Antonio Sánchez Medina

Expediente 710/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
710/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
20/09/2019

Partes del expediente

  • Antonio Sánchez Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. ACUSA RECIBO. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por la Actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 13585 del índice de este juzgado, así como anexos que al mismo se acompañaron; en tal virtud, téngasele informando que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, a través de sus autorizados, en contra de la sentencia de veintitrés de agosto pasado; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.JLL

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA MANIFESTACIONES. Visto el escrito de cuenta signado por la autoridad responsable, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en vías de alegatos respecto del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en autos. Atento a lo anterior, se ordena remitir el original del escrito que se acuerda, previa copia simple se deje en autos para que obre como constancia, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, que por razón de turno haya conocido del recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa; por tanto, se ordena realizar el envío por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos tribunales, toda vez que a la fecha se desconoce a cuál fue turnado el referido medio de impugnación, haciéndole del conocimiento que el mismo fue remitido mediante oficio 13585, de doce de septiembre del año en curso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil diecinueve. SE ORDENA ENVIÓ DE RECURSO DE REVISIÓN AL TRIBUNAL COLEGIADO. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que en proveído de nueve de septiembre del año en curso, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer la parte quejosa, en contra de la sentencia de veintitrés de agosto pasado, y que la interposición de dicho medio de impugnación ha sido notificada a las partes; en consecuencia, se ordena remitir el original del juicio de amparo en que se actúa, original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del medio de impugnación de que se trata. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente II-710/2019, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. LEONEL LÓPEZ PÉREZ, SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY, CON MOTIVO DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL CONCEDIDO AL TITULAR DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, EN TÉRMINOS DEL OFICIO CCJ/ST/2924/2019, SIGNADO POR EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo II-710/2019, promovido por Antonio Sánchez Medina, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes), con sede en esta ciudad; hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. ENCARGADO DEL DESPACHO: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por el Director General del Centro SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes), con sede en esta ciudad. ENCARGADO DEL DESPACHO: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó diversas documentales a su escrito inicial de demanda, así como a sus escritos presentados el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, y veintitrés de julio del año en curso. Por su parte, la autoridad responsable remitió diversas documentales mediante oficio presentado el treinta de julio de dos mil diecinueve. ENCARGADO DEL DESPACHO: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir alguna otra que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo II-710/2019, promovido por Antonio Sánchez Medina; y, RESULTANDO: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Antonio Sánchez Medina, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director del Centro SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes), con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró la misma bajo el número de expediente II-710/2019 y en proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue levantada como se advierte del acta que antecede, y presidida por el licenciado Leonel López Pérez, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2924/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA."; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al contenido de la demanda, el acto reclamado por el quejoso consisten en: ? La negativa de reincorporarlo como trabajador a su plaza de base y categoría de trabajador sindicalizado, dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Director General del Centro SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes), con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que acompañó el quejoso, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este juzgador de oficio advierte que en el presente caso se actualiza dicha causal de improcedencia, la cual está prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, este último aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5°. Son partes en el juicio: I. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por leyes o actos de autoridad deben entenderse aquéllas disposiciones de orden público que en forma voluntaria e intencional, ya sea en sentido positivo o negativo, esto es, por acción u omisión, emitidas por un órgano del Estado, que pueden consistir en una decisión o ejecución, o en ambas a la vez; que normalmente producen una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, y se imponen a los particulares en forma imperativa, unilateral y coercitiva. Destacado lo anterior, es pertinente traer a colación que conforme a lo dispuesto por el numeral 5°, fracción II, de la ley de la materia, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo cabe decir que en torno al tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Atento a lo anterior, es de colegir que, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplen con las características precisadas, esto es, aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Cabe agregar que para analizar si los actos reclamados son emitidos por autoridades, también resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, no sólo debe atenderse a sus características, sino también a la distinción de las relaciones jurídicas que se dan con éstas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior como gobernante. El derecho de petición, como derecho público subjetivo, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente público, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación, para que surja el derecho público del quejoso a que se le dé contestación y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión a ese derecho. De lo que se desprende que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales tutelados a favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la ley de la materia. De esta manera, cabe decir, que es necesario proceder a examinar si la naturaleza de los actos reclamados por los quejosos a los funcionarios señalados como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quienes se señaló en la demanda de amparo como autoridades, realmente lo son o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que los quejosos la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad autoridad en un caso concreto. De la lectura integral de las constancias que obran en el juicio de amparo, se pone de manifiesto que el acto reclamado lo constituye: ? La negativa de reincorporarlo como trabajador a su plaza de base y categoría de trabajador sindicalizado, dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora bien, respecto del acto reclamado, debe decirse que aun cuando los organismos públicos descentralizados tomen decisiones que pudieran afectar los derechos de sus trabajadores, no son autoridades para efectos del juicio de ampro porque no actúan por mandado de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. Ello, porque si bien de conformidad con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la misma ley señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por otro lado, si bien el Director General del Centro SCT Michoacán, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en esta ciudad puede tener el carácter de autoridad con motivo de sus atribuciones, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por éste, o aquéllos en los que intervengan, deban considerarse como actos de autoridad; y que por tanto, en la especie, los actos que se le imputan, deban ser considerados como tales para los efectos del juicio, de ahí que se haga necesario analizar la naturaleza de los mismos virtud a la relación que exista entre el Organismo Público Descentralizado "Secretaría de Comunicaciones y Transportes" y el quejoso. Así se tiene que el quejoso reclama la negativa por parte del Director General del Centro SCT Michoacán, se la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de reincorporarlo como trabajador a su plaza de base y categoría de trabajador sindicalizado, dentro de la propia secretaría, en la que actualmente se desempeña como empleado de confianza con el puesto de Enlace CPF1100001. Lo anterior conduce a considerar que el acto reclamado, no se suscitó en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es entre gobernante y gobernado por actuar el primero en un plano superior al segundo, sino en una relación de coordinación, esto es en un plano de igualdad, toda vez que la determinación reclamada, esto es, la negativa de reincorporarlo como trabajador a su plaza de base y categoría de trabajador sindicalizado, dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue emitida por el Director General de dicha secretaría en su calidad de patrón del trabajador aquí quejoso, por lo que se dan en un marco de coordinación. En ese orden de ideas, del acto reclamado no se advierten características distintivas de los actos de autoridad, es decir, que se hayan originado en un plano de supra a subordinación, sino por el contrario se dan en el ámbito de coordinación que existe entre el quejoso y la autoridad responsable, pues se refiere a la respuesta que el Director del Centro SCT Michoacán, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizó respecto de la solicitud del trabajador de dicha dependencia al hoy quejoso Antonio Sánchez Medina para que fuera reincorporado a una plaza y categoría que previamente ostentaba dentro de la misma fuente de trabajo, lo que deriva en una relación meramente laboral. Es decir, el acto reclamado fue emitido por la autoridad señalada como responsable respecto de la relación laboral que tiene con el ahora quejoso, pues el oficio 6.15.426.0396/2019, a través del cual dio respuesta al aquí quejoso respecto de su solicitud para ser reincorporado a su plaza de base y categoría de trabajador sindicalizado, no va dirigido a este último en su calidad de gobernado, sino en función del vínculo laboral que aquella tiene con éste, es decir, del marco de una relación patrón-trabajador. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de un acto de autoridad, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee el juicio de amparo. Sustentan esta determinación, las tesis de la Segunda Sala y de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 293 y 666-667 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, así como el criterio sustentado por el cuyo respectivo rubro y tenor son: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193, Bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193) de la Ley Reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la Jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis Jurisprudencial, puesto que la indicada tesis Jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 Bis, de la Ley en cita, constituye la disposición legal a que alude dicha fracción". Asimismo, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en la tesis III.40 C.10K (10a.), visible a página 1825, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que versa: AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad. QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 37, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Antonio Sánchez Medina, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO.- Publíquese esta sentencia en los términos indicados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2924/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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