Antonio Morales Rangel
Expediente 275/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 275/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Antonio Morales Rangel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a trece de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que no se considera de relevancia histórica. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES POR UNA PARTE SE NEGÓ Y POR LA OTRA SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a trece de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que no se considera de relevancia histórica. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES POR UNA PARTE SE NEGÓ Y POR LA OTRA SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 275/2022, promovido por ., contra actos del 1. Licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control y Juicio Oral, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, y turnado en esa data a este Juzgado, . solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1. Licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control y Juicio Oral, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otras autoridades, que hizo consistir en: La orden de aprehensión y/o privación de la libertad y/u oficio de presentación y/u oficio de investigación o colaboración; y su ejecución. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de doce de abril de dos mil veintidós, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda la cual se registró bajo el número 275/2022; en consecuencia, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. AUTORIDADES INEXISTENTES. Mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por inexistente a las autoridades señaladas como responsables, 14. Primer Comandante, 15. Segundo Comandante y 16. Jefe de Detectives, los tres de la Policía Ministerial, con sede en Córdoba, Veracruz. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que, de ser ciertos, los actos reclamados tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en: ? La orden de aprehensión y/o privación de la libertad y/u oficio de presentación y/u oficio de investigación o colaboración; y su ejecución. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, 2. Licenciado ., por sí y en representación del 1. Licenciado ., 3. Licenciada . y 4. Licenciada ., todos Jueces de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; 5. Fiscal Primera; Fiscal Decimoprimera encargada de la 6. Fiscalía Segunda; 7. Fiscal Tercera; 8. Fiscal Cuarto; 9. Fiscal Quinto; 10. Fiscal Sexto; 11. Fiscal Séptimo y 12. Fiscal Octava, todos en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia número Uno del Distrito XIV, con sede en Córdoba, Veracruz; y 13. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba; 17. Delegado de la Policía Estatal Región XXI, conurbación Córdoba-Fortín, ambos con sede en Córdoba, Veracruz, y 18. Director General de la Fuerza Civil, con sede en el Lencero del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz; así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados. El quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar tal negativa; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que por auto de doce de abril de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 275/2022, promovido por .. respecto de los actos y las autoridades precisadas en el considerando tercero del presente fallo y por los motivos ahí expuestos. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Incidental
Vistos, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 275/2022, promovido por ***********, contra actos del 1. Licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control y de Juicio Oral de Primera Instancia del XIV Distrito Judicial, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otras autoridades. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El quejoso ***********, reclama de las autoridades responsables lo siguiente: ? La orden de aprehensión y/o privación de la libertad y/u oficio de presentación y/u oficio de investigación o colaboración; y su ejecución. Solicita la suspensión de dichos actos. SEGUNDO. Mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por inexistente a las autoridades señaladas como responsables, 14. Primer Comandante, 15. Segundo Comandante y 16. Jefe de Detectives, los tres de la Policía Ministerial, los tres con sede en Córdoba, Veracruz. TERCERO. El 2. Licenciado Marcelo Alfredo Campos Scougall, por sí y en representación del 1. Licenciado Marco ???????? Antonio Rodríguez Lobato, 3. Licenciada María Andrea García Zavaleta y 4. Licenciada Janet Pérez Caro, todos Jueces de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; 5. Fiscal Primera; Fiscal Decimoprimera encargada de la 6. Fiscalía Segunda; 7. Fiscal Tercera; 8. Fiscal Cuarto; 9. Fiscal Quinto; 10. Fiscal Sexto; 11. Fiscal Séptimo y 12. Fiscal Octava, todos en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia número Uno del Distrito XIV, con sede en Córdoba, Veracruz; y 13. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba; 17. Delegado de la Policía Estatal Región XXI, conurbación Córdoba-Fortín, ambos con sede en Córdoba, Veracruz, y 18. Director General de la Fuerza Civil, con sede en el Lencero del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz; al rendir sus respetivos informes, negaron los actos que se les reclaman. La parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtúe la negativa de las autoridades responsables en cita, razón por la cual se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la Jurisprudencia número VI.2º.J-19, visible en la página 133, del Tomo II, Julio-1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consiguientemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA a **********, la suspensión definitiva que solicitó, en contra de los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables precisadas en el considerando tercero, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes
- Antonio Lobos Valdez780/2018
- Antonio Méndez González242/2019
- Antonio Méndez González262/2019
- Antonio Mirón Guzmán688/2021
- Antonio Moncada Luna902/2019
- Antonio Morales Aguilar218/2021
- Antonio Muñoz Aranda95/2019
- Antonio Ruiz Tapia603/2023
- Antonio Ruiz Tapia622/2023
- Antonio Trejo Luna105/2022
- Antonio Tress Crivelli424/2021
- Antonio Tzompaxtle Salas188/2019