Antonio Hernandez Lastre

Expediente 351/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
351/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Antonio Hernandez Lastre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que todas las autoridades se encuentren notificadas o que les transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; toda vez que el sentido de la sentencia no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. MÓNICA MORALES SÁNCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.65.0c 04/02/24 02:13:01 _/2020 Amparo indirecto 351/2020 Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte fue concedida y por la otra negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, quince de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que todas las autoridades se encuentren notificadas o que les transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; toda vez que el sentido de la sentencia no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. MÓNICA MORALES SÁNCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.65.0c 04/02/24 02:13:01 _/2020 Amparo indirecto 351/2020 Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte fue concedida y por la otra negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.

  3. Principal

    En Córdoba, Veracruz, a las diez horas con treinta minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 351/2020 promovido por. con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la licenciada. Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Córdoba, quien actúa con la licenciada. secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente: escrito de demanda de amparo presentado por. y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Por otro lado, la secretaria hace constar que por proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable 3. Fiscal Segunda de Investigación en Delitos Diversos de la Sub Unidad de Procuración de Justicia de la Fiscalía General del Estado, con sede en Nogales, Veracruz, ordenándose suspender cualquier comunicación procesal con ella. La Jueza acuerda; se tiene por hecha la relación de constancias. Abierto el período probatorio. Se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas en este juicio. A lo que la Jueza acuerda. Toda vez que no existen pruebas ofrecidas por las partes procédase a la conclusión del presente periodo. Abierto el período de alegatos. Se hace constar que las partes, no formularon alegatos en el juicio en que se actúa, por lo que no hicieron uso del derecho concedido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto continuo, la Jueza acuerda. Al no existir alegatos formulados por las partes, se da por concluido este periodo procesal. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo anterior se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar sentencia. Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 351/2020, promovido por 351/2020, contra el acto reclamado del 1. Juez de Control y Proceso de Juicio Oral de Nogales, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diecisiete de agosto de dos mil veinte. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos reclamados del. Juez de Control y Proceso de Juicio Oral de Nogales, Veracruz, y otras autoridades, señalando como actos reclamados los siguientes. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, al que por cuestión de turno correspondió conocer del asunto, admitió la demanda en auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Inexistencia de autoridad. Mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable. Fiscal Segunda de Investigación en Delitos Diversos de la Sub Unidad de Procuración de Justicia de la Fiscalía General del Estado, con sede en Nogales, Veracruz. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en razón de que el acto reclamado, de ser cierto, tendrá ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General. del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en: Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables. Jueza Mixta de Primera Instancia Microregional. Fiscal Primera Investigadora de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia, ambos del Décimo Quinto Distrito Judicial, con sede en Nogales, Veracruz; 4. Policía Ministerial, encargado de la Jefatura de Detectives. los tres Jueces de Control, de Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con sede en Orizaba, Veracruz; al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. Lo anterior, dado que así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto a los actos y autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de dieciocho de agosto de año dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por. contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de esta sentencia, y por los motivos ahí expuestos. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la presente fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe rendido por el 6. Licenciado Juan Alberto Alba Pérez, Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, otorgado en proveído de veintidós de enero del año en curso. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y objetivamente, atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO para su celebración; la que se llevará a cabo sin la presencia física de las partes, toda vez que ésta no se requiere, ya que el acto reclamado no se encuentra dentro de alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que puede alegar verbalmente, y tampoco existen pruebas pendientes de desahogar que requieran de su comparecencia o la de terceros. Lo que obedece estrictamente a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 5°, fracción II, segunda parte, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia se llevará a partir de los MÓNICA MORALES SÁNCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.89.0e 07/02/21 12:44:20 escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, correspondiente al mes de Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Resulta innecesario librar oficios a las autoridades responsables, para comunicarles el motivo por el cual se difirió la audiencia constitucional, en razón que se encuentran en aptitud legal de consultar la nueva fecha en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_ini.asp. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10 a.), página 1253, del Libro XVI, correspondiente al mes de enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia...

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