Antonio Huerta Marín

Expediente 491/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
491/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Antonio Huerta Marín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos b), del citado Acuerdo General, se establece que el incidente de suspensión es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Notifíquese.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos b), del citado Acuerdo General, se establece que el incidente de suspensión es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Notifíquese.

  3. Principal

    QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Por razón de técnica jurídica, se procede a analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no acreditar el quejoso contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. Los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos que indica la primera disposición normativa transcrita. Asimismo, del párrafo cuarto de la fracción I, del artículo 5, de la ley de la materia, se advierte que tratándose de actos que provengan de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el peticionario deberá acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En otras palabras, para acudir a la vía constitucional en reclamo de este tipo de actos, el quejoso debe acreditar contar con interés jurídico para tal efecto, siendo insuficiente que la justicia constitucional sea instada con base en un interés En el caso, el impetrante reclama. a) El auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, en la parte en la que se decretó providencia precautoria de retención de bienes de los demandados en dicho asunto, consistente en el embargo precautorio y aseguramiento provisional de las sumas de dinero depositadas en las cuentas bancarias, de cualquier tipo, de las que fueran titulares los antes nombrados hasta por la cantidad de $348,901.72 (trescientos cuarenta y ocho mil novecientos un pesos 72/100 M.N.); y b) El auto de siete de abril de dos mil veintiuno, pronunciado en dicho juicio natural, en el que, en la parte impugnada, se tuvo por recibido el informe rendido por la institución de crédito BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en el sentido de haber localizado: una cuenta bancaria a nombre de Guadalupe García Flores; una cuenta de Juan Ramírez Llanos; y, finalmente, dos cuentas a nombre de Rosalba Ramírez Feria, con la precisión de que, respecto de esta última, la segunda cuenta contaba con saldo de $10,210.27 (diez mil doscientos diez pesos 27/100 M.N.) y existía cotitularidad con persona distinta a las partes, sin precisar el nombre de ésta ni los números de las aludidas cuentas bancarias. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, requiere de la actualización de dos presupuestos. a) La titularidad del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) Que tal derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala (...) Ahora, basta imponerse de la relación de antecedentes de los actos reclamados expuesta en el considerando inmediato anterior, para advertir que el quejoso, **************, es persona extraña típica al juicio ejecutivo mercantil de origen, en el que se decretó la providencia precautoria que dice le causa perjuicio, pues no figuró como demandado en el mismo. En ese sentido, se tiene que si el peticionario, ostentándose como persona extraña en estricto sentido a dicho procedimiento, reclama la providencia precautoria de embargo de las cuentas bancarias de los demandados en dicho asunto, bajo el argumento de que una de las cuentas que fueron aseguradas ante la institución BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, es de su exclusiva titularidad, y él no es parte en ese procedimiento; para acreditar su interés jurídico debía demostrar que efectivamente es titular de una cuenta bancaria retenida con motivo de la indicada providencia precautoria. Esto es, el inconforme debía probar no sólo que es titular de una cuenta bancaria, sino que ésta se encuentra embargada, asegurada o inmovilizada, con motivo de lo ordenado en el juicio natural; de lo contrario, no demostraría que su derecho subjetivo público ha sido transgredido. Recapitulando, en el caso, el quejoso, *********, para demostrar su interés jurídico para acudir a esta vía constitucional, debía justificar dos extremos. a) Que es titular de la cuenta bancaria que precisa en su demanda, esto es, la número 119 559 1392, cuya tarjeta -señala- es 4152-3131-9707-9937, de la institución BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; y b) Que dicha cuenta bancaria se encuentra embargada, asegurada o inmovilizada, con motivo de la providencia precautoria a la que se ha hecho mención, dictada en el juicio ejecutivo mercantil de origen. En cuanto al primer punto, el impetrante logró demostrar que es titular de la cuenta bancaria de referencia, pues aportó al sumario una impresión de fecha catorce de junio de dos mil veintitrés, con firmas autógrafas, del contrato de depósito bancario de dinero a la vista celebrado, por una parte, por BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, y por la otra por el aquí impetrante, Antonio Huerta Marín (fojas 46 a 49); de cuya lectura se advierte que el antes nombrado es titular de la cuenta número 119 559 1392, con "fecha de operación" veinticuatro de noviembre de dos mil tres. Documental que cuenta con valor probatorio suficiente para demostrar que el peticionario es titular de la referida cuenta bancaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de un documento privado que no fue objetado por las partes. Sin embargo, no acreditó que esa cuenta bancaria se encuentra inmovilizada o que sus fondos están retenidos con motivo de la providencia precautoria decretada en el juicio natural; lo que era necesario que el peticionario justificara. Es así, pues si bien en proveído de b) siete de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen, se tuvo por recibido el informe rendido por BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en el sentido de que haber localizado y embargado: una cuenta bancaria a nombre de Guadalupe García Flores; una cuenta de Juan Ramírez Llanos; y, finalmente, dos cuentas a nombre de Rosalba Ramírez Feria, con la precisión de que respecto de la segunda cuenta, que contaba con saldo de $10,210.27 (diez mil doscientos diez pesos 27/100 M.N.), existía cotitularidad con persona distinta a las partes; dicha institución no precisó la persona cotitular a la que hizo referencia ni proporcionó los números de las cuentas a las que hizo alusión. Lo que se corrobora con lo manifestado por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, pues señaló que la institución de crédito mencionada no proporcionó el nombre del cotitular de la cuenta embargada a la demandada Rosalba Ramírez Feria, ni el número de la cuenta respectiva. Ante tal circunstancia, se reitera, era necesario que el inconforme probara que una de esas cuentas bancarias corresponde a la que es de su titularidad, lo que no hizo, pues no ofreció un solo medio de prueba en ese sentido. De ahí que el impetrante no acredite su interés jurídico, pues no justifica que derivado de los actos reclamados se encuentra afectada la cuenta bancaria de la que es titular. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia emitida (...) En las relatadas condiciones, se concluye que el quejoso, ****************, no acreditó su interés para acudir al juicio de amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; y lo que procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. Ante ello, no se abordará el estudio de los conceptos de violación, pues el sobreseimiento decretado constituye un impedimento jurídico para analizar el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio (...) SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de nueve de junio de dos mil veintitrés (fojas 23 a 27), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 61, fracción XII, 62, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********, contra los actos reclamados del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente al quejoso y por lista a la tercero interesada.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

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