Antonio Mirón Guzmán
Expediente 688/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 688/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 04/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Antonio Mirón Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Córdoba, Veracruz, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a sus autos los oficio de cuenta, signados por el Representante de los Trabajadores, por el Representante de los Patrones, por el Presidente, por el auxiliar de trámite, por el Secretario de Acuerdos y por la Actuaria, todos adscritos a la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se les tiene acusando recibo de los oficios 6688/2022, 6689/2022, 6690/2022, 6693/2022, 6694/2022, 6695/2022, 6696/2022, de once de maro del año en curso, con el cual se le hizo de su conocimiento la sentencia emitida en esa data. Por otra parte, vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, dictada el once de marzo de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN el presente expediente, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, las cuales constan en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 688/2021, promovido por Mario Alberto Ríos Vázquez, apoderado legal de Antonio Mirón Guzmán, contra la omisión de la 1. Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede de Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, que considera violatorio en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito, con sede en esta ciudad y turnado el día siguiente a la Oficialía de Partes de este Juzgado, Mario Alberto Ríos Vázquez, apoderado legal de Antonio Mirón Guzmán, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la 1. Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede de Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, de quienes reclamó: ".IV).- ACTO RECLAMADO.- La conducta omisa de la Autoridad Responsable en dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 685, 686, 687, 739, 742, 743, 771, 837, 838, 839, 873, 893, 894, 898, 899, 899-A y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, respecto a la obligación de dictar y proveer Acuerdo de Trámite de Radicación y/o Admisión de Demanda, así como de no haber realizado las Diligencias correspondientes que marca la ley para efectos de Notificación y Emplazamiento a las Partes, lo anterior a fin de estar en posibilidades de celebrar la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones que ordena la ley, con motivo de la Demanda Laboral interpuesta por el Quejoso, en la que se reclama el cumplimiento, otorgamiento y pago de diversas prestaciones de carácter laboral y de seguridad social a su favor, esto dentro de los Autos del Juicio Laboral No. 337/2021 del índice de la Autoridad Responsable, en relación a: 1.- Dictar y proveer Acuerdo de Radicación y/o Admisión de Demanda dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, en términos de lo dispuesto por los artículos 873, 893 y 899 de la Ley Federal del Trabajo. 2. Dictar Acuerdo, en el que señalara día y hora para la celebración de la Audiencia de Ley, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda, en términos de los dispuesto por los artículos 873, 893 y 899 de la Ley Federal del Trabajo. 3.- Notificar dicho Acuerdo personalmente a las Partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y sus anexos, así como del acuerdo admisorio, apercibiéndolas en términos de ley, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 742, 743, 873, 893, 894 y 899 de la Ley Federal del Trabajo." SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite de la demanda de amparo. Previo cumplimiento de la prevención que se le formuló, por auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107, 108 y 123 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la omisión reclamada carece de ejecución material y la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, es necesario precisarlo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que aquél consiste en: ? La omisión de proveer respecto de la demanda que presentó, y realizar las diligencias correspondientes de notificación y emplazamiento de las partes, en el juicio laboral 337/2021. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia de actos. Las autoridades responsables, 4. Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y 5. Secretaría General de Conciliación y Asuntos Individuales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ambos con sede en la Ciudad de México y 10. Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con sede en la Ciudad de México, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclaman. La parte quejosa en el presente asunto, no aportó medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados; en consecuencia, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Se aplica a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, 1. y 9. Presidente, por sí y en representación de la Junta, 2. Representante de Patrones, 3. Representante de Trabajadores, 6. Auxiliar de Trámite, 7. Secretario de Acuerdos, y 8. Actuaria adscrita, todos adscritos a la Junta Especial número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, y 11. Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, pues así se advierte del contenido de sus informes justificados. Lo que se corrobora con las copias certificadas relativas al expediente laboral 337/2021, del índice de la Junta Especial número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz; así como las relativas al expediente laboral 1152/2021, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, mismas que fueron remitidas por sus respectivos Presidentes al rendir su informe justificado; documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito, de oficio, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el citado artículo 61, fracción XXI, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el asunto que nos ocupa, se reitera, Antonio Mirón Guzmán, por conducto de su apoderado legal Mario Alberto Ríos Vázquez, acude al presente juicio de amparo y reclama de las responsables, la omisión de proveer respecto de la demanda que presentó, y de realizar la notificación y emplazamiento de las partes en el juicio laboral 337/2021. Sin embargo, de las constancias relativas al juicio laboral 337/2021, del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro, con sede en Orizaba, Veracruz; así como las relativas al expediente laboral 1152/2021, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, se desprende -en lo que al caso trasciende- lo siguiente: - Que la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro, con sede en Orizaba, Veracruz, mediante acuerdo de dos de julio de dos mil veintiuno, emitido dentro de los autos del juicio laboral 337/2021, de su índice, al radicar la demanda promovida por el aquí quejoso Antonio Mirón Guzmán, se declaró incompetente por razón de territorio para conocer de la misma, toda vez que el centro de trabajo del impetrante se encuentra en la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, por lo que fincó competencia a la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitiéndole el indicado juicio laboral. Luego, la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, aceptó la competencia planteada radicando el juicio laboral bajo el número 1152/2021; asimismo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y notificó a las partes dicha determinación; lo que se corrobora con las constancias remitidas por las indicadas responsables. Con lo anterior cesaron los efectos de los actos reclamados que se les atribuyen, pues reponen a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Luego, al haber cesado los actos reclamados en esta instancia constitucional, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de las quejosas, es decir, como si se hubiera otorgado el amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, se cita el contenido que informa la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, correspondiente al mes febrero de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Mario Alberto Ríos Vázquez, apoderado legal de Antonio Mirón Guzmán, contra los actos de las autoridades precisadas en el considerando tercero y cuarto, y por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, remite copia certificada de: a) acuerdo de veinticinco de enero del año en curso, emitido dentro del expediente laboral 1152/2021, de su índice, y comparecencia del aquí quejoso Antonio Mirón Guzmán; y b) constancia de notificación de veintitrés de febrero de la presente anualidad. Por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento formulado en auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Orizaba, Veracruz, por Ministerio de Ley, mediante el cual devuelve el oficio 39493/2021, por los motivos que expone. En consecuencia, remítase dicho oficio a la autoridad correcta, esto es, el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, a fin de que tenga conocimiento del contenido del auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Cúmplase
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