Antonio Soto Ramírez

Expediente 304/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
304/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
31/07/2018

Partes del expediente

  • Antonio Soto Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Se declara que ha causado ejecutoria sentencia de amparo. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, a la parte quejosa que es a quien perjudica el sentido de la resolución, para que interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia de once de julio de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el amparo en el juicio en que se actúa; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Devolución de tomo de prueba. Finalmente, hágase devolución a la autoridad responsable del toca de apelación I-271/2016 en dos tomos, así como el cuaderno de amparo relativo, que remitió a este órgano jurisdiccional como complemento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 304/2018-X promovido por Antonio Soto Ramírez contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo si existe tercero interesado, teniendo tal carácter la persona moral Asesores en Construcción y Extensión Agrícola, Sociedad Anónima de Capital Variable así como Ernesto Alfonso Padilla Ruíz Velasco, quienes se encuentran debidamente emplazados, como se advierte de las constancias. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado recibido con antelación y rendido por: Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación del informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe las documentales consistentes en: Testimonio del toca de apelación I-271/2016 en dos tomos, así como el cuaderno de amparo relativo, con los cuales se ordenó formar cuaderno tres tomos de pruebas por separado, documentales que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente el agente del ministerio público de la federación adscrito formuló alegatos a través del escrito presentado ante el oficial de partes de este juzgado, el veintitrés de abril del año en curso. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 304/2018-X, promovido por Antonio Soto Ramírez contra el acto del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho ante la autoridad señalada como responsable, recibido el nueve de abril del mismo año en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, turnado en esa misma data al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, Antonio Soto Ramírez compareció a demandar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en los términos siguientes: "ACTOS RECLAMADOS: Se reclama la sentencia dictada por la Autoridad Responsable, de fecha 21 veintiuno de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, dentro del toca número I-127/2016, relativo a la apelación que promovió el suscrito quejoso en contra de la RESOLUCIÓN tomada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán en la audiencia de remate llevada a cabo el día 4 cuatro de Julio del 2016 dos mil dieciséis, mediante la cual se adjudica al postor que compareció la parte alícuota de la fracción de terreno ubicado en el predio rústico denominado san Gregorio, municipio de Pénjamo, Guanajuato y de todo el procedimiento de remate que culminó con la adjudicación del mismo en favor del Tercero Interesado, ERNESTO ALFONSO PADILLA RUIZ, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 852/2010 que sobre pago de pesos y otras prestaciones promueve el diverso tercero Interesado, "ASESORES EN CONSTRUCCIÓN Y EXTENSIÓN AGRICOLA, S.A. DE C.V.", frente al suscrito, ANTONIO SOTO RAMÍREZ.". En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Incompetencia legal. Mediante acuerdo plenario de cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Décimo Primer Circuito radicó la demanda bajo el progresivo 266/2018 de su índice y declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, por considerar que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que, sin resolver el fondo del asunto, ponga fin al juicio, en términos del artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal y el diverso 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En tal virtud, se ordenó remitir las constancias al Juez de Distrito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para que se acordara lo conducente. CUARTO. Admisión y trámite del juicio de amparo. El diez de abril del año que transcurre, este Juzgado Tercero de Distrito se avocó al conocimiento de la demanda y la admitió a trámite; se formó y registró el expediente bajo el número 304/2018; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento. Por último, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se impugna una resolución emitida por una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, de análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho dictada por el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca número I-271/2016, mediante la cual confirmó la adjudicación decretada por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, dentro del procedimiento de ejecución del juicio ejecutivo mercantil 852/2010 de su índice. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las constancias remitidas por la propia autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, consistentes en el testimonio certificado de los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil 852/2010 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil en La Piedad, Michoacán; así como del testimonio certificado del toca de apelación I-271/2016 del índice de la responsable, dentro del cual se encuentra la resolución de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho que en este juicio se impugna. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: DOCUMENTOS PUBLICOS.". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". De inicio, este juzgador federal estima que la resolución reclamada en este juicio de amparo no es el último acto dictado dentro del procedimiento de remate, pues no es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación la fracción IV del diverso 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; causal de improcedencia que es aplicable en razón de que el aquí quejoso fue parte demandada en el controvertido de origen. No obstante lo anterior, es el caso que se considera actualizada la diversa contenida en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. [.]". [Lo resaltado no es de origen]. De la precitada porción normativa se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de ellas, razón por la cual es jurídicamente imposible entrar al fondo de la cuestión planteada en posterior juicio. La hipótesis que se actualiza en la especie, es la segunda, relativa a que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas en ejecución de las sentencias de protección constitucional, en las cuales se constriñe a las autoridades responsables a realizar determinadas y precisas acciones para cumplir con el fallo protector y, por ende, acatar éste conforme a los efectos determinados por el órgano de control constitucional. Es decir, se trata de resoluciones o actos que se encuentran dirigidos directamente a cumplir las ejecutorias dictadas en un juicio de amparo. Así las cosas, es un hecho notorio para este juzgador federal que ante este órgano jurisdiccional se tramitaron los diversos juicios de amparo 1001/2016 y 1002/2016, promovidos por los aquí terceros interesados, Asesores en construcción y extensión agrícola, S.A. de C.V. y Ernesto Alfonso Padilla Ruíz Velasco, en donde ambas personas reclamaron la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis dictada en el toca I-271/2016 que se formó con motivo del recurso de apelación interpuesto por Antonio Soto Ramírez -aquí quejoso-, en contra de la audiencia de remate celebrada el cuatro de julio de dos mil dieciséis, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil 852/2010. Mediante ejecutorias de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional sobreseyó en los juicios mencionados, al considerar que en ambos casos se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la resolución impugnada no se trata del último acto dentro del procedimiento de ejecución, esto es, no es la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien inmueble rematado. Inconformes con la anterior forma de resolver, los ahí quejosos interpusieron recurso de revisión, de los cuales conoció el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, bajo los progresivos 18/2017 y 37/2017 de su índice. En sesión de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, el órgano colegiado resolvió los medios de impugnación referidos; el primero en el sentido de revocar la sentencia dictada en el juicio de amparo 1002/2016 para conceder la protección constitucional solicitada; y, el segundo, en el sentido de confirmar y sobreseer la sentencia que recayó al diverso 1001/2016. En acatamiento al mandato de la superioridad, el nueve de febrero de dos mil dieciocho este Juzgado de Distrito reiteró a la autoridad responsable los efectos de concesión del amparo y se le requirió para que cumpliera el fallo protector en los términos siguientes: ".deje insubsistente la sentencia reclamada, y declare inoperante el agravio en el que le demandado atacó la publicación de los edictos convocando a postores, por no haber combatido en su oportunidad ni el auto que ordenó publicarlos en la forma que se hizo, ni las determinaciones subsecuentes que reiteraron la publicación en esos mismos términos, dejando subsistente la audiencia de remate en su décima primera almoneda, en la que fue adjudicado el inmueble a favor del impetrante.". [Subrayado es propio]. Así, en cumplimiento a lo anterior, el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, la Sala responsable dejó insubsistente la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis y siguiendo la obligación marcada en la ejecutoria de amparo, declaró inoperante el único agravio hecho valer por el demandado y ejecutado Antonio Soto Ramírez, mediante el que atacó la publicación de edictos en el Diario Oficial de la Federación, en los estrados del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán -ante quien se tramitó el juicio ejecutivo mercantil subyacente- y en los estrados del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil en turno del Partido Judicial de Pénjamo, Guanajuato, ya que no combatió en su oportunidad ni el auto que ordenó publicarlos en la forma en que se hizo, ni tampoco las determinaciones subsecuentes que reiteraron la publicación en los mismos términos, merced a lo cual dejó subsistente la audiencia de remate, en su décima primera almoneda, impugnada por vía de apelación, celebrada el cuatro de julio de dos mil dieciséis, en la que se adjudicó en favor del único postor Ernesto Alfonso Padilla Ruiz Velasco, el inmueble embargado, consistente en la parte alícuota de una fracción de terreno perteneciente al predio rústico denominado San Gregorio y localizado en el Municipio de Pénjamo, Guanajuato. Tal circunstancia fue materia de análisis en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dentro del juicio 1002/2016, por lo que en auto de dieciocho de abril de este año, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Conforme a lo anterior se evidencia que la resolución de veintiuno de febrero del año en curso impugnada en este juicio de amparo, se emitió en acatamiento de la protección constitucional concedida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil dentro del recurso de revisión 18/2017, que se formó con motivo del juicio de amparo 1002/2016 del índice de este juzgado, que promovió Ernesto Alfonso Padilla Ruiz Velasco, aquí tercero interesado. Lo anterior es así ya que a pesar de que la materia de estudio y de concesión de amparo, lo fue en lo relativo a la declaración de inoperancia de los agravios que hizo valer el demandado en cuanto a que éste no atacó la publicación de los edictos convocando a postores, ni el auto que ordenó publicarlos en la forma que se hizo y las determinaciones subsecuentes que reiteraron la publicación en esos mismos términos, también es cierto que se ordenó a la autoridad responsable dejar subsistente la audiencia de remate en su décimo primera almoneda, en la que se adjudicó el inmueble a favor del postor presente, con lo cual no se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable; es decir, su actuar se apegó estrictamente a la protección constitucional otorgada, pues así se le constriñó a hacerlo. Por esta razón, si el ahora quejoso pretende combatir en esta instancia constitucional el pronunciamiento de la Sala responsable en relación con la adjudicación de cuatro de julio de dos mil dieciséis, que fue confirmada por dicho órgano jurisdiccional en acatamiento de la protección constitucional concedida, es incuestionable que tal resolución fue emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Máxime que del contenido de sus conceptos de violación se advierte que el quejoso centra su impugnación en la violación a los artículos 1054 y 1063 del Código de Comercio, así como el artículo 753 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, de aplicación supletoria, bajo el argumento de que contra los actos relacionados con la ejecución, como lo pudiera ser el auto que ordena de convocatoria a postores, no procede recurso alguno; circunstancia que ya fue objeto de estudio por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión 18/2017, donde razonó la necesidad de que la parte perjudicada recurriera los términos en que fueron ordenadas las convocatorias respectivas. Incluso lo anterior se ve robustecido con el pronunciamiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo dentro del expediente 1002/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, donde mediante auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se declaró el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro de ese juicio constitucional, al encontrarse satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, dado que en lo esencial la responsable dejó insubsistente la sentencia que constituyó el acto reclamado, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca I-271/2016, y dictó otra, en la que declaró inoperante el agravio en el que el demandado atacó la publicación de los edictos convocando a postores, por no haber combatido en su oportunidad ni el auto que ordenó publicarlos en la forma que se hizo, ni las determinaciones subsecuentes que reiteraron la publicación en esos mismos términos, y dejó subsistente la audiencia de remate en su décima primera almoneda, en la que fue adjudicado el inmueble a favor del postor, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 852/2010; con lo que se restituyó a la parte quejosa -aquí tercero interesada- en el goce de las garantías violadas. Por su principio rector, se cita la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de las Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se transcriben enseguida: Época: Octava Época Registro: 394221 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 265 Página: 178 "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO. La emisión de una ejecutoria por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un hecho notorio para los ministros que lo integraron e intervinieron en la discusión y votación de la misma en la sesión relativa. Por tanto el contenido y existencia de tal ejecutoria, cuando así sea advertido por los integrantes de una Sala del propio Tribunal, puede introducirse como elemento de prueba en un juicio diverso, de oficio, sin necesidad de que se ofrezca como tal, o lo aleguen las partes, de acuerdo con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo. Octava Epoca: Amparo en revisión 1249/91. Residencial Campestre de Monterrey, S. A. de C. V. 15 de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1607/91. Residencial Campestre de Monterrey, S. A. de C. V. 15 de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1609/91. Residencial Campestre de Monterrey, S. A. de C. V. 15 de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1785/91. Grupo Pypsa, S. A. de C. V. 15 de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1795/91. Grupo Pypsa, S. A. de C. V. 15 de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. NOTA: Tesis 3a./J.2/93, Gaceta número 63, pág. 13; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI-Marzo, pág. 36.". Sin que sea el caso ordenar que se certifiquen las constancias relativas al juicio de amparo que se invoca, pues basta con tenerlas a la vista cuando se dicta este acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el epígrafe y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 172215 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Junio de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 103/2007 Página: 285 "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 91/2014, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 24 de marzo de 2014.". Corolario a lo anterior, este juzgador considera que el acto impugnado en la vía constitucional no puede ser examinado, ya que es uno de aquellos emitidos por la autoridad responsable con el propósito de acatar la sentencia pronunciada en el referido juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, procede SOBRESEER en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; respecto del acto cuestionado al Es aplicable al caso, por los motivos que la informan, la Jurisprudencia I.4o.C. J/49 sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: Época: Octava Época Registro: 220704 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Enero de 1992 Materia(s): Común Tesis: I.4o.C. J/49 Página: 113 "SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDENCIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL CONTRA ACTOS EMITIDOS EN PARTE PARA CUMPLIMENTARLAS. El artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo determina expresamente la improcedencia del juicio de garantías contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La citada causa de improcedencia opera en sus términos cuando un acto de autoridad obedece totalmente al cumplimiento de una resolución proveniente de un juicio de amparo, y conduce al desechamiento de la demanda, si se advierte de modo manifiesto e indudable inicialmente, o a decretar el sobreseimiento cuando se emita la sentencia. No obstante, existen actos de autoridad en los cuales sólo una parte se emite como cumplimiento de una resolución dictada en un juicio de amparo, y la otra se produce por la responsable de propia autoridad, obedeciendo a lo que el órgano considera correspondiente a sus facultades o incluso fuera de ellas, pero motu proprio. En esta hipótesis no opera la causa de improcedencia en comento, en tanto que se trata de un acto de autoridad unitario, es decir, realizado en una unidad que no se puede dividir para desechar la demanda, por lo que toca a una de sus partes y admitirla respecto a la otra; de manera que basta la existencia de la parte del acto no vinculada al cumplimiento de lo decidido en un juicio constitucional, para proceder a la admisión de la demanda, desde luego, si se cumplen los demás requisitos fijados en la ley. Ahora bien, la situación apuntada no se traduce en hacer nugatoria la prohibición implícita contenida en la disposición en comento, de examinar en un mismo juicio de garantías lo resuelto en otro juicio de la misma clase, sino únicamente en ajustar su aplicación a la peculiaridad del caso concreto, esto es, a que al dictar la sentencia sólo se decida en ella sobre las cuestiones atinentes a la parte del acto reclamado que no se encuentra emitido en acatamiento de la resolución de amparo, y se rechacen las demás cuestiones planteadas en los conceptos de violación, sin hacer ningún pronunciamiento sobre su validez legal. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 709/90. Luis Guillermo Salinas Peralta. 15 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. Amparo directo 6054/90. Patricia Puga Cuevas de Villaseñor y otro. 21 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: José Juan Bracamontes Cuevas. Amparo directo 2914/91. Comisión Federal de Electricidad. 15 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. Amparo directo 5182/91. Bertha Alducin de Pérez y otro. 7 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. Amparo directo 3719/90. Francisco Arroyo Alva. 12 de diciembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. Nota: Esta tesis aparece publicada en la Gaceta 49, Enero de 1992, página 111. También aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1022, página 703.". Asimismo, son aplicables al caso, las diversas tesis aisladas, que establecen: Época: Octava Época Registro: 218552 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Septiembre de 1992 Materia(s): Común Tesis: I.4o.A.44 K Página: 285 "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACION DE LA FRACCION II, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE LA MATERIA. Las resoluciones dictadas por los órganos de control constitucional, juzgados de Distrito y tribunales colegiados, pueden ser de nueva cuenta revisados en los casos en que la ley lo permite y de acuerdo con los recursos en ella previstos, pero ni la decisión de fondo o cualquier otro tipo de proveído contenido en la sentencia de amparo, puede ser impugnado a través de un nuevo juicio constitucional. Tal principio descansa en la ley y en la lógica; la fracción II, del artículo 73 de la Ley de Amparo, hace improcedente el juicio constitucional "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". El precepto transcrito no distingue, entre la decisión que respecto al fondo se pronuncie y que resuelve el planteamiento constitucional y los diversos proveídos que pueden estar contenidos en una ejecutoria; contra de estas resoluciones como en las primeras, no es dable promover demanda de amparo, ya que no compete a un órgano de control constitucional analizar los actos de otro órgano de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad. La improcedencia prevista por la fracción II, del artículo antes citado, también se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería inevitable. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 304/92. Jorge Sánchez Magallán y otros. 13 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretario: Oscar Germán Cendejas Gleason.". Época: Novena Época Registro: 165540 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Enero de 2010 Materia(s): Común Tesis: XVIII.2o.19 K Página: 2131 "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ASPECTOS QUE ACTUALIZAN LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. Para actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece: "El juicio de amparo es improcedente ... II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.", en primer lugar, es necesario destacar cuáles son los efectos específicos de la sentencia que concedió el amparo para advertir si se constriñó a la autoridad responsable a realizar determinadas actuaciones, o bien, se le dieron lineamientos concretos que debía realizar en cumplimiento al fallo protector a fin de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada y, en segundo, una vez analizado el acto reclamado, habrá de confrontarse con los efectos de la sentencia protectora para determinar si se trata o no de una resolución dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta; pues sólo de esa manera, esto es, descartando que no se dejó plenitud de jurisdicción, sino que se dieron directrices de cómo debería dictarse el nuevo acto, puede llegarse a la conclusión inequívoca de que existe correspondencia entre éste -acto reclamado- y el fallo constitucional y, en consecuencia, la improcedencia del nuevo juicio de amparo en su contra. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. Amparo en revisión 371/2009. Sergio Rodrigo Valdespín Pérez y otros. 12 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Nicolás Nazar Sevilla. Secretario: José Luis Castillo Romero.". Por lo que con ello, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el agraviado, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables y que con antelación se precisaron. Tiene aplicación la jurisprudencia que se transcribe enseguida: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Antonio Soto Ramírez contra el acto que reclamó de la autoridad responsable precisada, en términos del considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a nueve de julio de dos mil dieciocho. Devuelve exhorto diligenciado. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por el cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 294/2018-151.E., el cual se envió para que emplazara al tercero interesado Ernesto Alfonso Padilla Ruíz, y le requiriera en los términos ahí indicados. En consecuencia, intégrense a los autos dichas constancias, dese de baja del libro de comunicaciones y acúsese el recibo correspondiente por la vía electrónica. Se hace efectivo apercibimiento. Finalmente, como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de tres días concedido al tercero interesado para que señalara domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento que les fue decretado en auto de diez de abril del año en curso y con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo se ordena notificar al tercero interesado de que se trata el contenido de este proveído así como aquellos que deban notificarse de manera personal por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que será de esta manera hasta en tanto no proporcione un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de julio de dos mil dieciocho. Juzgado auxiliar informa gestiones. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta remitido por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual, informa las gestiones realizadas para lograr la diligenciación del exhorto 294/2018-151.E, dictado por este juzgado el diez de abril del año en curso, enviado para efecto de que emplazara al tercero interesado Ernesto Alfonso Padilla Ruíz. De lo anterior se toma conocimiento para todos los efectos legales procedentes, en la espera de las constancias correspondientes. Notifíquese.

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