, en la tesis aislada 1a. CCLI/2011, con número de registro 160252, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 270,17 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que de llegarse a considerar en el análisis constitucional de un auto de vinculación a proceso, que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público o los del imputado o su defensor que no se hayan ofrecido y desahogado en la audiencia de vinculación a proceso y, por tanto, tampoco sometidos al escrutinio de las partes procesales, se vulneraría la fracción V, del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al 17 "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. Conforme al primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, en las sentencias dictadas en los juicios de garantías, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. Así, de llegarse a considerar en el análisis constitucional de un auto de vinculación a proceso los datos de investigación aportados por el Ministerio Público o los del imputado o su defensor que no se hayan ofrecido y desahogado en la audiencia de vinculación a proceso y, por tanto, tampoco sometidos al escrutinio de las partes procesales, se vulneraría la fracción V, del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en el sentido de que las partes tienen igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente y, con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda." ?????????????? principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Posteriormente, a través de la tesis aislada 1a. CCIV/2014, de la Décima Época, con número de registro 2006473, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Penal, página 541,18 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó 18 "DERECHOS HUMANOS. SU RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN OBLIGA AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL AL ESTUDIO DE VIOLACIONES Y PRUEBAS SUPERVENIENTES RELACIONADAS CON LA PRIMERA FASE DE INVESTIGACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Las violaciones a derechos humanos en la primera fase de investigación del nuevo sistema de justicia penal pueden ser reclamables en amparo, por lo que esta Primera Sala sostiene la Jurisprudencia 1a./J. 107/2007, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL CON POSTERIORIDAD A SU DICTADO, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SON SUPERVENIENTES Y TENGAN VINCULACIÓN CON LOS HECHOS MATERIA DE LA INVESTIGACIÓN.". Ello no se contrapone a la Jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), también sostenida, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).". Lo anterior es así, porque si bien el acto reclamado en el juicio de amparo debe ser apreciado bajo las mismas actuaciones que tuvo a su alcance la autoridad responsable al momento de su emisión, también lo es que dicho principio ha admitido como excepción, precisamente, la viabilidad de pruebas supervenientes que tengan directa relación con hechos de la investigación, más aún, si convergen con la demostración de violaciones a derechos humanos relacionadas con la fase inicial del procedimiento penal. Lo que reconoce el segundo criterio es la revisión de constancias conforme a la naturaleza jurídica del nuevo sistema de justicia penal, pero ello no implica que pierda vigencia y obligatoriedad el primer criterio rector para la admisión de pruebas en cuestiones de excepcionalidad, incluso, de máximo rigor al tratarse de tortura. Por ello, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el hecho de que la autoridad responsable no hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, tratándose de la primera fase del nuevo procedimiento penal, no es impedimento para que el tribunal de amparo admita y valore medios de prueba supervenientes que tengan vinculación directa con violaciones a derechos humanos en dicha etapa de investigación. Al respecto, un caso paradigmático es la tortura, pues además no debe perderse de vista que versa sobre un tema de pronunciamiento previo y oficioso." que si bien el acto reclamado en el juicio de amparo debe ser apreciado bajo las mismas actuaciones que tuvo a su alcance la autoridad responsable al momento de su emisión, también lo es que dicho principio admitía como excepción, precisamente, la viabilidad de pruebas supervenientes que tuvieran directa relación con hechos de la investigación, más aún si convergen con la demostración de violaciones a derechos humanos relacionadas con la fase inicial del procedimiento penal, como en el caso paradigmático de la tortura. Salvo, en el caso de que los argumentos formulados por el peticionario de la protección constitucional resultaren fundados; o bien, de oficio se observe alguna circunstancia que patentice la necesidad de suplir la queja deficiente en favor del amparista. Ahora, en primer lugar es inoperante el primero de los conceptos de violación por el que el quejoso expresa que estuvo privado de la libertad por más de tres meses luego de que con motivo de distinto amparo se dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el diez de febrero de dos mil veinte, con el fin de que de manera inmediata se programara audiencia para formulación de imputación y fue hasta el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno en que tuvo lugar la audiencia de mérito, transcurriendo en exceso el término que se tuvo para que dicha ejecutoria causara estado, por lo que debió haberse dejado en total libertad. Lo anterior es así, pues como el propio quejoso señala -tal y como se corrobora del disco óptico digital- la ejecutoria de amparo fue cumplimentada en la audiencia de formulación de la imputación celebrada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, y fue hasta ese momento que el Juez ?????????????? responsable dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el diez de febrero de dos mil veinte, por lo que es preciso destacar que la temporalidad del acatamiento dado a aquélla ejecutoria no puede ser materia de análisis en esta instancia de control constitucional, precisamente porque ello es una cuestión que debió dirimirse en ese juicio y no en uno diverso como un nuevo acto destacado. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,19 que dice: "SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL. Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que proceda el beneficio de la suplencia, se pronuncie respecto de las violaciones manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo referente a los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio; sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio 19 Visible en la página 22 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997. Materia Común. Novena Época. Registro digital 197240. promovido, ya que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno, el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas o de aquellas que, en su caso, derivaran de la suplencia de la queja." Por lo anterior, resulta infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso en el sentido de que la audiencia de reposición celebrada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno y su continuación el veintinueve de marzo en cita, surgen como consecuencia de un procedimiento viciado por la inconstitucionalidad que representan pues no fueron celebradas de forma inmediata, rebasando en exceso los máximos constitucionales que se establecen para la detención de una persona ante autoridad judicial. Lo expuesto al tomar en consideración que si bien existía una ejecutoria de amparo por cumplimentar, ello debía ser hasta que causara ejecutoria y su acatamiento fuera exigible a la responsable. Luego, mientras ello no hubiese sido así; es decir, mientras la ejecutoria de amparo no hubiese quedado firme, la privación de la libertad del señalado quejoso continuaba a razón del auto de vinculación a proceso que pesaba en su contra, pronunciado el diez de febrero de dos mil veinte y el cual no había sido declarado insubsistente pues ello acaeció precisamente hasta el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno en que como se advierte del disco compacto de audio y video relativo a la audiencia de vinculación a proceso, fue hasta ese momento en que la responsable señaló: ". dejo insubsistente el auto de vinculación a proceso de diez de febrero de dos mil veinte, por el hecho que la ley señala como delito de violación en agravio del menor de iniciales O.R.J. emitido en audiencia de diez de febrero de dos mil veinte, en la ?????????????? causa penal 82/2020." De ahí que como ya se indicó fue hasta ese momento en que el imputado quedó nuevamente a disposición de la responsable sujeto al término de setenta y dos horas establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,20 término que fue duplicado a petición de la defensa dentro del cual esa parte ofreció diversos medios de prueba en su favor, los cuales fueron ponderados por la responsable como quedará precisado en párrafos subsecuentes. Por lo tanto contrario a lo afirmado por la quejosa no existe procedimiento viciado pues como se narra, la responsable cumplió en resolver la situación jurídica del imputado, dentro del término establecido por el artículo 19 constitucional ya señalado. Por esta razón no es procedente la libertad del imputado como lo manifiesta en la parte final del primero de los conceptos de violación. Por otra parte, también resulta infundado el agravio expresado por el quejoso en el sentido de que el auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional carece de fundamentación y motivación, toda vez que refiere que no fueron acreditadas las circunstancias de ejecución del hecho atribuido. Además de que no existen datos de prueba suficientes que acrediten el delito atribuido y, menos aún, que hagan probable la participación del quejoso 20 "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. (.)." en la comisión de los hechos ilícitos que se tuvieron por acreditados. Ello pues los razonamientos del juez resultan ser escuetos al no señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar de la comisión de los hechos; y se limitó a relacionar los datos de prueba. Para justificar lo anterior conviene señalar en primer término que el auto de vinculación a proceso tiene su génesis en el artículo 19 de la Constitución Federal, en el que se establece la obligación para la autoridad judicial de decidir si es necesario iniciar un juicio, en cuyo caso deberá expresar el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, la exigencia de resolver sobre el auto de vinculación a proceso que deriva del derecho constitucional de debido proceso penal, que garantiza y dota de certeza jurídica constitucionalmente protegida, de que al fenecer el término respectivo ninguna persona puede ser sujeta o vinculada a proceso penal (con o sin medida cautelar adicional), a menos de que se cumplan los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También cabe destacar que el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales21 prevé que el auto de vinculación a proceso delimita el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, se determinarán las formas anticipadas de terminación del mismo, la apertura a 21 "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento." ?????????????? juicio o el sobreseimiento de la causa. Sobre el particular resulta aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito,22 que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SU NATURALEZA PARA EFECTOS DEL AMPARO. La exigencia de resolver sobre el auto de vinculación a proceso se refiere a un derecho constitucional del debido proceso penal propio de este país, que garantiza de manera más amplia la libertad personal no sólo respecto de la restricción material en sentido estricto, como ocurre con la prisión preventiva, sino como certeza jurídica constitucionalmente protegida de que al fenecer el término respectivo ninguna persona puede ser sujeta o vinculada a proceso penal (con o sin medida cautelar adicional), a menos de que se cumplan los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que se acredite la existencia de un verdadero hecho delictuoso y existan datos de intervención reprochable del imputado, es decir, la demostración de un hecho que amerite justificadamente la intervención del derecho punitivo y los datos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión de dicho hecho, pues sólo así se cumple con los principios de fragmentariedad e intervención necesaria del derecho penal, y el de la función garantizadora del tipo penal, que se traduce en el apotegma de exacta aplicación de la ley penal recogido en el principio de legalidad que rige dicha materia de manera estricta y que se consagra también en el artículo 14 de la propia Constitución. Por tanto, en atención a los efectos de sujeción que éste produce, de manera formal y de perturbación indirecta, al menos a la libertad del imputado, debe estimarse como un acto reclamable en el amparo y susceptible del otorgamiento, en su caso, de la suspensión pero en términos de sus peculiaridades actuales." En ese tenor, resulta indispensable señalar que para la emisión de un auto de vinculación a proceso, el juez de control debe observar los principios que rigen el proceso penal acusatorio y oral, que son los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.23 22 Visible en la página 4298, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, enero de 2012, Tomo 5, Materia Común, Décima Época, registro 160454. 23 "Artículo 4º. Características y principios rectores El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. En cuanto al principio de contradicción24 debe decirse que incide en el derecho de las partes, a tener acceso directo a todos los datos que obran en la carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público, ofendido o víctima, como el imputado y su defensor, puedan participar activamente. Asimismo, el auto de vinculación a proceso requiere para su emisión que existan datos que establezcan un hecho delictuoso y que es probable la intervención reprochable del imputado, es decir, la probabilidad de que se cometió un hecho que amerite justificadamente la intervención del derecho punitivo y los datos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión de dicho hecho.25 Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto y en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado." 24 "Artículo 6º. Principio de contradicción. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, sí como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código." 25 "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación ????????????? De modo que es innecesario que se acrediten fehacientemente los elementos del delito o la participación de los imputados; pues basta con que los datos de prueba permitan establecer que se ha cometido un hecho, que ese hecho es sancionado por la legislación penal y que resulte probable que la persona imputada haya participado en su comisión. En ese aspecto, es necesario precisar que el nuevo paradigma del sistema penal acusatorio genera que el estándar de prueba necesario para el dictado de un auto de vinculación a proceso sea de probabilidad; es decir, que basta que se exhiban elementos que demuestren que existe una posibilidad de que se ha cometido una conducta descrita por la ley como ilícita y que es posible que la persona imputada la haya cometido o haya participado en su realización. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,26 que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." 26 Visible en la página 360 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, Décima Época, registro 2014800. 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Así como los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y ??????????????? Administrativa, del Décimo Séptimo Circuito;27 y, Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito,28 que dicen: "HECHO QUE LA LEY SEÑALE COMO DELITO". EVOLUCIÓN DE ESTE CONCEPTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 16 Y 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado de Circuito en las jurisprudencias XVII.1o.P.A. J/25 (9a.) y XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), determinó lo que se ha entendido como "hecho que la ley señale como delito". En la primera, se estableció que el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 de la Constitución Federal, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Mientras que en una de las ejecutorias que le dieron origen se hizo alusión a que para el dictado del mencionado auto sólo debían acreditarse el elemento objetivo del tipo (núcleo) y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pero no los demás elementos ni la probable responsabilidad. Lo anterior, bajo el nuevo estándar en el sistema acusatorio oral penal, es decir, que la referencia al hecho ilícito es la relativa al núcleo del tipo. En otro de sus precedentes se puntualizó que para el dictado de dicho auto basta que se indiquen simplemente los hechos ilícitos, núcleos de los tipos penales, así como el lugar y tiempo de su comisión, esto es, dónde y cuándo ocurrieron para que se vean colmados los extremos contenidos en el referido artículo 19 constitucional, reproducidos en el numeral 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Que en el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del propio artículo 19 constitucional, es innecesario analizar los elementos normativos y subjetivos, si es el caso que éstos los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo el hecho o hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, como se 27 Visible en la página 2741 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Materia Constitucional, Décima Época, registro 2012685. 28 Visible en la página 2167, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Materia Penal, Décima Época, registro 2013695. apuntó con antelación, es decir, sólo deben analizarse los elementos objetivos (núcleo) relativos al hecho integrante del delito y respecto a los elementos subjetivos, su estudio debe ser en el grado de probable. Y que es innecesario que el Juez de garantía analice todos los elementos constitutivos del tipo del delito imputado, ni las calificativas; sin embargo, si lo hace, no irroga perjuicio al imputadoquejoso, pues el sobreabundar en los citados conceptos, favorece la defensa, ya que desde ese momento procesal, tiene la certeza de lo que, en un momento posterior, va a integrar el contenido de la acusación, la que conforme a los artículos 287 y 294 del código mencionado, tiene lugar hasta el cierre de la investigación. Por su parte, en la segunda jurisprudencia se estableció que, atento al citado artículo 280 del propio código, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual [acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto (núcleo), desde la lógica formal], esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de Garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. Ahora bien, actualmente la actividad jurisdiccional lleva a clarificar de nuevo el concepto de "hecho que la ley señale como delito". Así, tenemos que la tipicidad es la correspondencia entre el hecho ocurrido en la realidad y el hecho descrito en el tipo. Decimos que es un hecho típico cuando se adecua perfectamente al tipo penal. La tipicidad es la necesidad de que los delitos se especifiquen o determinen legislativamente, en tipos. Por otra parte, el tipo penal es la descripción legal de un hecho o conducta prohibida por la norma y a la cual se le asigna una pena. Se entiende como la abstracción formulada por el legislador, que reúne en un concepto los elementos esenciales de un hecho delictivo determinado. En otras palabras, el tipo está constituido por la descripción del hecho contrario a la norma que sanciona la ley penal. Se habla de hecho y no de "conducta", porque algunos de los elementos de los tipos penales no refieren directamente al obrar del agente, sino a circunstancias externas a él, y que no dependen de su voluntad. Es una característica específica del delito, porque para que éste se configure, debe haber tipicidad; si no la hay, no hay delito. Esto es por imperio del principio de legalidad, ya que si se trata de una conducta no tipificada, es lícita, y los individuos pueden actuar libremente en el campo de lo no prohibido. En conclusión, el requisito exigido por los artículos 16 y 19 constitucionales (hecho que la ley señale como delito) no debe identificarse con los elementos del tipo, sino esencialmente con el núcleo, pues aun cuando en ??????????????? ocasiones por constituirse éste por un verbo "subjetivo" se dificulte su comprensión, no deben exigirse mayores requisitos a la directriz constitucional, lo cual remitiría al sistema mixto que se está tratando de superar con la implementación del sistema procesal penal acusatorio y oral." "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." De los criterios reproducidos con antelación se obtiene que los elementos que componen al auto de vinculación a proceso, son los siguientes: 1. Que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; 2. Que la ley señale como delito ese hecho; y, 3. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Dichos elementos distinguen este tipo de determinación que surgió a partir de un sistema de corte acusatorio, adversarial y oral; en el que a diferencia del sistema de justicia penal mixto, en los requisitos aludidos, cambia las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito". Tales aspectos, se insiste, denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con los lineamientos establecidos por el artículo 19 de la Constitución Federal, ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito; con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Ello implica que ya no se exige que el objeto de "pruebas" recaiga sobre el denominado "cuerpo ?????????????? del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En suma, lo relevante para el dictado del auto de vinculación no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal; por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de prueba plena. Cabe enfatizar que cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 27, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Michoacán.29 En el particular, se tiene que la autoridad señalada como responsable en este juicio constitucional, en primer término para poder emitir el auto de vinculación a proceso y resolver la situación jurídica del imputado, hizo de su conocimiento que el estándar probatorio requerido para el dictado del auto de vinculación a proceso es menor al previsto para el sistema mixto. Luego de esto, la responsable previo el valor que otorgó racionalmente a los datos de prueba que hasta ese momento integraban la causa penal 65/2020, pronunció auto de vinculación a proceso al peticionario del amparo ANTONIO SÁNCHEZ 29 "Artículo 27. Causas de exclusión del delito [.] Las causas de exclusión del delito se resolverán de oficio en cualquier etapa del procedimiento. [.]" CHÁVEZ, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito: ? VIOLACIÓN EQUIPARADA, previsto y sancionado por los artículos 165, fracción I, 164, párrafos primero y segundo; 168, fracciones I y VI, 18, 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, todos ellos del Código Penal para el Estado de Michoacán,30 en agravio del menor de iniciales O.R.J.. Lo anterior dado que contrario a lo argumentado por el peticionario del amparo, la responsable acertó en señalar que sí existen datos de prueba que permiten establecer que ocurrió un hecho sancionado por la ley penal como delito (VIOLACIÓN EQUIPARADA), que se encuentra previsto y castigado 30"Artículo 164. Violación A quien por medio de la violencia física o psicológica realice cópula, se le impondrá de cinco a quince años de prisión. Cuando el sujeto pasivo sea menor de dieciocho años se impondrá de diez a veinte años de prisión. Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. (.)." "Artículo 165. Violación equiparada Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena a quien: I. Realice cópula con persona menor de doce años de edad o con persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; (.)." "Artículo 168. Agravantes Las penas previstas para la violación y el abuso sexual se aumentarán en dos terceras partes cuando sean cometidos o tengan como resultado: I. Con intervención directa o inmediata de dos o más personas; (.) VI. Fuere cometido el hecho en despoblado o lugar solitario; (.)." ??????????? por los artículos 165, fracción I, 164, párrafos primero y segundo; 168 fracciones I y VI, todos ellos del Código Penal para el Estado de Michoacán, en agravio del menor de iniciales O.R.J., así como la posibilidad de que el peticionario del amparo pudo intervenir en la comisión de aquél. El juez responsable señaló que lo anterior se justifica con los elementos de prueba que precisó previamente. Es así porque no fue un único dato de prueba el que tomó en consideración el juzgador natural para emitir el auto de vinculación a proceso reclamado; sino que fue la conjunción de todos los datos de prueba aportados por la representación social de la causa lo que generó en la responsable la convicción necesaria para emitir la determinación combatida. Se afirma lo señalado en el párrafo que antecede, porque de la propia audiencia de vinculación a proceso se advierte cómo es que el juzgador señaló que de los datos de prueba aportados en la causa penal, advertía que el hecho fáctico sometido a su jurisdicción, se hizo consistir en lo siguiente: Que los últimos días del mes de diciembre de dos mil diecinueve siendo aproximadamente las nueve horas, Antonio alias "El Aguilillo", en compañía de otros sujetos, llevaron al menor víctima a un cerro ubicado en la localidad de San Isidro, Municipio de Morelos, Michoacán, con el pretexto de cuidar unas vacas. Que en ese lugar, Antonio le dijo a la víctima que se agarrara las rodillas con sus manos y se hiciera para adelante con la cabeza y se agachara, momento en que Antonio le bajó el pantalón hasta abajo y diverso sujeto de nombre Amparo le introdujo su pene en el ano, para después Antonio introducir su pene en el ano de la víctima y momentos después otro sujeto de nombre Jorge Iván se bajó su pantalón e introdujo también su pene en el ano de la víctima. Que al realizar esos actos tenían asustado al menor quien decía que lo soltaran porque le dolía y ellos respondían que no, porque le darían cosas y paletas y que no le dijera a su mamá, acto seguido, se retiraron del lugar El juez responsable señaló que para establecer de manera preliminar si el hecho de la imputación ocurrió en la realidad o no, era necesario ponderar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público como por la defensa y refirió: Que de la entrevista del menor de edad de iniciales O.R.J. por un grupo interdisciplinario, se conoció que éste refirió que Antonio le introdujo el pene en el ano y, en ese momento de la conversación, el menor bajó de la silla y de manera gráfica se agachó, echó su cabeza hacia adelante, se tocó las rodillas y abrió sus nalgas; tocó su pene y enseguida tocó su ano y manifestó a los receptores que Antonio y otras dos personas le introdujeron su pene en el ano señalándolo de manera gráfica. La responsable señaló que una de las características de los delitos sexuales es que generalmente se ejecutan sin testigos presenciales. Por lo tanto apreció que el hecho narrado por el menor era corroborado con los datos de prueba que particularmente aportaban los testimonios de Estela y Gloribella ambas de apellidos Jiménez Ambriz, madre y tía del menor. Testimonios en los que la primera de ellas es decir, Estela Jiménez Ambriz, manifestó que su menor hijo de iniciales O.R.J. le refirió que "El Toño" y otras dos personas le quitaron el pantalón y le introdujeron el pene en el ano; esto último lo hizo entender de ???????????? manera gráfica, pues la ateste refirió que se tocó el pene y se tocó sus nalgas; señaló el ano y refirió que en esa parte corporal le colocaron el pene. Gloribella Jiménez Ambriz, refirió que el menor le informó que lo llevaron a un cerro a ver las vacas y estando en el cerro le dijo que se bajara el pantalón y le metió su "chingadera"; que le dijo que se agachara y el menor decía que no quería que le doliera, pero ellos le decían que iban a comprarle cosas. Las atestes refieren que esos datos de prueba los llegaron a conocer por referencia del menor; y, la responsable señaló que ello era razonable, es decir, que ellas conocieran esos datos por referencia de la víctima pues se trata de la madre y la tía del menor agraviado. Empero, la responsable puntualizó que si bien, el hecho lo conocieron tales atestes de manera indirecta pues todo les fue informado por el menor, existen datos que las atestes conocieron de manera directa. Ello es así pues Estela Jiménez Ambriz, madre del menor percibió de manera directa hechos posteriores a la conducta imputada como son: Que notó a su hijo raro, triste, que se encontraba llorando, que se hizo del baño con sangre y estaba todo "atascado"; que siempre se enojaba y estaba triste. Por su parte, también Gloribella Jiménez Ambriz, tía del menor, percibió de manera directa datos en la conducta del menor ya que refirió que lo vio triste y comenzó a morderse los labios. Datos que la responsable tomó en consideración y señaló que si bien los hechos los conocieron las vertientes de manera indirecta, también conocieron de manera directa la conducta desplegada por el menor y que ellas consideraron distinta a lo ordinario en el comportamiento del menor. Por lo que el juez responsable no apartó lo anterior de su razonamiento, pues indicó que esos datos contribuyen a establecer el hecho fáctico de la imputación y que demuestran el estado mental que causa un hecho como lo es la agresión sexual. El Juez de la causa también indicó que los anteriores datos de prueba encontraban apoyo científico en el informe pericial legal sexual andrológico realizado al menor por el perito oficial quien determinó que el menor presentó datos clínicos de alteración mental leve y en el área anal presentó dos cicatrices a las doce y cinco horas comparadas con la carátula del reloj, sin poder determinarse la temporalidad. Que por su parte, el informe pericial psicológico arrojó que el menor presentó una crisis circunstancial y que ello se estimaba que había sido como parte de los hechos que vivió a través de conductas y características que forman parte de la sintomatología de delitos sexuales en menores, como miedo, culpa, impulsabilidad enojo, fallas acerca de la percepción de la realidad, agresión, expresión emotiva y dosificación.. Datos científicos que la responsable señaló eran compatibles con un hecho con las características de la agresión sexual y que contribuyen a establecer de manera provisional el cuadro fáctico expuesto por la representación social. Como dato adicional la responsable tomó en consideración el informe general de investigación emitido por el elemento de la Policía Ministerial Antonio Campos Juárez y dijo que de ese informe se llegó a conocer que el lugar en el que se refiere se cometió el hecho imputado, es el cerro ubicado en la ??????????????? localidad de San Isidro, en Morelos, Michoacán, sitio que está despoblado y que presenta flora y fauna de gran dimensión lo que es típico de esa región. La responsable también ponderó los medios de convicción ofrecidos por la defensa, consistentes en: a)Las entrevistas de Oliva Orozco Tinoco, Josefina Sánchez Orozco y María Trinidad Sánchez Chávez, realizadas el nueve de febrero de dos mil veinte. b)Las entrevistas de los menores de iniciales J.J.S. y S.J.S. c) Dictamen pericial en medicina forense emitido por el experto Edgar Aquiles Espinoza Duarte. En ese sentido con relación a las entrevistas a cargo de las entrevistas de Oliva Orozco Tinoco, Josefina Sánchez Orozco y María Trinidad Sánchez Chávez, en las dichas atestes fueron coincidentes en referir que el señor Antonio Sánchez Chávez, los días veinticuatro y veinticinco de diciembre de dos mil diecinueve, estuvo todo el día en su domicilio. La responsable estimó que tales testimonios estaban en contraposición con los datos de prueba aportados por la representación social para sostener su cuadro fáctico y argumentó que en ese momento procesal, no podía determinar cuál dato de prueba debía prevalecer porque eso implicaría su valoración y, en ese momento, dijo, los datos de prueba no podían ser valorados sino ponderados y si en ese momento procesal decantara por los datos de prueba de la defensa confrontándolos con los que presentó el Agente del Ministerio Público, estaría valorando la prueba, lo que no debía realizar porque no era el instante oportuno para ejercer tal juicio. Con relación a las entrevistas de los menores J.J.S. y S.J.S., refirió que no podía tomarlas en consideración debido a que fueron recabadas con vulneración de sus derechos fundamentales, porque no les fue asignada una persona con conocimiento en psicología; es decir, fueron realizadas al margen de la ley. Por lo que en ese momento dijo que tales testimonios fueron emitidos con irregularidades y no las podía tomar en consideración, de ahí que en ese instante las inutilizó. Referente al dictamen pericial en medicina forense emitido por el experto Edgar Aquiles Espinoza Duarte. La responsable destacó que en ese estudio pericial el emitente indicó que es incompatible que tres personas hayan introducido el pene en el ano del menor dada la desproporción anatómica entre el ano del menor y el pene de una persona adulta. Sin embargo, desestimó tal medio de prueba porque adujo que de acuerdo a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia, cada penetración por parte de una persona a una víctima, no tiene que dejar una cicatriz, pues esto depende del ángulo de incidencia. Agregó que ese dictamen fue emitido en base a constancias; es decir, no tuvo presente al menor para realizarse el dictamen pericial. Por lo tanto, dijo, es un revisor de diverso dictamen pericial. Por esta razón la responsable al ponderar esa parte del estudio pericial indicó que esa opinión no era de tomarse en consideración. Por otra parte, el estudio pericial también señaló que el imputado Antonio Sánchez Chávez, es diabético y que por esa condición no puede tener ????????????? erección. Al respecto la responsable estimó que al no estar convalidado por un estudio pericial diverso, lo señalado por el emitente en esa etapa del procedimiento, constituye una mera probabilidad. Es decir, tal opinión en el sentido de que el imputado Antonio Sánchez Chávez presenta la enfermedad señalada y, por ello, le sea imposible tener una erección, hasta ese momento procesal no estaba justificada más allá de toda duda razonable al no estar convalidada por una opinión pericial diversa, por ello la responsable estimó que no podía ponderar que efectivamente el aquí quejoso presente una enfermedad que le haga imposible tener una erección. Así, en tales términos desestimó los datos de prueba que ofertó la defensa, sin omitir dar contestación a los alegatos formulados por esa parte. En esa audiencia, también la responsable contestó cada uno de los argumentos exculpatorios formulados por la defensa, y en relación con la fecha de comisión del delito dijo que debía recordar que un menor no tiene la facultad de abstracción como sí lo tiene una persona adulta; que por lo tanto, al menor no se le podían exigir fechas precisas ni domicilios donde el hecho se haya perpetrado. Que de acuerdo a los principios que rigen el interés superior del menor, sus declaraciones no pueden ser ponderadas con las mismas exigencias que como se hace con la declaración de una persona adulta. Al alegato formulado por la defensa en el sentido de que el ahora quejoso se dedica a una tienda de abarrotes y no a cuidar vacas o animales; la responsable argumentó que de las declaraciones de las atestes Estela y Gloribella ambas de apellidos Jiménez Ambriz, también señalaron que el señor Antonio Sánchez Chávez, tiene una tienda de abarrotes y que por eso lo conocen. A diverso alegato formulado por la defensa en el sentido de que en las entrevistas de los menores de iniciales J.S.S. y S.J.S., nunca dijeron nada a su tía, por lo que lo señalado por Gloribella Jiménez Ambriz, se contrapone a lo que dijeron los menores porque ellos indicaron que no sabían nada, la responsable respondió que como ya lo había advertido, las entrevistas de esos menores se obtuvieron con vulneración de derechos fundamentales por lo que las dejó inutilizadas. En diverso argumento la defensa sostuvo que el menor O.R.J. señala a Antonio y nunca hizo referencia a ningún "Aguilillo"; es decir, la defensa implícitamente refirió que Antonio y el "Aguilillo" son personas distintas. Sin embargo, la responsable destacó que no inadvertía que en las entrevistas realizadas a Estela Jiménez Ambriz, madre de la víctima y Gloribella Jiménez Ambriz, tía del menor adujeron que "El Aguilillo" es el señor Antonio, que tiene una tienda y por eso lo conocen. De ahí que la responsable estimó razonable sostener hasta ese momento procesal que "El Aguilillo" y el ahora quejoso son la misma persona. La defensa también refirió en sus alegatos que el informe general de investigación realizado por el elemento de la Policía Ministerial Antonio Campos Juárez, no podía ser considerado porque tenía una nulidad relativa debido a que en él se realizaron actos conjuntos que debían ser separados. Sin embargo, a ese alegato la responsable indicó que ese informe no era un acto de investigación que había realizado el Ministerio Público sino que era ????????????? solamente un informe, un acto administrativo que realizó el elemento de la autoridad y que tal informe lo entregó al Agente del Ministerio Público, por tal razón no podía ser nulo ese informe de investigación. En esas consideraciones, la responsable estimó que hasta ese momento procesal debían prevalecer las entrevistas realizadas por el menor, toda vez que éste de manera clara y precisa señaló que el señor Antonio y dos personas más lo llevaron al cerro y estando en ese lugar le indicaron que se agarrara las rodillas y se agachara echando la cabeza al frente y que estando en esa posición uno a uno es decir, el señor Antonio y otras dos personas más le introdujeron su pene en el ano, esto último explicándolo en forma gráfica, pues se levantó de la silla, se agachó, se tocó sus rodillas, tocó su pene y tocó su ano y así con esas expresiones indicó lo que le sucedió al equipo interdisciplinario y también a su señora madre. El juez de la causa indicó que lo anterior no son datos aislados, sino que tienen sustento en lo declarado por Estela y Gloribella Jiménez Ambriz, quienes en lo sustancial coinciden con lo que refirió el menor ante el equipo interdisciplinario. Además, dijo, esas entrevistas aportan datos posteriores al hecho imputado tales como que el menor se encontraba triste, llorando y se mordía los labios, datos que de acuerdo a las máximas de la experiencia que tienen concordancia con un hecho de la naturaleza como el imputado por el Agente del Ministerio Público. También la responsable indicó que el dicho del menor, así como los testimonios de su madre y su tía, tienen sustento científico en los informes periciales en los que se precisó que el menor presentó dos cicatrices una a las doce horas y otra a las cinco horas comparadas con la carátula de un reloj y esas huellas y/o lesiones son compatibles con un hecho como lo es una agresión sexual. Por lo que la responsable concluyó indicando que los datos de prueba expuestos por el Agente del Ministerio Público se consideran idóneos y suficientes para establecer hasta ese momento procesal el cuadro fáctico propuesto, siendo así posible establecer que el menor de edad de iniciales O.R.J., fue agredido sexualmente vía anal y que ese menor no tiene capacidad para comprender el hecho pues al momento del suceso contaba con quince años de edad, además que padece un retraso mental leve, lo cual era indicativo que no tenía capacidad para comprender el significado del hecho. La responsable también adujo que era factible establecer hasta ese momento procesal las agravantes establecidas en las fracciones I y VI del artículo 168 del Código Penal del Estado de Michoacán, toda vez que en el hecho intervinieron tres personas, se ejecutó en un lugar despoblado y solitario, puesto que se trata de un cerro. Así, la responsable estimó que ese hecho sometido a su jurisdicción se encontró plenamente establecido en la ley como delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA previsto en los artículos 164, párrafo segundo, 165, fracción I y 168, fracciones I y VI del Código Penal del Estado de Michoacán. También dijo la responsable que era razonable concluir que existe la probabilidad de que el ahora quejoso Antonio Sánchez Chávez cometió ese hecho. Esto último, indicó la responsable, dado que los indicios razonables que así permiten suponerlo son el señalamiento claro y preciso del menor de iniciales ??????????????? O.R.J., quien refirió que fue "Toño" una de las personas que introdujeron su pene en su ano. Estimó que tal imputación no se encuentra aislada, sino que se robustece con datos que portan las entrevistas de la señora Estela y Gloribella Jiménez Ambriz, madre y tía del menor, quienes si bien no presenciaron el hecho de manera directa, sí lo hicieron en los actos posteriores al mismo; tales como que observaron que el menor se encontraba triste y llorando, y que el día en que contó los hechos se hizo del baño con mucha sangre y estaba "atascado", y siempre se enoja y está triste. Por su parte Gloribella Jiménez Ambriz, como datos posteriores dijo que cuando le preguntó sobre los hechos estaba triste el menor y comenzó a morderse los labios. El juez de la causa dijo que si bien esos datos no tienen relación directa con el hecho imputado o con la intervención del imputado en el hecho que se le atribuye, si contribuyen a dotar de razonabilidad a lo que refirió en su entrevista el menor de edad de iniciales O.R.J. Lo que igual sucede con lo concluido en el dictamen pericial emitido por el perito forense en el que refirió que el menor presentó dos cicatrices vía anal una a las doce horas y otra a las cinco horas comparadas con la carátula del reloj. Así fue que la responsable indicó que a la luz de tales indicios razonables Antonio Sánchez Chávez, probablemente cometió el hecho imputado. Como no advirtió la actualización de alguna causa de extinción de la acción penal o de exclusión de delito, siendo las dieciocho horas con treinta y tres minutos dictó auto de vinculación a proceso en contra del hoy quejoso Antonio Sánchez Chávez, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada agravada, previsto en los artículos 164, párrafo segundo, 165, fracción I, y 168, fracciones I y VI, del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio del menor de iniciales O.R.J.: Por lo anterior, este juzgado constitucional estima que contrario a lo afirmado por el quejoso, el auto de vinculación a proceso combatido sí se encuentra debidamente fundado y motivado, porque basta observar las audiencias remitidas por el juzgador responsable en apoyo de su informe justificado, para advertir que dicha autoridad cimentó su determinación en los artículos 165, fracción I, 164, párrafo segundo; 165, fracción I y 168, fracciones I y VI, todos ellos del Código Penal para el Estado de Michoacán; y, no se limitó a referir los datos de prueba, sino que los justipreció de acuerdo a sus facultades. Además, contra lo afirmado por el quejoso, el juez sí precisó las circunstancias de ejecución del hecho con apariencia de delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, pues señaló que los hechos ocurrieron a finales del mes de diciembre de dos mil diecinueve y que no se podía exigir al testimonio de un menor (que además presenta retraso mental leve), datos precisos sobre fechas y lugares por la falta de capacidad de abstracción lo que sí cuenta para el testimonio de una persona mayor. Que los acontecimientos tuvieron lugar en un cerro ubicado en la localidad de San Isidro del Municipio de Morelos, Michoacán. Mientras que la forma en la que acaecieron la tuvo por manifestada con la demostración gráfica que el menor adoptó para expresar lo que le había acontecido, ante un consejo interdisciplinario, pues bajó de la silla en que se encontraba para agacharse, ????????????? tocarse las rodillas, tocar su pene y posterior a ello tocar su ano. Datos que de forma clara precisó el juez responsable por lo que no pudieron pasar inadvertidos para el quejoso quien afirma faltando a la verdad que el juez no señaló circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del hecho con apariencia de delito que le es imputado. Razonamientos que no fueron escuetos y tampoco emitidos únicamente relatando los medios de prueba, pues lo que quedó asentado en párrafos precedentes es un extracto de la audiencia de vinculación a proceso y de ello se advierte la ponderación que hizo el juez responsable de los datos de prueba existentes hasta el momento de la audiencia de vinculación a proceso, en la que ponderó los aportados por la fiscalía como por la defensa, adverso a lo referido por el aquí quejoso. En igual forma, el juez de la causa adujo que con los datos de prueba aportados por la representación social a los que les otorgó razonabilidad se acreditó el cuadro fáctico sometido a su jurisdicción. Sin que se pierda de vista la inconformidad expresada por el quejoso, en el sentido de que la responsable erróneamente otorgó valor probatorio a los testimonios de Estela y Gloribella ambas de apellidos Jiménez Ambriz, toda vez que a ninguna de ellas les constan los hechos, pues se enteraron de ellos por manifestación del menor víctima. En efecto ninguna de las atestes aludidas presenciaron los hechos; sin embargo, como lo estimó la responsable sería erróneo afirmar que por no existir testigos presenciales no pueden tenerse por demostrados los tipos de delitos como el de la especie, pues precisamente los agresores asechan a la víctima hasta lograr tenerla en un lugar en el que puedan ejercer sobre ella la violencia sin ponerse en riesgo ante nadie. Incluso, son delitos que, por lo general, por su naturaleza son de realización oculta. Así no obstante que no son testigos presenciales, su testimonio robustece la versión de la víctima pues la primera es su madre y la segunda es tía. Personas que conocen a la persona vulnerada porque, como ya se adelantó, conviven con el menor. Indicaron que tiene un retraso mental y dieron a conocer que hubo cambios en la actitud del menor. Pues, incluso, ponderó la responsable que la madre de la víctima dice que posterior a determinada fecha (en los últimos días del mes de diciembre de dos mil diecinueve), notó a su hijo raro, triste, se encontraba llorando, que cuando relató los hechos se hizo del baño con mucha sangre y estaba todo "atascado", que siempre se enojaba y estaba triste. Por su parte la segunda de las atestes indicadas conoció tal información por viva voz de la víctima. Y al margen de que ellas no hubieran conocido esos hechos, existe un grupo interdisciplinario que indicó que esos hechos los dio a conocer el menor cuando fue entrevistado. Por lo que la responsable relacionó esos testimonios con la entrevista del menor; y con el resultado de los dictámenes médico legista practicado el veintiuno de enero de dos mil veinte y el psicológico realizado a la víctima. Tales datos de prueba generaron la convicción en el juzgador natural de que los hechos materia de la contienda punitiva, dejaron en evidencia ????????????? que existieron hechos que la ley señala como delito, establecido en los preceptos legales antes transcritos; en los que a manera de probable también quedó acreditado que tuvo participación el ahora quejoso, pues fueron debidamente valorados a la luz de los preceptos 19 de la Constitución General de la República; 59, 261 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como se observa, contrario a lo argumentado por el peticionario del amparo, en una parte del motivo de disenso precisado como IV, la valoración de los datos de prueba aportados realizada por el juzgador responsable fue conjunta, correcta, lógica, racional y se encuentra justificada, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que los elementos de convicción que integran la causa penal de la que deriva el acto reclamado en esta vía constitucional demostraron que existió un hecho que se encuentra tipificado por la ley como delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, previsto y sancionado por los artículos 165, fracción I, 164, párrafos primero y segundo; 168, fracciones I y VI, 18, 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, todos ellos del Código Penal para el Estado de Michoacán, en agravio del menor de iniciales O.R.J. y la probable participación en ese hecho del ahora quejoso Antonio Sánchez Chávez, en su comisión. Luego, resulta válido afirmar que los datos de prueba valorados por el juzgador natural, resultaron eficaces y suficientes para la emisión del auto de vinculación combatido, contra lo afirmado en el concepto de violación número V, es acorde a lo previsto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.31 Por otro lado, también resulta infundado el argumento esgrimido por el quejoso, toralmente en el sentido de que la responsable no observó las formalidades esenciales del procedimiento faltando a lo dispuesto por los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello porque, dice el quejoso, el juez del proceso actuó de manera unilateral concediendo valor a los datos de prueba expuestos por la fiscalía y subsanar todas y cada una de sus omisiones y deficiencias. En tanto desestima los datos de prueba y argumentos planteados por la defensa, entre ellas las relativas a la exploración física, de persona cuya información fue proporcionada el día de la continuación de la audiencia inicial verificada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, por parte del perito Edgar Aquiles Espinosa Duarte y la entrevista de Olivia Orozco Tinoco, esposa del quejoso. Para evidenciarlo es conveniente recordar que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que las formalidades esenciales del procedimiento son: I. La notificación del inicio del procedimiento; II. La oportunidad de ofrecer y desahogar las 31 "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. [.]" ????????????? pruebas en que se finque la defensa; III. La oportunidad de alegar; IV. Una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y, V.La posibilidad de impugnarla. En ese contexto la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha determinado que trasladadas éstas al ámbito penal, se interpretan como aquellas que conforman el debido proceso, las cuales se pueden identificar en dos especies: La primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio. La segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. En el particular, fueron observadas todas las formalidades esenciales que conforman el debido proceso, pues el quejoso, como se dijo, estuvo asistido de un defensor particular; no se trata de un sujeto que requiera asistencia consular o la participación de algún intérprete especialista en alguna lengua originaria, ni se desprende que el imputado se encuentre en desventaja frente al ordenamiento jurídico, pues todas y cada una de sus prerrogativas constitucionales en lo que corresponde a una defensa adecuada fueron debidamente observadas, como ya se precisó al darse contestación a diversos conceptos de violación en los términos que quedaron precisados en párrafos precedentes. Máxime que durante la diligencia de formulación de la imputación se le dio oportunidad de declarar y no obstante ello, se reservó su derecho a realizar mayores manifestaciones, previo asesoramiento con su defensor. Aunado a que, como lo reconoce, el juez ponderó los medios de convicción de la defensa y al efecto señaló que con relación al dictamen emitido por el perito Edgar Aquiles Espinosa Duarte (en lo relativo al padecimiento de diabetes del imputado lo que le ocasiona disfunción eréctil), determinó que hasta ese momento procesal no se encontraba convalidado por uno diverso, por lo que señaló que esa opinión solamente era una mera probabilidad. En relación con la entrevista de la esposa del quejoso Olivia Orozco Tinoco, la responsable señaló que al encontrarse en contraposición con los datos que expuso el Ministerio Público no podía establecer cuál de ellos debía prevalecer ya que eso implicaría su valoración y ello sería incorrecto en ese momento procesal, pues los datos de prueba no podían ser valorados sino ponderados. De ahí que la actuación del juez responsable no fue como lo afirma la quejosa, pues a la luz de lo expuesto en párrafos precedentes se advierte que cumplió con lo establecido en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al advertir de las constancias que le fueron presentadas por la fiscalía que existían indicios razonables que establecieron que se había cometido un hecho que la ????????????? ley señala como delito y la probabilidad hasta ese momento de que en ese hecho tuvo participación el ahora quejoso. Sin que haya dejado de lado los datos de prueba aportados por la defensa, sino que únicamente estimó que ese momento procesal no era el oportuno para otorgarles valoración sobre los que demostraron indicios razonables de un hecho con apariencia de delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, pues ello se realiza en distinta etapa del procedimiento en donde, incluso, se confrontan los datos de prueba allegados a la causa y se otorga valor probatorio. En otro orden de ideas, también resulta infundado el argumento por el que el quejoso sostiene que el juez de control subsanó todas y cada una de las omisiones y deficiencias de la fiscalía, actuando de manera unilateral. Tal aserto se sostiene, en primer lugar, porque el juez responsable constitucionalmente se encuentra facultado para clasificar jurídicamente el hecho o hechos que son sometidos a su jurisdicción por el órgano investigador, aún si tal circunstancia no beneficia al imputado. Incluso, al resolver sobre el auto de vinculación a proceso, durante la acusación y hasta los alegatos de clausura en la fase de juicio. A más de que dicha reclasificación se realizaron con base en los mismos hechos con apariencia de delito que se evidenciaron con los datos de prueba. Incluso, con ello no se invaden las atribuciones conferidas a aquél, en virtud de que se rectifica el estudio del hecho delictivo que realizó, lo que resulta necesario para resolver acertadamente la litis y cumplir con una de las finalidades del sistema de justicia penal acusatorio, consistente en el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, permitir su defensa al imputado, y que los daños causados por el delito se reparen; esto es, la adecuada impartición de justicia, traducida en que la investigación continúe por el delito o delitos que efectivamente guarden relación con los hechos denunciados, para que no queden impunes y se repare el daño ocasionado a la víctima o parte ofendida. Por tanto, con tal proceder se respeta el principio de presunción de inocencia y le permite defenderse, en la medida en que se investiga al quejoso por el ilícito que realmente corresponde, sin que se afecte el derecho fundamental a una adecuada defensa, ya que el auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, pues incluso éste puede ser determinado en definitiva en la acusación, partiendo de la información que se recabe en la fase complementaria, lo que permite al imputado preparar su estrategia de defensa a partir de dicha información, pues subsisten los mismos hechos que sirvieron como base al Ministerio Público para formular imputación. A más de que no se aprecia que el juzgado responsable se hubiera pronunciado oficiosamente o subsanado alguna otra deficiencia relevante en perjuicio de los derechos fundamentales del quejoso. Además, si el imputado no está de acuerdo con la nueva clasificación, conforme al principio de contradicción, puede impugnar esa determinación mediante el recurso de apelación en términos del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, a través del juicio de amparo indirecto. A lo anterior resulta aplicable la ?????????????? Jurisprudencia emitida por Plenos del Primer Circuito,32 que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL DICTARLO, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE MODIFICAR LA CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CON APARIENCIA DE DELITO EFECTUADA POR EL ÓRGANO MINISTERIAL, AUN CUANDO NO BENEFICIE AL IMPUTADO. Conforme a las facultades previstas en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control, al dictar el auto de vinculación a proceso, puede clasificar jurídicamente el hecho o hechos con apariencia de delito que fueron materia de la imputación ministerial, aun si tal circunstancia no beneficia al imputado, pues con ello no se invaden las atribuciones conferidas al órgano investigador, en virtud de que se rectifica el estudio de tipicidad que realizó, lo que resulta necesario para resolver acertadamente la litis y cumplir con una de las finalidades del sistema de justicia penal acusatorio, consistente en la adecuada impartición de justicia, traducida en que la investigación se siga por el delito o delitos que guarden relación con los hechos denunciados, para que no queden impunes y se repare el daño ocasionado a la víctima o parte ofendida. Por tanto, con tal proceder se respeta el principio de presunción de inocencia, en la medida en que se investiga por el ilícito que realmente corresponde, sin que se afecte el derecho fundamental a una adecuada defensa, ya que el auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, pues incluso éste puede ser determinado en definitiva en la acusación, partiendo de la información que se recabe en las fases inicial y complementaria, lo que permite al imputado preparar su estrategia de defensa a partir de dicha información, pues subsisten los mismos hechos que sirvieron como base al Ministerio Público para formular imputación; además, si el imputado no está de acuerdo con la nueva clasificación, conforme al principio de contradicción, puede impugnar esa determinación mediante el recurso de apelación en términos del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, a través del juicio de amparo indirecto." Finalmente, no es necesario que este juzgado se pronuncie respecto de los alegatos expuestos por el fiscal adscrito, pues no forman parte de la Litis, ni proponen alguna causa de improcedencia. 32 Visible en la página 1283 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, Materia Penal, Décima Época, registro 2021559. En tal virtud, ante lo ineficaz de los conceptos de violación analizados, con fundamento en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, lo que se impone es NEGAR EL AMPARO, respecto del auto de vinculación a proceso reclamado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Antonio Sánchez Chávez, contra el acto del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región La Piedad, en La Piedad, Michoacán), por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veinticinco de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo IV-387/2021, promovido por Antonio Sánchez Chávez, por propio derecho, contra los actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la región La Piedad, Michoacán, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno,1 ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Antonio Sánchez Chávez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y la autoridad que precisó en los siguientes términos:2 "(.) III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Lo es el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región La Piedad, Michoacán, . IV. ACTO RECLAMADO. Se reclama el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO de fecha 29 veintinueve de marzo del presente año, emitido por el Juez de control y Enjuiciamiento del sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región La Piedad, Michoacán, Licenciado Eleazar Mendoza García, dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictado dentro del expediente, toca penal número IV-1/2020, por el Magistrado de la Sala Cuarta Penal, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mismo que presenté en competencia concurrente, en contra de actos -auto de vinculación a proceso- del Juez de Control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, dentro de la causa penal 82/2020, entonces registrada en el índice del órgano jurisdiccional de la Región Zamora, Michoacán. El acto reclamado me fue notificado en la misma audiencia de la fecha señalada; precisando que la vinculación se dictó por el hecho con apariencia de 1 Fojas 6 a 21 del juicio principal. 2 Foja 7 del juicio principal. delito de VIOLACIÓN AGRAVADA, del que se estima víctima directa a la persona identificada con iniciales O.R.J. Acto reclamado dictado en mi contra por el ilícito antes señalado, previsto por los artículos 164, párrafo primero parte segunda y segundo párrafo; 165 fracción I y 168 fracciones I y VI del Código Penal del Estado de Michoacán; sin que de la información generada en audiencia, existieran datos de prueba idóneos y suficientes para evidenciar el hecho con apariencia de delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA y la probabilidad de que el suscrito cometí el hecho o participé en su comisión, lo que hace inconstitucional la determinación de la responsable y violatorio de derechos humanos del suscrito quejoso. (.)." Actos que la promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, párrafo tercero; 14, 16, 17, 19, 20 y 21, de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el que en proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno,3 remitió la demanda de garantías a este juzgado de Distrito y mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno,4 se ordenó formar el expediente IV- 387/2021; admitir a trámite el referido ocurso; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación, quien formuló pedimento; se reservó el emplazamiento del tercero interesado hasta en tanto se contara con el informe justificado; y, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Con posterioridad, se emplazó a los terceros interesados:5 3 Fojas 1 a 5 del juicio principal. 4 Fojas 22 a 26 del juicio principal. 5 Fojas 51 y 52 del juicio principal. ??????????????? ? Víctima directa en la causa penal menor de iniciales O.R.J. ? Estela Jiménez Ambriz. ? Asesor de víctimas Luis Alejandro Madrigal Munguía. ? Agentes del Ministerio Público de Litigación de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán, Dante René Vieyra Castro y María Cristina Higareda Cabezas. Como se aprecia de las constancias que obran agregadas en autos.6 Dicha audiencia, previo diferimiento,7 se celebró el diez de febrero de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede.8 C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano 6 Fojas 51 y 52 del juicio principal. 7 Fojas 51 y 52; 67; 69; 73 del juicio principal. 8 Fojas 81 y 82 del juicio principal. colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 20/2021 del propio Pleno. Igualmente se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto en materia penal, que tiene ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,9 que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,10 que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de 9 Visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, Registro 19207. 10 Visible en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, Registro 181810. ??????????????? Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: ? El auto de vinculación a proceso de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, pronunciado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región La Piedad, Michoacán, dentro de la causa penal 82/2020, por el que la autoridad responsable (que sustituyó a su homólogo de la Región Zamora, en Zamora, Michoacán), decretó la vinculación a proceso en contra del ahora quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, previsto y sancionado por los artículos 164, párrafo primero, parte segunda, y segundo párrafo; 165, fracción I y 168, fracciones I y VI; todos del Código penal del Estado de Michoacán, en agravio del menor de iniciales O.R.J.. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le fue atribuido, por lo que su existencia se tiene plenamente probada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,11 del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias consistentes en los discos compactos de audio y video relativos a la audiencia de vinculación y documentales relativas al índice cronológico de la causa penal 65/2020, que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado. Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,12 de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. 11 Visible en la página 830, del Apéndice 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Sexta Sección- Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, Quinta Época, registro 1002815. 12 "Articulo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones." "Articulo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". "Articulo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.].". ?????????????? Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,13 del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Ahora, al no advertirse la actualización de alguna hipótesis que torne improcedente el presente juicio, ya sea de manera oficiosa o hecha valer por alguna de las partes, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación. QUINTO. Transcripción innecesaria de los conceptos de violación. Este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerar que para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen de los argumentos vertidos en la demanda de garantías con base en tales requisitos. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la 13 Visible en la página 153 del Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, Registro 394182. Suprema Corte de Justicia de la Nación,14 que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Como una cuestión previa conviene señalar que, la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo,15 prevé que en los casos en los que el promovente del juicio de control constitucional tenga la calidad de imputado en un proceso de índole penal deberá suplirse la deficiencia de la queja en su favor; por ese motivo, en caso de observarse alguna vulneración a los derechos fundamentales del peticionario de la protección constitucional, este órgano jurisdiccional realizará el pronunciamiento pertinente para que dicha violación sea subsanada. También es menester señalar que para un correcto examen de los argumentos vertidos por el 14 Visible en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618. 15 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: {.} III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y {.}" ????????????? quejoso, serán analizados en un orden distinto al en que fueron formulados, en tanto que algunos lo serán de manera conjunta, debido a la estrecha vinculación existente entre ellos, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Del análisis integral de la demanda se desprende que el peticionario de la protección constitucional aduce medularmente que el auto de vinculación a proceso pronunciado en su contra por la autoridad responsable el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, por estimar acreditada su probable responsabilidad específicamente en la comisión del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, previsto y sancionado por los artículos 164, párrafo primero parte segunda y segundo párrafo; 165, fracción I y 168, fracciones I y VI del Código penal del Estado de Michoacán, en agravio del menor de iniciales O.R.J., es contrario a derecho por los siguientes motivos: I. Estuvo privado de la libertad por más de tres meses luego de que con motivo de distinto amparo se dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el diez de febrero de dos mil veinte, con el fin de que de manera inmediata se programara audiencia para formulación de imputación y fue hasta el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno en que tuvo lugar la audiencia de mérito, transcurriendo en exceso el término que se tuvo para que dicha ejecutoria causara estado, por lo que se le debió dejar en total libertad. II. Que por consecuencia la audiencia de reposición celebrada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno y su continuación el día veintinueve de marzo en cita, surgen como consecuencia de un procedimiento viciado por la inconstitucionalidad que representan pues no fueron celebradas de forma inmediata, rebasando totalmente y en exceso los máximos constitucionales que se establecen para la detención de una persona, ante autoridad judicial. III. Carece de fundamentación y motivación; (pues no se acreditaron las circunstancias de ejecución del hecho atribuido). Además de que no existen datos de prueba suficientes que acrediten el delito atribuido y menos aún que hagan probable la participación del quejoso en la comisión de los hechos ilícitos que se tuvieron por acreditados. Ello pues los razonamientos del juez resultan ser escuetos al no señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar de la comisión de los hechos; y, se limita a relacionar los datos de pruebas. IV. No se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, faltando a lo dispuesto por los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que apoya el quejoso en el sentido de que el juez del proceso actuó de ?????????????? manera unilateral concediendo valor a los datos de prueba expuestos por la fiscalía y subsanar todas y cada una de sus omisiones y deficiencias. En tanto que desestimó los datos de prueba y argumentos planteados por la defensa, entre ellas las relativas a los exámenes de laboratorio y la exploración física de persona, cuya información fue proporcionada el día de la continuación de la audiencia inicial verificada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, por parte del perito Edgar Aquiles Espinosa Duarte (relativa a la disfunción eréctil del quejoso; derivada de diabetes mellitus y ausencia de reflejo balero-prepucial así como inexistencia de penetración anal por las características de las lesiones observadas en el menor) y la entrevista de Olivia Orozco Tinoco, esposa del quejoso. En tal sentido, se concede valor a las manifestaciones vertidas en la denuncia por comparecencia que presentó Estela y Gloribella Jiménez Ambriz; y a la exploración física de persona; del perito citado; y lo declarado por Olivia Orozco Tinoco; aunque las dos primeras declaran por referencias de terceros; y, sin dar argumentos para valorar tales datos de prueba. V. En tal sentido afirma, no se cumplieron los requisitos legales previstos en los artículos 19 constitucional y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para emitir el auto de vinculación a proceso. Anteriores circunstancias por las cuales el promovente de amparo solicita a este juzgado que conceda el amparo y protección de la justicia de la unión. Tales asertos resultan ineficaces, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, es menester precisar que cuando en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye un auto de vinculación a proceso, el análisis de dicha actuación debe realizarse conforme a la Ley de la materia, esto es, armonizándolo con los principios -publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación-, que regulan el juicio penal acusatorio lo que se obtiene del contenido de diversos artículos que regulan su procedimiento. Ahora, el artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de derechos fundamentales el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y, como excepción, para dicha admisión, se prevé que el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; pero en cuanto a la materia penal dispone que el juzgador deberá cerciorarse de que este ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En ese tenor, la interpretación que nuestro Máximo Tribunal le ha dado a ese dispositivo es el siguiente: Primeramente, a través de la jurisprudencia ?????????????? 64/2011, de la Décima Época, con número de registro 160812, de la Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia Común, Página: 993,16 al interpretar el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, determinó que el juez de garantía -ahora juez de control- estaba impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que existiera controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta. Sin embargo, expresó que no podía considerarse extensiva dicha limitante al juez de amparo, ya que esa facultad derivaba de lo dispuesto 16 "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda." por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, concluyendo que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Luego, en la tesis aislada 1a. CCLI/2011, con número de registro 160252, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 270,17 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que de llegarse a considerar en el análisis constitucional de un auto de vinculación a proceso, que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público o los del imputado o su defensor que no se hayan ofrecido y desahogado en la audiencia de vinculación a proceso y, por tanto, tampoco sometidos al escrutinio de las partes procesales, se vulneraría la fracción V, del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al 17 "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. Conforme al primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, en las sentencias dictadas en los juicios de garantías, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. Así, de llegarse a considerar en el análisis constitucional de un auto de vinculación a proceso los datos de investigación aportados por el Ministerio Público o los del imputado o su defensor que no se hayan ofrecido y desahogado en la audiencia de vinculación a proceso y, por tanto, tampoco sometidos al escrutinio de las partes procesales, se vulneraría la fracción V, del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en el sentido de que las partes tienen igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente y, con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda." ?????????????? principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Posteriormente, a través de la tesis aislada 1a. CCIV/2014, de la Décima Época, con número de registro 2006473, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Penal, página 541,18 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó 18 "DERECHOS HUMANOS. SU RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN OBLIGA AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL AL ESTUDIO DE VIOLACIONES Y PRUEBAS SUPERVENIENTES RELACIONADAS CON LA PRIMERA FASE DE INVESTIGACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Las violaciones a derechos humanos en la primera fase de investigación del nuevo sistema de justicia penal pueden ser reclamables en amparo, por lo que esta Primera Sala sostiene la Jurisprudencia 1a./J. 107/2007, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL CON POSTERIORIDAD A SU DICTADO, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SON SUPERVENIENTES Y TENGAN VINCULACIÓN CON LOS HECHOS MATERIA DE LA INVESTIGACIÓN.". Ello no se contrapone a la Jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), también sostenida, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).". Lo anterior es así, porque si bien el acto reclamado en el juicio de amparo debe ser apreciado bajo las mismas actuaciones que tuvo a su alcance la autoridad responsable al momento de su emisión, también lo es que dicho principio ha admitido como excepción, precisamente, la viabilidad de pruebas supervenientes que tengan directa relación con hechos de la investigación, más aún, si convergen con la demostración de violaciones a derechos humanos relacionadas con la fase inicial del procedimiento penal. Lo que reconoce el segundo criterio es la revisión de constancias conforme a la naturaleza jurídica del nuevo sistema de justicia penal, pero ello no implica que pierda vigencia y obligatoriedad el primer criterio rector para la admisión de pruebas en cuestiones de excepcionalidad, incluso, de máximo rigor al tratarse de tortura. Por ello, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el hecho de que la autoridad responsable no hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, tratándose de la primera fase del nuevo procedimiento penal, no es impedimento para que el tribunal de amparo admita y valore medios de prueba supervenientes que tengan vinculación directa con violaciones a derechos humanos en dicha etapa de investigación. Al respecto, un caso paradigmático es la tortura, pues además no debe perderse de vista que versa sobre un tema de pronunciamiento previo y oficioso." que si bien el acto reclamado en el juicio de amparo debe ser apreciado bajo las mismas actuaciones que tuvo a su alcance la autoridad responsable al momento de su emisión, también lo es que dicho principio admitía como excepción, precisamente, la viabilidad de pruebas supervenientes que tuvieran directa relación con hechos de la investigación, más aún si convergen con la demostración de violaciones a derechos humanos relacionadas con la fase inicial del procedimiento penal, como en el caso paradigmático de la tortura. Salvo, en el caso de que los argumentos formulados por el peticionario de la protección constitucional resultaren fundados; o bien, de oficio se observe alguna circunstancia que patentice la necesidad de suplir la queja deficiente en favor del amparista. Ahora, en primer lugar es inoperante el primero de los conceptos de violación por el que el quejoso expresa que estuvo privado de la libertad por más de tres meses luego de que con motivo de distinto amparo se dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el diez de febrero de dos mil veinte, con el fin de que de manera inmediata se programara audiencia para formulación de imputación y fue hasta el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno en que tuvo lugar la audiencia de mérito, transcurriendo en exceso el término que se tuvo para que dicha ejecutoria causara estado, por lo que debió haberse dejado en total libertad. Lo anterior es así, pues como el propio quejoso señala -tal y como se corrobora del disco óptico digital- la ejecutoria de amparo fue cumplimentada en la audiencia de formulación de la imputación celebrada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, y fue hasta ese momento que el Juez ?????????????? responsable dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el diez de febrero de dos mil veinte, por lo que es preciso destacar que la temporalidad del acatamiento dado a aquélla ejecutoria no puede ser materia de análisis en esta instancia de control constitucional, precisamente porque ello es una cuestión que debió dirimirse en ese juicio y no en uno diverso como un nuevo acto destacado. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,19 que dice: "SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL. Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que proceda el beneficio de la suplencia, se pronuncie respecto de las violaciones manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo referente a los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio; sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio 19 Visible en la página 22 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997. Materia Común. Novena Época. Registro digital 197240. promovido, ya que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno, el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas o de aquellas que, en su caso, derivaran de la suplencia de la queja." Por lo anterior, resulta infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso en el sentido de que la audiencia de reposición celebrada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno y su continuación el veintinueve de marzo en cita, surgen como consecuencia de un procedimiento viciado por la inconstitucionalidad que representan pues no fueron celebradas de forma inmediata, rebasando en exceso los máximos constitucionales que se establecen para la detención de una persona ante autoridad judicial. Lo expuesto al tomar en consideración que si bien existía una ejecutoria de amparo por cumplimentar, ello debía ser hasta que causara ejecutoria y su acatamiento fuera exigible a la responsable. Luego, mientras ello no hubiese sido así; es decir, mientras la ejecutoria de amparo no hubiese quedado firme, la privación de la libertad del señalado quejoso continuaba a razón del auto de vinculación a proceso que pesaba en su contra, pronunciado el diez de febrero de dos mil veinte y el cual no había sido declarado insubsistente pues ello acaeció precisamente hasta el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno en que como se advierte del disco compacto de audio y video relativo a la audiencia de vinculación a proceso, fue hasta ese momento en que la responsable señaló: ". dejo insubsistente el auto de vinculación a proceso de diez de febrero de dos mil veinte, por el hecho que la ley señala como delito de violación en agravio del menor de iniciales O.R.J. emitido en audiencia de diez de febrero de dos mil veinte, en la ?????????????? causa penal 82/2020." De ahí que como ya se indicó fue hasta ese momento en que el imputado quedó nuevamente a disposición de la responsable sujeto al término de setenta y dos horas establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,20 término que fue duplicado a petición de la defensa dentro del cual esa parte ofreció diversos medios de prueba en su favor, los cuales fueron ponderados por la responsable como quedará precisado en párrafos subsecuentes. Por lo tanto contrario a lo afirmado por la quejosa no existe procedimiento viciado pues como se narra, la responsable cumplió en resolver la situación jurídica del imputado, dentro del término establecido por el artículo 19 constitucional ya señalado. Por esta razón no es procedente la libertad del imputado como lo manifiesta en la parte final del primero de los conceptos de violación. Por otra parte, también resulta infundado el agravio expresado por el quejoso en el sentido de que el auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional carece de fundamentación y motivación, toda vez que refiere que no fueron acreditadas las circunstancias de ejecución del hecho atribuido. Además de que no existen datos de prueba suficientes que acrediten el delito atribuido y, menos aún, que hagan probable la participación del quejoso 20 "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. (.)." en la comisión de los hechos ilícitos que se tuvieron por acreditados. Ello pues los razonamientos del juez resultan ser escuetos al no señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar de la comisión de los hechos; y se limitó a relacionar los datos de prueba. Para justificar lo anterior conviene señalar en primer término que el auto de vinculación a proceso tiene su génesis en el artículo 19 de la Constitución Federal, en el que se establece la obligación para la autoridad judicial de decidir si es necesario iniciar un juicio, en cuyo caso deberá expresar el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, la exigencia de resolver sobre el auto de vinculación a proceso que deriva del derecho constitucional de debido proceso penal, que garantiza y dota de certeza jurídica constitucionalmente protegida, de que al fenecer el término respectivo ninguna persona puede ser sujeta o vinculada a proceso penal (con o sin medida cautelar adicional), a menos de que se cumplan los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También cabe destacar que el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales21 prevé que el auto de vinculación a proceso delimita el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, se determinarán las formas anticipadas de terminación del mismo, la apertura a 21 "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento." ?????????????? juicio o el sobreseimiento de la causa. Sobre el particular resulta aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito,22 que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SU NATURALEZA PARA EFECTOS DEL AMPARO. La exigencia de resolver sobre el auto de vinculación a proceso se refiere a un derecho constitucional del debido proceso penal propio de este país, que garantiza de manera más amplia la libertad personal no sólo respecto de la restricción material en sentido estricto, como ocurre con la prisión preventiva, sino como certeza jurídica constitucionalmente protegida de que al fenecer el término respectivo ninguna persona puede ser sujeta o vinculada a proceso penal (con o sin medida cautelar adicional), a menos de que se cumplan los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que se acredite la existencia de un verdadero hecho delictuoso y existan datos de intervención reprochable del imputado, es decir, la demostración de un hecho que amerite justificadamente la intervención del derecho punitivo y los datos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión de dicho hecho, pues sólo así se cumple con los principios de fragmentariedad e intervención necesaria del derecho penal, y el de la función garantizadora del tipo penal, que se traduce en el apotegma de exacta aplicación de la ley penal recogido en el principio de legalidad que rige dicha materia de manera estricta y que se consagra también en el artículo 14 de la propia Constitución. Por tanto, en atención a los efectos de sujeción que éste produce, de manera formal y de perturbación indirecta, al menos a la libertad del imputado, debe estimarse como un acto reclamable en el amparo y susceptible del otorgamiento, en su caso, de la suspensión pero en términos de sus peculiaridades actuales." En ese tenor, resulta indispensable señalar que para la emisión de un auto de vinculación a proceso, el juez de control debe observar los principios que rigen el proceso penal acusatorio y oral, que son los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.23 22 Visible en la página 4298, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, enero de 2012, Tomo 5, Materia Común, Décima Época, registro 160454. 23 "Artículo 4º. Características y principios rectores El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes. En cuanto al principio de contradicción24 debe decirse que incide en el derecho de las partes, a tener acceso directo a todos los datos que obran en la carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público, ofendido o víctima, como el imputado y su defensor, puedan participar activamente. Asimismo, el auto de vinculación a proceso requiere para su emisión que existan datos que establezcan un hecho delictuoso y que es probable la intervención reprochable del imputado, es decir, la probabilidad de que se cometió un hecho que amerite justificadamente la intervención del derecho punitivo y los datos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión de dicho hecho.25 Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto y en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado." 24 "Artículo 6º. Principio de contradicción. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, sí como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código." 25 "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación ????????????? De modo que es innecesario que se acrediten fehacientemente los elementos del delito o la participación de los imputados; pues basta con que los datos de prueba permitan establecer que se ha cometido un hecho, que ese hecho es sancionado por la legislación penal y que resulte probable que la persona imputada haya participado en su comisión. En ese aspecto, es necesario precisar que el nuevo paradigma del sistema penal acusatorio genera que el estándar de prueba necesario para el dictado de un auto de vinculación a proceso sea de probabilidad; es decir, que basta que se exhiban elementos que demuestren que existe una posibilidad de que se ha cometido una conducta descrita por la ley como ilícita y que es posible que la persona imputada la haya cometido o haya participado en su realización. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,26 que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." 26 Visible en la página 360 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, Décima Época, registro 2014800. 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Así como los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y ??????????????? Administrativa, del Décimo Séptimo Circuito;27 y, Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito,28 que dicen: "HECHO QUE LA LEY SEÑALE COMO DELITO". EVOLUCIÓN DE ESTE CONCEPTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 16 Y 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado de Circuito en las jurisprudencias XVII.1o.P.A. J/25 (9a.) y XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), determinó lo que se ha entendido como "hecho que la ley señale como delito". En la primera, se estableció que el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 de la Constitución Federal, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Mientras que en una de las ejecutorias que le dieron origen se hizo alusión a que para el dictado del mencionado auto sólo debían acreditarse el elemento objetivo del tipo (núcleo) y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pero no los demás elementos ni la probable responsabilidad. Lo anterior, bajo el nuevo estándar en el sistema acusatorio oral penal, es decir, que la referencia al hecho ilícito es la relativa al núcleo del tipo. En otro de sus precedentes se puntualizó que para el dictado de dicho auto basta que se indiquen simplemente los hechos ilícitos, núcleos de los tipos penales, así como el lugar y tiempo de su comisión, esto es, dónde y cuándo ocurrieron para que se vean colmados los extremos contenidos en el referido artículo 19 constitucional, reproducidos en el numeral 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Que en el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del propio artículo 19 constitucional, es innecesario analizar los elementos normativos y subjetivos, si es el caso que éstos los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo el hecho o hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, como se 27 Visible en la página 2741 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Materia Constitucional, Décima Época, registro 2012685. 28 Visible en la página 2167, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Materia Penal, Décima Época, registro 2013695. apuntó con antelación, es decir, sólo deben analizarse los elementos objetivos (núcleo) relativos al hecho integrante del delito y respecto a los elementos subjetivos, su estudio debe ser en el grado de probable. Y que es innecesario que el Juez de garantía analice todos los elementos constitutivos del tipo del delito imputado, ni las calificativas; sin embargo, si lo hace, no irroga perjuicio al imputadoquejoso, pues el sobreabundar en los citados conceptos, favorece la defensa, ya que desde ese momento procesal, tiene la certeza de lo que, en un momento posterior, va a integrar el contenido de la acusación, la que conforme a los artículos 287 y 294 del código mencionado, tiene lugar hasta el cierre de la investigación. Por su parte, en la segunda jurisprudencia se estableció que, atento al citado artículo 280 del propio código, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual [acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto (núcleo), desde la lógica formal], esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de Garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. Ahora bien, actualmente la actividad jurisdiccional lleva a clarificar de nuevo el concepto de "hecho que la ley señale como delito". Así, tenemos que la tipicidad es la correspondencia entre el hecho ocurrido en la realidad y el hecho descrito en el tipo. Decimos que es un hecho típico cuando se adecua perfectamente al tipo penal. La tipicidad es la necesidad de que los delitos se especifiquen o determinen legislativamente, en tipos. Por otra parte, el tipo penal es la descripción legal de un hecho o conducta prohibida por la norma y a la cual se le asigna una pena. Se entiende como la abstracción formulada por el legislador, que reúne en un concepto los elementos esenciales de un hecho delictivo determinado. En otras palabras, el tipo está constituido por la descripción del hecho contrario a la norma que sanciona la ley penal. Se habla de hecho y no de "conducta", porque algunos de los elementos de los tipos penales no refieren directamente al obrar del agente, sino a circunstancias externas a él, y que no dependen de su voluntad. Es una característica específica del delito, porque para que éste se configure, debe haber tipicidad; si no la hay, no hay delito. Esto es por imperio del principio de legalidad, ya que si se trata de una conducta no tipificada, es lícita, y los individuos pueden actuar libremente en el campo de lo no prohibido. En conclusión, el requisito exigido por los artículos 16 y 19 constitucionales (hecho que la ley señale como delito) no debe identificarse con los elementos del tipo, sino esencialmente con el núcleo, pues aun cuando en ??????????????? ocasiones por constituirse éste por un verbo "subjetivo" se dificulte su comprensión, no deben exigirse mayores requisitos a la directriz constitucional, lo cual remitiría al sistema mixto que se está tratando de superar con la implementación del sistema procesal penal acusatorio y oral." "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." De los criterios reproducidos con antelación se obtiene que los elementos que componen al auto de vinculación a proceso, son los siguientes: 1. Que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; 2. Que la ley señale como delito ese hecho; y, 3. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Dichos elementos distinguen este tipo de determinación que surgió a partir de un sistema de corte acusatorio, adversarial y oral; en el que a diferencia del sistema de justicia penal mixto, en los requisitos aludidos, cambia las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito". Tales aspectos, se insiste, denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con los lineamientos establecidos por el artículo 19 de la Constitución Federal, ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito; con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Ello implica que ya no se exige que el objeto de "pruebas" recaiga sobre el denominado "cuerpo ?????????????? del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En suma, lo relevante para el dictado del auto de vinculación no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal; por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de prueba plena. Cabe enfatizar que cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 27, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Michoacán.29 En el particular, se tiene que la autoridad señalada como responsable en este juicio constitucional, en primer término para poder emitir el auto de vinculación a proceso y resolver la situación jurídica del imputado, hizo de su conocimiento que el estándar probatorio requerido para el dictado del auto de vinculación a proceso es menor al previsto para el sistema mixto. Luego de esto, la responsable previo el valor que otorgó racionalmente a los datos de prueba que hasta ese momento integraban la causa penal 65/2020, pronunció auto de vinculación a proceso al peticionario del amparo ANTONIO SÁNCHEZ 29 "Artículo 27. Causas de exclusión del delito [.] Las causas de exclusión del delito se resolverán de oficio en cualquier etapa del procedimiento. [.]" CHÁVEZ, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito: ? VIOLACIÓN EQUIPARADA, previsto y sancionado por los artículos 165, fracción I, 164, párrafos primero y segundo; 168, fracciones I y VI, 18, 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, todos ellos del Código Penal para el Estado de Michoacán,30 en agravio del menor de iniciales O.R.J.. Lo anterior dado que contrario a lo argumentado por el peticionario del amparo, la responsable acertó en señalar que sí existen datos de prueba que permiten establecer que ocurrió un hecho sancionado por la ley penal como delito (VIOLACIÓN EQUIPARADA), que se encuentra previsto y castigado 30"Artículo 164. Violación A quien por medio de la violencia física o psicológica realice cópula, se le impondrá de cinco a quince años de prisión. Cuando el sujeto pasivo sea menor de dieciocho años se impondrá de diez a veinte años de prisión. Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. (.)." "Artículo 165. Violación equiparada Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena a quien: I. Realice cópula con persona menor de doce años de edad o con persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; (.)." "Artículo 168. Agravantes Las penas previstas para la violación y el abuso sexual se aumentarán en dos terceras partes cuando sean cometidos o tengan como resultado: I. Con intervención directa o inmediata de dos o más personas; (.) VI. Fuere cometido el hecho en despoblado o lugar solitario; (.)." ??????????? por los artículos 165, fracción I, 164, párrafos primero y segundo; 168 fracciones I y VI, todos ellos del Código Penal para el Estado de Michoacán, en agravio del menor de iniciales O.R.J., así como la posibilidad de que el peticionario del amparo pudo intervenir en la comisión de aquél. El juez responsable señaló que lo anterior se justifica con los elementos de prueba que precisó previamente. Es así porque no fue un único dato de prueba el que tomó en consideración el juzgador natural para emitir el auto de vinculación a proceso reclamado; sino que fue la conjunción de todos los datos de prueba aportados por la representación social de la causa lo que generó en la responsable la convicción necesaria para emitir la determinación combatida. Se afirma lo señalado en el párrafo que antecede, porque de la propia audiencia de vinculación a proceso se advierte cómo es que el juzgador señaló que de los datos de prueba aportados en la causa penal, advertía que el hecho fáctico sometido a su jurisdicción, se hizo consistir en lo siguiente: Que los últimos días del mes de diciembre de dos mil diecinueve siendo aproximadamente las nueve horas, Antonio alias "El Aguilillo", en compañía de otros sujetos, llevaron al menor víctima a un cerro ubicado en la localidad de San Isidro, Municipio de Morelos, Michoacán, con el pretexto de cuidar unas vacas. Que en ese lugar, Antonio le dijo a la víctima que se agarrara las rodillas con sus manos y se hiciera para adelante con la cabeza y se agachara, momento en que Antonio le bajó el pantalón hasta abajo y diverso sujeto de nombre Amparo le introdujo su pene en el ano, para después Antonio introducir su pene en el ano de la víctima y momentos después otro sujeto de nombre Jorge Iván se bajó su pantalón e introdujo también su pene en el ano de la víctima. Que al realizar esos actos tenían asustado al menor quien decía que lo soltaran porque le dolía y ellos respondían que no, porque le darían cosas y paletas y que no le dijera a su mamá, acto seguido, se retiraron del lugar El juez responsable señaló que para establecer de manera preliminar si el hecho de la imputación ocurrió en la realidad o no, era necesario ponderar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público como por la defensa y refirió: Que de la entrevista del menor de edad de iniciales O.R.J. por un grupo interdisciplinario, se conoció que éste refirió que Antonio le introdujo el pene en el ano y, en ese momento de la conversación, el menor bajó de la silla y de manera gráfica se agachó, echó su cabeza hacia adelante, se tocó las rodillas y abrió sus nalgas; tocó su pene y enseguida tocó su ano y manifestó a los receptores que Antonio y otras dos personas le introdujeron su pene en el ano señalándolo de manera gráfica. La responsable señaló que una de las características de los delitos sexuales es que generalmente se ejecutan sin testigos presenciales. Por lo tanto apreció que el hecho narrado por el menor era corroborado con los datos de prueba que particularmente aportaban los testimonios de Estela y Gloribella ambas de apellidos Jiménez Ambriz, madre y tía del menor. Testimonios en los que la primera de ellas es decir, Estela Jiménez Ambriz, manifestó que su menor hijo de iniciales O.R.J. le refirió que "El Toño" y otras dos personas le quitaron el pantalón y le introdujeron el pene en el ano; esto último lo hizo entender de ???????????? manera gráfica, pues la ateste refirió que se tocó el pene y se tocó sus nalgas; señaló el ano y refirió que en esa parte corporal le colocaron el pene. Gloribella Jiménez Ambriz, refirió que el menor le informó que lo llevaron a un cerro a ver las vacas y estando en el cerro le dijo que se bajara el pantalón y le metió su "chingadera"; que le dijo que se agachara y el menor decía que no quería que le doliera, pero ellos le decían que iban a comprarle cosas. Las atestes refieren que esos datos de prueba los llegaron a conocer por referencia del menor; y, la responsable señaló que ello era razonable, es decir, que ellas conocieran esos datos por referencia de la víctima pues se trata de la madre y la tía del menor agraviado. Empero, la responsable puntualizó que si bien, el hecho lo conocieron tales atestes de manera indirecta pues todo les fue informado por el menor, existen datos que las atestes conocieron de manera directa. Ello es así pues Estela Jiménez Ambriz, madre del menor percibió de manera directa hechos posteriores a la conducta imputada como son: Que notó a su hijo raro, triste, que se encontraba llorando, que se hizo del baño con sangre y estaba todo "atascado"; que siempre se enojaba y estaba triste. Por su parte, también Gloribella Jiménez Ambriz, tía del menor, percibió de manera directa datos en la conducta del menor ya que refirió que lo vio triste y comenzó a morderse los labios. Datos que la responsable tomó en consideración y señaló que si bien los hechos los conocieron las vertientes de manera indirecta, también conocieron de manera directa la conducta desplegada por el menor y que ellas consideraron distinta a lo ordinario en el comportamiento del menor. Por lo que el juez responsable no apartó lo anterior de su razonamiento, pues indicó que esos datos contribuyen a establecer el hecho fáctico de la imputación y que demuestran el estado mental que causa un hecho como lo es la agresión sexual. El Juez de la causa también indicó que los anteriores datos de prueba encontraban apoyo científico en el informe pericial legal sexual andrológico realizado al menor por el perito oficial quien determinó que el menor presentó datos clínicos de alteración mental leve y en el área anal presentó dos cicatrices a las doce y cinco horas comparadas con la carátula del reloj, sin poder determinarse la temporalidad. Que por su parte, el informe pericial psicológico arrojó que el menor presentó una crisis circunstancial y que ello se estimaba que había sido como parte de los hechos que vivió a través de conductas y características que forman parte de la sintomatología de delitos sexuales en menores, como miedo, culpa, impulsabilidad enojo, fallas acerca de la percepción de la realidad, agresión, expresión emotiva y dosificación.. Datos científicos que la responsable señaló eran compatibles con un hecho con las características de la agresión sexual y que contribuyen a establecer de manera provisional el cuadro fáctico expuesto por la representación social. Como dato adicional la responsable tomó en consideración el informe general de investigación emitido por el elemento de la Policía Ministerial Antonio Campos Juárez y dijo que de ese informe se llegó a conocer que el lugar en el que se refiere se cometió el hecho imputado, es el cerro ubicado en la ??????????????? localidad de San Isidro, en Morelos, Michoacán, sitio que está despoblado y que presenta flora y fauna de gran dimensión lo que es típico de esa región. La responsable también ponderó los medios de convicción ofrecidos por la defensa, consistentes en: a)Las entrevistas de Oliva Orozco Tinoco, Josefina Sánchez Orozco y María Trinidad Sánchez Chávez, realizadas el nueve de febrero de dos mil veinte. b)Las entrevistas de los menores de iniciales J.J.S. y S.J.S. c) Dictamen pericial en medicina forense emitido por el experto Edgar Aquiles Espinoza Duarte. En ese sentido con relación a las entrevistas a cargo de las entrevistas de Oliva Orozco Tinoco, Josefina Sánchez Orozco y María Trinidad Sánchez Chávez, en las dichas atestes fueron coincidentes en referir que el señor Antonio Sánchez Chávez, los días veinticuatro y veinticinco de diciembre de dos mil diecinueve, estuvo todo el día en su domicilio. La responsable estimó que tales testimonios estaban en contraposición con los datos de prueba aportados por la representación social para sostener su cuadro fáctico y argumentó que en ese momento procesal, no podía determinar cuál dato de prueba debía prevalecer porque eso implicaría su valoración y, en ese momento, dijo, los datos de prueba no podían ser valorados sino ponderados y si en ese momento procesal decantara por los datos de prueba de la defensa confrontándolos con los que presentó el Agente del Ministerio Público, estaría valorando la prueba, lo que no debía realizar porque no era el instante oportuno para ejercer tal juicio. Con relación a las entrevistas de los menores J.J.S. y S.J.S., refirió que no podía tomarlas en consideración debido a que fueron recabadas con vulneración de sus derechos fundamentales, porque no les fue asignada una persona con conocimiento en psicología; es decir, fueron realizadas al margen de la ley. Por lo que en ese momento dijo que tales testimonios fueron emitidos con irregularidades y no las podía tomar en consideración, de ahí que en ese instante las inutilizó. Referente al dictamen pericial en medicina forense emitido por el experto Edgar Aquiles Espinoza Duarte. La responsable destacó que en ese estudio pericial el emitente indicó que es incompatible que tres personas hayan introducido el pene en el ano del menor dada la desproporción anatómica entre el ano del menor y el pene de una persona adulta. Sin embargo, desestimó tal medio de prueba porque adujo que de acuerdo a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia, cada penetración por parte de una persona a una víctima, no tiene que dejar una cicatriz, pues esto depende del ángulo de incidencia. Agregó que ese dictamen fue emitido en base a constancias; es decir, no tuvo presente al menor para realizarse el dictamen pericial. Por lo tanto, dijo, es un revisor de diverso dictamen pericial. Por esta razón la responsable al ponderar esa parte del estudio pericial indicó que esa opinión no era de tomarse en consideración. Por otra parte, el estudio pericial también señaló que el imputado Antonio Sánchez Chávez, es diabético y que por esa condición no puede tener ????????????? erección. Al respecto la responsable estimó que al no estar convalidado por un estudio pericial diverso, lo señalado por el emitente en esa etapa del procedimiento, constituye una mera probabilidad. Es decir, tal opinión en el sentido de que el imputado Antonio Sánchez Chávez presenta la enfermedad señalada y, por ello, le sea imposible tener una erección, hasta ese momento procesal no estaba justificada más allá de toda duda razonable al no estar convalidada por una opinión pericial diversa, por ello la responsable estimó que no podía ponderar que efectivamente el aquí quejoso presente una enfermedad que le haga imposible tener una erección. Así, en tales términos desestimó los datos de prueba que ofertó la defensa, sin omitir dar contestación a los alegatos formulados por esa parte. En esa audiencia, también la responsable contestó cada uno de los argumentos exculpatorios formulados por la defensa, y en relación con la fecha de comisión del delito dijo que debía recordar que un menor no tiene la facultad de abstracción como sí lo tiene una persona adulta; que por lo tanto, al menor no se le podían exigir fechas precisas ni domicilios donde el hecho se haya perpetrado. Que de acuerdo a los principios que rigen el interés superior del menor, sus declaraciones no pueden ser ponderadas con las mismas exigencias que como se hace con la declaración de una persona adulta. Al alegato formulado por la defensa en el sentido de que el ahora quejoso se dedica a una tienda de abarrotes y no a cuidar vacas o animales; la responsable argumentó que de las declaraciones de las atestes Estela y Gloribella ambas de apellidos Jiménez Ambriz, también señalaron que el señor Antonio Sánchez Chávez, tiene una tienda de abarrotes y que por eso lo conocen. A diverso alegato formulado por la defensa en el sentido de que en las entrevistas de los menores de iniciales J.S.S. y S.J.S., nunca dijeron nada a su tía, por lo que lo señalado por Gloribella Jiménez Ambriz, se contrapone a lo que dijeron los menores porque ellos indicaron que no sabían nada, la responsable respondió que como ya lo había advertido, las entrevistas de esos menores se obtuvieron con vulneración de derechos fundamentales por lo que las dejó inutilizadas. En diverso argumento la defensa sostuvo que el menor O.R.J. señala a Antonio y nunca hizo referencia a ningún "Aguilillo"; es decir, la defensa implícitamente refirió que Antonio y el "Aguilillo" son personas distintas. Sin embargo, la responsable destacó que no inadvertía que en las entrevistas realizadas a Estela Jiménez Ambriz, madre de la víctima y Gloribella Jiménez Ambriz, tía del menor adujeron que "El Aguilillo" es el señor Antonio, que tiene una tienda y por eso lo conocen. De ahí que la responsable estimó razonable sostener hasta ese momento procesal que "El Aguilillo" y el ahora quejoso son la misma persona. La defensa también refirió en sus alegatos que el informe general de investigación realizado por el elemento de la Policía Ministerial Antonio Campos Juárez, no podía ser considerado porque tenía una nulidad relativa debido a que en él se realizaron actos conjuntos que debían ser separados. Sin embargo, a ese alegato la responsable indicó que ese informe no era un acto de investigación que había realizado el Ministerio Público sino que era ????????????? solamente un informe, un acto administrativo que realizó el elemento de la autoridad y que tal informe lo entregó al Agente del Ministerio Público, por tal razón no podía ser nulo ese informe de investigación. En esas consideraciones, la responsable estimó que hasta ese momento procesal debían prevalecer las entrevistas realizadas por el menor, toda vez que éste de manera clara y precisa señaló que el señor Antonio y dos personas más lo llevaron al cerro y estando en ese lugar le indicaron que se agarrara las rodillas y se agachara echando la cabeza al frente y que estando en esa posición uno a uno es decir, el señor Antonio y otras dos personas más le introdujeron su pene en el ano, esto último explicándolo en forma gráfica, pues se levantó de la silla, se agachó, se tocó sus rodillas, tocó su pene y tocó su ano y así con esas expresiones indicó lo que le sucedió al equipo interdisciplinario y también a su señora madre. El juez de la causa indicó que lo anterior no son datos aislados, sino que tienen sustento en lo declarado por Estela y Gloribella Jiménez Ambriz, quienes en lo sustancial coinciden con lo que refirió el menor ante el equipo interdisciplinario. Además, dijo, esas entrevistas aportan datos posteriores al hecho imputado tales como que el menor se encontraba triste, llorando y se mordía los labios, datos que de acuerdo a las máximas de la experiencia que tienen concordancia con un hecho de la naturaleza como el imputado por el Agente del Ministerio Público. También la responsable indicó que el dicho del menor, así como los testimonios de su madre y su tía, tienen sustento científico en los informes periciales en los que se precisó que el menor presentó dos cicatrices una a las doce horas y otra a las cinco horas comparadas con la carátula de un reloj y esas huellas y/o lesiones son compatibles con un hecho como lo es una agresión sexual. Por lo que la responsable concluyó indicando que los datos de prueba expuestos por el Agente del Ministerio Público se consideran idóneos y suficientes para establecer hasta ese momento procesal el cuadro fáctico propuesto, siendo así posible establecer que el menor de edad de iniciales O.R.J., fue agredido sexualmente vía anal y que ese menor no tiene capacidad para comprender el hecho pues al momento del suceso contaba con quince años de edad, además que padece un retraso mental leve, lo cual era indicativo que no tenía capacidad para comprender el significado del hecho. La responsable también adujo que era factible establecer hasta ese momento procesal las agravantes establecidas en las fracciones I y VI del artículo 168 del Código Penal del Estado de Michoacán, toda vez que en el hecho intervinieron tres personas, se ejecutó en un lugar despoblado y solitario, puesto que se trata de un cerro. Así, la responsable estimó que ese hecho sometido a su jurisdicción se encontró plenamente establecido en la ley como delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA previsto en los artículos 164, párrafo segundo, 165, fracción I y 168, fracciones I y VI del Código Penal del Estado de Michoacán. También dijo la responsable que era razonable concluir que existe la probabilidad de que el ahora quejoso Antonio Sánchez Chávez cometió ese hecho. Esto último, indicó la responsable, dado que los indicios razonables que así permiten suponerlo son el señalamiento claro y preciso del menor de iniciales ??????????????? O.R.J., quien refirió que fue "Toño" una de las personas que introdujeron su pene en su ano. Estimó que tal imputación no se encuentra aislada, sino que se robustece con datos que portan las entrevistas de la señora Estela y Gloribella Jiménez Ambriz, madre y tía del menor, quienes si bien no presenciaron el hecho de manera directa, sí lo hicieron en los actos posteriores al mismo; tales como que observaron que el menor se encontraba triste y llorando, y que el día en que contó los hechos se hizo del baño con mucha sangre y estaba "atascado", y siempre se enoja y está triste. Por su parte Gloribella Jiménez Ambriz, como datos posteriores dijo que cuando le preguntó sobre los hechos estaba triste el menor y comenzó a morderse los labios. El juez de la causa dijo que si bien esos datos no tienen relación directa con el hecho imputado o con la intervención del imputado en el hecho que se le atribuye, si contribuyen a dotar de razonabilidad a lo que refirió en su entrevista el menor de edad de iniciales O.R.J. Lo que igual sucede con lo concluido en el dictamen pericial emitido por el perito forense en el que refirió que el menor presentó dos cicatrices vía anal una a las doce horas y otra a las cinco horas comparadas con la carátula del reloj. Así fue que la responsable indicó que a la luz de tales indicios razonables Antonio Sánchez Chávez, probablemente cometió el hecho imputado. Como no advirtió la actualización de alguna causa de extinción de la acción penal o de exclusión de delito, siendo las dieciocho horas con treinta y tres minutos dictó auto de vinculación a proceso en contra del hoy quejoso Antonio Sánchez Chávez, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada agravada, previsto en los artículos 164, párrafo segundo, 165, fracción I, y 168, fracciones I y VI, del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio del menor de iniciales O.R.J.: Por lo anterior, este juzgado constitucional estima que contrario a lo afirmado por el quejoso, el auto de vinculación a proceso combatido sí se encuentra debidamente fundado y motivado, porque basta observar las audiencias remitidas por el juzgador responsable en apoyo de su informe justificado, para advertir que dicha autoridad cimentó su determinación en los artículos 165, fracción I, 164, párrafo segundo; 165, fracción I y 168, fracciones I y VI, todos ellos del Código Penal para el Estado de Michoacán; y, no se limitó a referir los datos de prueba, sino que los justipreció de acuerdo a sus facultades. Además, contra lo afirmado por el quejoso, el juez sí precisó las circunstancias de ejecución del hecho con apariencia de delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, pues señaló que los hechos ocurrieron a finales del mes de diciembre de dos mil diecinueve y que no se podía exigir al testimonio de un menor (que además presenta retraso mental leve), datos precisos sobre fechas y lugares por la falta de capacidad de abstracción lo que sí cuenta para el testimonio de una persona mayor. Que los acontecimientos tuvieron lugar en un cerro ubicado en la localidad de San Isidro del Municipio de Morelos, Michoacán. Mientras que la forma en la que acaecieron la tuvo por manifestada con la demostración gráfica que el menor adoptó para expresar lo que le había acontecido, ante un consejo interdisciplinario, pues bajó de la silla en que se encontraba para agacharse, ????????????? tocarse las rodillas, tocar su pene y posterior a ello tocar su ano. Datos que de forma clara precisó el juez responsable por lo que no pudieron pasar inadvertidos para el quejoso quien afirma faltando a la verdad que el juez no señaló circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del hecho con apariencia de delito que le es imputado. Razonamientos que no fueron escuetos y tampoco emitidos únicamente relatando los medios de prueba, pues lo que quedó asentado en párrafos precedentes es un extracto de la audiencia de vinculación a proceso y de ello se advierte la ponderación que hizo el juez responsable de los datos de prueba existentes hasta el momento de la audiencia de vinculación a proceso, en la que ponderó los aportados por la fiscalía como por la defensa, adverso a lo referido por el aquí quejoso. En igual forma, el juez de la causa adujo que con los datos de prueba aportados por la representación social a los que les otorgó razonabilidad se acreditó el cuadro fáctico sometido a su jurisdicción. Sin que se pierda de vista la inconformidad expresada por el quejoso, en el sentido de que la responsable erróneamente otorgó valor probatorio a los testimonios de Estela y Gloribella ambas de apellidos Jiménez Ambriz, toda vez que a ninguna de ellas les constan los hechos, pues se enteraron de ellos por manifestación del menor víctima. En efecto ninguna de las atestes aludidas presenciaron los hechos; sin embargo, como lo estimó la responsable sería erróneo afirmar que por no existir testigos presenciales no pueden tenerse por demostrados los tipos de delitos como el de la especie, pues precisamente los agresores asechan a la víctima hasta lograr tenerla en un lugar en el que puedan ejercer sobre ella la violencia sin ponerse en riesgo ante nadie. Incluso, son delitos que, por lo general, por su naturaleza son de realización oculta. Así no obstante que no son testigos presenciales, su testimonio robustece la versión de la víctima pues la primera es su madre y la segunda es tía. Personas que conocen a la persona vulnerada porque, como ya se adelantó, conviven con el menor. Indicaron que tiene un retraso mental y dieron a conocer que hubo cambios en la actitud del menor. Pues, incluso, ponderó la responsable que la madre de la víctima dice que posterior a determinada fecha (en los últimos días del mes de diciembre de dos mil diecinueve), notó a su hijo raro, triste, se encontraba llorando, que cuando relató los hechos se hizo del baño con mucha sangre y estaba todo "atascado", que siempre se enojaba y estaba triste. Por su parte la segunda de las atestes indicadas conoció tal información por viva voz de la víctima. Y al margen de que ellas no hubieran conocido esos hechos, existe un grupo interdisciplinario que indicó que esos hechos los dio a conocer el menor cuando fue entrevistado. Por lo que la responsable relacionó esos testimonios con la entrevista del menor; y con el resultado de los dictámenes médico legista practicado el veintiuno de enero de dos mil veinte y el psicológico realizado a la víctima. Tales datos de prueba generaron la convicción en el juzgador natural de que los hechos materia de la contienda punitiva, dejaron en evidencia ????????????? que existieron hechos que la ley señala como delito, establecido en los preceptos legales antes transcritos; en los que a manera de probable también quedó acreditado que tuvo participación el ahora quejoso, pues fueron debidamente valorados a la luz de los preceptos 19 de la Constitución General de la República; 59, 261 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como se observa, contrario a lo argumentado por el peticionario del amparo, en una parte del motivo de disenso precisado como IV, la valoración de los datos de prueba aportados realizada por el juzgador responsable fue conjunta, correcta, lógica, racional y se encuentra justificada, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que los elementos de convicción que integran la causa penal de la que deriva el acto reclamado en esta vía constitucional demostraron que existió un hecho que se encuentra tipificado por la ley como delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, previsto y sancionado por los artículos 165, fracción I, 164, párrafos primero y segundo; 168, fracciones I y VI, 18, 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, todos ellos del Código Penal para el Estado de Michoacán, en agravio del menor de iniciales O.R.J. y la probable participación en ese hecho del ahora quejoso Antonio Sánchez Chávez, en su comisión. Luego, resulta válido afirmar que los datos de prueba valorados por el juzgador natural, resultaron eficaces y suficientes para la emisión del auto de vinculación combatido, contra lo afirmado en el concepto de violación número V, es acorde a lo previsto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.31 Por otro lado, también resulta infundado el argumento esgrimido por el quejoso, toralmente en el sentido de que la responsable no observó las formalidades esenciales del procedimiento faltando a lo dispuesto por los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello porque, dice el quejoso, el juez del proceso actuó de manera unilateral concediendo valor a los datos de prueba expuestos por la fiscalía y subsanar todas y cada una de sus omisiones y deficiencias. En tanto desestima los datos de prueba y argumentos planteados por la defensa, entre ellas las relativas a la exploración física, de persona cuya información fue proporcionada el día de la continuación de la audiencia inicial verificada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, por parte del perito Edgar Aquiles Espinosa Duarte y la entrevista de Olivia Orozco Tinoco, esposa del quejoso. Para evidenciarlo es conveniente recordar que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que las formalidades esenciales del procedimiento son: I. La notificación del inicio del procedimiento; II. La oportunidad de ofrecer y desahogar las 31 "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. [.]" ????????????? pruebas en que se finque la defensa; III. La oportunidad de alegar; IV. Una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y, V.La posibilidad de impugnarla. En ese contexto la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha determinado que trasladadas éstas al ámbito penal, se interpretan como aquellas que conforman el debido proceso, las cuales se pueden identificar en dos especies: La primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio. La segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. En el particular, fueron observadas todas las formalidades esenciales que conforman el debido proceso, pues el quejoso, como se dijo, estuvo asistido de un defensor particular; no se trata de un sujeto que requiera asistencia consular o la participación de algún intérprete especialista en alguna lengua originaria, ni se desprende que el imputado se encuentre en desventaja frente al ordenamiento jurídico, pues todas y cada una de sus prerrogativas constitucionales en lo que corresponde a una defensa adecuada fueron debidamente observadas, como ya se precisó al darse contestación a diversos conceptos de violación en los términos que quedaron precisados en párrafos precedentes. Máxime que durante la diligencia de formulación de la imputación se le dio oportunidad de declarar y no obstante ello, se reservó su derecho a realizar mayores manifestaciones, previo asesoramiento con su defensor. Aunado a que, como lo reconoce, el juez ponderó los medios de convicción de la defensa y al efecto señaló que con relación al dictamen emitido por el perito Edgar Aquiles Espinosa Duarte (en lo relativo al padecimiento de diabetes del imputado lo que le ocasiona disfunción eréctil), determinó que hasta ese momento procesal no se encontraba convalidado por uno diverso, por lo que señaló que esa opinión solamente era una mera probabilidad. En relación con la entrevista de la esposa del quejoso Olivia Orozco Tinoco, la responsable señaló que al encontrarse en contraposición con los datos que expuso el Ministerio Público no podía establecer cuál de ellos debía prevalecer ya que eso implicaría su valoración y ello sería incorrecto en ese momento procesal, pues los datos de prueba no podían ser valorados sino ponderados. De ahí que la actuación del juez responsable no fue como lo afirma la quejosa, pues a la luz de lo expuesto en párrafos precedentes se advierte que cumplió con lo establecido en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al advertir de las constancias que le fueron presentadas por la fiscalía que existían indicios razonables que establecieron que se había cometido un hecho que la ????????????? ley señala como delito y la probabilidad hasta ese momento de que en ese hecho tuvo participación el ahora quejoso. Sin que haya dejado de lado los datos de prueba aportados por la defensa, sino que únicamente estimó que ese momento procesal no era el oportuno para otorgarles valoración sobre los que demostraron indicios razonables de un hecho con apariencia de delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, pues ello se realiza en distinta etapa del procedimiento en donde, incluso, se confrontan los datos de prueba allegados a la causa y se otorga valor probatorio. En otro orden de ideas, también resulta infundado el argumento por el que el quejoso sostiene que el juez de control subsanó todas y cada una de las omisiones y deficiencias de la fiscalía, actuando de manera unilateral. Tal aserto se sostiene, en primer lugar, porque el juez responsable constitucionalmente se encuentra facultado para clasificar jurídicamente el hecho o hechos que son sometidos a su jurisdicción por el órgano investigador, aún si tal circunstancia no beneficia al imputado. Incluso, al resolver sobre el auto de vinculación a proceso, durante la acusación y hasta los alegatos de clausura en la fase de juicio. A más de que dicha reclasificación se realizaron con base en los mismos hechos con apariencia de delito que se evidenciaron con los datos de prueba. Incluso, con ello no se invaden las atribuciones conferidas a aquél, en virtud de que se rectifica el estudio del hecho delictivo que realizó, lo que resulta necesario para resolver acertadamente la litis y cumplir con una de las finalidades del sistema de justicia penal acusatorio, consistente en el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, permitir su defensa al imputado, y que los daños causados por el delito se reparen; esto es, la adecuada impartición de justicia, traducida en que la investigación continúe por el delito o delitos que efectivamente guarden relación con los hechos denunciados, para que no queden impunes y se repare el daño ocasionado a la víctima o parte ofendida. Por tanto, con tal proceder se respeta el principio de presunción de inocencia y le permite defenderse, en la medida en que se investiga al quejoso por el ilícito que realmente corresponde, sin que se afecte el derecho fundamental a una adecuada defensa, ya que el auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, pues incluso éste puede ser determinado en definitiva en la acusación, partiendo de la información que se recabe en la fase complementaria, lo que permite al imputado preparar su estrategia de defensa a partir de dicha información, pues subsisten los mismos hechos que sirvieron como base al Ministerio Público para formular imputación. A más de que no se aprecia que el juzgado responsable se hubiera pronunciado oficiosamente o subsanado alguna otra deficiencia relevante en perjuicio de los derechos fundamentales del quejoso. Además, si el imputado no está de acuerdo con la nueva clasificación, conforme al principio de contradicción, puede impugnar esa determinación mediante el recurso de apelación en términos del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, a través del juicio de amparo indirecto. A lo anterior resulta aplicable la ?????????????? Jurisprudencia emitida por Plenos del Primer Circuito,32 que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL DICTARLO, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE MODIFICAR LA CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CON APARIENCIA DE DELITO EFECTUADA POR EL ÓRGANO MINISTERIAL, AUN CUANDO NO BENEFICIE AL IMPUTADO. Conforme a las facultades previstas en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control, al dictar el auto de vinculación a proceso, puede clasificar jurídicamente el hecho o hechos con apariencia de delito que fueron materia de la imputación ministerial, aun si tal circunstancia no beneficia al imputado, pues con ello no se invaden las atribuciones conferidas al órgano investigador, en virtud de que se rectifica el estudio de tipicidad que realizó, lo que resulta necesario para resolver acertadamente la litis y cumplir con una de las finalidades del sistema de justicia penal acusatorio, consistente en la adecuada impartición de justicia, traducida en que la investigación se siga por el delito o delitos que guarden relación con los hechos denunciados, para que no queden impunes y se repare el daño ocasionado a la víctima o parte ofendida. Por tanto, con tal proceder se respeta el principio de presunción de inocencia, en la medida en que se investiga por el ilícito que realmente corresponde, sin que se afecte el derecho fundamental a una adecuada defensa, ya que el auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, pues incluso éste puede ser determinado en definitiva en la acusación, partiendo de la información que se recabe en las fases inicial y complementaria, lo que permite al imputado preparar su estrategia de defensa a partir de dicha información, pues subsisten los mismos hechos que sirvieron como base al Ministerio Público para formular imputación; además, si el imputado no está de acuerdo con la nueva clasificación, conforme al principio de contradicción, puede impugnar esa determinación mediante el recurso de apelación en términos del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, a través del juicio de amparo indirecto." Finalmente, no es necesario que este juzgado se pronuncie respecto de los alegatos expuestos por el fiscal adscrito, pues no forman parte de la Litis, ni proponen alguna causa de improcedencia. 32 Visible en la página 1283 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, Materia Penal, Décima Época, registro 2021559. En tal virtud, ante lo ineficaz de los conceptos de violación analizados, con fundamento en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, lo que se impone es NEGAR EL AMPARO, respecto del auto de vinculación a proceso reclamado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Antonio Sánchez Chávez, contra el acto del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región La Piedad, en La Piedad, Michoacán), por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veinticinco de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada Marbella Juárez García. Se declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo IV-387/2021 promovido por Antonio Sánchez Chávez contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Región La Piedad, Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Por otro lado, en este acto se da cuenta con la promoción registrada con el número 1859, para su acuerdo. Así también, se hace constar que en el presente juicio se emplazó a los terceros interesados, esto es, al menor de edad de iniciales O.R.J. y a Esthela Jiménez Ambriz, por conducto de su asesor jurídico Luis Alejandro Madrigal Munguía, así como a las licenciadas Dante René Vieyra Castro y María Cristina Higareda Cabezas, Agentes del Ministerio Público de Litigación de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán, lo que se advierte de las constancias de notificación que obran en el presente expediente. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede, y en torno al escrito presentado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, provéase lo conducente en la etapa procesal correspondiente. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Región La Piedad, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe las pruebas siguientes: Dos discos compactos. Documental consistente en índice cronológico de la audiencia de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno (vinculación a proceso). Medios probatorios que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por desahogados en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que los formuló la Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, a través del pedimento presentado en esta propia fecha. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. LIC. MARBELLA JUÁREZ GARCÍA.
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