Antonio Sánchez Chávez

Expediente 597/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
597/2020
Año
2020
Actuaciones
24
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Antonio Sánchez Chávez
  • Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán y Otros.
  • Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintidós. Solicita que se notifique sentencia. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Antonio Sánchez Chávez, a través del cual solicita que se le notifique al Juez responsable el auto de siete de abril del año en curso, en que causó ejecutoria la sentencia emitida en autos; en tal virtud, dígasele que el oficio 7185, girado con motivo de dicha actuación, se le notificó a la referida autoridad el cuatro de mayo de la presente anualidad, como consta del acuse de recibo glosado a foja 233. No obstante, a fin de evitar cualquier dilación en la causa penal de origen, motivada por la razón que expone en su escrito, se ordena reimprimir y enviar el referido oficio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.Dva

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de abril de dos mil veintidós. Vista con estado de autos; causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, de la cual se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de dos de febrero del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al quejoso Antonio Sánchez Chávez; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Devolución de cuadernos de prueba. Devuélvase al Juez responsable la documental que remitió como sustento de su informe justificado, consistente en un disco que contiene copia digital certificada de diversas actuaciones verificadas dentro de la causa penal de origen. Se ordena archivo físico. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación y escrito con los que se da cuenta, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente. Tomando en consideración lo anterior, no obstante que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, al encuadrar en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido acuerdo, en razón de haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal. Incidente de suspensión. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que, por una parte, se concedieron las medidas cautelares solicitadas. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese tanto el juicio como el original de los cuadernos de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintidós. Remite información. Visto el oficio de cuenta signado por la Directora Regional de Litigación de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que el fiscal Dante René Vieyra Castro, se encuentra a cargo de la adscripción que ocupaba la agente del Ministerio Público María Cristina Higareda Cabezas, en cuanto tercera interesada; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Visto el estado de autos, se obtiene que el citado fiscal Dante René Vieyra Castro, también tiene reconocido el carácter de autoridad tercera con interés, por lo que se estima innecesario el reenvío del oficio 19045 relativo al auto de nueve de diciembre del año en curso. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.Dva

  4. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo V-597/2020, promovido por Antonio Sánchez Chávez, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zamora, Michoacán. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad de Morelia, el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno al día siguiente hábil, por Antonio Sánchez Chávez, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra un acto del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zamora, Michoacán. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman violados. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de uno de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado, registrándose la misma con el número de expediente V-597/2020; se solicitó de la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte (foja 50 de autos), se tuvo por sustituida a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zamora, Michoacán, para tener ahora como autoridad sustituta responsable al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, La Piedad, Michoacán, quien registró como nueva causa penal 65/2020, el procedimiento seguido en contra del aquí quejoso, y del que deriva el acto reclamado; por lo que se suspendió toda comunicación con la primera de las señaladas. Finalmente, tuvo lugar la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. En virtud de que en términos de lo dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, con tales funciones celebró la audiencia constitucional, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia de rubro "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER".1 CUARTO. Asignación de nuevo titular. Toda vez que a través de los oficios SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, se determinó que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, será éste quien habrá de emitir el presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad penal, con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, ampliación de la misma y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional. También su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, consiste en: La resolución de tres de septiembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 82/2020 (hoy 65/2020), en la que el juez del procedimiento negó decretar el sobreseimiento del proceso seguido contra el quejoso, por el delito de violación equiparada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora (hoy Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, La Piedad, Michoacán), al rendir su informe justificado (foja 25) admitió el acto que se le atribuye. Lo que se corrobora con las documentales y disco óptico que allegó como complemento de su informe, relativas a la causa penal 82/2020 (hoy 65/2020), de las que se advierte la existencia de la audiencia celebrada el tres de septiembre de dos mil veinte en la que negó decretar el sobreseimiento de la citada causa por lo que hace al aquí quejoso. Pruebas a las que se concede valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la ley que rige al juicio de amparo, lo que basta para demostrar con plenitud la existencia del acto impugnado. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, registro 394182, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703 del Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En tales condiciones, se tienen por demostrado el acto reclamado conforme a la diversa jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Tomo VI, de la misma fuente de consulta que la anterior, registro 917812, y que es del siguiente texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para comprender mejor la problemática suscitada en este asunto, es conveniente realizar una breve exposición de los antecedentes más relevantes del acto reclamado, que se advierten de las constancias de la causa penal 82/2020, hoy 65/2020, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, La Piedad, Michoacán. Datos, que se aprecian de las manifestaciones que narró el quejoso bajo protesta en su libelo constitucional, así como del disco compacto que el Juez responsable adjuntó a su informe justificado, a las que previamente se asignó eficacia convictiva plena: Que con fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, los elementos de la Policía Investigadora ejecutaron una orden de aprehensión en contra del quejoso, emitida dentro de la entonces causa penal 82/2020, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada, privándolo de su libertad y recluyéndolo en el Centro de Reinserción Penal en La Piedad, Michoacán (foja 05 de la demanda de amparo). Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formulación de la imputación dentro del proceso penal de donde deriva el acto reclamado, en la que se solicitó se resolviera la situación jurídica; luego se decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (foja 05 de la demanda de amparo). El diez de febrero de dos mil veinte, se dictó en contra del aquí quejoso el auto de vinculación a proceso, así como la prisión preventiva oficiosa (foja 06 de la demanda de amparo). Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, el imputado, a través de su defensor, pidió audiencia para solicitar el sobreseimiento de la causa penal; en atención a ello, el juez responsable proveyó de conformidad y, programó el día tres de septiembre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia especial en la que se resolvería tal cuestión (foja 06 de la demanda de amparo). La audiencia de solicitud de sobreseimiento tuvo verificativo en la citada fecha, donde el Juez de la causa la declaró improcedente (disco compacto versátil, foja 38 de autos). Determinación que constituye el acto reclamado. QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. En atención a que este órgano jurisdiccional no advierte de oficio que se actualice alguna causa de improcedencia, ni las partes hicieron valer, procede el análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran al no ser necesaria su transcripción. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, registro 164618, del texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa sustancialmente argumenta que la autoridad responsable, al pronunciarse negativamente sobre su petición de actualización de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 327, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no fundó ni motivó su determinación. Dicho lo anterior, se tiene que el quejoso Antonio Sánchez Chávez, a través de su defensor privado, solicitó el sobreseimiento de la entonces causa penal 82/2020 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, Acusatorio y Oral Región Zamora, seguida en su contra, por su probable participación en la comisión del delito de violación equiparada, en agravio de la víctima con resguardo de identidad de iniciales O.R.G.. Ello con fundamento en el artículo 327, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé la hipótesis de sobreseimiento cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; con el argumento de que con la prueba pericial en materia de medicina forense que ofertó, el infante no presenta desgarros anales propios de una violación, además que el quejoso sufre de disfunción eréctil, por lo que no pudo llevar a cabo el delito por el que se le acusa. Los conceptos de violación propuestos son infundados, sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de su exposición. Bien, de un análisis integral a las manifestaciones de la parte quejosa, refiere que la determinación del juez responsable es violatoria de los artículos 16 y 19 constitucionales, pues aduce que no se encuentra debidamente fundada ni motivada, así como que se violaron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento al no darle valor probatorio suficiente al informe pericial, ni contrainterrogar al experto, no obstante que tal experticias tiene los requisitos legales necesarios. Ello a fin de que se decretara el sobreseimiento de la causa penal que se sigue en su contra. Por eso es que, arguye, no existen datos suficientes sobre la existencia del delito y la responsabilidad probable del quejoso en su comisión. Luego, reitera, procedía decretar el sobreseimiento. Como se anticipó, el anterior motivo de disenso deviene infundado por las razones de derecho que se expondrán. El acto reclamado es la resolución de tres de septiembre de dos mil veinte, emitida en la entonces causa penal 82/2020, por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, que declaró infundada la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa del imputado Antonio Sánchez Chávez, acusado por el delito de violación equiparada. En principio es importante mencionar que en el sistema penal acusatorio, conforme al principio de contradicción, para que el Juez de Control pueda resolver las cuestiones sometidas a su consideración, debe abrir un debate entre las partes para que le den la información necesaria y controviertan los argumentos de su contraria; con base en lo cual motivará y fundamentará su decisión, a esto se le llama "control horizontal"; lo cual resulta vital para resolver, ya que si las partes no le dan al juzgador la información necesaria, es evidente que no se encuentra imposibilitado para resolver conforme a sus pretensiones. De ahí que las partes deben referir los hechos y datos de prueba que corroboren su dicho y, por su parte, la contraria debe realizar las manifestaciones respectivas de hecho o de derecho para restarles valor. Ello pues a diferencia del sistema mixto, los jueces en este sistema no tienen acceso a la carpeta de investigación o registros anteriores de la investigación. Tocante al incidente de sobreseimiento de la causa penal, puede plantearse en cualquier momento del proceso en caso de que se actualice alguna de las causas que establece el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es cuando: I. El hecho no se cometió. II. El hecho cometido no constituye delito. III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal. V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley. VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso. VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado. IX. Muerte del imputado. X. En los demás casos en que lo disponga la ley. Es decir, en el momento que una de las partes estime que se actualiza alguna de las hipótesis anteriores, podrá solicitar el sobreseimiento de la causa, pues tal numeral no sólo se limita a la fase de depuración del derecho de la audiencia intermedia en términos del artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello pues si bien la audiencia intermedia tiene como finalidad depurar el derecho, los hechos y las pruebas, lo cierto es que tratándose del incidente de sobreseimiento de la causa, tiene una tramitación especial, pues su actualización puede surgir en cualquier fase del proceso penal y no se limita a una etapa específica para promoverlo. Lo cual se afirma, ya que en el momento en que una de las partes advierta que surgieron medios de convicción que acrediten alguno de los supuestos anteriores, como por ejemplo, que el acusado falleció, que el hecho no existió, que se derogó el artículo que prevé la conducta como delito, etcétera; podrá acudir inmediatamente ante el juez para que fije dentro de las veinticuatro horas siguientes audiencia y determine su procedencia. Ahora bien, en el caso es pertinente referir que una vez abierto el debate de la audiencia incidental de sobreseimiento, el defensor del acusado solicitó el sobreseimiento de la causa, con fundamento en la fracción III del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque a su decir no existe el hecho delictivo respecto al delito de violación equiparada, ya que aparecía claramente establecida la inocencia del imputado en relación a dicho ilícito, intentando sostener su petición con diversos argumentos en los que solicitaba que se desahogara la pericial en materia de medicina forense a cargo del doctor Edgar Aquiles Espinosa Duarte. El juez de la causa accedió admitiéndole la prueba pericial en cita, por lo que una vez que se desahogó el diestro indicó que el inculpado padecía de disfunción eréctil, por lo que era muy probable que no haya cometido el delito por el cual se le acusaba. En relación con los argumentos y medios de prueba expuestos por la defensa, el Juez de Control responsable determinó que la solicitud formulada era improcedente, ya que la pericial que ofertó la defensa, en realidad era únicamente un dato de prueba, pues durante la etapa del proceso hay una etapa preliminar y otra de juicio oral. Luego, en esta última es donde se desahoga la prueba, donde se analiza de acuerdo a la legislación procesal, el contenido mismo de la prueba y se determina si hay o no responsabilidad en la comisión de un delito, de conformidad con lo establecido por el numeral 261, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo cual, el juez responsable adujo que tuvo que desahogar lo que fue ese dato de prueba y asignarle ese valor ya que no pudo tomarlo como prueba porque se encontraba en una audiencia preliminar, no en una audiencia de juicio. De ahí que tendría que valorar dato de prueba contra dato de prueba, si es que la hubiera, pero al existir una vinculación a proceso, ya se había determinado que el inculpado es probable responsable en la comisión del delito de violación en agravio de la víctima. Máxime que, en el particular, el imputado se encuentra sujeto al proceso virtud del auto de vinculación a proceso. Acto que es el reclamado en este juicio, ni la suplencia de la queja tiene el alcance para modificar la Litis constitucional. Incluso, lo resuelto por el juez se considera acertado ya que atendiendo a lo establecido en el citado artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunque existe la posibilidad de que las partes propongan al juez algunos elementos o argumentos que actualicen la posibilidad procesal enfocados a aspectos jurídicos procesales que detonen el sobreseimiento. También lo es que deben ser distintos al fondo jurídico del asunto, es decir, aspectos completamente palpables -notorios o manifiestos- que llevarían a concluir que es innecesario seguir adelante con el procedimiento. En ese sentido, resulta claro que las causales de sobreseimiento previstas en la codificación nacional, no tienen como efecto que los argumentos expuestos en la audiencia de sobreseimiento sean respecto al fondo, pues de hacerlo se desnaturalizaría tal figura jurídica e, incluso, el procedimiento penal acusatorio, en virtud de que se podría caer en el absurdo de admitir el desarrollo de audiencias cuantas veces fuera propuesto por cualquiera de las partes, con la justificación de que cuentan con nuevos argumentos jurídicos que no hicieron valer en la audiencia inicial, en donde bien pudo haberlo realizado. Por lo que en el caso no se está ante un suceso superviniente, dado que finalmente el dato de prueba señalado por la defensa del inculpado (pericial en materia de medicina forense), constituye únicamente un indicio convictivo que, en esta fase procesal, no alcanza el estándar de prueba, por ende, por sí mismo es insuficiente para justificar el sobreseimiento del juicio. Además, de la reproducción del audio y video de la audiencia de tres de septiembre del año dos mil veinte, se puede advertir que la causal de sobreseimiento invocada por la defensa está sustentada en la valoración de pruebas, lo cual, como correctamente el Juez de Control sostuvo, no es procedente en la audiencia de sobreseimiento, al no ser la fase procesal adecuada. Aunado a que los argumentos se encuentran encaminados a analizar los hechos comprendidos en la ley como delito, lo que permite establecer que van destinados a alegar cuestiones de fondo, lo que según se dijo, tampoco es posible en dicha audiencia, ya que de hacerlo se desnaturalizaría tal figura jurídica e, incluso, el procedimiento penal acusatorio. En tal sentido, este juzgador considera correcta la decisión del Juez de Control responsable en el sentido de concederle a la pericial ofertada el valor de un dato de prueba ofrecido por la defensa del inculpado y, por ende, improcedente el incidente de sobreseimiento planteado, dado que resolvió con bases razonables y a la luz de los argumentos expuestos por la defensa. La negativa a sobreseer la causa penal tampoco transgrede el derecho de una defensa adecuada, ni genera por si sola una violación de derechos fundamentales, en virtud de que el Juez de Control debe resolver con base en la razonabilidad de los argumentos que verbalicen las partes en la etapa de debate de la audiencia correspondiente, en virtud de que la norma procesal no contempla la posibilidad de incorporar medios de convicción. Ello es así, pues los datos de prueba y los medios de prueba, que en su caso obren en la carpeta de origen, aún no han sido desahogadas ante el Juez de Juicio Oral, sino únicamente han sido ofrecidos ante el Juez de Control, con los cuales se pretende acreditar la teoría del caso de las partes, los que deben ser calificados como idóneos por el Juez de Control, para demostrar la existencia o no del delito y la responsabilidad penal del imputado; concluyendo que en el proceso penal acusatorio únicamente se pueden considerar como pruebas aquellas desahogadas en la etapa de juicio, bajo los principios de inmediación, igualdad y contradicción. Por lo que se considera correcta la postura del Juez responsable en la que mencionó sustancialmente que no era posible atender la solicitud de la defensa, pues lo que pretende, es que se valoren pruebas ofrecidas dentro de la carpeta de investigación (pericial), mas no que con pruebas nuevas se acredite que no existen los hechos imputados al quejoso y, al involucrar valoración de pruebas, hace imposible que el Juez de Control actúe en el sentido pretendido para dictar el sobreseimiento planteado. Pues dicho dato de prueba deberá desahogarse durante el contradictorio en la audiencia de juicio, a efecto de que se valore en su conjunto con los diversos medios de convicción para conocer la verdad jurídica respecto de su responsabilidad, lo que impide que el Juez de Control haga una valoración de las pruebas durante la audiencia de sobreseimiento, pues el momento procesal oportuno para ello lo es durante la audiencia de juicio oral ante el tribunal de enjuiciamiento. Aunado a lo que antecede, el numeral 348 de la citada codificación precisa que la etapa de juicio es el momento procesal en el que se deciden las cuestiones esenciales del proceso, toda vez que con base en el estudio de todas las probanzas que aporten las partes se resolverá sobre la plena responsabilidad o inocencia del acusado. Atento a lo anterior, se arriba a la conclusión de que únicamente en el caso de aparecer claramente establecida la inocencia del imputado se sobreseerá el procedimiento de la causa penal; sin embargo, si existe alguna prueba que controvierta su inocencia, será hasta la etapa de juicio cuando se decidirá dicha circunstancia, con base en el cúmulo probatorio que hayan aportado las partes. En el caso, si el defensor particular apoyó la solicitud de sobreseimiento en el dato de prueba consistente en la pericial en materia de medicina forense, de la cual, refirió, se advierte que su defendido es inocente, dado que padece de una disfunción eréctil y, por ende, que no pudo haber participado en la supuesta comisión del mismo, ni ser probable su participación, de lo que dedujo la inocencia del imputado. Por tanto, la intención del defensor particular era que existiera confrontación entre los datos de prueba con los que se vinculó a proceso al imputado Antonio Sánchez Chávez y el diverso dato que expuso en la audiencia de sobreseimiento (pericial en materia de medicina forense), lo que resulta improcedente. Ello, toda vez que, como ya quedó establecido, el Juez de Control, para resolver sobre si declara o no el sobreseimiento en la causa penal, no debe realizar un ejercicio de valoración exhaustivo de los datos de prueba. Sino que para resolver debe atender a que el elemento que apoya la mencionada solicitud es de tal contundencia e inobjetibilidad, que resulta suficiente para generar la absoluta convicción en el juzgador de que se acredita la causa de sobreseimiento. En cambio, si generan controversia, entonces, no puede resultar favorable la petición formulada, como sucedió en la especie. Dicho de otra manera, el dato de prueba desahogado no es suficiente para que se estime demostrada claramente la inocencia del quejoso, como lo exige el artículo 327, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales; más que el sobreseimiento tiene el efecto de poner fin a la instancia y de un fallo absolutorio. Sin que las consideraciones expuestas generen un desequilibrio procesal, pues aun cuando el Representante Social vincula a proceso con datos de prueba, lo cierto es que el estándar legal requerido para su emisión y los efectos de tal determinación, no pueden equipararse a los que tendría el sobreseimiento de la causa penal. De ahí que el elemento que informe sobre la causa en que éste se apoyen, a diferencia de aquélla resolución, necesariamente deba ser contundente. En ese contexto, fue correcto que la autoridad responsable denegara la solicitud de sobreseimiento, sin efectuar el análisis y valoración del medio de prueba referido por la defensa; pues en tales condiciones, como ya se expuso, no se cumple la exigencia legal de que se demostrara la inexistencia del hecho delictivo, ni que apareciera "claramente establecida la inocencia del imputado", en tanto que esos supuestos, se insiste, se hacen derivar de la confrontación de los datos de prueba, lo que en todo caso corresponde realizar al Tribunal de Juicio Oral en la audiencia correspondiente. Sobre el particular, sirve de apoyo el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en la tesis aislada XVII.1o.P.A.99 P (10a.), publicada con el registro digital 2022007 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 77, agosto de 2020, tomo VI, página 6247, que dice: "SOBRESEIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 327 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL JUEZ DE CONTROL QUE CONOZCA DE LA AUDIENCIA RESPECTIVA SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA ANALIZAR Y VALORAR MEDIOS DE PRUEBA. El objeto de la etapa intermedia prevista en el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales se basa en el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral previsto en el artículo 348 del mismo ordenamiento. En ese tenor, al solicitar el sobreseimiento previsto en el artículo 327 del referidocódigo, en la etapa intermedia, la audiencia respectiva debe versar en anular aquellos medios de prueba que fundaron el auto de vinculación a proceso, mediante datos supervenientes que demuestren de manera evidente e indiscutible el sobreseimiento de la causa penal, surgiendo así, la necesidad de hacer cesar sus efectos. De lo anterior, se desprende el hecho de que el referido sobreseimiento no comprende la acción de revalorar los datos de prueba que fueron ofrecidos y apreciados por el Juez de Control en la resolución devinculación a proceso, es decir, la mencionada solicitud de sobreseimiento no tiene por objeto abrir otra instancia en donde se valoren anticipadamente los medios de prueba que fueron ofrecidos para la etapa de juicio oral, ya que éste es el momento procesal en donde se deberán desahogar y valorar los diversos medios de convicción para conocer la verdad jurídica, razón por la cual, el Juez de Control que conozca de la audiencia de sobreseimiento se encuentra imposibilitado para analizar y valorar dichos medios; realizar lo contrario y valorar anticipadamente las pruebas ofrecidas, desvirtuaría la solicitud de sobreseimiento y, por ende, dejaría detener razón de existir la etapa de juicio oral." Asimismo, apoya lo antes dispuesto la tesis VI.2o.P.63 P (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo III, página 1927, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. PARA DECRETARLO EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO, NO LE ES EXIGIBLE AL JUEZ DE CONTROL TENER A LA VISTA MEDIOS DE PRUEBA, PROVEER SU DESAHOGO NI REALIZAR UN EJERCICIO DE VALORACIÓN EXHAUSTIVO. Partiendo de la premisa de que el sistema penal acusatorio se rige por etapas conclusivas y secuenciales (investigación -en sus fases inicial y complementaria-, intermedia y juicio), puede afirmarse que el concepto de prueba transcurre durante el proceso y se verifica en función del objetivo concreto de cada audiencia, acorde con la desformalización concretada por el Código Nacional de Procedimientos Penales en la distinción entre dato de prueba, medio de prueba y prueba; de ahí que la propia legislación adjetiva establece cuáles pruebas, de manera excepcional, pueden llegar a desahogarse en etapas previas al juicio (por ejemplo, en audiencia inicial o su continuación, en revisión de medidas cautelares, o la prueba anticipada, ésta bajo su propia reglamentación). Por su parte, el sobreseimiento, entendido a la luz del sistema penal acusatorio como la resolución judicial por virtud de la cual se decide la terminación -total o parcial- del proceso, por ciertas causas legales que impiden su continuidad y su posterior apertura respecto de los mismos hechos, generando el cese de las medidas cautelares y la autoridad de cosa juzgada, se encuentra armonizado para que, sea cual fuere la causal propuesta (por las partes o advertida por el juzgador) deberá ser sujeta al ejercicio de contradicción, tan es así, que el órgano jurisdiccional, para resolver su procedencia o desechamiento, debe analizar mesuradamente las alegaciones de las partes, a fin de que no exista duda razonable sobre su actualización, pues en caso contrario -sin certeza o con base en probabilidades-, atendiendo a sus efectos, generaría un desequilibrio procesal ante la ventaja indebida de una de las partes. Ahora bien, lo anterior no implica que en etapas procesales previas al juicio, le sea exigible al Juez de Control tener a la vista medios de prueba, proveer su desahogo ni realizar un ejercicio de valoración exhaustivo -fuera de las excepciones previstas por la ley- para estar en posibilidad de resolver lo conducente, pues ello deformaría la naturaleza jurídica y la esencia del sistema procesal penal acusatorio, así como los principios jurídicos en los que se sustenta; antes bien, aquél puede estimar el dato de prueba existente de manera indiciaria y exclusivamente a partir de las alegaciones de las partes vertidas en audiencia, donde lo aluden a modo de referencia y no en vía de desahogo. Por tanto, si los elementos aportados para acreditar el sobreseimiento no son suficientes para producir convicción en el juzgador y, por el contrario, generan controversia, y ésta, a su vez, no se encuentra superada con algún otro medio, no puede resultar favorable la solicitud formulada. En ese sentido, la resolución nugatoria conlleva la continuación del procedimiento, pero no trastoca la situación jurídica del imputado, en la medida en que ésta se rige por el auto de vinculación a proceso decretado en su contra; luego, no vulnera el principio de presunción de inocencia." Por tanto, en la referida audiencia de sobreseimiento de tres de septiembre de dos mil veinte no se advierte incongruencia por parte del Juez de Control responsable, en virtud de que se pronunció en relación con los argumentos planteados por el defensor del inculpado y aquí quejoso, siendo conforme su resolución con el numeral 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la posibilidad de rechazar o admitir las causales de sobreseimiento. En ese orden de ideas, se reitera que el argumento encaminado a evidenciar falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada, se asume infundado. El artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye una prerrogativa de seguridad jurídica a favor de los gobernados, exigiendo requisitos en la emisión de cualquier acto de molestia que proviene de una relación pública de supra-subordinación, esto es, que provenga de autoridad competente, que se encuentre fundado y motivado, y que conste por escrito. Así, la interpretación del alto tribunal sostiene que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; asimismo, que dentro del sistema constitucional que nos rige, ninguna autoridad puede dictar disposición alguna que no encuentre apoyo en un precepto de la ley; que el requisito de fundamentación y motivación exigido por el artículo 16 constitucional implica una obligación para las autoridades, de cualquier categoría, de actuar siempre con apego a las leyes y a la propia constitución; que dentro de nuestro régimen, las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente les atribuye la ley, y que los actos de autoridad judicial o administrativa que no estén autorizados por ley alguna, implican violación de derechos fundamentales. La fundamentación es el deber de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso. Por motivación se entiende el señalar con claridad, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Al respecto resulta aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, la cual es del texto y rubro siguientes: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento." Máxime que tratándose de resoluciones materialmente jurisdiccionales, la fundamentación se cumple si los razonamientos expuestos llevan indefectiblemente al afectado a conocer las disposiciones legales aplicables, aunque no se citen expresamente. Establecido lo anterior es evidente que contrario a lo que sostiene el quejoso, la determinación adoptada en la audiencia de tres de septiembre de dos mil veinte, emitida en la causa penal 82/2020, que por esta vía reclama, sí cumple con los requisitos de debida fundamentación y motivación, en virtud de que el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal señalado como responsable, precisó los motivos que lo condujeron a declarar improcedente el sobreseimiento planteado por la defensa del aquí quejoso, esto es, al haber invocado los preceptos legales (artículos 261, 327, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros) y argumentos que resultaban aplicables al caso. Ello en razón de que basta imponerse del contenido de la audiencia controvertida, para advertir que la autoridad responsable estableció con detalle porqué procedía declarar improcedente la solicitud de sobreseimiento hecha valer. En esa virtud, lo antes señalado evidencia que la autoridad responsable sí cumplió, en lo esencial, con los requisitos de fundar y motivar su determinación, de ahí que resulte patente lo infundado de su argumento. Sobre ese aspecto, es aplicable la jurisprudencia 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En diverso aspecto, cabe destacar que el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso, en cuanto literalmente prevé: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". Esto es, el derecho fundamental de audiencia que en referencia al diverso de debido proceso previo al acto privativo que afecte a las personas con carácter de imputadas en un proceso criminal, implica la ineludible obligación de agotar los requisitos formales de la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la posibilidad de alegar, el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, y la posibilidad de impugnarla. Requisitos los cuales no pueden presentarse de manera aislada uno del otro, porque son los elementos esenciales que conforman el marco de actuación de las autoridades. De ahí que, cuando cualquiera de ellos se ve afectado hace evidente que en tal situación se infrinja el derecho fundamental de que se trata. Lo que además es acorde y congruente al sentido de los principios y garantías judiciales que se reconocen en la norma de carácter convencional, al caso, el numeral 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", el cual determina que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Asimismo, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, amén de que, en plena igualdad, debe ser asistido gratuitamente por traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; debe haber comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, además de que se le otorgue el tiempo y medios adecuados para preparar su defensa, a cuyo tenor tiene derecho a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección, con quien podrá comunicarse libre y privadamente; en el entendido de que en todo caso es derecho irrenunciable y que le corresponde el ser asistido por defensor proporcionado por el Estado, en el supuesto de que el inculpado no nombrare defensor. También le asiste derecho a interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener su comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar información sobre los hechos; no puede ser obligado a declarar contra sí ni a declararse culpable, y tiene derecho de recurrir ante juez o tribunal superior. Por ende, el análisis comparativo, armónico y sistemático de la normas de orden constitucional y convencional precisadas deriva que en el ámbito jurídico penal, el concepto de debido proceso se relaciona a la validez y legalidad de los actos de autoridad que afecten la libertad de las personas, de manera que indefectiblemente se debe cumplir a cabalidad con el conjunto de requisitos de carácter formal y legal que deben observarse en cada una de las etapas del procedimiento, a fin de que las personas involucradas, específicamente la parte imputada, quien en definitiva resentirá la decisión final en torno a su libertad por la comisión delictiva atribuida, esté en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos. Por tanto, la amplitud del debido proceso, en principio, debe partir y apoyarse en la premisa fundamental atinente a que todo acto de autoridad que entrañe afectación o privación de derechos, de manera insoslayable, debe estar respaldado en mandamiento escrito que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, amén de motivado y fundado conforme al principio de oralidad que rige en el sistema en leyes expedidas con anterioridad al hecho. Lo que concreta y satisface el derecho fundamental de legalidad que debe subyacer a todo acto de autoridad, y conlleva a actualizar de manera extensiva el diverso de seguridad jurídica, a virtud del cual también se exige que dichos actos se apoyen en las normas de derecho positivo que tornen legal la actuación de autoridad, toda vez que los preceptos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Carta Magna tutelan y garantizan que en nuestro sistema constitucional nadie puede ser privado de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Tampoco se puede molestar en su persona o bien privado en sus derechos, sino en virtud de mandamiento oral y con respaldo escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por ende, acorde con la jerarquía y prevalencia de los derechos fundamentales de las personas, así como su trascendencia en el ordenamiento jurídico mexicano, la emisión de actos de autoridad que afecten la libertad de las personas debe apegarse de manera inexorable a las formalidades esenciales del procedimiento -como requisito esencial de validez al debido proceso- y apoyarse de manera indefectible en las normas de derecho positivo que tornen legal su actuación para que a su vez garanticen su seguridad jurídica. Bajo las premisas apuntadas, en contrapunto a lo manifestado por el titular de la acción constitucional en lo concerniente a que se vulneró en su perjuicio el debido proceso legal, sus formalidades esenciales y su derecho de defensa adecuada, al no tomarse en consideración la prueba pericial que ofertó y decretar el sobreseimiento de la causa penal, tal aspecto corresponde a la valoración de los datos de prueba y se vincula a un aspecto sustancial de la decisión judicial. Empero, ello no corresponde propiamente a las formalidades del procedimiento, pues mientras éstas salvaguardan los derechos fundamentales de adecuada y oportuna defensa previo a la emisión del acto privativo; por su parte, la valoración probatoria corresponde a una fase diferente y exige atender la estructura formal, secuencial, argumentativa y justificatoria de la resolución misma conforme a los principios elementales de orden lógico de congruencia, consistencia y no contradicción, por ende, la valoración probatoria en sí está desvinculada con las formalidades del procedimiento. Al tema, conforme al sexto transitorio de la Ley de Amparo, se invoca la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1381, del Tomo XXX, de agosto de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONSTITUYE UNA FORMALIDAD QUE ATAÑE A LA DECISIÓN JUDICIAL Y NO DEL PROCEDIMIENTO. La valoración probatoria constituye una formalidad que atañe a los aspectos sustanciales de la decisión judicial y no del procedimiento, en razón de que mientras las formalidades esenciales de éste salvaguardan las garantías de adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, en términos de la jurisprudencia 218 establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta, Tomo I, Materia Constitucional, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro 'FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.', la valoración probatoria exige atender la estructura formal, secuencial, argumentativa y justificatoria de la resolución misma, al tenor de los principios elementales de orden lógico de congruencia, consistencia y no contradicción, aplicados de manera directa en la exposición de los argumentos que soportan la decisión y, en lo relevante, la justifican con una finalidad persuasiva". En el caso, el examen integral de las constancias, en contrapunto a lo manifestado en vía de desacuerdo y hasta el estadio procedimental que se analiza, permite corroborar que previo al pronunciamiento de la resolución de tres de septiembre de dos mil veinte, que negó decretar el sobreseimiento de la causa penal materia de reclamo, el quejoso tuvo oportunidad efectiva y cabal de defenderse, tomó conocimiento oportuno del inicio y consecuencias del procedimiento, así como de la opción de ofrecer y desahogar pruebas para su defensa, la de alegar y declarar lo que considerara oportuno con asistencia de defensor que designó. Incluso, contra lo argüido por el quejoso, una vez planteada la causa de sobreseimiento, el juez responsable resolvió lo conducente y, además, fue combatida a través del presente juicio de amparo. Todo ello es revelador de que no se transgredió el artículo 14, párrafo segundo, Constitucional, ni normas de origen internacional que reconocen las garantías judiciales al debido proceso, particularmente, los preceptos 8, apartados 1, 2 y 5, y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9, apartados 1, 2, 3 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y principio V de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. A lo anterior aplica la jurisprudencia 210 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 1011502, consultable en la página 1156, Tomo I Constitucional, Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN, Décima Segunda Sección - Debido Proceso, Materia Constitucional, Común, del Apéndice 1917-septiembre 2011, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". Así como la tesis IV/2014 de la Primera Sala del Alto Tribunal, registro electrónico 2005401, visible en la foja 1112, del Libro 2, de enero de 2014, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN". Finalmente, no es aplicable al caso la tesis con número de registro 2013368 de rubro "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO", pues alude a la forma como operan la presunción de inocencia por la duda razonable al momento de emitir sentencia; cuando que, el acto reclamado no es una sentencia reclamada, sino una determinación dictada antes de la fase de juicio oral, en una audiencia preliminar. En virtud de los razonamientos expuestos, al resultar infundados los conceptos de violación propuestos y toda vez que no se advierte deficiencia alguna en su exposición que amerite ser suplida, se niega la protección de la justicia federal solicitada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso Antonio Sánchez Chávez, por su propio derecho, contra el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zamora, Michoacán, hoy Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, La Piedad, Michoacán, atento a los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.

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