Antonio Sandoval Malagón
Expediente 524/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 39 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 27/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Sandoval Malagón y Otros.
- Antonio Sandoval Malagón
- María Dolores Sandoval Malagón
- Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI en esta ciudad
- Ma. Carmen Sandoval Malagón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintisiete de abril de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO DE BILLETE DE DEPÓSITO. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio electrónico de cuenta remitido por el Profesional Ejecutivo de la Subdirección de Garantías "B" de la Tesorería de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del billete de depósito número N-703960, valioso por la cantidad de cuatro mil pesos, moneda nacional; asimismo, informa que procedió a hacerlo efectivo a favor del Erario Federal. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.rglCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés. SE PRESCRIBE BILLETE DE DEPÓSITO A FAVOR DEL ERARIO FEDERAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se desprende que el término de dos años de que disponía el quejoso ANTONIO SANDOVAL MALAGÓN, para que compareciera, ante este juzgado a recoger el billete de depósito número N-703960, valiosos por la cantidad de cuatro mil pesos, moneda nacional, mismo que se dejó a su disposición en proveído de diecinueve de septiembre de mil diecinueve, comenzó a correr, el uno de octubre de dos mil diecinueve y feneció el ocho de marzo de dos mil veintidós, ya que la notificación por lista de dicho auto, practicada el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, surtió efectos el veintisiete de ese mismo mes y año. Lo anterior, tomando en consideración a la suspensión de plazos y términos procesales que prevaleció del dieciocho de marzo al tres de agosto de dos mil veinte (cuatro meses dieciséis días), y del veintiuno de diciembre del año en cita al once de enero de dos mil veintiuno (veintidós días), de conformidad a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, así como a lo informado a través de la Circular CAP/4/2020, emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por lo tanto, a la fecha ha transcurrido, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se declara que el citado documento bancario ha prescrito a favor del Erario Federal, por tanto, efectúese la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación en la Ciudad de México; en el concepto de que la citada autoridad deberá informar a este juzgado dentro de los diez días siguientes a partir de su recibo, el destino que le haya dado al billete de depósito aludido, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se impondrá en su contra alguno de los medios de apremio establecidos en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ANTONIO, MARÍA DOLORES y MA. CARMEN, todos de apellidos SANDOVAL MALAGÓN, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 y del Delegado del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en esta ciudad. Así, en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a las autoridades responsables a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichas autoridades no tenían superior jerárquico que les ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Luego, por oficios presentados el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve y veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (previos requerimientos diversos formulados a la responsable), la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, allegó las constancias tendentes a acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Posteriormente, mediante oficio presentado el cinco de enero de este año, la autoridad responsable allegó copias certificadas de la resolución de seis de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio agrario 604/2016 y donde con base en el convenio conciliatorio suscrito por las partes, se tuvo por terminada la controversia y se ordenó el archivo del citado juicio; de lo anterior tomó nota este órgano jurisdiccional y aún y cuando esa actuación no constituía un lineamiento impuesto a la responsable en la ejecutoria de amparo, se ordenó tomar en consideración al momento de emitir el presente pronunciamiento. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "I. Deje insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 604/2016 y sus consecuencias, tales como la inscripción que de dicha sentencia realizó el Delegado del Registro Agrario Nacional; y, II. En su lugar, ordene la reposición del procedimiento para el efecto de que los quejosos sean llamados al mismo, a efecto de que puedan deducir el derecho que aducen tener." 1) En auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio agrario número 604/2016, se dejó insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil dieciséis, y sus consecuencias, tales como la inscripción de sentencia realizada por el Delegado del Registro Agrario Nacional; y donde además, se ordenó la reposición del procedimiento para efecto de llamar a los aquí quejosos; y, 2) El dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, realizó la anotación marginal de cancelación de la sentencia del juicio agrario 604/2016. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y las actuaciones desplegadas por las autoridades responsables, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Sin que pase inadvertido que, en el juicio agrario de origen número 604/2016, el seis de diciembre de dos mil veintiuno, con base en el convenio conciliatorio suscrito por las partes, se tuvo por terminada la controversia y se ordenó el archivo del citado juicio; sin embargo, dicha actuación se dio con posterioridad a aquella donde se cumplió con la materia medular de la concesión del amparo (dejar insubsistente todo lo actuado en el controvertido agrario de origen y ordenar reponer el procedimiento para llamar a los aquí quejosos) y por ende, atendiendo a la cronología de las actuaciones, no es factible que se pueda considerar que dejó sin materia al fallo protector y sí, en cambio, tener a la responsable por acatando la obligación que le fue impuesta en la sentencia de amparo. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Se reitera la devolución de billete. Dado que de la certificación de cuenta se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentran en resguardo el billete de depósito número N-703960, a nombre de Antonio Sandoval Malagón, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la suma de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), se reitera la devolución de dicho billete en los términos y condiciones que le fueron señaladas en el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Devolución de documentos Con fundamento en el invocado artículo 18 del Acuerdo General antes citado, contenido en el Capítulo Séptimo "Expedientes Depurables", requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recuperar los documentos (poderes notariales) que hubiere exhibido; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se concede, las documentales podrán ser destruidas. En el concepto de que, para llevar a cabo dicho trámite, la parte solicitante debe considerar que tendrá que generar una cita para ingresar a las instalaciones de este juzgado de distrito, mediante código QR. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ANTONIO SANDOVAL MALAGÓN, MARÍA DOLORES SANDOVAL MALAGÓN Y MA. CARMEN SANDOVAL MALAGÓN, POR SÍ O A TRAVÉS DE SU AUTORIZADO, EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENCENTE REFIERE: Número de expediente: 524/2019 Acuerdo: Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ANTONIO, MARÍA DOLORES y MA. CARMEN, todos de apellidos SANDOVAL MALAGÓN, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 y del Delegado del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en esta ciudad.Así, en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a las autoridades responsables a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichas autoridades no tenían superior jerárquico que les ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo.Luego, por oficios presentados el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve y veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (previos requerimientos diversos formulados a la responsable), la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, allegó las constancias tendentes a acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera.Posteriormente, mediante oficio presentado el cinco de enero de este año, la autoridad responsable allegó copias certificadas de la resolución de seis de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio agrario 604/2016 y donde con base en el convenio conciliatorio suscrito por las partes, se tuvo por terminada la controversia y se ordenó el archivo del citado juicio; de lo anterior tomó nota este órgano jurisdiccional y aún y cuando esa actuación no constituía un lineamiento impuesto a la responsable en la ejecutoria de amparo, se ordenó tomar en consideración al momento de emitir el presente pronunciamiento.Análisis del cumplimientoDe los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "I. Deje insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 604/2016 y sus consecuencias, tales como la inscripción que de dicha sentencia realizó el Delegado del Registro Agrario Nacional; y, II. En su lugar, ordene la reposición del procedimiento para el efecto de que los quejosos sean llamados al mismo, a efecto de que puedan deducir el derecho que aducen tener." 1) En auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio agrario número 604/2016, se dejó insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil dieciséis, y sus consecuencias, tales como la inscripción de sentencia realizada por el Delegado del Registro Agrario Nacional; y donde además, se ordenó la reposición del procedimiento para efecto de llamar a los aquí quejosos; y, 2) El dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, realizó la anotación marginal de cancelación de la sentencia del juicio agrario 604/2016.Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparoCon el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y las actuaciones desplegadas por las autoridades responsables, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Sin que pase inadvertido que, en el juicio agrario de origen número 604/2016, el seis de diciembre de dos mil veintiuno, con base en el convenio conciliatorio suscrito por las partes, se tuvo por terminada la controversia y se ordenó el archivo del citado juicio; sin embargo, dicha actuación se dio con posterioridad a aquella donde se cumplió con la materia medular de la concesión del amparo (dejar insubsistente todo lo actuado en el controvertido agrario de origen y ordenar reponer el procedimiento para llamar a los aquí quejosos) y por ende, atendiendo a la cronología de las actuaciones, no es factible que se pueda considerar que dejó sin materia al fallo protector y sí, en cambio, tener a la responsable por acatando la obligación que le fue impuesta en la sentencia de amparo.En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta.Se reitera la devolución de billete.Dado que de la certificación de cuenta se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentran en resguardo el billete de depósito número N-703960, a nombre de Antonio Sandoval Malagón, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la suma de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), se reitera la devolución de dicho billete en los términos y condiciones que le fueron señaladas en el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.Devolución de documentos Con fundamento en el invocado artículo 18 del Acuerdo General antes citado, contenido en el Capítulo Séptimo "Expedientes Depurables", requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recuperar los documentos (poderes notariales) que hubiere exhibido; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se concede, las documentales podrán ser destruidas. En el concepto de que, para llevar a cabo dicho trámite, la parte solicitante debe considerar que tendrá que generar una cita para ingresar a las instalaciones de este juzgado de distrito, mediante código QR. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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