Antonio Regalado Padilla
Expediente 247/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 247/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Regalado Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo y 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en que se decretó su sobreseimiento. INCIDENTE No se hace pronunciamiento en relación al incidente de suspensión en razón de que no se solicitó la medida cautelar. ANOTACIONES Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.Rcl
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Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por ********************.********************DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO.********************Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alfredo Montoya Revilla, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecinueve de julio al dos de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/1784/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 247/2021, promovido por Iván Torres Hernández, apoderado de Antonio Regalado Padilla, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, en la misma data, Antonio Regalado Padilla, por conducto de su apoderado, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en los términos siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de la autoridad responsable de Administrar Justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral número 898/2019, tramitado ante la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en el Estado de Michoacán, ya que a la fecha de presentación de la demanda de garantías, la responsable no ha señalado día y hora para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se formó el expediente y lo registró bajo el número 247/2021, y por auto de veintitrés de marzo del año en curso, se admitió la demanda de garantías; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, dentro del juicio laboral número 898/2019, tramitado ante la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad. TERCERO. Inexistencia de la omisión reclamada. La autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, negó la existencia de la omisión que se le reclama, aduciendo que se han fijado en diversas ocasiones fecha para la audiencia de inicio en el juicio de origen. Lo anterior se robustece con las constancias que remitió la junta responsable, relativas a los proveídos de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, diez de marzo dos mil veinte, doce de mayo de dos mil veinte y seis de diciembre de dos mil veinte, mediante los cuales la junta responsable, fijo fecha y hora de manera continua para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones en el juicio laboral número 898/2019, siendo en el último de esos proveídos en el que señaló las once horas del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Lo anterior permite afirmar que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintidós de marzo de dos mil veintiuno-, la omisión calificada como lesiva de los derechos fundamentales del quejoso, no existía, porque sí había realizado actuación necesaria para fijar fecha y hora para la audiencia de inicio, esto es, ya que desde el seis de diciembre de dos mil veinte, la responsable se había pronunciado al respecto. Cabe precisar que la existencia de los actos u omisiones de autoridad deben analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la actuación u omisión de la autoridad no existía a la presentación de la demanda de amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio por inexistencia de la omisión reclamada. En ese orden de ideas, ante la inexistencia de la omisión reclamada a la anotada autoridad responsable, y dada la falta de pruebas por parte de la quejosa que demostrara lo contrario, resulta procedente con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a la autoridad aquí precisada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 196080 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Junio de 1998 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Página: 53 "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Amparo en revisión 1241/97. Super Car Puebla, S.A. de C.V. 25 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga. También es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Sexta Época Registro: 1002350 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 305 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 698/58.-Oranimatla, S.A.-15 de noviembre de 1960.-Mayoría de quince votos.-Ponente: Gilberto Valenzuela. Amparo en revisión 1275/55.-Rodolfo Luna y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-Ponente: Ángel González de la Vega. Amparo en revisión 4689/57.-Adolfo Aguilar Borja y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 6131/57.-Antonio Macías Caballero y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 2850/59.-Inmobiliaria Málaga, S.A.-22 de marzo de 1961.-Unanimidad de quince votos.-Ponente: Franco Carreño. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 236, Pleno, tesis 284". En consecuencia, dado que la negativa informada por la responsable no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni demostrado en el cuaderno de amparo, con evidencia alguna la existencia de las omisiones reclamadas antes indicadas, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en relación a dichas omisiones, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: Época: Séptima Época Registro: 394465 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 509 Página: 335 "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Séptima Epoca: Amparo en revisión 588/62. Gregorio Escobar y coags. 2 de julio de 1962. Cinco votos. Amparo en revisión 1543/69. Angelina Meza Esquerra. 22 de enero de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 4444/69. Enrique Villegas Montes y coags. 4 de febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1391/70. Carmen Gibsón de Cobera. 24 de septiembre de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 6171/69. Poblado Comunal de San Rafael Ixtapaluca, Mpio. de Tlahuapan, Puebla. 30 de septiembre de 1970. Unanimidad de cuatro votos". En las relatadas circunstancias, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción IV, del cuerpo normativo en cita. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Antonio Regalado Padilla, en contra de la autoridad y por el acto precisado en el considerando tercero de esta resolución, por las razones insertas en este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe. - Doy fe.
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MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 247/2021, promovido por Iván Torres Hernández, apoderado de Antonio Regalado Padilla, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, en la misma data, Antonio Regalado Padilla, por conducto de su apoderado, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en los términos siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de la autoridad responsable de Administrar Justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral número 898/2019, tramitado ante la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en el Estado de Michoacán, ya que a la fecha de presentación de la demanda de garantías, la responsable no ha señalado día y hora para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se formó el expediente y lo registró bajo el número 247/2021, y por auto de veintitrés de marzo del año en curso, se admitió la demanda de garantías; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, dentro del juicio laboral número 898/2019, tramitado ante la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad. TERCERO. Inexistencia de la omisión reclamada. La autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, negó la existencia de la omisión que se le reclama, aduciendo que se han fijado en diversas ocasiones fecha para la audiencia de inicio en el juicio de origen. Lo anterior se robustece con las constancias que remitió la junta responsable, relativas a los proveídos de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, diez de marzo dos mil veinte, doce de mayo de dos mil veinte y seis de diciembre de dos mil veinte, mediante los cuales la junta responsable, fijo fecha y hora de manera continua para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones en el juicio laboral número 898/2019, siendo en el último de esos proveídos en el que señaló las once horas del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Lo anterior permite afirmar que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintidós de marzo de dos mil veintiuno-, la omisión calificada como lesiva de los derechos fundamentales del quejoso, no existía, porque sí había realizado actuación necesaria para fijar fecha y hora para la audiencia de inicio, esto es, ya que desde el seis de diciembre de dos mil veinte, la responsable se había pronunciado al respecto. Cabe precisar que la existencia de los actos u omisiones de autoridad deben analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la actuación u omisión de la autoridad no existía a la presentación de la demanda de amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio por inexistencia de la omisión reclamada. En ese orden de ideas, ante la inexistencia de la omisión reclamada a la anotada autoridad responsable, y dada la falta de pruebas por parte de la quejosa que demostrara lo contrario, resulta procedente con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a la autoridad aquí precisada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 196080 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Junio de 1998 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Página: 53 "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Amparo en revisión 1241/97. Super Car Puebla, S.A. de C.V. 25 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga. También es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Sexta Época Registro: 1002350 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 305 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 698/58.-Oranimatla, S.A.-15 de noviembre de 1960.-Mayoría de quince votos.-Ponente: Gilberto Valenzuela. Amparo en revisión 1275/55.-Rodolfo Luna y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-Ponente: Ángel González de la Vega. Amparo en revisión 4689/57.-Adolfo Aguilar Borja y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 6131/57.-Antonio Macías Caballero y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 2850/59.-Inmobiliaria Málaga, S.A.-22 de marzo de 1961.-Unanimidad de quince votos.-Ponente: Franco Carreño. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 236, Pleno, tesis 284". En consecuencia, dado que la negativa informada por la responsable no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni demostrado en el cuaderno de amparo, con evidencia alguna la existencia de las omisiones reclamadas antes indicadas, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en relación a dichas omisiones, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: Época: Séptima Época Registro: 394465 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 509 Página: 335 "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Séptima Epoca: Amparo en revisión 588/62. Gregorio Escobar y coags. 2 de julio de 1962. Cinco votos. Amparo en revisión 1543/69. Angelina Meza Esquerra. 22 de enero de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 4444/69. Enrique Villegas Montes y coags. 4 de febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1391/70. Carmen Gibsón de Cobera. 24 de septiembre de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 6171/69. Poblado Comunal de San Rafael Ixtapaluca, Mpio. de Tlahuapan, Puebla. 30 de septiembre de 1970. Unanimidad de cuatro votos". En las relatadas circunstancias, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción IV, del cuerpo normativo en cita. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Antonio Regalado Padilla, en contra de la autoridad y por el acto precisado en el considerando tercero de esta resolución, por las razones insertas en este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe. - Doy fe.
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